Para el economista Carlos Heredia, profesor-investigador y hasta diciembre pasado secretario de Vinculación del CIDE, el gobierno federal promueve el pensamiento único y ataca a diversas instituciones de educación superior que promueven el pensamiento crítico. Las autoridades del sector, dice, no defienden ideas sino las opiniones del presidente López Obrador, lo que empobrece la democracia y afecta la libertad en el país.
Las recientes acciones del gobierno federal hacia algunas instituciones de educación superior del país reflejan una determinación de intervenir en donde se generan investigaciones, pensamiento crítico y opiniones contrarias a las que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el riesgo de “el empobrecimiento de la vida democrática y la amenaza a las libertades”, dice el economista Carlos Heredia Zubieta.
Internacionalista, exdiputado federal de izquierda, investigador que ha transitado por universidades de excelencia nacionales y extranjeras, entre ellas la American University (Washington DC) y la Universidad de California en Los Ángeles, Heredia acaba de renunciar a la Secretaría de Vinculación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a petición del director general, José Antonio Romero Tellaeche.
A consecuencia de la “purga” que hay en ese Centro Público de Investigación (CPI) en su sede Santa Fe, el último día de diciembre el académico escribió en su carta de renuncia que la “crisis” en el CIDE fue provocada “en buena medida por una intervención externa que impulsa un pensamiento único”. Y esa injerencia no existe sólo en el CIDE, asegura a Proceso.
“Lo que identifico es que dentro del actual gobierno hay una especie de determinación de alinear a las instituciones públicas de educación superior, ni siquiera a un modelo, un diseño o un proyecto, sino alinearlos a las opiniones que emite el presidente que, además, son cambiantes y pueden modificarse con el tiempo”, afirma.
Esa injerencia, sostiene, no es contra todas las instituciones de educación superior, sino contra aquellas donde sus académicos, investigadores y estudiantes trabajan el pensamiento crítico, emiten opiniones o escriben textos que difieren de la visión que sostiene el presidente y critican el desempeño de su gobierno en distintos ámbitos.
Su aseveración tiene bases: las recientes críticas por la supuesta “derechización” de la UNAM y del CIDE que ha hecho López Obrador desde las conferencias mañaneras, los presuntos “malos entendidos” administrativos para contratar a trabajadores eventuales en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), los polémicos cambios en la dirección de algunos CPI como los de Yucatán y Guanajuato, así como los conflictos en la Universidad de las Américas Puebla y en la de Guadalajara, donde también han intervenido los respectivos gobernadores, Miguel Barbosa y Enrique Alfaro.
En todas estas instituciones, la comunidad estudiantil y académica está en protesta o se ha sumado a las exigencias de otras casas de estudio. El común denominador es la exigencia de respeto a la educación, ciencia, cultura e investigación; a la libertad de cátedra y pensamiento, la búsqueda de la autonomía y el rechazo a las decisiones autoritarias o ilegales, así como el tener más presupuesto y mejoras laborales. Algunas demandas, como en el caso de la ENAH, datan de administraciones pasadas, pero se reactivaron con decisiones de las autoridades actuales.
Heredia advierte: “El hecho de impulsar el pensamiento único, la uniformidad, el decir que todos deben pensar acorde con el jefe del Estado o con el presidente de la República, empobrece la vida democrática y nos condena a una situación de falta de libertad”.
El pasado miércoles 5, durante la protesta de estudiantes y profesores de la ENAH frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el académico e historiador Jean Meyer advirtió que las recientes acciones contra instituciones de educación superior tienen un objetivo primordial: “La meta grande es la UNAM, le tiran a la UNAM”.
Consultado sobre una posible intención gubernamental de controlar a la UNAM, Heredia responde: “Me preocupa muchísimo. Me parece que la UNAM es una institución central en la vida democrática del país, que se alimenta también de la pluralidad y la diversidad. En la medida que se ataque a la pluralidad, a la diversidad y se quiera impulsar sólo el pensamiento único, todas las universidades están en riesgo”.
