Las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013 y la derogación del régimen de consolidación tributaria en 2014 bloquearon la recurrente estrategia fiscal de Grupo Elektra: reportar pérdidas por venta de acciones de sus subsidiarias con el propósito de pagar menos impuestos. Pero Ricardo Salinas Pliego no sólo desconoció las nuevas reglas –lo que le acarreó a Grupo Elektra créditos fiscales por al menos 40 mil millones de pesos–, sino que decidió impugnarlas. Tras la resolución en su contra de la Suprema Corte, los analistas consideran que el corporativo debe pagar sus adeudos tributarios y reconocer contingencias millonarias como parte de su pasivo y no como impuestos diferidos o reservas.
Trimestre a trimestre, Grupo Elektra ha reconocido ante los inversionistas del mercado de valores que desde 2013 litiga de manera sistemática en contra del Estado mexicano el pago de créditos fiscales después de que, a partir de enero de 2014, se derogó el régimen de consolidación tributaria, el cual le había permitido reducir su tasa efectiva de impuestos.
Antes, en 2013, las modificaciones al artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) también representaron cambios para Elektra.
Durante los primeros tres años de la entrada en vigor de la desconsolidación tributaria, Elektra reconoció públicamente que esa decisión del Poder Legislativo y, posteriormente, la ejecución por parte de la autoridad tributaria, le generó un impacto en sus finanzas de al menos 3 mil 853 millones de pesos, y que tendría sólo cinco años para resolver si los pagaba o no. Allí comenzó la defensa frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Para Elektra el artículo 71 de la Ley del ISR viola los principios de seguridad jurídica y legalidad, al ser omiso en señalar expresamente cuál es la consecuencia de la fusión de sociedades que pertenecen al mismo grupo de consolidación fiscal, por lo que se desconoce si, en ese caso, se actualiza o no el supuesto de desincorporación y si es posible aprovechar las pérdidas.
Elektra estima que se violaron sus derechos constitucionales, así como los establecidos en los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales estipulan que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competente, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales”. Elektra cumple ya más de ocho años litigando el pago de impuestos y, finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El equipo de abogados de Grupo Elektra ha insistido ante las autoridades judiciales del país en todos los niveles que el artículo 17 de la Ley del ISR no garantiza el principio de seguridad jurídica porque al interpretarlo, a su libre albedrío, la autoridad “deja desprotegido al contribuyente”. Al recibir una sentencia de la SCJN que le niega un amparo en uno de sus juicios fiscales, Grupo Elektra informó que acudirá ante instancias internacionales para hacer valer sus alegatos.
A los tenedores de deuda y accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Elektra les explicó que, para los créditos fiscales declarados durante 2008, 2010, 2011 y 2012, las autoridades del SAT consideraron inexistentes las pérdidas en venta de acciones, por lo que no fue legal su consolidación ni la reducción de la tasa del ISR. Pero el grupo ha sostenido ante el SAT, ante el mercado de valores y ante los tribunales de todas las instancias que el descuento de pérdidas sí procede.
Sin embargo, el pasado 19 de enero, en una decisión que dividió a los ministros del máximo tribunal del país, el pleno de la SCJN decidió no amparar ni proteger a Grupo Elektra contra las decisiones del SAT, lo que representa un descalabro en la serie de litigios que mantiene el corporativo desde 2013. Ahora, finalmente, tendrá que pagar 2 mil 636 millones de pesos.
Entre los asesores del Grupo Elektra participan abogados como Miguel García y García, exdirector general adjunto Jurídico y Fiduciario de Nacional Financiera, así como del Bancomext. García García también es socio del diputado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación durante la administración de Vicente Fox. Ambos coincidieron en ese gobierno panista. García le reportaba a Mario Laborín, exdirector de Nafin.
Proceso se comunicó tanto con Creel como con García García para consultarles sobre su participación en visitas realizadas a la SCJN para profundizar en los alegatos de Elektra contenidos en la demanda de amparo promovida contra las acciones de fiscalización del SAT. Los dos declinaron hacer comentarios.
