“Alito”, un megapuente y la estafa a la 4T
Arturo Rodríguez García
Días antes de buscar la dirigencia nacional del PRI, en junio de 2019, el entonces gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, inauguró el Nuevo Puente de la Unidad, el segundo más grande de México. Para su conclusión el gobierno federal entregó 250 millones de pesos. Sin embargo, el consorcio constructor ha entablado recursos legales contra el gobierno estatal porque reclama que aún le adeudan 109 millones de pesos. ¿Qué ocurrió? Documentación obtenida por Proceso revela la estafa: en cuanto el gobierno federal entregó los recursos, la administración estatal realizó una serie de maniobras para recalcular costos y pagar menos a los constructores.
El 10 de junio de 2019 el entonces gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, inauguró una obra vehicular llamada Nuevo Puente de la Unidad, megaobra concluida con el envío de 250 millones de pesos comprometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La obra conecta Ciudad del Carmen con Isla Aguada y es considerado el quinto más largo de América Latina y el segundo más largo de México, sólo superado por El Baluarte, en los límites de Durango y Sinaloa.
“Éste es un gran puente, es palabra cumplida. A Carmen y a Campeche se le cumple porque se le cumple”, expresó Moreno Cárdenas satisfecho, frente a la tanda de aplausos de los asistentes, tres días antes de dejar el cargo para buscar la dirigencia nacional del PRI.
A dos años, el megaproyecto es objeto de una serie de procedimientos legales, paradójicamente por incumplimiento: el consorcio que realizó el puente, integrado por ICA, Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, reclama un adeudo de 109 millones de pesos que se suponían garantizados con la asignación de los 250 millones de pesos del presupuesto federal.
La cantidad fue referida, inclusive, por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en aquel acto de junio de 2019, cuando en su intervención recordó que ahí, parado sobre la obra en desarrollo, López Obrador se había comprometido, el 14 de abril de ese mismo año, a la entrega de esos recursos.
El funcionario reconoció en el acto inaugural el trabajo de las empresas “por esta extraordinaria obra y porque se comprometieron con el ciudadano presidente, aquí mismo sobre este puente, a terminar en tiempo y forma”. Nueva tanda de aplausos.
El compromiso presidencial de enviar los recursos al gobierno de Campeche se concretó apenas dos semanas después de la gira de abril de 2019. El 2 de mayo de ese año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio de subsidio entre el gobierno federal y el campechano, cuyo objetivo único era la terminación del puente.
En el convenio, el gobierno de Campeche se comprometió a entregar a más tardar el último día de febrero de 2020 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de recursos ejercido, el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto y las metas de indicadores de desempeño alcanzados. Pero no lo hizo.
Apenas se publicó el convenio y se hizo la asignación presupuestal, el gobierno estatal inició una serie de maniobras para recalcular los costos, determinó la reducción del monto y sus respectivos convenios vía un convenio modificatorio que decidió de manera unilateral.
Por las anomalías y el reclamo de ese monto el caso fue presentado en la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que el 13 de agosto último admitió a trámite el asunto.
Maniobras y choque
El puente yace enmarcado por las aguas celestes de esa zona del Golfo de México; del otro lado, la Laguna de Términos. La mole horizontal fue proyectada para conectar Campeche con la Península de Yucatán, con mayor resistencia al peso del transporte de carga.
Se trata de uno de los megaproyectos contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura del sexenio pasado. Los trabajos se contrataron el 20 de abril de 2017, a partir del contrato LO-90412996-E2-2017, proyectando un monto inicial de mil 298 millones 800 mil pesos y pactando como fecha de terminación el 16 de octubre de 2018.
Pero desde el principio hubo convenios modificatorios: primero para cambiar la fecha de entrega al 12 de noviembre de 2018; luego, una extensión de más de 110 días naturales y un convenio más para aplazarlo otros 90 días, de manera que, conforme al clausulado, la obra debería entregarse el 31 de mayo de 2019.