Como Trump o Bukele
Estudioso de movimientos sociales en el mundo, Heredia recuerda que por definición, la academia, la educación y la investigación científica necesitan libertad y pluralidad. Sin embargo –reitera–, lo que ocurre actualmente en México es lo contrario.
Y menciona como hechos contra la educación superior la eliminación de 109 fideicomisos, entre ellos los relacionados con la ciencia y la tecnología, aprobada por el Senado con mayoría morenista en octubre de 2020, con el argumento de eliminar actos de corrupción.
Otro ejemplo: la acusación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, ante la Fiscalía General de la República contra 31 científicos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, en septiembre de 2021, misma que, a la fecha, no ha prosperado en tribunales.
En esos casos, asegura Heredia, se deberían demostrar las acusaciones y probar los supuestos actos de corrupción; “y si hay irregularidades, que se delimiten, que se acoten, que se deslinden responsabilidades… pero no veo que ocurra eso, no veo que se presenten evidencias que soporten las acusaciones que se hicieron, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos”.
Y sobre ese caso es directo: “No estamos en una situación de procuración imparcial de justicia”.
El investigador se dice preocupado porque este tipo de “síntomas” e intervenciones desde el poder los ve en “la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, lo veo en el Estados Unidos de Donald Trump, lo veo en la Hungría de Viktor Orban, lo veo en El Salvador de Nayib Bukele y ahora lo veo en el México de Andrés Manuel López Obrador”.
Aunque aclara: “No voy a decir que en México estemos como están en esos países, pero potencialmente ese es el camino que se ha recorrido en los primeros tramos, el hecho de presionar a las instituciones educativas, a sus directivos, a sus profesores”.
–¿Qué pasa con las voces críticas dentro del gobierno, ante esta intervención en las instituciones de educación superior? –se le pregunta.
–Creo que hay temor a represalias. Es un resultado del querer homogeneizar, unificar, reducir todo al pensamiento único.
–¿Ve que al Conacyt se le use como un instrumento de control de estas instituciones? ¿Qué papel juega su directora, María Elena Álvarez-Buylla?
–Quisiera pensar que esto del pensamiento único no es una política de Estado, sino que está siendo impulsada por individuos… Creo que cuando se están condicionando los apoyos al hecho de que pienses como yo, entramos en problemas. No quisiera individualizar este conflicto. Me parece que ya pasó de ser un conflicto académico a un conflicto político.
Debate y mediación
A principios de diciembre de 2021, académicos del CIDE enviaron una carta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para solicitar su mediación en el conflicto originado desde agosto de 2021; hasta ahora no ha habido respuesta.
Ese mismo llamado lo hizo Carlos Heredia en su carta de renuncia a la Secretaría de Vinculación del CIDE. Y en la entrevista suma el llamado al gobierno federal para impulsar un diálogo público a escala nacional.
“La Secretaría de Gobernación me parece el actor idóneo para impulsar un diálogo público. Debatamos sobre la Ley de Ciencia, debatamos sobre el mandato de los centros públicos, el papel de la universidad pública y la investigación científica, la ciencia, el conocimiento. Necesitamos eso con urgencia. Eso fortalece el ejercicio democrático del país”, asegura. Insiste en que el titular de la Segob “ha planteado, para varios problemas políticos, la vía del diálogo, de la negociación. Eso es necesario, es importante. Nos hará bien a todos”.
Y agrega la necesidad de debatir sobre los problemas más graves del país, como la inseguridad, la violencia y el control geográfico del crimen organizado, la migración y los desaparecidos, por mencionar algunos.
“Queremos que la autoridad nos convoque a abordar los problemas reales del país y no disputas y conflictos generados artificialmente desde afuera de las instituciones por un desacuerdo con el pensamiento crítico”, insiste. “No tenemos un problema con el presidente de la República, tenemos un problema con el pensamiento único, con las prácticas autoritarias”, aclara. La salida, asegura, “no es otra que el diálogo”.
