Creado el 2 junio de 2018, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Cómputo en Jalisco ha resultado un fiasco por sus magros resultados, pese a que en 2021 ejerció un presupuesto de 420.5 millones de pesos. De las 6 mil 340 cámaras instaladas en la entidad, el año pasado presentaban fallas 893 –422 de ellas en Guadalajara y Zapopan–. Lo peor: su antiguo director, Alejandro Plaza Arriola, otorgó contratos millonarios a una veintena de empresas que simplemente no cumplieron.
GUADALAJARA, JAL.– Creado para captar información que sirva en estrategias y medidas de seguridad pública, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Cómputo (C5) en Jalisco muestra grietas en su operación y funcionamiento: con seis personas por turno que están pendientes de más de 6 mil cámaras –muchas descompuestas–, derrocha recursos y opacidad en compras y servicios.
Contratos obtenidos por transparencia, correspondientes a los últimos años de su operación, demuestran un dispendio en adquisiciones, asignaciones directas con empresas ligadas entre sí o cuya contraprestación no queda clara por una renuencia a entregar la información.
El 2 de junio de 2018 se publicó el decreto de creación del C5. Su propósito es captar información a través de su sala de videomonitoreo que ayude a tomar decisiones en cuestiones de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública y urgencias médicas, entre otras funciones.
Aún no tenía dos años de operar cuando empezaron las anomalías en ese organismo que en 2020 recibió un presupuesto de poco más de 265.5 millones de pesos. Hasta el 15 de enero pasado Alejandro Plaza Arriola fungió como su director general.
Plaza, quien antes trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública Federal negó su salida del C5 –donde estuvo durante tres años– en varias ocasiones, la última de ellas en diciembre. Sin embargo, el lunes 17 fue presentada Ruth Ruiz Velasco como nueva titular de la dependencia.
Según corroboró Proceso, durante su gestión Plaza firmó varios contratos. Una parte de los recursos del Organismo Público Descentralizado (OPD) se destinó a pagar a Seguritech Privada, S.A. de C.V., una póliza de “mantenimiento integral del sistema de videovigilancia del Escudo Urbano C5”, vigente durante un año, del 28 de agosto al 27 de agosto de 2021, a un costo de casi 150 millones de pesos.
De nada sirvió el gasto millonario, puesto que el personal de nómina del C5 se encarga de dar el mantenimiento al sistema de videovigilancia, aseveran empleados del OPD, quienes solicita a Proceso el anonimato por temor a ser despedidos.
El contrato firmado por Plaza Arriola con Seguritech está testado en su versión pública en puntos relevantes, como los servicios que debe prestar la empresa. Por ello, se apeló a la ley de Transparencia para que el C5 detallara qué tipo de servicio debió dar esa empresa.
El 18 de marzo de 2021 el titular de Transparencia del C5, David Barragán Bravo, respondió que la información está reservada parcialmente y ofreció un link que lleva al mismo contrato testado.
Seguritech ganó la licitación pública nacional 118/2020 que se lanzó el 28 de julio de 2020 para la “póliza de mantenimiento integral del sistema de videovigilancia del Escudo Urbano C5”.
Empresarios del mismo ramo consultados indican que las bases de esa licitación estaban dirigidas a favorecer a Seguritech por requerimientos muy específicos: se pedían cuatro certificaciones ISO, demostrar que cuentan con al menos 145 millones de pesos de capital contable y experiencia acumulada de cinco años en el sector gobierno.
Con estos requerimientos, dijeron, se violó la Ley de Compras Gubernamentales, que en su artículo 59, punto 4 establece que “deberá evitarse exigir requisitos para comprobar la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecución de los participantes que sean desproporcionados”.
Seguritech ha sido señalada por irregularidades en otras entidades, como Guanajuato y Baja California; pese a ello, el gobierno de Jalisco la contrató.
Los déficit acumulados
En el área metropolitana de Guadalajara están instaladas 6 mil 340 cámaras del C5. La propia dependencia informó que, al corte del 4 de marzo de 2021, 893 presentaban fallas; de esas cámaras, 422 se ubican en Guadalajara y 172 en Zapopan.
