El CIDE iniciará el semestre en medio de una parálisis administrativa, un conflicto legal y una severa división interna a causa de las iniciativas de reformas al Estatuto General del centro de investigación, que los opositores a la dirección general y a la titular del Conacyt consideran “un asalto” al mismo. Impasibles ante las protestas y denuncias de estudiantes y profesores, las autoridades federales ni siquiera han respondido a las peticiones de mediación.
El próximo lunes 31 el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) iniciará el semestre académico en medio de un “asalto” a su Estatuto General, con serios problemas de índole administrativa y la advertencia de estudiantes y profesores de que seguirán las acciones legales y movilizaciones para dar marcha atrás a las decisiones ilegales encabezadas por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, y del director, José Antonio Romero Tellaeche.
La comunidad estudiantil y académica del CIDE lleva seis meses en conflicto por la designación, considerada ilegal, del director general y las decisiones que éste ha tomado desde entonces, a espaldas de los cideítas y en detrimento de su vida académica.
El más reciente capítulo de la pugna ocurrió el lunes 24, cuando –en otra sesión irregular– la Asamblea General de Asociados, encabezada por Álvarez-Buylla, aprobó modificaciones a su Estatuto General, mientras alumnos y profesores, apoyados por representantes de 14 universidades de varias entidades, cerraban la carretera México-Toluca frente a la sede Santa Fe para evitar lo que llamaron “el asalto” a su casa de estudios.
Tras ese hecho, integrantes de la comunidad de profesores y de estudiantes adelantan a Proceso que impugnarán por la vía legal esas reformas con el argumento de que violan el Estatuto General. Las nuevas denuncias se sumarán a otras demandas interpuestas contra la designación de Romero, que actualmente están en tribunales para su interpretación.
Además seguirán con las marchas y manifestaciones, pero a mayor escala: irán a la Secretaría de Gobernación, a la que pidieron mediar en el conflicto sin obtener aún respuesta de su titular, Adán Augusto López Hernández. También evalúan manifestarse en Palacio Nacional, desde donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió su más reciente embate contra el CIDE el viernes 28, cuando dijo que éste se convirtió en “una versión muy parecida al ITAM y hasta de segunda… No comenzó así porque era para formar servidores públicos en beneficio de los intereses de la nación y terminaron aborreciendo el servicio público”.
Los cideítas también insistirán con los senadores de distintos partidos, incluido Ricardo Monreal, de Morena, quienes en diciembre de 2021 y enero de 2022 se tomaron la foto con ellos, les ofrecieron llamar a comparecer a Álvarez-Buylla e instarla a dialogar. Incluso ya tienen programada para la semana que comienza una reunión con diputados federales, a quienes también pedirán ayuda para resolver el conflicto.
Imposición anunciada
La sesión del lunes 24 de la Asamblea General de Asociados –compuesta por ocho representantes de organismos autónomos y secretarías de Estado– comenzó minutos después de las 09:00 horas, cuando se reunió el quórum; sólo faltó el representante de la Secretaría de Hacienda. Álvarez-Buylla y Romero estaban presentes en la sede del Conacyt y los demás pasaron lista de manera virtual, según relata a Proceso uno de los asistentes, quien pidió no publicar su nombre.
La directora del Conacyt inició al subrayar la importancia de los centros públicos de investigación del país, entre ellos el CIDE. Después, representantes del área jurídica del consejo presentaron la propuesta de reforma al Estatuto General y enfatizaron que ya contaba con el aval de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Como ocurrió en la sesión del 29 de noviembre de 2021, cuando fue designado Romero como director general, esta vez los representantes de la Secretaría de Economía y del Colegio de México argumentaron que no se cumplía con el artículo 42 del mismo Estatuto, pues no se consultó al Consejo Académico para las reformas.
Sin aceptar la ilegalidad, aunque respetuosa de la posición, Álvarez-Buylla reiteró que la Consejería Jurídica del gobierno de López Obrador ya había avalado los cambios. No había más qué hablar.
A diferencia de la sesión del 29 de noviembre, esa vez sí hubo votación: Conacyt, las secretarías de Energía y Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica votaron a favor, el Banxico se abstuvo y la Secretaría de Economía y el Colegio de México lo hicieron en contra.
Las reformas
La sesión de ese lunes 24 fue la segunda intentona para reformar el Estatuto General, luego de que el 14 de enero fue suspendida la primera sesión, pues el Banxico alegó que no recibió la convocatoria a tiempo. Tras ese anuncio, los estudiantes y maestros que protestaban con un “cacerolazo” afuera de la sede del Conacyt tuvieron un respiro.
Lo que se aprobó en la sesión del lunes 24 fueron reformas a los artículos 29, 30, 34, 36 y 37 del Estatuto General, referentes al proceso de designación de la Dirección General del CIDE para que su Consejo Directivo sólo “tome conocimiento” en vez de votar para ratificarlo.
