A diferencia del discurso del gobierno federal, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a contratar deuda para resolver los problemas económicos causados por la pandemia, el Congreso del Estado de México, a petición del gobernador Alfredo del Mazo Maza, aprobó que las alcaldías en vía de quiebra contraten crédito a largo plazo, aunque se trate de una medida que se volverá una pesadilla para las administraciones venideras.
ESTADO DE MÉXICO.- Ayuntamientos mexiquenses que concluyeron sus gestiones el 31 de diciembre último heredarán números rojos en deuda pública, laudos laborales, pagos pendientes a proveedores y pasivos en electricidad, agua potable, seguridad social e impuestos que, si bien tienen su carga histórica, se agravaron por inadecuados manejos financieros.
Como mecanismo de rescate, el gobernador priista Alfredo del Mazo Maza propuso al congreso estatal un “remedio” inmediato que fue avalado, pero empeorará la situación a la larga: durante 2022 y 2023 los municipios podrán contratar créditos a largo plazo por hasta 5 mil 500 millones de pesos, y a corto plazo por casi 3 mil 400 millones de pesos que se usarán para amortizar otros financiamientos, realizar obras de infraestructura o sanear finanzas.
Ese “respiro” financiero que darán las deudas de largo plazo –el gobernador propuso pagarlas a 30 años, pero los diputados determinaron que sea en 15– atará a las siguientes cinco administraciones al ofrecer en garantía de pago 30% de los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), mientras las de corto plazo deberán pagarse en el trienio, pero comprometerán 25% del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Al cierre de 2019, primer año de gestión de las administraciones salientes, las deudas municipales, en las que se incluyen las adquiridas por los gobiernos centrales, los sistemas DIF, organismos de agua potable, institutos del deporte y organismos de mantenimiento de vialidades, ascendían a 27 mil 688 millones de pesos, en todas sus vertientes: pública, a proveedores, laborales, por servicios de energía eléctrica y agua potable, en impuestos, y/o cuotas y aportaciones de seguridad social.
Esta cifra es más de la mitad de la deuda pública estatal, que al tercer trimestre de este año cerró en 49 mil 846 millones de pesos, mientras los montos autorizados a los ayuntamientos para contratar en los siguientes dos años representa la quinta parte de los pasivos estatales.
La medición de disciplina financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta que al 30 de septiembre de 2021 las deudas de los ayuntamientos mexiquenses ascendían globalmente a 4 mil 693 millones de pesos; ocho de ellos se encuentran en alerta, pese a que los indicadores se reducen a tres y no incluyen pasivos de los otros organismos municipales:
Las obligaciones a corto plazo, con proveedores y contratistas representan para Toluca, gobernado por Morena, 24.8% de sus ingresos totales; en el caso de Naucalpan, también morenista, 42%; mientras que Capulhuac, administrado por Nueva Alianza, tiene comprometidos 35.2% de sus ingresos en este rubro.
En el mismo indicador hay alerta para las administraciones morenistas de Coacalco, que para entonces debía a sus proveedores 21.9% de sus ingresos; Santiago Tianguistenco, con obligaciones a corto plazo por 19.3% de sus ingresos, y Valle de Chalco, con pasivos de pago inmediato que comprometen 15.7% de sus ingresos.
Para Tepotzotlán, donde gobierna Movimiento Ciudadano, el pago por servicios de deuda y obligaciones consume 30% de sus ingresos de libre disposición; mientras para Cuautitlán, también de Morena, la proporción es de 6.1%.
El panorama financiero, no obstante, podría ser mucho más complicado. El panista Francisco Santos, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas en el Congreso local, calcula que, tan sólo a proveedores, los 125 municipios mexiquenses adeudan, a diciembre pasado, 4 mil millones de pesos.
Remediar males
En las últimas semanas de 2021, además, el Congreso mexiquense autorizó a tres ayuntamientos la subasta de inmuebles para liquidar pendientes. San José del Rincón, administrado por el PRI, venderá dos predios con superficie de cinco hectáreas cada uno, para pagar una deuda de 28 millones 155 mil pesos con la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario, SA de CV, contratada por la administración 2009-2012 para realizar el revestimiento de caminos.