Hasta el momento, el consorcio constructor ha ofrecido 42 anexos como pruebas documentales ante el TFJFA, en las que se puede observar que se emitieron dictámenes y modificaciones de manera unilateral por el gobierno del estado, con lo que se ejecutaron ajustes a los costos, al extremo de falsear información, fechas e inclusive asentar que las empresas suscribieron las actas de terminación que en documentos y en el juicio desconocen.
La revisión de las documentales, cuya copia tiene Proceso, refleja que apenas unos días después de que el gobierno federal asignara los 250 millones para terminar la obra, se iniciaron las maniobras desde la Secretaría de Obras Públicas del estado para ejecutar recálculos e, inclusive, modificar cargos que ya se habían revisado hasta con dos años de anticipación.
La primera comunicación fue emitida el 17 de mayo de 2019, es decir, dos semanas después de la publicación de la asignación federal; el 27 de junio siguiente el consorcio constructor fue notificado de “discrepancias técnicas y administrativas” ubicadas “espontáneamente”.
Luego, el 27 de junio, se dio a conocer que el consorcio y el gobierno del estado realizarían una vez el cálculo y determinación de los nuevos factores de ajuste de cobros.
El 28 de junio de 2019 el representante gubernamental Jesús Pinto Elías aceptó “la correcta terminación de los trabajos” y estableció un periodo de revisión que concluyó el 16 de julio de 2020, más de un año después, cuando el nuevo residente de obra y funcionario gubernamental José de Jesús Moreno Rodríguez señaló que “toda vez que los diversos detalles que le fueron señalados por esta residencia de obra se encuentran atendidos a satisfacción de la dependencia” se indicaba la firma del acta entrega-recepción física de los trabajos, de acuerdo con un oficio fechado el 24 de julio de 2020.
Sin embargo, los oficios iniciados en mayo de 2019 dan cuenta de que hubo una inusual insistencia sobre notas de los dos años precedentes, evidenciando el interés por realizar ajustes a lo convenido, alegando inconsistencias entre los informes y el trabajo realizado.
De acuerdo con las mencionadas documentales del consorcio, ofrecidas como prueba al TFJFA, el 26 de junio de 2019 notificaron al gobierno del estado la terminación de trabajos, por lo que pedían realizar la entrega-recepción y levantar el acta de finiquito. No tuvieron respuesta. Previendo la maniobra, iniciaron un primer caso, esta vez en la Primera Sala Regional Metropolitana del TFJFA que le dio la razón al consorcio.
Las dilaciones, sin embargo, continuaron.
De hecho, la bitácora refleja que los trabajos de gabinete para llegar al finiquito de los trabajos se iniciarían el 27 de julio de 2020, pero no fue hasta el 2 de junio de 2021 que se procedió con la emisión del acta, en la cual, además de asentar una inversión total por mil 471 millones de pesos, el gobierno estatal determinó que le debían reintegrar 24 millones 803 mil pesos.
Esa bolsa fue resultado de que se estableciera un pago en favor del gobierno por 25 millones 389 mil pesos, debido a deducciones a los ajustes de costos, monto al cual las autoridades debían restar 116 mil 996 pesos por concepto de peajes, además de 468 mil 843 pesos por paro de actividades en maniobras.
Finalmente, el acta de finiquito, rechazada por el consorcio, establece otra serie de movimientos inusuales, lo que ha detonado el caso en el TFJFA.
Discrepancias
La obra del diferendo tiene como protagonistas a tres de los grupos constructores más grandes del país en cuanto a contratos gubernamentales.
Se trata de ICA, el veterano gigante de la construcción que preside Bernardo Quintana; Calzada Construcciones, subsidiaria de HYCSA, lo mismo que Construcciones y Dragados del Sureste, de Alejandro Calzada, empresario de prosapia priista en Tabasco.
