La UIF investigó a Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación –dependencia encargada de combatir la evasión fiscal–, debido a sus vínculos con posibles operaciones para… evadir impuestos. Ello ocurrió tras una denuncia por extorsión contra colaboradores de Romero y abogados relacionados con él. Ahora dos figuras prominentes de la 4T tienen en sus manos los resultados de esa investigación: el senador Ricardo Monreal y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Este último los solicitó luego de que el procurador fiscal firmó indebidamente denuncias por lavado de dinero ante la FGR contra 31 investigadores del Conacyt y contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont.
El procurador fiscal Carlos Romero Aranda se encuentra en el visor de dos poderosos miembros de la Cuarta Transformación: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y el senador Ricardo Monreal Ávila. Ambos tienen en sus manos los resultados de una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que vincula al procurador con posibles operaciones de evasión fiscal.
En el transcurso del año Ramírez de la O y Monreal pidieron por separado a Santiago Nieto Castillo los hallazgos de la UIF, que venía investigando a Romero Aranda desde febrero, cuando recibió una denuncia por extorsión contra funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y abogados de despachos vinculados con su titular.
Ramírez de la O pidió la información a la UIF después de saber que, a espaldas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y fuera de sus atribuciones, Romero Aranda había firmado por lo menos dos sonadas denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR); Monreal, por su parte, solicitó los datos por un asunto vinculado con las denuncias contra el empresario de outsourcing Raúl Beyruti Sánchez.
Datos de la investigación de la UIF obtenidos por Proceso exhiben discrepancias entre la declaración patrimonial de Romero Aranda y los ingresos que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que sugiere “una evasión fiscal”, delito que el propio Romero es el encargado de combatir como titular de la PFF.
Según la investigación, mientras Romero indicó que compró bienes inmobiliarios por 28.8 millones de pesos entre 2013 y 2020, declaró ingresos por apenas 6.5 millones de pesos en el mismo lapso. Aparte, algunas empresas de las que es socio han deducido de sus impuestos montos superiores a sus ingresos durante los últimos siete años.
Previo a incorporarse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la mano con Carlos Urzúa Macías, primer titular de la SHCP, Romero fue socio del despacho fiscalista Del Rey, Romero, Guevara, Nava y Asociados, SC –junto con Gerardo Del Rey López, al que tuvo como subprocurador de Legislación y Consulta en la PFF– y de otras 16 sociedades de diversos sectores, como el exclusivo Club Tecamachalco, en Naucalpan.
Según los datos de la UIF, las empresas que Romero reportó en su declaración patrimonial pagaron poco o nada de impuestos en años recientes, con deducciones de impuestos que a veces superaron incluso los ingresos.
El despacho mencionado, por ejemplo, reportó ingresos de 7.2 millones de pesos entre 2014 y 2020 y deducciones de 5.7 millones de pesos, pero no pagó impuestos. Otro despacho con nombre parecido –Del Rey, Romero y Asociados– recibió por su parte 22.4 millones de pesos entre 2012 y 2018; durante el mismo lapso sólo declaró ingresos por 5 millones de pesos, dedujo 2.9 millones de pesos y no pagó impuestos.
La empresa Comercializadora de Metales Águila, SA de CV, reportó por su parte ingresos por 77.8 millones en 2014, 2015, 2018 y 2019, y deducciones por 78.7 millones de pesos. Esta empresa recibió 6.5 millones de pesos entre 2015 y 2021, pero realizó envíos bancarios por 50.1 millones de pesos.
Aparte, Romero Aranda señaló que en 2019 –siendo procurador fiscal– recibió 1 millón 500 mil pesos de la empresa Basilisk Ocho, S de RL de CV, por un “acuerdo reparatorio”, y al año siguiente compró a Basilisk Inmobiliaria Cinco un terreno por 3.5 millones de pesos.
Romero Aranda no respondió a un cuestionario que le envió Proceso para este reportaje. La SHCP aseveró por su parte que el secretario no ha girado ninguna instrucción ni al anterior ni al actual titular de la UIF para que se lleve a cabo alguna investigación sobre el procurador fiscal. Y abundó: la relación de trabajo con el procurador fiscal, que es el abogado de la secretaría, es muy cordial“.
Extorsión
El 16 de febrero de 2021 la empresaria y exdiputada hidalguense María Rosa Llaca Colchado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Mauricio Joel Peña Pierre, otrora subprocurador de Asuntos Financieros de la PFF, y contra los abogados Sergio Bartolini Esparza, Óscar Jaime Cervantes Bolaños y Jesús Patiño Soto, respectivos integrantes de los despachos Legal & Global Economic Advisors y Patiño Soto y Compañía, SC.
Por conducto de su representante legal, la mujer sostuvo que el grupo de abogados –entre ellos Patiño Soto, su contador desde hace 30 años– le prometió que, a cambio de 28 millones de pesos, descongelarían sus cuentas bancarias y cancelarían la orden de aprehensión que, afirmaron, estaba emitida en su contra y la de su hijo, Fernando de La Peña Llaca.
La UIF había bloqueado sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito desde mayo de 2020, tras determinar que vendió un terreno en condiciones presuntamente irregulares a la Universidad Autónoma de Hidalgo, en el marco de la investigación que la institución llevaba contra Gerardo Sosa Castelán, el turbio presidente del patronato de la universidad.
