Soluciones Emprendedoras del Norte –conocida como Sensa–, ligada a Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, defraudó a decenas de personas en al menos seis entidades del país con la compra y venta de viviendas, fungiendo como intermediaria entre las ahora víctimas y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Pero la pesadilla de los estafados se extiende hasta las propias autoridades: el Fovissste les ha pedido que cedan sus derechos para que éste pueda demandar a la financiera de los priistas.
Una empresa de intermediación financiera ligada a Omar Bazán Flores, expresidente estatal del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), entre 2013 y 2018, ha defraudado a por lo menos 84 personas que utilizaron sus servicios para comprar un departamento o casa mediante créditos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), o bien que aceptaron vender sus inmuebles a trabajadores acreditados por ese organismo.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Fovissste, el jueves 9, el fraude suma más de 68 millones de pesos, dinero que fue desviado por la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, SA de CV, conocida como Sensa, hacia empresas fachada y personas físicas que no tenían ninguna relación con las operaciones de compra-venta que habían acordado previamente los trabajadores acreditados del Fovissste y vendedores de vivienda, en su mayoría particulares que decidieron poner en venta viviendas seminuevas.
Sensa es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), es decir, se trata de una empresa constituida como sociedad anónima registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para poder fungir como intermediaria entre compradores y vendedores de vivienda, por lo que sus actividades van desde la autorización de créditos, pasando por la asesoría para el trámite de esos créditos, hasta servicios de arrendamiento y factoraje financiero, es decir, que puede comercializar cuentas por cobrar como una manera de obtener efectivo.
El fraude dañó a decenas de familias de Veracruz, Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Chiapas, Sonora, Coahuila y Morelia, por lo que Israel Santos Flores, abogado tributario e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable, incluyendo a socios, accionistas y apoderados de Sensa.
Así estafaron
Para la comisión de este fraude millonario, Sensa fungió como intermediario entre Fovissste, decenas de trabajadores del organismo que salieron sorteados con un crédito y vendedores de vivienda usada, por lo que integraban los expedientes que se entregaban al Fovissste para completar las operaciones de compra-venta y cerrar los tratos ante notario público, dando una apariencia de legalidad a todo el proceso.
En las escrituras públicas que ambas partes firmaron ante notario estaban asentadas las cuentas correctas de los beneficiarios de la operación, es decir, de los vendedores legítimos de las propiedades, quienes contaban con un plazo de hasta cuatro semanas para que la operación se viera reflejada y así pactar la entrega del inmueble, según una cláusula del contrato.
Sin embargo eso no sucedió. Al momento de cerrar la operación en el sistema de operaciones del Fovissste, Sensa proporcionó al organismo cuentas bancarias de personas y de empresas aparentemente fachada que no tenían ninguna relación con el contrato de compra-venta celebrado entre vendedores y trabajadores acreditados, causando el desvío de al menos 68 millones de pesos, así como un daño financiero a las partes vendedoras que no recibieron el dinero de la compra y a los propios acreditados del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que al día de hoy no han podido ocupar las viviendas que ya habían adquirido.
De acuerdo con el Fovissste se detectaron “inconsistencias en 84 créditos originados por Sensa, de octubre a noviembre de este año, los cuales fueron pagados a beneficiarios distintos a los oferentes o vendedores de vivienda, lo que representa aproximadamente un monto de 68 millones de pesos. Es decir, Sensa ‘cargó’ datos de oferentes incorrectos, lo que derivó en que el pago del crédito tuviera un destino diferente al que debería tener, acción que, incluso, esa entidad financiera ya reconoció mediante un escrito dirigido al Fovissste”.
Pese a que los directivos de Sensa han argumentado que los responsables del fraude fueron empleados, incluyendo uno que supuestamente falleció este mismo 2021, el modus operandi no se registró en una sola oficina, sino en casi todas las sucursales de la empresa, por lo que Proceso tiene documentados casos en Saltillo, Coahuila; en la zona de Barranca del Muerto de la Ciudad de México; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Ocosingo, Chiapas; Morelia, Michoacán; Monclova y Saltillo, Coahuila, así como en Coatzacoalcos, Veracruz, entre otras sedes.
Los fraudes documentados por este semanario comenzaron desde junio y agosto del presente año y continuaron hasta octubre y noviembre últimos, es decir, dos meses después de que la Condusef le otorgara a la empresa de los priistas Cano Vélez y Bazán Flores una última certificación para seguir operando como intermediaria en los créditos de vivienda del Fovissste.
Bazán fue diputado local del PRI y, como líder de ese partido, condujo la alianza de facto del tricolor con el PAN para que ganara la gobernadora panista María Eugenia Campos.
Cano fue diputado federal del PRI y colaborador del exsenador Manlio Fabio Beltrones cuando éste era gobernador de Sonora; también dirigió la SHF, otro organismo de vivienda del gobierno federal, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
El Registro Público de la Propiedad señala que otros socios y accionistas de Sensa son Leonel Bazán Barrera, familiar de Omar Bazán Flores; Agustín López Daumas, Guadalupe Flores Alvarado y José Guadalupe Pizarro Chávez.
Omisiones perniciosas
El Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Condusef señala que el 3 de octubre de 2021 se le entregó una última validación a Sensa para operar, pese a que ya se habían dado las primeras denuncias en su contra.
