El cambio de gobierno en Chihuahua coincidió con una fuerte ofensiva del CJNG en la zona del Triángulo Dorado correspondiente a esa entidad, donde le disputa el dominio al Cártel de Sinaloa. Los cruentos combates entre narcos, aunados a los constantes ataques de caciques locales, obligan a la gente a huir. En ese contexto, la gobernadora panista, Maru Campos, decidió recortar la ayuda a desplazados y a pueblos indígenas, principales víctimas de esta guerra.
GUADALUPE Y CALVO, Chih.– Una semana después de las elecciones estatales del pasado 6 de junio se desató la guerra en el Triángulo Dorado: un nuevo cártel entró a la zona, del lado de esta entidad, y desde entonces no ha cesado el desplazamiento forzado de pobladores de comunidades mestizas y de las etnias rarámuri y ódami.
En plena transición del gobierno de Javier Corral Jurado al de María Eugenia Campos Galván, centenares de personas dejaron sus casas, ganado y parcelas en comunidades acechadas por caciques o grupos delictivos que luchan por el control del territorio.
El grupo que irrumpió se presenta como “Nuevo Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), que presuntamente llegó de la mano con el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ). Hombres armados llegaron de manera paralela a rancherías y poblados. La gente asegura que son del NCDJ, que tenía años sin regresar al municipio de Guadalupe y Calvo.
Habitantes de diferentes localidades, consultados por Proceso, se extrañan de la reaparición de retenes de civiles armados en la carretera, porque desde hace unos cuatro años, cuando expulsaron a Los Pintos, no eran tan notorios.
En la parte más cercana del Triángulo Dorado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, aproximadamente desde 2012 sembró el terror un grupo del Cártel de Sinaloa llamado Los Pintos, en referencia a su jefe, Héctor Román Angulo, El Pinto. Hace unos cuatro años logró sacarlo del territorio otro grupo local conocido como Los Azules, presuntamente liderado por Ruperto Salgueiro Nevárez, unos de los hombres más buscados por la DEA, y por sus hermanos, alineados a una facción del Cártel de Sinaloa.
Desde que Los Azules tomaron control de la zona, algunos de sus integrantes se incorporaron a los cuerpos de seguridad locales y los pobladores les dicen “policholos”.
El 15 de junio, casi una semana después del triunfo de la panista María Eugenia Campos, se registró el primer enfrentamiento en la seccional de Dolores. Los pobladores hablaron de seis muertos del CJNG y un familiar de los Salgueiro herido, por lo que el grupo local se preparó para la guerra. El 16 de julio se reportaron otros dos hombres muertos y dos heridos en San José del Rincón, del mismo municipio.
Por ese tiempo Proceso recorrió la zona, donde se registró un alto número de incendios, algunos provocados intencionalmente y otros por las altas temperaturas.
La entonces titular de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), Irma Villanueva Nájera, confirmó esta versión después de atender a alrededor de 200 personas que huyeron de sus hogares por los enfrentamientos y los incendios. “Tenían necesidad de regresar pronto porque se iniciaba su ciclo agrícola en esos días. Si no sembraban, no iban a tener comida para el año entrante”, dijo Villanueva.
De esas dos centenas de personas atendidas, 140 son del poblado de Santa Rita. La mayoría vivía en la cabecera municipal. Según el testimonio de las personas desplazadas, el enfrentamiento comenzó en Dolores (a dos horas de Santa Rita) y se extendió hasta el ejido San Gerónimo, habitado principalmente por indígenas.
Un grupo huyó de Santa Rita el 22 de junio porque la violencia no cesaba. El segundo grupo salió el día 24, apoyado por el Ejército. “Ellos dijeron que un día llegaron (los agresores) y empezaron a revisar casas. Incendiaron una; en ese momento no había personas, pero sí estaba habitada. Encienden un vehículo, comienzan a entrar”, agregó Villanueva Nájera en su momento.
“Coincidían –prosiguió– en que el 19 de junio llegaron en la mañana varias camionetas. Con armas largas, encapuchados incendian una casa y un vehículo. Amenazan con quemar otras casas. Golpean a la gente, la arrinconan, le piden cosas. Les piden que entreguen armas o les piden información o que entreguen droga. Algunas familias vivieron eso y las golpearon, les advirtieron que, si no se iban, algo les va a pasar.”
