Mil 522 quejas y denuncias por abuso y acoso sexual, abuso de autoridad, maltrato en la prestación de un trámite o servicio, uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable, entre otras, fueron presentadas en un periodo de seis años contra personal del Servicio de Protección Federal, organismo que el director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, contrató para resguardar las instalaciones de este centro educativo que mantienen tomado estudiantes y académicos.
El Servicio de Protección Federal (SPF) –cuyos policías se aprestan a resguardar las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)– fue objeto de mil 522 denuncias y quejas por diversos abusos y maltratos en un lapso de seis años.
Según la página de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública, personal de la SPF fue denunciado entre 2012 y 2018 por, entre otros, abuso o acoso sexual, abuso de autoridad, maltrato en la prestación de un trámite o servicio y/o en el ejercicio de funciones, uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que, en 2020, sólo dos de 78 contratos, convenios y acuerdos aprobados para dar servicio cumplieron los Lineamientos Generales para el Establecimiento del Procedimiento de las Solicitudes de Prestación de Servicios que da el SPF.
Tales son los antecedentes del SPF que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se encargará de la seguridad intramuros del CIDE Santa Fe, según lo comunicó la dirección de la institución el pasado 17 de diciembre. Será la primera vez que este organismo de seguridad –que cuenta con efectivos armados– resguarde instalaciones de un centro de educación superior. A ello se han opuesto la comunidad cideíta y organizaciones civiles que advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
El anuncio sobre la contratación del SPF ocurrió en medio del conflicto que enfrenta el CIDE desde agosto pasado, cuando José Antonio Romero Tellaeche fue nombrado director interino, pero que arreció el 29 de noviembre, al ser designado como director general por María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en una sesión del Consejo Directivo con irregularidades que generaron diversos amparos, como lo publicó Proceso en su edición 2355.
Ese mismo día los estudiantes tomaron el plantel y establecieron un plantón en la puerta principal que se mantenía hasta el jueves 23, cierre de esta edición, pues una de las condiciones para levantarlo es la renuncia del funcionario.
El SPF
El Servicio de Protección Federal (SPF) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Fue creado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de diciembre de 2008. Su misión es “asegurar la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes, valores e inmuebles federales, instalaciones estratégicas y empresas”, según su propia definición. Entre sus objetivos están el combate a la corrupción, la protección a la ciudadanía y “prevenir la comisión de delitos, preservar las libertades, el orden y la paz públicos en el ámbito de su competencia, con estricto apego a los derechos humanos”.
Brinda servicio a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), a órganos federales de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y otras instituciones públicas. Resguarda “instalaciones estratégicas” y da servicio de escoltas a personas físicas o morales, preserva la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado u otras que contribuyan al desarrollo nacional, así como a representaciones de gobiernos extranjeros.
El 12 de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el SPF resguardaría las oficinas de su gobierno, que estaban a cargo de empresas particulares, para “economizar recursos” y “abonar a la transparencia”. Desde el pasado 2 de diciembre el Servicio lo dirige Luis Wertman, expresidente del Consejo Ciudadano de la CDMX.
Cuenta con 7 mil 487 elementos, proporciona 66 servicios, custodia 386 inmuebles y opera 82 células de escoltas. Su personal recibe formación policiaca, que incluye el manejo y portación de armas; acondicionamiento físico, capacitación en primeros auxilios, “así como el uso legítimo de la fuerza y derechos humanos”.
En 2021 dio servicio a la Sectur, la SRE, la Sener, la SCT, la SHCP, la Secretaría del Bienestar, el Centro Nacional de Control de Energía, la FGR, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Conade, el DIF nacional, el IMPI, la Autoridad Educativa Federal en la CDMX, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, y a la misma Presidencia de la República, entre otras.
El Conacyt, del que depende el CIDE, lo contrató del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021 por 5 millones 633 mil 903.5 pesos, según los contratos C-05/2020, C-544/2020, C-688/2020 y C-16/2021. También lo firmó del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021 por 5 millones de pesos, de acuerdo con el contrato C-21/2021 incluido en la plataforma Compranet.