Según la interpretación de profesores y estudiantes, con ello se hizo evidente que el Conacyt violó el Estatuto General al no permitir la votación para ratificar a Romero. En su edición 2355, Proceso publicó dos testimonios que confirman que en esa sesión no hubo votación. Además, ni el Conacyt ni el CIDE han hecho pública el acta de dicha sesión.
Las reformas aprobadas también cambiaron los requisitos para ocupar la Secretaría Académica, el segundo cargo más importante del Centro. Ahora ese puesto podrá ser ocupado por académicos externos, en vez de exigir que la persona seleccionada haya trabajado al menos los dos últimos años en la institución, como era antes.
Es el caso de Jordy Micheli, economista de la UNAM, quien el 3 de diciembre fue nombrado por Romero encargado de despacho de la Secretaría Académica, en lugar de Catherine Andrews, a quien éste destituyó en su calidad de director interino el 16 de noviembre por “actos de rebeldía”. Según el Estatuto, el encargo de Micheli sólo duraría 45 días, periodo que ya expiró, por lo cual esa secretaría está acéfala.
Lo que ya no se discutió en la sesión del 24, pues fue retirado de la iniciativa de reformas anunciada para el 14, fue la remoción de las facultades de toma de decisión del Consejo Académico –máximo órgano interno de decisión– para que sólo pudiera “conocer y opinar” sobre las actividades esenciales del centro.
El “caos” administrativo
El martes 25, tras las reformas al Estatuto, el exdirector del CIDE Sergio López-Ayllón –quien renunció al cargo el 2 de agosto de 2021– habló del hecho en el programa “Atypical Te Ve” en Youtube:
“El objetivo del asalto es ir construyendo un escenario en el que se eliminan las decisiones de carácter colegiado, se eliminan los contrapesos para construir una gobernanza del CIDE con un predominio claro del director y su equipo cercano… Con la intención de modificar de manera significativa los estándares, la orientación y el modo de trabajo de una institución que lleva 40 años en construcción”.
Lorena Ruano, exsecretaria general del Sindicato de Personal Académico del CIDE, alerta que con esas reformas las autoridades “demostraron que, aunque sea ilegal, pueden reformar todos los reglamentos internos del CIDE sin el Consejo Académico. Aunque no le hayan quitado el poder en sí, se lo quitaron con esta interpretación que hicieron”.
Con más de 20 años como profesora investigadora del CIDE, Ruano recuerda que los académicos han enviado más de cuatro cartas, “con amables recordatorios” para pedir a Romero una reunión de urgencia para tratar los múltiples pendientes académicos antes del comenzar el semestre. Pero siguen en espera de una respuesta afirmativa.
La urgencia tiene lógica: “La Secretaría Académica está sin cabeza. El nombramiento debe pasar por el Consejo Directivo, pero Romero no ha convocado para ratificar a Jordy Micheli. Y lo que ya empezó a ocurrir es una serie de problemas administrativos serios, pues el no tener secretario académico paraliza todos los órganos de decisión del CIDE; sin los Consejos Administrativos no se mueve ni un clip”.
Los procesos de contratación de profesores están parados “y nos preocupa que se quieran quedar con las plazas que ya están en concurso”. Preocupada, asegura: “Es la primera vez que el CIDE inicia así, con una parálisis administrativa”. Por ello, adelanta que pedirán al Órgano Interno de Control revisar las decisiones de Romero “y a ver si la Función Pública se digna hacer su trabajo e investiga todas estas faltas administrativas. Quizá servirá de poco, pero al menos se documentará el atropello”.
“Se mermó la democracia interna”
Después de 48 días de mantener un plantón en la entrada de la sede Santa Fe en protesta por la imposición de Romero Tellaeche –el 29 de noviembre – y ante el riesgo creciente de contagios de covid-19, los estudiantes del CIDE levantaron la medida el pasado sábado 15 y anunciaron que adoptarían otras vías de lucha.
El lunes 24 los inconformes bloquearon seis horas la carretera México-Toluca, en espera de frenar las reformas al Estatuto y que el gobierno federal les ofreciera ayuda para dialogar con las autoridades. Pero no resultó.
Ximena Millán, alumna de ciencia política y relaciones internacionales y una de las voceras estudiantiles, comenta que con los cambios, dice, “se mermó totalmente la democracia interna del CIDE, se pone en riesgo toda la institucionalidad de la escuela y se puede caer en el autoritarismo”.
No obstante, cuenta que en la más reciente asamblea consideraron que con el próximo reinicio de clases su lucha crecerá: “Vamos a tener mucha más fuerza porque ya habrá más estudiantes de otros estados, se verá el peso de toda la comunidad estudiantil para defender a la institución, además de que se sumarán administrativos y profesores”.
Asegura que el movimiento deberá escalar en más movilizaciones, aunque sin descuidar sus clases. “Seguirá la alianza estratégica con otras universidades. Quienes nos han acompañado nos dicen que están dispuestos ayudarnos, porque defendernos a nosotros es también defender a su institución para que los abusos de poder terminen”.