La mayoría se encerró el resto del día en camionetas y después huyó. Llevaron a otras personas que no tenían cómo movilizarse. La mayoría alcanzó a sacar sus documentos.
También huyeron indígenas de las rancherías próximas porque el enfrentamiento se extendió a poblados del ejido San Gerónimo, entre los que se encuentra San José de los Salgueiro. Era una respuesta a la agresión del 15 de junio.
Unas 67 familias rarámuri, con niñas y niños, salieron al monte y ahí se quedaron varios días. No tuvieron cómo movilizarse y resistieron en plena sierra. Durante días bajaban solamente por alimento y volvían a su refugio, según la CEAVE.
Las autoridades indígenas, dijo Villanueva Nájera, “hablan de que hubo un operativo por el Ejército y policías; que vieron que algunos de ellos –no saben si municipales, estatales o federales– rompieron puertas, ventanas y algunos objetos de las casas”.
Las personas desplazadas solicitaron alimentos porque quienes atendían la tienda Conasupo del pueblo también huyeron. “No se dio un retorno masivo. Algunas familias se quedaron en otras ciudades por seguridad”. La situación empeoró semanas después.
Una guerra de 13 días
El CJNG comenzó operaciones en los límites de Chihuahua a partir de 2017, de acuerdo con la DEA (Proceso 2102). La zona había sido disputada desde hace años por los cárteles de Sinaloa y de Juárez, éste con su brazo armado, La Línea.
Aquel año el agente especial de la DEA y jefe de su división de El Paso, Will R. Glaspy, declaró al corresponsal de este semanario en Washington, Jesús Esquivel, que el CJNG ya introducía cocaína, metanfetaminas y heroína a Estados Unidos y le disputaba ese mercado al Cártel de Sinaloa.
A partir de junio pasado el cártel comandado por Nemesio Oseguera, El Mencho, el CJNG, ingresó al Triángulo Dorado desde Sinaloa, al municipio de Guadalupe y Calvo, de Chihuahua, con el apoyo del NCDJ.
La segunda semana de octubre las dos organizaciones criminales se enfrentaron en el poblado Rincón de Alisos. “La guerra duró 13 días”, dijo una persona cercana a gente de uno de los grupos.
De acuerdo con testimonios recabados en la región, el grupo del Cártel de Sinaloa relacionado con Los Salgueiro y que se reúne en el pueblo de Cinco Llagas, reclutó a jóvenes en Sinaloa que no conocen la región. Los enviaron a atacar Los Alisos y Rincón de Alisos, donde se encontraba otro jefe que anteriormente trabajaba para Los Salgueiro pero ahora lo hace para la alianza del NCDJ y el CJNG.
“Había alguien que se encargaba de cada rancho, a cargo del señor Ruperto, pero ahora se están yendo con el otro grupo”, dice un allegado al jefe de Los Alisos.
En videos que circularon en redes sociales se puede ver a hombres fuertemente armados con uniforme de camuflaje y chalecos antibalas con la leyenda “Gente Nueva”, en alusión a esta facción del Cártel de Sinaloa.
Según diversos medios, ese enfrentamiento dejó entre 18 y 20 muertos. De acuerdo con testigos, las fuerzas del NCDJ y el CJNG repelieron el ataque de la Gente Nueva enviada por el grupo de Cinco Llagas y el saldo fue de más de 50 asesinados. Las autoridades no han aclarado los hechos.
Alrededor de esta zona hay rancherías con pobladores de la etnia ódami que salieron al monte para salvar su vida. Pidieron auxilio desde San Fernando, La Sierrita, Los Potreros, Los Herrera, El Terrero y Santa Bárbara, donde los agresores quemaron viviendas. Después de 13 días, el jefe del rancho Los Alisos pidió apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque ahí mismo estaba parte de su familia, ancianos, niños y niñas incluidos.