Régimen de consolidación
Elektra ha informado a los inversionistas del mercado de valores, según consta en sus reportes trimestrales e informes anuales, que los recursos para respaldar créditos fiscales en litigios frente al SAT se encuentran debidamente reservados. De hecho, en su estado de resultados al tercer trimestre, Grupo Elektra reportó un incremento de mil 139 millones de pesos en el rubro de provisión de impuestos mientras que sus pasivos por impuestos diferidos se ubicaron en 10 mil 240 millones de pesos.
Con los cambios a la Ley del ISR y al régimen de consolidación, los legisladores y el SAT lograron corregir lo que, en su momento, se consideró un error del marco legal. En la partida conocida como “pérdida por venta de acciones” se permitía –bajo el régimen fiscal de consolidación previo a los cambios de 2014– que si se realizaba en la misma empresa era posible deducir las pérdidas, con el propósito de pagar menos impuestos.
En entrevista, Sergio Abraján Sevilla, vicepresidente de la consultoría CPA Visión, explica que falló la regulación para esa partida como parte del régimen de consolidación, lo que permitió que empresas tomaran esa posibilidad de deducción como parte de las actividades que realizaba la controladora. “Así se disminuía la base gravable como parte de la salida de la consolidación”, explicó el fiscalista.
Agrega: “Entre 2014 y 2016, las autoridades buscan corregir esta situación entre todos los contribuyentes que salieron de la consolidación”.
Las autoridades establecieron conversaciones con los contribuyentes cuya situación fiscal estaba en este supuesto; acordaron plazos para regularizarse. Otros, en cambio, decidieron litigar sobre las reglas que fueron publicadas inicialmente.
El SAT estima que los créditos fiscales del Grupo Elektra sumarían al menos 40 mil millones de pesos en los ocho juicios que tiene abiertos. El de mayor monto que Elektra reconoce es por 18 mil 455 millones de pesos, que representaría 10% de sus activos totales al tercer trimestre de 2021, que se ubicaron en 180 mil millones de pesos o menos de 0.6% de su valor de capitalización que asciende a 318 mil millones de pesos.
Así, estrategas de fondos de inversión y de Administradoras de Fondos para el Retiro consideran que, en línea con lo reportado a las autoridades bursátiles del país, Grupo Elektra no debería tener problemas para cumplir la sentencia de la SCJN respecto a un crédito fiscal por 2 mil 600 millones de pesos. Elektra no puede enviar información falsa al mercado de valores porque podría ser sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Con el crecimiento en capitalización o activo que se reporta cada año, Elektra podría, fácilmente, cumplir con sus obligaciones ante el SAT”, dijo el estratega de un fondo de inversión que pidió omitir su nombre.
Si bien con la primera sentencia de la SCJN Grupo Elektra tendrá que comenzar a liquidar créditos fiscales en los que ha incurrido a raíz del cambio de reglas fiscales para la consolidación tributaria, pero sobre todo ante su renuencia a acatarlas, este evento también significaría para el corporativo reconocer, finalmente, contingencias millonarias como parte de su pasivo y no como impuestos diferidos o como reservas. Sin embargo, los analistas consideran que sería un impacto manejable y que la compañía podría remontar con emisiones de deuda o aportaciones de capital, siempre y cuando conserve las calificaciones necesarias de riesgo.
Lo relevante, consideró el experto que analiza emisoras del mercado de valores para las estrategias de inversión de una afore, es que Elektra deberá eliminar de sus planeaciones la posibilidad de no pagar más impuestos al SAT.
Las viejas prácticas
Hasta el 31 de diciembre de 2013 Grupo Elektra preparaba una declaración de impuestos consolidada incluyendo a todas sus subsidiarias mexicanas del segmento comercial. Adicionalmente, sus subsidiarias presentaban una declaración de impuestos en forma individual. El régimen de consolidación fiscal permitía la determinación de dicho resultado con la participación consolidable, la cual representaba la participación accionaria promedio de cada subsidiaria. Por supuesto, aprovechar las pérdidas para reducir el pago de impuestos era una posibilidad.