Para convencer a Llaca de sus conexiones al más alto nivel de la SHCP, los abogados le presentaron copias de documentos oficiales de la UIF, y le pidieron 2 millones de pesos en efectivo para “dárselo a su contacto en la UIF”. Llaca pagó y firmó reconocimientos de adeudo por 7 millones 500 mil pesos y 18 millones 862 mil pesos. Posteriormente, la mujer cambió de abogado. Su nuevo representante legal, Juan Manuel Pérez García, descubrió el engaño y alentó a la mujer a presentar una denuncia ante la fiscalía capitalina.
Alertada, la UIF determinó que los documentos que los abogados presentaron a Llaca provenían de la PFF, donde Peña Pierre había laborado como subprocurador de Romero Aranda hasta que renunció, en julio de 2019. La UIF inició así su investigación sobre el procurador y sus empresas.
Firmas indebidas
A la par de que el caso de extorsión se ventilaba en los medios, Romero Aranda era cuestionado al más alto nivel de la SHCP. En septiembre pasado, Ramírez de la O pidió a la UIF los resultados de su investigación sobre el titular de la PFF, después de enterarse que, por lo menos en dos ocasiones, el procurador fiscal había firmado de manera irregular dos denuncias en la FGR, institución dirigida por Alejandro Gertz Manero.
El reglamento interior de la SHCP estipula que las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita –el nombre legal del lavado de dinero– deben ser presentadas por la UIF, como representante del titular de la dependencia. En caso de que el secretario esté ausente –en este caso la UIF–, se establece una orden descendiente de suplentes: el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos, el oficial mayor, el procurador fiscal de la Federación y otros de menor escalón.
Romero Aranda sólo podía firmar una denuncia por lavado de dinero en ausencia de los cinco funcionarios que lo antecedían en esa lista. Encontró una vía: por lo menos dos ocasiones firmó los oficios en días domingo, con el argumento de que los demás funcionarios “no se presentaron a laborar”.
Ambas denuncias están vinculadas con casos polémicos. En la primera, presentada el domingo 17 de enero de 2021, Romero Aranda acusó al empresario facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont –actualmente prófugos– por lavado de dinero, pero el oficio abarcó la suma irrisoria de 16 millones de pesos, que la pareja no reportó.
Desde 2019 la UIF había denunciado ante la FGR los esquemas de evasión fiscal por cerca de 3 mil millones de pesos operados con la Secretaría de Gobernación del priista Miguel Ángel Osorio Chong durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Monreal pidió a la UIF su información sobre Romero Aranda por las denuncias vinculadas con las empresas factureras de Raúl Beyruti. Versiones de prensa también señalan los vínculos de su hija, Eldaa Catalina Monreal Pérez, con las empresas de Álvarez Puga.
La segunda denuncia está ligada al caso contra 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la supuesta malversación de 200 millones de pesos a través del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, en un caso derivado de una denuncia de hechos presentada por el Conacyt en julio de 2020.
Para proceder penalmente contra los investigadores por lavado de dinero –en un marco de delincuencia organizada–, la FGR necesitaba una denuncia presentada por la SHCP, y la obtuvo de Romero Aranda, quien la firmó el pasado domingo 22 de agosto.
Pese a la obstinación que la FGR ha mostrado para inculpar a los académicos –con la sospecha de que el propio Gertz está personalmente involucrado–, la justicia desechó ya en dos ocasiones las acusaciones y negó las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR, tras determinar que el expediente carece de evidencias.
En los días siguientes a la firma de la segunda denuncia salieron reportes en la prensa, los cuales señalaban que los oficios de Romero Aranda podrían carecer de validez jurídica, lo que a su vez podría desestimar los casos de la FGR.
Después de enterarse de la operación entre el procurador fiscal y de la FGR, Ramírez de la O ordenó una indagatoria contra Romero Aranda, y pidió a la UIF los datos que había recolectado cuando investigó el caso de extorsión.
La petición se dio en un contexto de fuegos cruzados entre Nieto y Gertz Manero, que han desbordado la discreción de las grillas de Palacio Nacional y terminado en los medios de comunicación, causando la molestia del presidente López Obrador.
Así, el pasado lunes 6 El Universal publicó en su portada los hallazgos de una investigación que la UIF realizó contra Gertz Manero, entre los cuales destacan la adquisición de 122 automóviles por 109 millones de pesos, transferencias millonarias en dólares al extranjero, y operaciones sospechosas a través de la inmobiliaria Algerman, que maneja con su yerno y cuyo representante legal ha sido Juan Ramón López, actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
El diario Reforma dedicó su portada del mismo lunes 6 a una denuncia en la FGR que señaló cómo Nieto adquirió automóviles e inmuebles por 40 millones de pesos durante su periodo como titular de la UIF. Nieto aseguró que estas adquisiciones se concretaron con créditos, de manera legal.
Resultó evidente que la filtración a El Universal provenía de la UIF –o del equipo de Nieto, quien renunció el pasado 8 de noviembre–, y que la filtración a Reforma venía de la FGR.
