Óscar Kabata tenía 17 años, en 2009, cuando fue detenido durante el Operativo Conjunto Chihuahua. Iba con su amigo Víctor Manuel Baca Prieto, quien fue ejecutado extrajudicialmente. El reciente nombramiento del general Jens Pedro Lohmann Iturburu lo indignó, no sólo por el solapamiento del militar al personal castrense, sino porque en su caso, aún no resuelto, estuvo implicado el general Felipe de Jesús Espitia, de quien Lohmann Iturburu era subordinado en esa época. Kabata menciona sobre todo al agente ministerial Gerardo Guadalupe Lohmann Montes, hijo del titular de Birmex, quien, dice, es el “operador” de la obstaculización de casos relacionados con la Sedena.
Víctima de abusos de miembros del Ejército ocurridos en 2009 durante el Operativo Conjunto Chihuahua, Óscar Kabata de Anda confiesa haber sentido “indignación e impotencia” al saber del nombramiento del general Jens Pedro Lohmann Iturburu como responsable de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sus sentimientos se derivan no sólo de la presunta intervención del militar en el encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, sino también de la cadena de “protección” a los militares en casos de violaciones a derechos humanos que, dice, parece extenderse al hijo del propio general: Gerardo Guadalupe Lohmann Montes, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).
Beneficiario de la recomendación por violaciones graves 38VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Kabata de Anda contactó a la reportera tras la publicación de la denuncia de María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola, sobre la participación de Lohmann Iturburu en el ocultamiento de la participación de personal castrense en la desaparición de su familia, así como del incumplimiento del gobierno de López Obrador de la sentencia contra el Estado mexicano que por este caso dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 2353).
Desde Ciudad Juárez, su ciudad natal, Kabata de Anda señala a Lohmann Montes como “operador” dentro de la FGR de la obstaculización de casos relacionados con la Sedena. Su caso es muestra de ello, dice.
Kabata de Anda es víctima de desaparición forzada temporal y tortura sexual, además de testigo de la ejecución extrajudicial de Víctor Manuel Baca Prieto, luego de que, la noche del 26 de febrero de 2009, ambos fueron detenidos de manera ilegal por personal militar adscrito al 46 Batallón de Infantería. Víctor Manuel y él, relata, estuvieron retenidos en instalaciones castrenses de Ciudad Juárez. Kabata fue liberado el 2 de marzo siguiente. Tenía entonces 17 años.
“Yo tenía que estar muerto como Víctor, pero como soy nieto del general Rosendo de Anda Gutiérrez y sobrino de Carlos Eduardo Kabata de Anda –un policía federal de caminos desaparecido desde diciembre de 2006–, hubo gente que intervino para que me soltaran. Cuando lo lograron, ya era demasiado tarde para Víctor”, recuerda Kabata, quien mantiene una denuncia penal por los agravios contra él y su amigo en contra del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, entonces responsable del Operativo Conjunto Chihuahua.
El negro historial
de Espitia Hernández
Kabata de Anda dice que ha podido identificar 24 recomendaciones de la CNDH relacionadas con abusos cometidos durante la gestión de Espitia Hernández como responsable del Operativo Conjunto Chihuahua. Hoy, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, dice, Espitia Hernández ha fungido como coordinador de asesores del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, según el portal de Declaranet.
Resalta que en 2019 la carpeta de investigación por este caso fue asignada a Lohmann Montes, pero él pidió que lo retiraran como agente del Ministerio Público por considerar que no estaba conduciendo la investigación de manera adecuada; además, dice Kabata, tenía un conflicto de interés por su parentesco con Jens Pedro Lohmann Iturburu, quien durante el Operativo Conjunto Chihuahua y hasta enero de 2010 estuvo bajo las órdenes de Espitia Hernández.
Cuenta el entrevistado: “Lo primero que hizo Lohmann fue ponerme en contra de la familia de mi amigo ejecutado extrajudicialmente para que ellos no tuvieran comunicación conmigo y para dividir la carpeta de investigación, manejar cada caso por separado sin mi consentimiento”.
En junio de 2019, agrega, Lohmann lo citó a comparecer en la Ciudad de México, pero al no recibir a tiempo fondos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acudir al encuentro ese día, el agente ministerial se negó a recibirlo.
“No me gustó que separara de mi carpeta el caso de mi amigo. Le mandé un correo reclamándole y le pregunté si era hijo del general Pedro Lohmann Iturburu. Me contestó que no tenía por qué dar información personal, pero para mí sí era importante porque había un conflicto de interés”, apunta.
En la respuesta a la queja que Kabata presentó el 13 de julio de 2013 ante la Dirección General de la Fiscalía Especializada contra el funcionario, al que acusó de tener “una actitud déspota y desinteresada hacia su caso”, Lohmann Montes respondió, 10 días después, entre otras cosas, que se reservaba su “derecho a responder cualquier tipo de interrogante relacionada a ventilar los nombres de las personas con las que tenga o no algún parentesco o familiaridad”, según se lee en el oficio que le fue enviado a la víctima y al que tuvo acceso Proceso.
Al final, Lohmann fue separado de la investigación del caso de Kabata. En su lugar quedó Thalía Isabel Robles Castellanos, adscrita a la mesa 27 de la Fiscalía Especializada, quien el 11 de noviembre de 2019 dictó el no ejercicio de la acción penal por considerar que los delitos de desaparición y tortura habían prescrito. Esa conclusión le fue notificada personalmente a la víctima el 30 de enero de 2020.