Del otro lado, Moreno Cárdenas es dirigente nacional del PRI desde el 19 de agosto de 2019, con una vertiginosa trayectoria de partido donde se encumbró como dirigente juvenil durante la dirigencia de Roberto Madrazo; Alito ha sido dos veces diputado federal, senador y, finalmente, gobernador de Campeche entre 2015 y 2019.
El Nuevo Puente de la Unidad fue la obra emblemática de su administración y los entresijos del expediente activado por el consorcio empresarial reflejan anomalías significativas.
Por ejemplo, en el acta de finiquito se asentó que fue admitido por el representante empresarial el cálculo de los sobreprecios que hubo en el ajuste de costos, pero ni el representante ni el consorcio reconocen haberlo hecho.
Otra irregularidad: en el Anexo 3 del acta de finiquito el gobierno estatal concluyó que no se acreditaba de manera “fehaciente e indubitable” el incremento de gastos indirectos que se aludía, exponiendo que “la contratista no acreditó incremento alguno a los indirectos inicialmente considerados en su propuesta de la licitación y al contrato”, esto debido a que los 102 millones 181 mil pesos que reclamaban se encontraban por debajo de los 171 millones 626 mil pesos que se asentaron en la licitación.
De acuerdo con su explicación, la revisión de facturas se realizó al tomar en consideración que se encontraran dentro del periodo contractual y que estuvieran vigentes en el SAT. Así, se observa el desglose correspondiente a 23 rubros, entre ellos, asesorías, baños portátiles, fletes, acceso a almacenes, estudios de investigación, gastos notariales, laboratorio, limpieza, mobiliario, equipo y papelería, entre otros.
En las tablas correspondientes algunos de los gastos quedaron descartados porque, supuestamente, se encontraban repetidos, o bien porque eran imputables a la contratista, o porque no se ajustaban al periodo revisado (el 22 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2019); en otros casos, únicamente se les daba el carácter de canceladas, sin mayor explicación.
No obstante, la revisión de las documentales realizada por este reportero permitió corroborar que existen discrepancias en las sumas realizadas por el gobierno; por ejemplo, aun cuando se decía que el consorcio solicitaba un monto de 73 millones 922 mil pesos por gastos de oficina y uno de 33 millones 533 mil pesos por gastos de obra, en lugar de tomar los 73.9 millones de pesos de referencia para el primer concepto, anotó únicamente 69 millones 100 mil pesos. Así, en lugar de obtener una suma por 107 millones 455 mil pesos, el resultado fue de 102 millones 633 mil pesos.
El gobierno estatal también dio paso al informe de su propia depuración de las facturas, donde como gastos de oficina únicamente reconoció 7 millones 660 mil pesos y como gastos de obra, 41 millones 909 mil pesos, por lo que el total quedó en 49 millones 569 mil pesos. Pese a ello, en los “saldos en favor y en contra” del Acta de Finiquito, no se consideró este monto.
A lo largo de la demanda el consorcio advierte que desde el 14 de junio de 2021 se manifestó respecto al “ilegal finiquito”, mediante un escrito de alegatos. Sin embargo, el gobierno no adjuntó en el acta de finiquito las discrepancias y dejó en indefensión a la contratista, por lo que también se exige la nulidad en el procedimiento ante el TFJFA.
Entre otros cargos destaca los escritos y dictámenes donde el gobierno estatal avalaba en tiempo y forma los ajustes de precios firmados y justificados. También que hubo condiciones climatológicas adversas que debieron ser solventadas y, entre otros aspectos que estaban considerados y luego se echaron abajo, el consorcio expone los días en los cuales no pudieron realizar trabajos debido al mal tiempo, así como a los 77 días de bloqueos que impidieron el avance de obra.
El listado es largo e incluye hasta un accidente de navegación y numerosos conceptos de poca cuantía, pero que terminan sumando 109 millones de pesos que, ejecutados durante el gobierno de Alejandro Moreno, forman parte del subsidio federal asignado directamente por orden del presidente López Obrador y cuyo destino se desconoce.
