Austeridad preocupante sí, embate académico no

Según datos de la secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Aída Castilleja González, alrededor de 2 mil trabajadores de la institución laboran de manera eventual y cada año se les extienden contratos por tres meses, de ahí que ahora estén esperando la autorización respectiva para el primer periodo de 2022, el de enero a marzo.

La situación, que en algunos casos se repite desde hace 30 años, ha mantenido en la incertidumbre y la precarización laboral a ese conjunto de trabajadores, entre quienes lo mismo hay administrativos, técnicos y manuales, que investigadores y profesores.

A los eventuales se suman 350 profesores de asignatura que son contratados por hora-semana-mes (HSM) siempre y cuando las materias que imparten cuenten con un mínimo de cinco alumnos inscritos. Para estos maestros, dice la funcionaria, se tienen otros calendarios y procedimientos de contratación en los cuales predominan criterios “académicos”, “no laborales”.

Los problemas que esta situación laboral implica volvieron a estallar los primeros días de enero en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), luego de que su director, Hilario Topete, publicó una carta en respuesta a la del secretario administrativo del INAH, Pedro Velázquez Beltrán, para detallar las áreas que se afectarían de no renovarse los contratos del personal eventual; éstos, según Castilleja, suman 60 trabajadores, básicamente administrativos y de control escolar. A su vez, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, anunció que sí serán recontratados.

Lo cierto es que se les recontratará sólo por tres meses. La secretaria técnica explica a Proceso, vía telefónica, que el periodo de contratación deriva de disposiciones administrativas, pero ahora se está analizando la posibilidad de “volver” a contratar por periodos de seis meses “para dar certeza laboral a quienes desempeñan las funciones que permiten al instituto cumplir con las tareas que le corresponden”.

Se le plantea que el descontento de profesores y trabajadores surge debido a que no tienen contratos anuales –sino por tres, seis u 11 meses–, a que no se les reconoce antigüedad ni se les otorgan prestaciones sociales y a que por años, por décadas en muchos casos, se les ha mantenido en esas condiciones de precariedad laboral, pese a que puntualmente imparten sus clases o cátedras o desempeñan su trabajo.

La funcionaria hace entonces una distinción: hay profesores de asignatura que imparten cursos (cuyos contratos se analizan y revisan cada semestre), y hay eventuales.

–En ambos casos sufren precariedad laboral e incertidumbre: ¿está diciendo que en realidad los profesores contratados por HSM tienen condiciones más graves pues se les paga por clase?

–Digamos que sí hay incertidumbre, pero hay plantillas de cursos; por ejemplo los optativos, que tienen que ver con la manera en la cual se organizan los cursos de cada una de las carreras.

Tales cursos, explica, no los dan solamente los maestros HSM, sino también los de tiempo completo, y las academias organizan las plantillas de materias para cada semestre de acuerdo con cada licenciatura o postgrado y cumpliendo los lineamientos, por ejemplo el de no abrir cursos sin contar al menos con cinco alumnos inscritos.

–Entonces puede ocurrir que por eso un profesor HSM no sea contratado.

–Depende de las academias, son criterios académicos, no de orden laboral, que por supuesto pasan por lo laboral porque tienen que ser contratados, pero tienen que ver con cómo se organizan las plantillas.

Tarea monumental

Admite que el problema de los trabajadores eventuales es estructural y tiene muchos años. Menciona que el propio titular del INAH, Diego Prieto, ha indicado que se originó cuando comenzaron a congelarse las plazas y se prohibió la creación de nuevas. Como la institución siguió creciendo y debían cumplirse tareas sustantivas, se contrató personal eventual. Incluso asegura que desde 2017, cuando ellos llegaron a los cargos, se ha logrado que los trabajadores del capítulo 1000 tengan mejores condiciones laborales y servicio médico.

Sin embargo, al coincidir con la problemática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en donde la comunidad se ha manifestado en contra del director José Antonio Romero Tellaeche y el despido de profesores, el problema en el INAH se ha englobado como un asunto de falta de apoyo y hasta de golpeteo del gobierno de la 4T contra la educación superior, la academia, la ciencia y la investigación, cosa que Castilleja niega rotundamente:

“De ninguna manera, es una interpretación que por lo menos yo no comparto.”

A decir suyo, los problemas en el INAH han recibido atención, aunque “sabemos que no es suficiente”; la “prueba” de que no es un golpeteo a la educación es que el tema del personal eventual fue una incertidumbre que se detonó en diversas áreas de la institución y no exclusivamente en la ENAH o en las otras escuelas. Y es un asunto al cual se le está dando atención, “por lo menos en los últimos tres años”.

Y reitera algunas de las cuestiones que han sido señaladas anteriormente en estas páginas sobre los rezagos que tiene el INAH, entre ellos un déficit histórico que hace un año se calculaba en alrededor de 700 millones de pesos, la imposibilidad de crear plazas, la política de austeridad del gobierno actual… problemas que en parte, se le señala, ya se conocían en enero de 2017, incluido el de los trabajadores eventuales, puesto que tanto ella como el antropólogo Diego Prieto han sido investigadores del instituto.

Castilleja asegura sin embargo que han recibido atención, y ejemplifica que, a diferencia de los cargos de funcionarios, que han tenido una modificación salarial mínima o se han mantenido igual, se ha tratado que trabajadores e investigadores tengan condiciones salariales menos dispares. Añade que una buena parte del presupuesto de la ENAH se destina al pago de personal, en cualquiera de sus formas de contratación.

Sin precisar de cuánto será el presupuesto que recibirá la escuela para este 2022, indica que se cuenta con la cifra de 666.2 millones de pesos para todas las áreas de educación superior, pero reitera que no todo se destina a la operación de las escuelas, sino también al pago de personal y al mantenimiento.

Se le pregunta por qué no se ha podido convencer a la SHCP y a la de Cultura de la necesidad de otorgar un incremento presupuestal para atender en el INAH no sólo sus rezagos laborales, sino el monumental patrimonio arqueológico e histórico a su cargo, la investigación y difusión, la aplicación de las leyes de protección, la educación superior.

En ese sentido acepta que en los últimos años zonas arqueológicas y otro tipo de infraestructura cultural no han recibido al 100% el mantenimiento requerido, pues la atención al personal “es el elemento absolutamente central, y el resto de las funciones se han visto mermadas, y eso por supuesto es preocupante”.

Cabe señalar que el problema de personal eventual y prestadores de servicios profesionales no es exclusivo del INAH. Lo padecen el Instituto Nacional de Bellas Artes y diversas áreas de la Secretaría de Cultura, como la Fonoteca Nacional, donde también se ha demandado basificación. La SC informó al cierre de esta edición que en breve se regularizará la situación a través del Sistema de Formalización de Contratos Compranet.