“Purga” en el CIDE
Con 13 años como integrante del CIDE, Heredia Zubieta se detiene a reflexionar sobre los hechos más recientes en ese centro de investigación, donde fue secretario de Vinculación hasta el 31 de diciembre pasado, cuando Romero Tellaeche le pidió su renuncia; ahora es integrante del Sindicato de Personal Académico.
Asegura que la ola de renuncias y remociones ordenadas por el director general “no es un simple relevo de equipos de trabajo, es una presión constante. Es una purga”. Y argumenta: “Hace ya meses él (Romero) nos dejó saber a varios de los directivos que había la idea de hacer un equipo nuevo. En aquel momento todavía no quedaba tan evidente que lo enviaron no sólo como interino, sino perfilado para ser el titular a partir del 29 de noviembre”.
Ese día, en una sesión del Consejo Directivo, Álvarez-Buylla lo ratificó sin permitir la votación de los consejeros. Hasta el momento no se ha hecho pública el acta de la sesión.
La renuncia obligada de Heredia se suma al despido –el 5 de octubre pasado– de Alejandro Madrazo Lajous como director del CIDE región Aguascalientes, y a la destitución –el 16 de noviembre– de Catherine Andrews como secretaria Académica de la sede Santa Fe. La asamblea estudiantil asegura que recientemente Romero le pidió la renuncia también al coordinador de Tecnologías de la Información y al responsable de la Oficina Jurídica, entre otros directivos.
Ante ello, el profesor-investigador reitera: “No estamos ante un relevo simple de equipos, estamos ante visiones diferentes, vamos a decirlo así”. Por eso, insiste: “Asumamos nuestras diferencias, discutámoslas, no las neguemos, no pretendamos que todos piensen igual. Eso no va a ocurrir”.
Para Heredia, el CIDE siempre ha impulsado el pensamiento crítico y plural a lo largo de su historia, sin importar el partido político en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, considera que su proyecto de generación de conocimiento “parece que agravia a algunos” en la actualidad.
Al hacer un balance de las fortalezas del CIDE –cuyas instalaciones en Santa Fe siguen tomadas desde el 29 de noviembre por alumnos que exigen la renuncia de Romero Tellaeche y diálogo con las autoridades federales–, el también exdiputado federal por el PRD destaca la capacidad de los investigadores para atraer recursos adicionales al presupuesto federal a través de fundaciones privadas mexicanas y extranjeras.
Agrega que en la actual administración, ha sido objeto de, al menos tres auditorías internas federales y “hemos salido bien librados”. Lanza: “Al presidente le gusta decir ‘soy el presidente más atacado’. Nosotros diríamos: ‘somos los más auditados’. Ahí están las auditorías”.
Sin embargo, acota que un “verdadero problema” que enfrenta el CIDE es que los recursos externos conseguidos para la investigación no los han podido ejercer porque el Conacyt no ha autorizado nuevas reglas de operación:
En un análisis realizado por Proceso se observa que el CIDE registra una caída acumulada, en términos reales, de 12.8% en su presupuesto en los últimos 10 años, de acuerdo con el total obtenido del rubro de Subsidios y Apoyos Fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual negativa de 1.36% en la última década.
Al respecto, Heredia indica que cada año el gobierno otorga al CIDE un presupuesto similar al anterior, en términos absolutos, sin compensar la inflación. El problema es la erosión del poder adquisitivo.
De cara a lo que se prevé sea el inicio de clases presenciales en el CIDE –el 24 de enero, según un oficio enviado por Romero a la comunidad académica, fecha que rechazó la asamblea estudiantil en paro–, el pasado 5 de enero Heredia visitó la sede en Santa Fe, en solidaridad con el
movimiento.
De su visita destaca: “Los estudiantes están en las dos cosas: en no dejar de cumplir y atender sus deberes académicos y en participar en el movimiento por defender lo que ellos llaman ‘nuestra casa’”.
Finalmente, el académico expresa su preocupación por la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del CIDE el 31 de diciembre de 2021, cuando el Servicio de Protección Federal asumió la seguridad intramuros del centro por orden de Romero Tellaeche.