Sin embargo, el 1 de enero de 2014 entró en vigor la nueva Ley del ISR que eliminó el régimen de consolidación fiscal y, en consecuencia, se debían determinar los efectos de desconsolidación al 31 de diciembre de 2013, los cuales, para Elektra, ascendieron a 3 mil 853 millones de pesos, monto que debían ser liquidados en un periodo de cinco años.
Los desencuentros de Elektra con el SAT se iniciaron en octubre de 2017, cuando Elektra Com, Soluciones Empresariales de Negocios y Bodegas de Remates Elektra, SA, decidieron fusionarse, subsistiendo Elektra Com. Fue en julio de 2010 cuando las autoridades fiscales citaron al contador público registrado por Elektra a efecto de revisar sus libros y cotejarlos con sus declaraciones.
La autoridad descubrió entonces que, en Grupo Elektra, la empresa que fusionó a algunas de sus filiales, dedicadas al almacenaje y a la distribución, pretendía que el SAT reconociera la deducibilidad de pérdidas y el ajuste de la tasa efectiva de impuestos.
Grupo Elektra aplicó pérdidas fiscales por 2 mil 251 millones, generadas por dos de sus empresas controladoras: Soluciones Empresariales de Negocios y Bodegas Remates Elektra.
El SAT determinó un crédito fiscal por 2 mil 636 millones de pesos por concepto del ISR, recargos y multas. La autoridad fiscal advirtió que la fusión de las empresas de Grupo Elektra configuraba un supuesto de desincorporación que actualizaba la obligación de reconocer las pérdidas fiscales pendientes desde 2006 en las sociedades extintas.
Elektra, entonces, interpuso un recurso de revocación ante la Administración General de Grandes Contribuyentes. En 2015, el SAT confirmó el crédito fiscal en contra de Elektra y la respuesta fue un juicio de nulidad interpuesto por la empresa de la familia Salinas Pliego. Después, en octubre de 2016, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada.
Fue entonces, en noviembre de 2016, cuando el Grupo Elektra promovió el juicio de amparo. Después de pasar por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en mayo de 2018, el caso fue admitido por el presidente de la SCJN.
Este fue el amparo que negó la SCJN y que obliga al grupo a pagar más de 2 mil 600 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda hizo valer, por su parte, el recurso de revisión adhesiva en su calidad de tercera autoridad interesada
Ni los auditores externos de Grupo Elektra ni las agencias calificadoras de riesgo hacen referencia a estos juicios fiscales de Elektra.
En marzo de 2021, la agencia Fitch Ratings bajó la calificación a la deuda de Grupo Elektra con perspectiva negativa ante lo que calificó como una estructura de gobierno corporativo más débil luego del incumplimiento en el pago de deuda de una compañía relacionada: TV Azteca.
Elektra, precisó Fitch, posee indirectamente 22.5% de la propiedad de TV Azteca y es controlada por el mismo grupo económico, Grupo Salinas. TV Azteca, refirió la evaluadora de riesgo, incumplió selectivamente el pago de un cupón por 16 millones de dólares de sus bonos internacionales y decidió recomprar con una parte de su caja mil 211 millones de pesos de una emisión de bonos local mediante una transacción en el mercado secundario y mantener vigente un crédito con Banzo Azteca.
En opinión de Fitch esto refleja conflictos potenciales de interés y un trato diferenciado a sus acreedores, y genera preocupaciones sobre el gobierno corporativo del grupo. Adicionalmente, la percepción de una afectación en el gobierno corporativo podría tener un impacto en la disponibilidad de fuentes de fondeo externas en el futuro, lo cual está incorporado en la calificación.
Luego del fallo de la SCJN contra Grupo Elektra por el pago de sus impuestos, los títulos de la emisora en la BMV acumularon varias sesiones de volatilidad y cerraron la semana en un nivel de mil 360 contra mil 420, lo que significó un ajuste de 4.2%. Respecto a mayo de 2021, la caída es de 11.4%. Lo interesante es que, durante los últimos cinco años, los principales periodos de litigo frente al SAT, los títulos accionarios de Elektra crecieron de manera exponencial pues pasaron de 263.99 pesos a mil 360, una ganancia de 80%.