El 10 de marzo siguiente, en la avenida Central y Paseo Valle Real, en el exterior del museo Trompo Mágico, en Zapopan, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra Alexis Martínez, presunto operador del grupo delictivo La Unión Tepito, y otra persona cuando viajaban en una camioneta BMW; ambos fallecieron. El ataque ocurrió a pocos pasos de un poste del C5. Fue imposible que las autoridades obtuvieran algunos datos relevantes pues la cámara no servía.
Actualmente, en la sala de videomonitoreo del C5 solamente cinco empleados atienden las más de 6 mil cámaras en los turnos matutino y vespertino, mientras que por la noche nada más labora uno, señala el personal del propio OPD.
Peor aún, algunos postes del C5 ni siquiera cuentan con cámara de videovigilancia, como sucede en el cruce de las calles Allende y Francisco Villa en la colonia Zalatitán en Tonalá. En ese punto, de acuerdo con los vecinos, nunca se ha instalado la cámara, pese a que es una zona de asaltos y venta de droga; ahí con frecuencia ocurren balaceras y secuestros.
A una cuadra de donde está el poste cuya cámara no funciona, la Fiscalía General del Estado aseguró un terreno baldío del cual se extrajeron 28 bolsas con restos humanos, así como una finca donde se localizaron vehículos con reporte de robo. “Es una vergüenza y una burla para la ciudadanía que el poste sólo sirva para invadir la poca banqueta”, comentan los vecinos.
En 2020 el C5 firmó un contrato por 298 millones 924 mil 763 pesos con Cervantech Servicios Tecnológicos, S.C., para la actualización de la infraestructura Red Estatal de Radiocomunicación de agosto de 2020 a marzo de 2021, con la tecnología Tetrapol (radio móvil).
Sin embargo, un estudio prospectivo del Instituto Politécnico Nacional para el Secretariado Ejecutivo indica que la tecnología Tetrapol IP no ofrece ninguna ventaja comparativa con P25, misma que ya usaban 14 radiobases en Jalisco, por lo cual la erogación fue innecesaria.
En 2021 el presupuesto del C5 fue incrementado a 420.5 millones (155 millones más) y se continuó con el esquema de contrataciones y compras.
El 21 de enero de ese año el organismo contrató con Cervantech Servicios Tecnológicos una póliza de mantenimiento para la red Tetrapol a un costo de 6 millones de pesos. El 19 de febrero siguiente, a menos de un mes, el sistema de radiocomunicaciones entre las diferentes corporaciones de seguridad y emergencias dejó de funcionar.
Los elementos tuvieron que reportar servicios a través de WhatsApp. Al día siguiente las fallas técnicas de comunicación continuaron al estar inhabilitadas las consolas. Eso impidió que los operativos del C5 pudieran tener contacto con todas las áreas de manera simultánea.
Los proveedores consentidos
La información proporcionada por Transparencia revela que el responsable de cada área del C5 se encarga de los procesos de compra de bienes o servicios, ya sea por adjudicación directa o mediante un concurso de licitación.
En una revisión al portal de Transparencia del C5 se detectó que, mediante licitación o adjudicación directa, el OPD tiene preferencia por 20 proveedores, a los cuales les dio varios contratos en 2020 y el año siguiente. Varias de esas empresas se constituyeron en 2018, algunas antes de la creación del organismo, otras poco después.
Una de ellos es Comercializadora Disica, S.A. de C.V., cuya acta constitutiva indica que se creó el 31 de enero de 2018. Como único socio aparece Luis Felipe Estévez Sánchez, quien hasta agosto de 2018 fue funcionario en el ayuntamiento de Zapopan.
En 2020 el C5 firmó siete contratos con Comercializadora Disca para comprarle a Estévez un transformador, un banco de baterías, equipo de seguridad personal, aire acondicionado y herramientas. En 2021 el mismo Estévez vendió otro banco de baterías en casi 1.9 millones de pesos, cuando el año anterior, por ese mismo concepto, cobró 987 mil 856 pesos.