Al morenista Nicolás Romero le fue aprobada la enajenación de seis inmuebles, cuyas superficies miden entre 126 y 969 metros cuadrados para cubrir un requerimiento de pago y/o embargo ante la Sala Auxiliar de Tlalnepantla, por 40 millones 456 mil pesos, derivado del laudo dictado en favor de Agustín Olivares Balderas.
San Felipe del Progreso, también gobernado por Morena, dispondrá de un predio de mil 727 metros cuadrados para transferirlo al ciudadano José Armando Sandoval Esquivel, por requerimiento de pago dictado dentro del expediente laboral 1464/2006 tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Diputados del Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza lamentaron la venta del patrimonio de los mexiquenses para el pago de deudas.
En los últimos días, empleados de los ayuntamientos morenistas de Naucalpan, Toluca, Ecatepec y Tenango del Valle; Mexicaltzingo, gobernado por el extinto partido político local Vía Radical, y el panista Tonatico han colapsado vialidades y detenido la prestación de servicios en exigencia del pago de quincenas atrasadas, prestaciones y aguinaldos no cubiertos por supuesta falta de recursos.
Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec, afirmó que el gobierno estatal le retuvo 124 millones de pesos del FEFOM y del Programa Acciones para el Desarrollo (PAD); mientras Dante Colín, presidente municipal de Tonatico, justificó que la administración delmacista no le liberó 5 millones de pesos del PAD, las participaciones disminuyeron en 7 millones y por servicios turísticos se dejaron de percibir 8 millones de pesos en el periodo de aislamiento social por la pandemia.
El caso más grave es el de Naucalpan, a quien el regidor Anselmo García compara con San Pedro de los Saguaros –poblado en el cual se desarrolla la trama de la película La Ley de Herodes–.
En los cabildos la alcaldesa Patricia Durán aseguró que el déficit responde al embargo de 81 cuentas bancarias del ayuntamiento con más de 129 millones de pesos por sentencias laborales en las cuales se ordena el pago, y se quejó de haber “heredado” 140 millones de pesos en deudas de administraciones anteriores.
La regidora Angélica del Valle justificó que la crisis económica fue causada por la drástica disminución de participaciones federales, pues mientras en el sexenio de Enrique Peña se recibían hasta 140 millones de pesos, en el actual le asignaron sólo entre 35 y 40 millones.
La edil Paulina Pérez consideró que también fue producto de malos manejos financieros, y acusó que al cabildo nunca se proporcionó un informe sobre el origen y aplicación de los recursos, ni del estado financiero.
El regidor Anselmo García señaló que la administración de Patricia Durán se caracterizó, además, por los excesos financieros: a los directores se otorgó jerarquía de secretarios para “aumentarse el salario”, el organismo de agua potable realizó cobros indebidos, y en tres años el sobreejercicio del Capítulo Mil (pago de nóminas) ascendió a 2 mil 400 millones de pesos, por lo que no se explica la falta de pago a los trabajadores.
A los regidores tampoco queda claro si Durán ya saldó el préstamo de corto plazo por 275 millones de pesos que le fue autorizado en octubre de 2020 y debía liquidarse en noviembre de este año, porque ha rechazado informarles al respecto.
Para diciembre, el municipio adeuda a sus empleados de confianza hasta 12 quincenas, pero la alcaldesa planteó la imposibilidad del pago porque para el último mes apenas podría disponer de 7 de 53 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamundf), del cual 90% es descontado para pago de agua potable, mientras la nómina de sindicalizados representa un gasto mensual de 107 millones de pesos.
Por ello, Durán urgió al Congreso a autorizarle la subasta de dos predios para recaudar alrededor de 300 millones de pesos: el de La Victoria, de casi 10 mil metros cuadrados, ubicado en el centro de la comuna, y otro de 557.72 metros cuadrados ubicado en Atizapán de Zaragoza.
Aunque el aval se encuentra en suspenso, la presidenta municipal habilitó vacaciones, sábados, domingos y días festivos de diciembre para la subasta, así se realice en el último minuto de su mandato, a pesar de la falta de pago al personal.
