Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en las que dijo que le gustaría hacer “una pausa” en la relación bilateral con España, ocurren en un contexto en el que su hijo mayor enfrenta un escándalo tras revelarse su vida de lujos en Houston, que incluye una residencia que representa un caso de presunto conflicto de interés para la 4T; pero también fueron pronunciadas en un ambiente en el cual se discute la reforma eléctrica que busca empoderar a la Comisión Federal de Electricidad sobre compañías como Iberdrola, empresa que, por cierto, ha sido cuestionada en España, al igual que otras generadoras privadas, por su opaca operación.
Madrid.- El 19 de febrero de 2014 el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, proclamó desde Londres que la empresa “es más mexicana y más británica” que española. El pronunciamiento ocurrió en una sesión del consejo de la compañía que decidió realizarla en la capital británica, como un desplante al gobierno español del entonces presidente Mariano Rajoy, que intentaba imponer un ajuste al elevado costo de la energía.
Como presidente de la compañía más poderosa del inamovible oligopolio eléctrico español, Sánchez Galán también aprovechó el momento para felicitar al gobierno de Enrique Peña Nieto por la reforma energética que emprendía en aquella época, y adelantó que su compañía no iba a “escatimar recursos de inversión” en México.
Han transcurrido ocho años de aquella proclamación de mexicanidad del ejecutivo de la compañía española que hoy está en el centro de la peor crisis que en años recientes viven las relaciones entre México y España.
De una relación bilateral considerada “estratégica”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora plantea “hacer una pausa” con el gobierno español hasta el final del sexenio.
La diatriba del mandatario mexicano tiene como telón de fondo la reforma eléctrica que se discute en el Poder Legislativo, iniciativa que tiene el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la inversión extranjera (hasta 46%).
La dedicatoria de la propuesta tiene como destinatario especial a Iberdrola, la mayor generadora privada de electricidad en México, que cubre más de 16% de la electricidad, la mayor parte de la cual vende a la empresa productiva del Estado.
Los años de gloria de Iberdrola en México se iniciaron con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia y alcanzaron su cenit en el sexenio de Felipe Calderón –al que luego convirtieron en empleado–, aunque tampoco le fue mal con Peña Nieto.
En 2012 Peña Nieto y sus principales colaboradores, como Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y Emilio Lozoya, director de Pemex, inicialmente tenían reticencias con Iberdrola porque la identificaban con el PAN, según confirmó una fuente diplomática a este reportero.
Sin embargo, durante el gobierno del mexiquense la compañía construyó para la CFE cuatro plantas de ciclo combinado: Noreste, en Escobedo; Noroeste, Topolobampo II y III, en Ahome, Sinaloa, y El Carmen, en Nuevo León.
Además de dos de cogeneración en Altamira y San Juan del Río; cuatro instalaciones de renovables eólicas en Puebla y Guanajuato, y dos de energía fotovoltaica en Sonora y San Luis Potosí.
Pero todo terminó con la llegada de López Obrador a la Presidencia, por más que la compañía prometía invertir 5 mil millones de euros en México. Además, en diciembre último Iberdrola demandó ante un tribunal internacional a la CFE por el bloqueo de la autorización para operar comercialmente la planta Topolobampo III, publicó el diario Expansión.
Por otro lado, la Comisión Reguladora de la Energía abrió un expediente sancionador contra Iberdrola por la presunta venta irregular de electricidad al crear un mercado paralelo en la planta Dulces Nombres, en Monterrey.
Ataque sorpresa
Doce días después de que España otorgó su beneplácito para el nuevo embajador de México en ese país, Quirino Ordaz Coppel, López Obrador retomó –casi de la nada– su ofensiva contra las empresas españolas, en especial contra Iberdrola y Repsol, cuyos “abusos” ha denunciado desde que estaba en la oposición.
“Eran como dueños de México. Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en las cúpulas de los gobiernos de México y España, como tres sexenios seguidos; y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban”, denunció el miércoles 9 desde su conferencia mañanera.
Insistió en que “durante los tiempos neoliberales las empresas españolas, apoyadas por el poder político, nos vieron como tierra de conquista”. Definió que la relación entre ambos países “no es buena” y pidió “hacer una pausa”.
El mandatario expuso: “Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya, cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones; y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes”.
Hasta ese momento el gobierno español había evitado la confrontación directa con López Obrador. La mesura se mantuvo pese a que en 2019 el mandatario mexicano le envió una carta al rey Felipe VI exigiéndole que se pidiera perdón a México por los agravios cometidos durante la Conquista, o cuando el gobierno de la 4T, en un desplante, no invitó a su par español a los actos de conmemoración de las distintas efemérides en 2021.
Sin embargo, la administración que preside Pedro Sánchez ya subió también el tono de su discurso, señalando que “el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México en los últimos días contra España y las empresas españolas”.
El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación señala que España “desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones”. Y agrega que “trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano”.
El miércoles 9, desde Lyon, Francia, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares,, expresó su sorpresa por las declaraciones desde México. Y aclaraba que “el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de ese tipo”.
Consideró que la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales.
“Quiero expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana, y de su canciller, Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro cordial en Honduras, y que él ha saludado públicamente la relación con España”, dijo Albares en alusión a las palabras que días antes el mandatario mexicano emitió enfocadas a una reconducción en la relación bilateral.
En los medios de España no se descarta que el ataque de López Obrador tiene la intención de desviar la atención del escándalo en el que está envuelto su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, por habitar una lujosa residencia en Houston, que representa un presunto conflicto de interés para el gobierno de la 4T y que, además, contradice el discurso de austeridad y honestidad que dice abanderar su padre.
