La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la Ley General de Comunicación Social “no esclarece ni detalla los criterios” a los que debe sujetarse el gasto en publicidad oficial ni “dispone procedimientos concretos y reglas específicas” para ejercerlo. En su dictamen del pasado 8 de septiembre, la Corte ordenó al Legislativo subsanar esas deficiencias. Le dio un plazo que vence este 15 de diciembre. Pero los diputados ignoraron tal ordenamiento y casi de ultimo momento solicitaron una prórroga. Eso refleja el desinterés del Ejecutivo y del Congreso por regular y transparentar el gasto en comunicación social, cuyo reparto discrecional ha servido a los gobiernos para premiar o castigar a la prensa.
La Cámara de Diputados desatendió la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para arreglar la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, coloquialmente conocida como Ley Chayote.
A pesar de que les puso como ultimátum el próximo miércoles 15 para arreglar dicha ley, los diputados de la actual Legislatura hicieron caso omiso al mandato que la SCJN le dio en septiembre pasado. La orden del máximo tribunal del país fue clara: esclarecer y detallar los criterios a los que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, y establecer sus procedimientos concretos y reglas específicas.
El 8 de septiembre la Corte declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto para regular la propaganda gubernamental. Consideró que “no esclarece ni detalla los criterios” de gasto en publicidad oficial.
Dicha ley tenía como objetivo reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia fuera eficiente y transparente. Sin embargo, ello no ocurrió y la práctica de entregar publicidad oficial mediante criterios discrecionales se ha mantenido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Primera Sala de la Suprema Corte otorgó el amparo a la organización Artículo 19 en contra de la Ley General de Comunicación Social “porque no cumple a cabalidad con la tarea encomendada (…) en tanto no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social.
“Ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios referidos, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”, expuso entonces en el proyecto el magistrado de la Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La SCJN reconoció en la organización Artículo 19 un “interés legítimo para impugnar la Ley General de Comunicación Social, en virtud de que su objeto social está vinculado con la defensa de los derechos de libertad de expresión e información”.
Artículo 19 ganó el amparo 308/2020 y éste fue parte de la Campaña Global por la Libertad de Expresión. La organización aseguró que desde “hace siete años la sociedad mexicana está en espera de una ley que regule la publicidad oficial”. Resaltó la importancia de la pluralidad mediática y de garantizar la libertad de expresión para todos los medios de comunicación, así como de un equitativo reparto de la pauta publicitaria.
En el amparo mencionado, la Corte aseguró que el Congreso de la Unión incurrió en un error al no haber aclarado, mediante directrices precisas, qué se debe entender por comunicación social institucional, dejando así “a discrecionalidad de las autoridades ejecutoras del gasto, el sentido y alcance”.
Solicitud de prórroga
Actualmente la legislación define tal concepto con fines “informativos, educativos o de orientación social”, que, a consideración de la Corte, “no abona a un marco normativo secundario lo suficientemente claro y preciso”.
El amparo tuvo como efecto que el Congreso cumpliera con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 en materia de regulación de la propaganda gubernamental, así como subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año 2021.
El primer periodo de la actual legislatura –presidida y conformada en su mayoría por Morena y aliados de la 4T– está por terminar el 15 de diciembre. El pasado jueves 2 los diputados solicitaron, a través de la Mesa Directiva, una prórroga a la SCJN, por lo que este debate quedará como un pendiente más. De hecho, fuentes de la Corte señalaron que este tema no se revisara hasta el año que viene.
En un documento de la actual legislatura se da cuenta de que los diputados se dieron por enterados del fallo de la Suprema Corte el 8 de noviembre. Y fue la Comisión de Gobernación y Población la que solicitó a la Mesa Directiva, presidida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, la extensión de tiempo respecto del cumplimiento de la sentencia del amparo 308/2020. Proceso solicitó una entrevista con Gutiérrez Luna para ahondar en este tema, pero la solicitud fue rechazada.
Desde el 8 de septiembre la SCJN sostuvo que existían omisiones legislativas relativas respecto a la Ley General de Comunicación Social, pues el Congreso aprobó esta ley en 2018 –durante la administración de Peña Nieto–, pero omitió estipular las reglas y mecanismos para regular la publicidad oficial en apego a los derechos humanos.
Para Ricardo Reyes, coordinador jurídico de Artículo 19, es “lamentable” que una vez más se haya desechado en la Cámara de Diputados la posibilidad de regular la llamada Ley Chayote, pues lleva siete años en la congeladora y no hay voluntad de los diputados de “hacer su trabajo” con el tiempo y los debates necesarios para que, dice, no hagan un albazo ni una ley fast track. Se trata de un impacto grave a la ciudadanía, con gran incertidumbre, considera.