Desde los montes de esa región, habitantes indígenas se comunicaron con este semanario y narraron que requerían apoyo porque los grupos armados disparaban para todos lados y habían quemado viviendas en sus rancherías, sin que las autoridades hicieran caso de las denuncias. “Necesitamos comida”, se escucha en los mensajes. Después de unos días la FGE sólo rescató a la familia que se encontraba en Los Alisos.
El 1 de noviembre la FGE dio a conocer en un comunicado que, con el apoyo del Ejército, se trasladó a 20 personas de Rincón de Alisos a lugares más seguros después del enfrentamiento. Los entrevistados confirmaron que se trata de la familia del jefe de ese rancho, que trabajó para Los Salgueiro y ahora está con el CJNG.
“En el operativo fueron recuperados además, dos vehículos que contaban con reporte de robo (…) y se destruyeron cinco plantíos de mariguana”, precisa el comunicado de la fiscalía local.
El Rincón de Alisos y Los Alisos se encuentran entre la sierra y un barranco. Hacia abajo hay producción de naranja, lima, guayaba y aguacate. En tierras extendidas se ven siembras de maíz y frijol. A la orilla de los caminos también se observan grandes sembradíos de amapola, que antes sólo se cultivaba entre barrancas, donde no se viera.
Proceso solicitó entrevista desde hace cuatro semanas con el fiscal general de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, sin que hasta el cierre de esta edición haya respuesta.
Se extiende la violencia
De manera simultánea, en otra franja de Guadalupe y Calvo se reanudaron los ataques a rancherías de la comunidad Coloradas de la Virgen, de donde era el defensor del territorio indígena Julián Carrillo Martínez, cuyo asesinato en octubre de 2018 provocó el desplazamiento de decenas de personas, entre ellas su familia. Hasta ahora no han podido regresar.
Coloradas de la Virgen colinda con el municipio de Morelos. En esos límites, caciques locales atacaron en junio varias comunidades rarámuri, donde quemaron viviendas, saquearon dos escuelas, robaron vehículos y amenazaron a la gente con asesinarla si no abandonaba su tierra, sus casas y su ganado.
“Llegaron un día a quemar casas en Los Ángeles y Puerto Amarillo. Fue el 13 de junio. Saquearon la escuela Pascual Orozco, de Santa Cruz también; robaron una troca de doble rodada de la misma escuela”, relataron personas desplazadas en ciudades de Sinaloa y Chihuahua.
La vocera de la Secretaría de Educación, Eva Trujillo Rodríguez, informó que la escuela Los Ángeles fue cerrada por falta de alumnos y que Santa Cruz, a donde acudían estudiantes indígenas de Morelos y Guadalupe y Calvo, continúa abierta, pero con pocos alumnos. Afirma que no tiene información sobre actos de violencia en esa zona.
La maestra de la escuela de Santa Cruz también salió por la inseguridad e interpuso denuncias ante la FGE en la zona sur y ante la Zona Militar número 42, en Parral. No se conocen avances en las investigaciones.
El 13 de junio sujetos armados atacaron Puerto Amarillo y quemaron casas. Asesinaron a Raúl Chávez Palma, de 45 años. “Hacía mucho que esas personas (caciques) peleaban las tierras y metían cercos, enyerbaban el agua, a los animales los echaban a la siembra. Ahora los quieren para sembrar droga, amapola y robarles todo. Últimamente los apoya (al cacique Artemio Fontes) un señor que se llama Federico García Loera, que vive en el municipio de Morelos”, dijo una de las personas afectadas.
“Tuvieron que salir muchas familias indígenas de Los Ángeles, donde le quemaron la tienda a un señor; de Sahuérare, de Sitánachi de Guadalupe y Calvo y también del municipio de Morelos”, dijo otra de las víctimas de desplazamiento forzado.
La grave situación no impidió que, en la semana previa a esta publicación, la gobernadora María Eugenia Campos Galván enviara el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 con una disminución de 50% del presupuesto para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas en el estado, según la propuesta entregada al Congreso local.
La gobernadora también decidió recortar 10 millones de pesos a la Comisión Estatal para la Atención de Pueblos Indígenas, que de 105 millones de pesos bajó a 95 millones.