“Para mí no cabe duda que el operador del cierre de la carpeta fue Lohmann, aunque la firmó Thalía, ante quien me inconformé porque los delitos de tortura y desaparición no prescriben; menos aún porque cuando ocurrieron los hechos yo era menor de edad.
“Al final logramos que se revocara el no ejercicio y que nuevamente se incluyera el caso de Víctor en mi carpeta”, recuerda Kabata, quien desde 2015 tiene un grupo de escoltas asignados por la Policía Federal Ministerial por estar involucrado en un caso tan delicado.
Un MP singular
En la FGR “a Lohmann le han dado puros casos que tienen que ver con la Sedena. Todos ellos, desgraciadamente, han acabado en no acción penal”, sostiene el entrevistado.
En septiembre de 2019, previo al intento por cerrar la investigación en la Fiscalía Especializada, Kabata conoció físicamente a Lohmann –hasta entonces se comunicaban por correo electrónico– y tuvo su primer desencuentro.
Cuenta: “Me llegó un citatorio para que me presentara a las oficinas de la FGR en Ciudad Juárez, Estaba firmado por un agente del Ministerio Público X. Cuando llegué a las oficinas, supe que era Lohmann quien quería hablar conmigo.
“Le dije que no iba a comparecer porque no quería tener ningún vínculo con él puesto que había llevado mal la investigación. Me paré para salirme de la oficina, me fue persiguiendo, me gritoneó y me dijo que él tenía la forma de obligarme a declarar en su carpeta, de la que no tengo idea de qué se trata. Y, la verdad, se la rayé, él le hizo señas a mi escolta para que me detuviera, pero obviamente no le hizo caso y nos salimos.”
En septiembre de 2020 la CNDH emitió una recomendación dirigida a la Sedena, a la FGR y a la Fiscalía General de Chihuahua por un caso de detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura contra Víctor Manuel Baca, Óscar Kabata y una persona más, así como por la privación de la vida de Víctor Manuel y por violencia sexual en contra de Óscar.
Kabata reclamó al organismo por no considerar la responsabilidad de Lohmann Montes en las fallas en la integración de la carpeta de investigación, que mantienen el caso en la impunidad, pese a que en reiteradas ocasiones el agraviado lo había denunciado.
En febrero pasado, en un documento dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, Kabata reclamó lo anterior y acusó al visitador de seguimiento de recomendaciones, Ernesto Oliveros, quien le comentó que no se incluyó a Lohmann Montes en la recomendación porque a su queja contra él “no se le entendía bien”.
Según Kabata, el propio Oliveros lo condujo con engaños ante el agente del Ministerio Público.
Después de sostener una reunión en las instalaciones de la CEAV para atender el tema de la reparación de daño, Oliveros pidió a Kabata acudir a las instalaciones de la FGR para que le reintegraran los gastos de su viaje a la Ciudad de México.
“Llegamos a un cubículo en el segundo piso, cuando veo que entran dos personas y a Lohmann, quien no alcanzó silla. Salió por una. Le pregunté a Oliveros qué pasaba; él me dijo que me tranquilizara. Cuando entró Lohmann, empezó a golpear la silla, supongo que para intimidarme. Y cuando se sentó, dijo: ‘Creo que ya sabemos por qué estamos aquí, porque este Kabata no quiere declarar en mi carpeta’.
“Yo me levanté muy enojado y me salí de las oficinas de la FGR. Tres horas después, Oliveros me marcó y me reclamó por haberme salido de esa manera. Me dijo: ‘¿Sabes que Lohmann te puede quitar los escoltas?’. Yo le reclamé porque me había llevado con engaños para hablar de una carpeta de la que no se me ha dicho de qué se trata”, cuenta Kabata.
La carpeta congelada
Kabata asegura que tras el desencuentro con Lohmann –que fue retomado en una queja que presentó ante Piedra Ibarra en noviembre pasado–, llegó a la conclusión de que persisten las complicidades entre la FGR, la CNDH y la Sedena para obstaculizar los casos que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas en violaciones a derechos humanos.
“Decía el secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) muy orgulloso en una mañanera: ‘No tenemos una sola recomendación’. Pues claro, no los toca la CNDH, los militares abordan a las víctimas con una velocidad impresionante y les pagan cifras millonarias con tal de que no presenten quejas ni procedan judicialmente”, sostiene.
Una prueba más es su propia recomendación, pues pese a que en uno de los puntos recomendatorios se indica que el organismo presentará una denuncia ante la FGR, “presentaron sólo escritos para que quedaran en el expediente de los militares involucrados”, dice.
Apunta que la carpeta de investigación es la que abrió el papá de su amigo asesinado, Gerardo Baca, quien “falleció sin encontrar justicia para su hijo”, y en la que él está como testigo y víctima.
“La carpeta ya no la lleva Thalía Isabel Robles Castellanos –quien había sido recomendada en sustitución de Lohmann Montes–; está en el limbo. Sigue vigente, pero está en el olvido total. Desde hace más de un año no me llaman ni a declarar ni me dan información de cómo va; no me contestan ni un correo”, puntualiza Óscar Kabata.