El dirigente sindical Tomás Palomares cuestionó que el dinero sea insuficiente para pagar a los empleados de base, mientras hace unos días algunos funcionarios recibieron jugosos aguinaldos, como la excontralora Guadalupe Mejía, que cobró casi 217 mil pesos por ese concepto.
El diputado panista Francisco Cortés advirtió que para el último mes del año este municipio debe 2 mil 714 millones de pesos tan sólo a proveedores; es decir, 19 veces más la deuda que la presidenta municipal asegura que le fue heredada.
Invasión de la basura
La capital del Estado de México cada día se parece más a la ficticia Ciudad Gótica. Las calles oscuras se adornan con bolsas de basura porque, desde inicios de diciembre último, se detuvo la recolección de residuos sólidos. El área de servicios públicos reconoce que 237 rutas fueron suspendidas por falta de combustible para las unidades.
También disminuyeron los patrullajes de seguridad porque venció el contrato de adenda DGA/DRM/048/2019 por el arrendamiento de 300 patrullas Sedán, 50 PickUp y 50 Tahoe, por el que se pagaron más de 400 millones de pesos: 1 millón por la renta de cada unidad.
Además, fue cortado el servicio de electricidad de varios edificios del ayuntamiento, incluido el central que, a decir de los empleados, funciona parcialmente porque se conectó de manera clandestina al alumbrado público. En estos inmuebles tampoco hay internet ni agua potable.
A mediados de diciembre, al grueso de los trabajadores aún se le adeudaba el aumento retroactivo, la prima vacacional de mediados de año, las últimas dos quincenas de 2021, el aguinaldo y la prima vacacional decembrina.
La administración suspendió labores el viernes 10 y lunes 13, con el pretexto de fumigar y conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe, según las circulares que se turnaron al personal, pero los trabajadores reconocen en la instrucción la necesidad de evadir posibles embargos, estrategia que se aplicó durante los tres años de gobierno.
Las complicaciones financieras en Toluca se agudizaron tras las elecciones en que el expanista Juan Rodolfo Sánchez, postulado por Morena, perdió la reelección; y quedaron en evidencia cuando trabajadores, policías y proveedores realizaron diversas manifestaciones frente a la alcaldía en demanda de pago.
Sánchez Gómez aseguró que la falta de recursos tenía su origen en el recorte de participaciones. Pero el Gobierno mexiquense aclaró que se entregaron en tiempo y forma, incluso con excedentes, gracias “a un aumento en la recaudación federal
participable”.
Sánchez Gómez además acusó (dos años y medio después) que recibió una deuda cercana a mil millones de pesos –para los últimos días de diciembre, mediante redes sociales, dijo que fue de 2 mil 500 millones–, aunque los estados financieros del ayuntamiento parecen desmentirlo.
El informe analítico de deuda refiere que su antecesor, el priista Fernando Zamora, heredó pasivos por 846 millones de pesos, mientras que la administración de Juan Rodolfo Sánchez comenzó con 424 millones de pesos en deuda a corto plazo (con proveedores, contratistas y en salarios), pero al 30 de septiembre de 2021 la cantidad se había triplicado, para llegar a mil 203 millones.
Las notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2021 revelan que el grueso de los pasivos con proveedores fue adquirido por la actual administración, con más de 614.5 millones de pesos contra casi 104 millones de la anterior gestión.
El estado de situación financiera del 1 de julio al 30 de septiembre de este año consigna que, para esa fecha, Toluca había recaudado 3 mil 327 millones de pesos e hizo pagos por 2 mil 966 millones; es decir, tendría un superávit de más de 300 millones, con un pendiente por recaudar y ejercer superior a 2 mil millones de pesos para lo que resta del año.
Pese a ello, la administración argumentó insolvencia y, cuando apenas faltaba un mes para concluir, solicitó permiso para subastar 10 inmuebles con valor mercantil de 186 millones de pesos para el pago de pendientes. La petición se encuentra detenida porque el gobierno estatal no la ha turnado al Congreso local.
Tanto Naucalpan como Toluca ejemplifican y lideran el desastre financiero al que deberán hacer frente las nuevas administraciones municipales que tomarán posesión del cargo el 1 de enero, sin que se advierta una posibilidad real de sanción a los responsables.
