La decisión del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de posponer el proceso de consulta revocatoria del mandato del presidente López Obrador por falta de fondos para llevarla a cabo causó revuelo. El propio mandatario la calificó de “chicanada” y adelantó que se presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte. En tanto, sus seguidores aseguran que han recabado las firmas suficientes y no comprenden las razones de esa táctica dilatoria.
“Que siga AMLO, firma aquí”. Esa leyenda se encuentra en la mampara de una mesa dedicada a la recopilación de firmas para el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la parte inferior, la frase remataba: “Para que inicie el proceso de ratificación”. Sin embargo, la palabra “ratificación” fue tapada con un pedazo de papel y ahora dice con pluma “referendo”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) instruyó a las y los promoventes del referéndum a quitar la propaganda engañosa, pues de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución es un derecho de la ciudadanía pedir la revocación de mandato del presidente, no su ratificación.
En esa mesa, afuera del número 246 de la avenida 22 de Febrero en la colonia Azcapotzalco –sede de la organización Que Siga la Democracia, AC–, las personas llegan con sus formatos impresos en los que piden se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato. Lo hacen, dicen, para mostrarle su respaldo; fue una promesa de campaña y ellos se afanan por ayudarle a cumplirla.
Caridad Maribel Hernández, quien reside en la alcaldía Benito Juárez, entrega mil 500 firmas en esas oficinas, donde se recolectan y revisan los formatos de la asociación. Ella dice que ya había entregado 6 mil firmas. Al retirarse, proclama una consigna junto a un grupo de mujeres que la acompaña: “¡Que Siga!, ¡que siga el presidente!”.
Es paradójico, pero si se recopila el número requerido de firmas para que se lleve a cabo un referéndum de revocación de mandato de López Obrador en 2022 –alrededor de 2.7 millones–, será gracias a sus propios simpatizantes.
La Carta Magna establece que sólo se puede realizar el referendo revocatorio a petición de los ciudadanos y éstos tienen que representar al menos 3% del padrón electoral; además, ese porcentaje debe incluir por lo menos a ciudadanos de 17 entidades federativas y las rúbricas representar también 3% de la lista nominal del estado.
Al corte del miércoles 15 se habían entregado 1 millón 225 mil 441 firmas electrónicas, de las cuales al menos 679 mil 788 son de apoyo a López Obrador, sólo a través de las asociaciones civiles Que Siga el Presidente y Que Siga la Democracia.
El Frente Nacional Antiamlo apenas había logrado 22 mil 172 aproximadamente, según una revisión a la base de datos de avance del INE que fue comparada con una lista interna de promoventes del frente.
De hecho, los bastiones del obradorismo en Tabasco y la Ciudad de México son los primeros lugares en la captación de firmantes para el proceso revocatorio y superan, por mucho, con 212% y 189%, respectivamente, el porcentaje requerido.
El jueves 16, a nueve días de que termine el plazo para la entrega de firmas al INE, sólo la asociación Que Siga la Democracia, encabezada por Gabriela Jiménez Godoy –excandidata de Morena a una diputación federal por Azcapotzalco–, en la que también participan los exdiputados morenistas Juan Enrique Farrera Esponda, Katia Alejandra Castillo y Sergio Pérez Hernández, entregó 1 millón 611 mil 478 firmas en 366 cajas. Ellos aseguran haber llevado al INE de manera impresa 3 millones 754 mil 799 rúbricas desde el pasado 1 de noviembre, cuando arrancó el ejercicio.
La lucha por el presupuesto
Horas después de que el Consejo General del INE aprobó posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato por insuficiencia presupuestal tras una reducción aprobada por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2022, López Obrador opinó desde Tabasco que es una “chicanada” y una “táctica dilatoria” del órgano electoral; anunció que se presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No deja de ser secundario: si tienen dinero o no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas. Aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación de mandato. El pueblo, que es soberano, pone y quita”, expresó.
Al presentar el proyecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que no se estaba cancelando el proceso, sólo se posponen de manera temporal todas las actividades para la organización del mismo por falta de presupuesto, pues solicitó 3 mil 830 millones 448 mil pesos para la revocación.
El presupuesto total aprobado para el órgano electoral fue de 19 mil 736 millones 593 mil pesos, lo que implicó una reducción de 4 mil 913 millones de pesos respecto a lo que solicitó. Según el INE, sólo cuenta con mil 275 millones 900 mil pesos para el referendo tras los ajustes a su presupuesto.
“Con el dinero que hoy tiene el INE simple y sencillamente no se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato”, dijo el consejero presidente, y arguyó: de acuerdo con la ley, se tienen que instalar 161 mil casillas en todo el país, como si fuera una elección federal.
Según el proyecto se pospone, por ejemplo, la instalación de los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales, lo cual equivale al despliegue de más de 2 mil personas ciudadanas y llevar a cabo el reclutamiento y adiestramiento de supervisores y capacitadores, que involucra a unas 37 mil personas.
El proyecto hace una salvedad para continuar con la verificación de las firmas de apoyo ciudadano hasta en tanto la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional presentada por el INE o cuando las autoridades otorguen al Instituto el presupuesto que solicita para el ejercicio.
El martes 7 el INE impugnó, vía controversia constitucional, ante la Suprema Corte la reducción presupuestal. Pero el máximo tribunal resolvió negar la suspensión relativa a la adecuación presupuestal para la revocación de mandato, al no haber aún certeza sobre si se realizará o no la consulta revocatoria. Por tanto, arguyó, no existía una afectación al presupuesto del Instituto.