“Viabilidad” vs. “intimidación”
En su comunicado del 17 de diciembre, Romero Tellaeche argumentó que contratar al SPF era “la opción más viable” ante “la conclusión del contrato con el actual proveedor”.
Actualmente, el “servicio de seguridad y vigilancia intramuros” del CIDE Santa Fe lo proporciona la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SA de CV, que –según Compranet– firmó el contrato DAJ/AAS/004/2020.
Tras ganar la licitación pública, la empresa y el CIDE signaron por dos años: del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, por 5 millones 548 mil 106.9 pesos. Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019 fue la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX la que le ofreció el servicio por 4 millones 502 mil 380 pesos.
Ante el comunicado oficial, la Comunidad Estudiantil cideíta consideró que se trata de una “nueva intimidación” del director contra quienes ejercen su derecho a la manifestación en las instalaciones y contra todos los estudiantes. “El anuncio causó mucha incertidumbre, miedo, pánico en la comunidad que estaba adentro del paro, porque ya es un comunicado expreso que dice que van a meter el uso de la fuerza federal. Ese fue el mensaje de Álvarez-Buylla y de Romero”, dice David Jáuregui, estudiante de derecho.
Y sigue: “Nos preocupa el mensaje para el movimiento, que es: ‘Vamos a entrar y los vamos a sacar, porque vamos a creer que están dañando el bien de la nación’. Romero lo ha dicho, ‘están en espacio público federal’. Hay mucha incertidumbre de lo que pasará el 31 de diciembre a las 12 de la noche”.
Por ello, y ante el “acto intromisivo” de la autoridad, los estudiantes solicitan observadores que documenten ese momento. Jáuregui dice además que la comunidad cideíta acudirá a las comisiones nacional y local de Derechos Humanos, así como a organizaciones sociales para tener su respaldo.
Catherine Andrews, exsecretaria académica del CIDE, asegura que los profesores están “preocupados por el bienestar de los estudiantes” ante el anuncio de la autoridad. Aclara que el cambio de servicio de seguridad en el plantel “es normal” y se hace cada año, pero no se anunciaba como ahora.
“Fue de una forma que se ve la intención del director general de intimidar a los estudiantes y amenazarlos, porque van a seguir su paro”, dice.
Doctora en Historia de México, recuerda que la seguridad del plantel estuvo en manos de la policía de la CDMX, pero “por razones de recorte ya no podíamos pagar la PBI y buscamos un servicio más barato. El regreso al servicio federal llama la atención porque no sabemos cómo van a sufragar el gasto y seguramente será más costoso”, afirma. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el contrato CIDE-SPF.
El 20 de diciembre Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, envió una carta a Romero Tellaeche para manifestar su preocupación porque la entrada del SPF “podría vulnerar el derecho a la reunión pacífica y la libre expresión” de los manifestantes y “contravenir los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos en recintos educativos o académicos”.
Le pidió desistir de la medida y optar por la negociación y adelantó que AI “se mantendrá vigilante” para que se respeten los derechos humanos de los manifestantes.
Al día siguiente, Romero contestó que el contrato con el SPF “busca mantener las condiciones existentes de seguridad y resguardo” y que “los elementos serán principalmente femeninos y que dicho personal no se encuentre armado”. Añadió que solicitó la presencia de la CNDH, “para que realicen las diligencias competencia de su función”.
Olivares dice a Proceso que la Declaración de Principios Interamericanos sobre la Libertad Académica y la Autonomía Universitaria resalta el “principio de inviolabilidad del espacio académico” y que “la intervención de fuerzas de seguridad del Estado en instituciones académicas violenta su autonomía y genera un efecto que amedrenta a su comunidad”.
Y advierte: “En este momento no hay ninguna institución académica en este país que esté siendo resguardada por fuerzas policiales y menos por la Policía Federal. Ninguna. Si el director del CIDE lo hiciera, sería la única institución académica del país que estaría en esta condición”.