“Empresas españolas, tensión bilateral y un hijo polémico: ¿Qué oculta la amenaza de ‘pausa’ de López Obrador?”, tituló el diario 20 Minutos. Otro ejemplo es el ABC, que advertía que las “controvertidas declaraciones” del mandatario mexicano se produjeron en la misma mañanera “en la que debía dar explicaciones sobre la casa de lujo que habita su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, en Houston, y que era propiedad de un ejecutivo de la petrolera Baker Hughes, compañía que recibió jugosas ampliaciones en sus contratos con Pemex”.
Oligopolio eléctrico
López Obrador acusó a Iberdrola de hacer en México “una política de influyentismo” y “beneficiarse de las ‘puertas giratorias’”, es decir, el trasiego de funcionarios a las grandes empresas o viceversa, y que muestran “lo difusa que es la línea que separa al poder político del poder económico”, como la define el Observatorio de Multinacionales en América Latina.
“Iberdrola se convirtió en una especie de monopolio en México y recibió muchos privilegios. Nos han ofendido a los mexicanos.”
En España la compañía lidera el oligopolio eléctrico junto con Naturgy (antes Gas Natural-Fenosa), Endesa (compañía privatizada hoy en manos de Enel, la empresa controlada por el Estado italiano) y EDP España (filial de la portuguesa EDP, Energías de Portugal).
En 2020, EDP creció con la compra de la compañía cántabra Vieso, por 2 mil 700 millones de euros.
Estas compañías adquirieron un enorme poder desde la privatización de Endesa y la liberalización de la industria eléctrica, marcada por la especulación y la opacidad.
De acuerdo con Eurostat, la oficina estadística europea, las empresas españolas del sector tienen una rentabilidad de 18.2%, frente a la media europea, que es de 10%. Y sus beneficios brutos son de 1.68% del PIB español, muy por encima del resto de países europeos.
El esquema de su operación es opaco y leonino, sin que hasta ahora haya esfuerzo político que logre frenarlos. Desde junio del año pasado la prensa española no ha parado de publicar los encadenados incrementos históricos de la factura de la electricidad en el país. Desde junio de 2018 –cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno– a la fecha, el incremento en la factura rebasó 500%.
Estos aumentos son cada vez más inasumibles y están agudizando la “pobreza energética”, que es la incapacidad de un hogar para pagar por la energía para satisfacer las necesidades básicas o que se destine una parte excesiva del ingreso familiar al pago de la factura energética, como la define la Asociación de Ciencias Ambientales.
El sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores advirtió el 14 de septiembre último que el “abusivo incremento del precio de la electricidad está afectando en mayor medida a los colectivos más vulnerables”, como pensionados, familias con menores ingresos, trabajadores autónomos, comercios y pequeñas y medianas empresas, que no podrán asumir el elevado costo de la factura.
El 13 de septiembre pasado el presidente español Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobaría una decreto de ley para recortar los beneficios de los consorcios y para abaratar la factura de la luz. Pero la reacción de las compañías, en particular Iberdrola, fue amenazar con una batalla judicial, con cerrar sus centrales nucleares, cerrar temporalmente sus plantas fotovoltaicas y vaciar los embalses en los cuales producen electricidad.
Las empresas del oligopolio eléctrico controlan 70% de la producción de electricidad en España y 90% de las ventas finales, según datos gubernamentales. Entre esas cuatro empresas se reparten 26 millones de clientes y otras 400 pequeñas comercializadoras dan servicio a alrededor de 1 millón de clientes más. Sólo en 2020 tuvieron ganancias conjuntas superiores a 3 mil 600 millones de euros.
Puertas giratorias
Detrás del enorme poder que tienen estas empresas del sector eléctrico están sus “puertas giratorias”, con las cuales contratan a las élites políticas de España, México y Estados Unidos, donde los funcionarios pasan con lucrativos dividendos como pago por los tratos de favor a las compañías durante su gestión o para seguir beneficiándose de su influencia política.
En México, López Obrador ha denunciado insistentemente el caso de Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía de 2006 a 2011 en el gobierno de Felipe Calderón. La entonces funcionaria también presidió la Comisión Reguladora de Energía y la CFE, periodo en el que Iberdrola firmó más de mil millones de euros en contratos públicos en México.
Como consejera de Iberdrola “fue una de las extranjeras mejor remuneradas del IBEX-35”, la bolsa de valores madrileña, señala la revista digital La Marea.
También el expresidente Calderón fue contratado como consejero independiente en Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos. El medio digital Sinembargo.com afirma que la retribución que recibió entre 2016 y 2018 fue de 465 mil dólares.
En España hasta 175 políticos españoles han pasado por las “puertas giratorias” en las seis empresas energéticas del IBEX (Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España), según identifica La Marea en su investigación permanente “#yoIBEXtigo”. Es la élite política del PP, del PSOE, del Partido Nacionalista Vasco y de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya.
Los casos más polémicos fueron las contrataciones de los expresidentes Felipe González, como consejero de Gas Natural, y José María Aznar, como asesor de Endesa, el consorcio que ambos ayudaron a privatizar, como publicó este semanario en noviembre de 2014 (Proceso 1985).
Gas Natural también tuvo en su consejo a Leopoldo Calvo Sotelo, segundo presidente desde la restauración de la democracia (1981-1982). Y a Narcís Serra, ministro de Defensa y vicepresidente de Felipe González.
En Estados Unidos Iberdrola contrató a figuras como José W. Fernandez, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía del gobierno de Barack Obama. En 2018, a Anthony L. Gardner, quien había sido embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Pero quizás el contrato más controversial es el del general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, quien de 2009 a 2019 fue uno de los hombres mejor informados de España, hombre del sistema, muy cercano al rey emérito Juan Carlos. Sin experiencia en el ramo eléctrico, se incorporó en julio de 2020 al International Advisory Pannel, uno de los órganos que asesora al presidente de la compañía.