Una ardua tarea
Iván Lizardi, de 26 años, ha participado en todas las consultas populares que ha impulsado López Obrador, como la del pasado 1 de agosto para esclarecer hechos cometidos por actores del pasado y procurar justicia a las víctimas, promovida oficialmente como “juicio a expresidentes”, que alcanzó apenas 7% de participación.
También lo hizo en la consulta que organizó López Obrador como presidente electo para cancelar el aeropuerto en el antiguo Lago de Texcoco, en la cual votaron 1 millón 67 mil 859 personas.
Ahora apoya en la recepción de firmas como voluntario de la asociación Que Siga la Democracia, en su tiempo libre, sin ningún sueldo. Y como está de vacaciones, le puede dedicar de ocho a 10 horas al día. Incluso está dispuesto a trabajar el viernes 24 y el sábado 25, durante las fiestas navideñas, porque dice que cree en la democracia participativa y en la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador. Junto con él, unos 30 voluntarios en un patio lleno de cajas, realizan el conteo de las firmas y validan que cumplan con los requisitos: que tengan copia de la credencial de elector y que la firma coincida.
Este joven, egresado de la licenciatura de relaciones comerciales del Instituto Politécnico Nacional, opina que, aunque impulsan la recopilación de firmas con el fin de que López Obrador siga en el cargo para el que fue electo hasta 2024, no desvirtúan el fin para el que fue creada la herramienta de revocación de mandato en la Constitución: quitar del cargo a los malos gobernantes.
“Al contrario, yo creo que refuerza el que siete de cada 10 mexicanos apoyan al presidente de la República porque está haciendo algo bien. Esto va a venir a respaldar el apoyo del pueblo mexicano con el presidente de la República, el segundo mejor evaluado a nivel mundial”, sostiene.
Por su parte, el exdiputado de Morena Marco Antonio Andrade Zavala, de la Mesa Directiva de la asociación en Chiapas, cuenta que ha sido muy complicado explicarle a la gente que, aunque firmen un formato en el que se lee que es un proceso de “revocación por pérdida de confianza”, en realidad están buscando apoyar al presidente. Admite también que han aceptado firmas de quienes están en contra del actual gobierno; de lo que se trata es de llevar a cabo la consulta.
“Los ciudadanos que son obradoristas, que lo siguen, sentían una confusión porque decían: ‘¿Oye, yo voy a firmar para quitar al presidente?’. Hubo una ocasión que nos rompieron los formatos, ciudadanos azuzados por algún otro, que decía: ‘¿Ya viste qué estás firmando? ¡Estás firmando para que se quite al presidente!’”, dice Andrade Zavala.
El quién es quién de las firmas
Por entregar más de 5% de firmas falsas o fotocopias de credenciales para votar y no la del INE escaneada, 10 promoventes y 600 auxiliares para la recolección de firmas para la consulta de revocación de mandato fueron dados de baja por el Instituto. Lo anterior, luego de que fueron detectadas 71 mil 755 firmas simuladas de 564 mil 524 apoyos en la aplicación; es decir, 13%. El INE señaló que las personas dadas de baja incurrieron en irregularidades de manera reiterada y sistemática.
Entre las personas a las cuales se les canceló el derecho a recopilar firmas está Gabriela Jiménez Godoy, la presidenta de la AC Que Siga la Democracia, pues, de acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo autónomo electoral, de 61 mil 257 que entregó, unas 7 mil presentaron inconsistencias, lo que representa 11%. De esta misma asociación también fueron dados de baja otras seis personas. También la asociación Que Siga el Presidente se vio afectada tras la sanción de tres de sus mayores captadores de firmas.
Jiménez Godoy dijo en entrevista, previa a esta resolución, que esperaba que el INE estuviera a la altura de la ciudadanía, pues desde el inicio pretendieron que las firmas se recabaran por medio de la aplicación de manera obligatoria, y sólo se pudieran recabar firmas físicas en 204 municipios de muy alta vulnerabilidad.
“La gente de buena voluntad se pone a recopilar firmas, pero a veces no cumplen los requisitos. Por ejemplo, si no le agregas copia del INE por ambos lados –eso viene en el anexo técnico–, no vale la firma y muchísima gente no lo sabe”, dijo en entrevista desde Campeche, donde captaba firmas.
“Nosotros nos dimos a la tarea de hacer capacitaciones en zoom, con gente en los estados, para enseñarles y explicarles cuáles son los requisitos del INE. Por ejemplo: si tú estás llenando el formato y te equivocas en un número, pues mucha gente usa corrector y encima le corrige. Bueno, pues eso el INE lo anula; la gente no lo sabe”, añadió.
El INE resolvió que Ángel Benjamín Robles Montoya, diputado federal del PT; Arturo Sosa Vázquez, director general del Patrimonio del estado de Veracruz; Rocío Arcos Vergara y María Estefany Barrera Anzures, también del gobierno de Cuitláhuac García, no podían recabar firmas, pues son servidores públicos y, de acuerdo con la ley, están impedidos para intervenir en el proceso.
Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el INE, rechazó el viernes 17, durante la sesión del Consejo General, que se decidiera cancelar a los promotores y auxiliares, acusando que el organismo mandó “un mensaje bravucón” de que ellos deciden quiénes sí y quiénes no pueden participar.
“Están ansiosos en decir que las firmas subidas tienen errores, que tienen perros, gatos… ¡Cerdos, cochinos, marranos! quienes quieren manchar la legitimidad del gran esfuerzo que está haciendo la ciudadanía”, acusó.
Luego puso como ejemplo que en la “tablita” que el consejero electoral Ciro Murayama compartió en sus redes sociales se ve que descalificaron a Laura Núñez Toribio por “tres errores” de 26 mil 899 firmas que entregó.