En entrevista con Proceso, el trabajador Alan González Miranda y la vendedora Susana Martínez indican que fueron de los primeros agraviados, ya que firmaron su contrato ante notario público el 30 de agosto pasado, pero, para sorpresa de ambos, los 553 mil pesos que los dos habían acordado para la compra de una casita en Tecámac, Estado de México, nunca le llegaron a la dueña de la vivienda.
En Sensa argumentaron que “el cheque había salido mal por culpa del Fovissste” y, posteriormente, funcionarios del organismo del gobierno federal aseveraron que la sofom había proporcionado los datos de una persona totalmente ajena a la operación, culpando del fraude a una supuesta empleada que había fallecido.
Ante la avalancha de denuncias en su contra, ya que los fraudes fueron cometidos por empleados de Sensa, la empresa intentó confundir a las víctimas solicitándoles que presentaran sus denuncias ante las autoridades correspondientes en contra de exintegrantes de la firma, con lo que hubieran podido evadir su responsabilidad. Con ese fin habían contratado a la firma legal Lecumberri, Benavides & Cid Abogados.
Además la mayoría de sus oficinas cerraron o cambiaron de razón social, y también eliminaron toda la información de su página de internet, con excepción de una breve leyenda en la que se informa que Sensa o Soluciones Emprendedoras del Norte “se ha enterado por ese medio que la han involucrado en un supuesto fraude, es por eso que nos daremos a la tarea de estudiar a detalle el asunto y emprender las acciones legales a que haya lugar”.
El Fovissste, tras una reacción inicial en la que pretendió deslindarse del asunto, se ha puesto ya en contacto con la mayoría de los perjudicados para firmar un convenio en el que el organismo se compromete a pagar a los vendedores legítimos de las viviendas y a no descontar las mensualidades a los trabajadores afectados, con el fin de que se regularice la situación de todas las víctimas de la estafa.
Además, el organismo de vivienda explicó que el pasado 23 de noviembre presentó una denuncia administrativa ante su Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades, por lo que la Secretaría de la Función Pública abrió el expediente 2021/FOVISSSTE/DE65.
Adicionalmente, la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Fovissste presentó el pasado 6 de diciembre una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la sofom, por lo que se inició una carpeta de investigación y el procedimiento para la reparación de daño patrimonial que sufrió el organismo, mediante la reclamación de las fianzas que se exigen a las entidades financieras.
Con la finalidad de evitar nuevos casos, el Fovissste también canceló las claves de acceso que tenía Sensa para ingresar a su sistema, le suspendió todos los pagos y comenzó el proceso de rescisión del contrato que le permitía ser intermediaria con el organismo.
Beneficiarios del desvío
De acuerdo con diversos testimonios obtenidos por este semanario, las compañías fachada que habrían recibido el dinero se repiten en algunos casos, y en otros se involucra a particulares.
Por ejemplo, en el caso de Israel Santos, los beneficiarios del crédito de vivienda que le otorgó el Fovissste fueron las empresas Desarrollos y Construcciones del Centro, que recibió 898 mil pesos, y Compen, a la que se le depositaron 317 mil pesos. La vendedora de la propiedad, Georgina, no recibió ni un peso, pese a que había proporcionado todos sus datos a Sensa.
En Tijuana, Baja California, el dinero del crédito de vivienda concedido a Mario Alberto fue entregado a Compen (33 mil pesos) y a Desarrollos Ginexalapa (831 mil pesos), la primera de las empresas involucradas en el fraude cometido en agravio del jurista Israel Santos, mientras que la segunda tampoco tenía ninguna relación con el legítimo vendedor de la propiedad.
La operación tuvo lugar el 12 de octubre último. Aunque se intentó presentar una denuncia penal por fraude, en la Fiscalía de Baja California se declararon incompetentes y turnaron el caso a la FGR.
A su vez, Cristian adquirió una vivienda mediante traspaso de un particular que todavía adeudaba la mayor parte del costo al Infonavit. El Infonavit recibió sin problema 949 mil pesos del Fovissste, pero al vendedor ya no le depositaron los 265 mil restantes que pensaba ocupar para una emergencia.
Otra empresa fachada involucrada en estos hechos fue Gi-Tu Casa, SA de CV, a la que le depositaron 1 millón 200 mil pesos por una vivienda, aunque tampoco tenía relación con la operación, lo que nuevamente afectó a comprador y vendedor.
Una carta que incluía una lista con al menos 15 víctimas de este tipo de fraude fue entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves 16.
En la carta los defraudados por Sensa le explican que el Fovissste les hizo descuentos de nómina automáticos y que ahora les ha ofrecido como salida alternativa firmar contratos de cesión de derechos para que el organismo de vivienda demande a Sensa, y condiciona los pagos a los vendedores a la firma de dicho acuerdo.
Por lo anterior, solicitaron al mandatario que interceda para que no se condicionen los pagos, se procese a los responsables del fraude y se asegure la reparación de gastos legales y daños morales a las víctimas de la estafa.
Además, los agraviados ya han presentado sendas quejas colectivas ante la Condusef –entidad pública que en un inicio se negaba a recibirlas– y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también han interpuesto las primeras denuncias ante la FGR y las respectivas fiscalías estatales, pese a que estas últimas se han resistido a admitirlas con el argumento de que se trata de un delito de carácter federal, ya que el Fovissste es una dependencia descentralizada del gobierno federal.