“En 2018 tuvieron que legislar con la primera sentencia que ganamos y ahora una segunda oportunidad con la segunda sentencia para arreglar la plana. Esto sólo muestra falta de voluntad política para con la ciudadanía. Es delicado para una democracia como la nuestra. La lectura es que a este gobierno no le interesa atender este tema. En un contexto como en el que estamos de violencia contra la prensa, no pueden estar escogiendo qué temas sí y qué no legislar, independientemente de los intereses de las mayorías”, opina.
Considera que si no hay regulación de esta ley, la publicidad oficial en 2022 seguirá beneficiando “a los mismos medios de siempre”, lo que impactará en la pluralidad y la libertad de los medios de comunicación. Destacó que en la actual administración se ha reducido una quinta parte el gasto en publicidad oficial en comparación con los montos del sexenio de Peña Nieto. En 2020 dicho gasto fue de 2 mil 248 millones de pesos contra 11 mil 398 millones del mismo periodo del entonces mandatario priista.
“De seguir sin regulación se afectaría en primer lugar a los medios de comunicación en el libre ejercicio de su libertad de expresión”, señala.
Igualmente, advierte, se mantendrían los ataques que tratan de estigmatizar las líneas editoriales de medios que han sido críticos con este gobierno. Y adelanta que Artículo 19 continuará con los trabajos de presión para que se garantice la pluralidad mediática.
Cinco minutos al tema
Hasta ahora la única discusión que ha habido en la máxima tribuna de San Lázaro la dio la diputada por Yucatán de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega Pacheco, quien el 17 de noviembre subió durante cinco minutos al pleno a emitir una propuesta a nombre de su bancada para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial.
La iniciativa propone crear un Padrón Nacional de Medios de Comunicación y el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad, como órgano autónomo para regular y supervisar los contenidos en materia de publicidad oficial. También busca que los medios sean claros cuando la información sea publicidad oficial y omitan contenidos que inciten a la violencia política en razón de género o discriminación. Fija sanciones para quien viole la ley y suspensiones para los servidores públicos.
“Hay falta de voluntad política. El proceso dice que tiene 45 días para ser dictaminada pero no ha sido ni sometida a votación, ni esa ni las que venían de la legislatura pasada. Se han dedicado a sacar iniciativas dictaminadas, lo que le faltó a la Mesa Directiva es tiempo. No han hecho nada, obviamente el periodo ordinario ya no alcanza y seguiremos en desacato”, expresa la diputada Ortega.
La propuesta que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Reforma Político-Electoral, con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sigue pendiente de dictamen. Es más, por la lentitud de los procesos y debates legislativos actuales ni siquiera tiene un predictamen.
“Es el beneficio de los ciudadanos a través de la comunicación adecuada y transparente. El gasto oficial está concentrado en tres medios y luego en 10, ¿y los demás? Hay radios comunitarias que no tienen beneficios oficiales y deberían poder tener algo de rentabilidad; no tienen difusión, también se arriesga a los trabajadores de los diferentes medios. Ojalá que los miembros de la comisión entren al dictamen”, dice la legisladora por Yucatán.
457 medios reciben recursos oficiales. Tres de ellos –Televisa, TV Azteca y La Jornada– concentran 28.6% de la publicidad oficial, de acuerdo con datos del más reciente reporte del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Respecto de la fecha incumplida, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de la bancada de Morena e integrante de la Comisión de Gobernación y Población, encargada de dictaminar la propuesta de la Ley de Comunicación Social, dice no estar seguro de que le corresponda al Poder Judicial “decirle a los demás poderes qué hacer”.
“Los medios de comunicación piensan que es obligación otorgarles presupuesto como subvención oficial, alimentar instituciones (los medios de comunicación) que tienen que asumir que son instancias de interés público. En el Estado hay diversos puntos que no coinciden, como en este gobierno existe la idea de que no se debe entregar a los medios presupuesto público para que sean totalmente independientes”, dice el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
“No hay ninguna acción que impulse la ley en este momento y pues ya terminó el periodo”, señala. Sin embargo, predijo que habrá Ley de Comunicación Social “modificada”.
“Los medios de comunicación deberían quedar obligados por razones éticas, de sentido común, a publicar actos de gobierno, difundirlos, y me parece que no lo hacen, a veces hasta se ponen en un papel de oposición, son muy críticos y eso le corresponde a los partidos políticos. Los medios deben tener otro rol, eso creo yo”, concluye. (Con información de Juan Omar Fierro)