En 2020 y 2021 las empresas Consolida Tecnología, S.A. de C.V., y Servicios en Telecomunicación JPC, S.A. de C.V., ganaron, cada una, dos contratos que suman 2 millones 154 mil 589 pesos. Llama la atención que ambas empresas “comparten” socios y parentesco: los hermanos Jéssica Liliana y José Rosendo Enríquez Espíritu.
Según el acta constitutiva, Servicios en Telecomunicación JPC se creó el 15 de junio de 2018; sus accionistas son Mauricio Daniel Meléndez Bernache y su esposa, Jéssica Liliana. Consolida Tecnología se creó en abril de 2019. Como socios figuran los cónyuges José Rosendo y Thalía Georgina Rodríguez Haro.
Ambas empresas han competido entre sí en licitaciones, como sucedió el 7 de noviembre de 2019 por la adquisición de pólizas de mantenimiento para el C5.
Otra empresa, Coeficientes Comunicaciones, S.A. de C.V., ganó en 2020 tres licitaciones que suman 2.6 millones de pesos. Poco más de la mitad de ese dinero fue para comprar 30 computadoras y laptops. Sin embargo, personal del C5 consultado por Proceso afirma que no recibieron ningún equipo de cómputo nuevo.
Otra adquisición que no vio el personal del OPD es la pintura que en 2020 se compró para las instalaciones del C5 a Juan Antonio Ponce Villalvazo, a un costo de 609 mil 107 pesos. “No pintaron, sólo levantaron unas bardas, pero fue obra de la SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública)”, aseveran trabajadores del C5.
Hace dos años, el OPD contrató a Capacitación Profesional de Informática, S.A. de C.V., para dar capacitación al personal de C5 a un costo de 246 mil 592 pesos. No obstante, tampoco hay constancia entre el personal del OPD: “Nunca hubo esa capacitación externa, sólo (a cargo) del mismo personal y de otras dependencias, como SAMU”, aseguran los empleados.
En 2020 Grupo Onitmex vendió uniformes al C5: 600 camisas de manga larga (285 pesos cada una) y 745 chalecos ejecutivos (580 pesos por pieza). La erogación total fue de 699 mil 596 pesos.
El personal consultado dijo que “no entregaron chalecos y las camisas nos las dieron en noviembre”. La compra también parece excesiva, puesto que el personal operativo y de nómina suma aproximadamente 164 personas.
Usurpación de funciones
En la plantilla de personal del C5 algunos funcionarios ostentan títulos que no poseen, o cuyos perfiles no corresponden a sus cargos. En diciembre pasado, por ejemplo, se contabilizan 41 cargos de primer nivel: cinco directores de área, 23 jefes de unidad departamental y 13
subdirecciones.
Uno de ellos fue denunciado el martes 25 por el presunto delito de usurpación de profesión al firmar documentos oficiales como licenciado, sin tener título. Se trata de Gustavo Adolfo Valdez Vargas, jefe de la unidad departamental de Atención de Servicios, perteneciente a la Dirección de Atención a Emergencias del organismo público descentralizado.
La querella se presentó el 25 de enero en la agencia del Ministerio Público de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos, acompañada de documentos oficiales firmados por Gustavo Valdez como licenciado. En uno, con fecha 5 de mayo de 2020, da instrucciones al personal del 911 a su cargo.
El Código Penal de Jalisco, en su artículo 170, establece que se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que sin tener título se atribuya el carácter de profesionista, o use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional, sin tener derecho a ello.
Mediante una solicitud de transparencia se pidió el grado académico de Gustavo Valdez y si cuenta o no con título profesional, así como la trayectoria de varios funcionarios del C5. La dependencia respondió que el jefe de la Unidad Departamental de Atención de Servicios no tiene título ni cédula profesional, sólo cuenta con una constancia de estudios de licenciatura.
De Gustavo Valdez se conoce que se desempeñó como estilista y maquillista en AG Salón, como se publicita en el perfil de Facebook de ese negocio.
