Empresarios como Carlos Slim Helú, Carlos Hank González, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota Velasco y Olegario Vázquez Aldir, entre otros, fueron los favoritos de los regímenes priistas. Antes de llegar a la Presidencia, López Obrador los asoció con la mafia del poder y la corrupción. Lo cierto es que hoy, esos magnates son los consentidos de la 4T y se han agenciado jugosos contratos.
Durante los primeros tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los multimillonarios Carlos Slim Helú, Carlos Hank González, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota Velasco y Olegario Vázquez Aldir, vinculados con el PRI de las décadas pasadas, se han beneficiado de algunos de los negocios públicos más jugosos. En conjunto, sus empresas han obtenido contratos, solas o en consorcio, de por lo menos 102 mil 504 millones pesos.
Estos magnates, que López Obrador invitó a comer el pasado martes 23 en Palacio Nacional, se han convertido en unos de los principales contratistas de la presente administración, junto con otros como Alberto Baillères González, María Asunción Aramburuzabala, Daniel Servitje Montull, Eduardo Tricio Haro, José Ramiro Garza Cantú, Bernardo Quintana Isaac, José Miguel Bejos, Carlos Álvarez Bermejillo o Agustín Franco Macías.
Una revisión realizada por Proceso a los contratos federales disponibles en la plataforma Compranet y a los otorgados por Pemex desde el 1 de diciembre de 2018 muestra que el gobierno de López Obrador no sólo no rompió con la cúpula empresarial que en su momento tachaba de “mafia del poder”, sino se asoció con ella para sus principales obras y proyectos, como lo hicieron sus antecesores.
En Compranet aparecen contratos federales por 1 billón 222 mil millones de pesos entre 2019 y noviembre de 2021. La mitad de este monto ha sido acaparado por apenas 189 empresas o consorcios, que recibieron entre 901 millones y 31 mil 520 millones de pesos. La segunda mitad de los recursos públicos contratados se repartieron entre cerca de 83 mil 500 proveedores.
Mientras Grupo Carso ha sido señalado como uno de los principales responsables del colapso de la Línea 12 del Metro –tuvo el contrato para construir esta obra simbólica de la administración capitalina de Marcelo Ebrard–, el imperio del magnate Carlos Slim Helú ha acumulado por lo menos 38 mil 500 millones de pesos en contratos públicos federales.
De hecho, en lugar de investigar y posiblemente sancionar a Grupo Carso por el accidente –en el que fallecieron 26 personas–, el gobierno de López Obrador pactó con el multimillonario para que la constructora, sin asumir públicamente su responsabilidad, se haga cargo de la reconstrucción sin cobrar al gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum.
Al igual que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto –en el que encabezó el consorcio ganador del contrato más jugoso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México–, el multimillonario con la mayor fortuna del país ha sido el más beneficiado por contratos de la Cuarta Transformación.
Sumando los contratos del Tren Maya y de Pemex, de telefonía, de seguros y de servicios de internet, las filiales de Grupo Carso obtuvieron contratos por 31 mil 334 millones de pesos, mientras que, en el campo petrolero, sus empresas Constructora Cicsa y GSM-Bronco han obtenido contratos por otros 7 mil 190 millones de pesos.
Clanes
El clan Hank González tampoco puede quejarse del trato que ha recibido de la Cuarta Transformación, que le ha entregado contratos por más de 32 mil millones de pesos en tres años.
El multimillonario Carlos Hank González, hijo del financiero Carlos Hank Rhon –cuyo padre era el exgobernador mexiquense Carlos Hank González– y de Graciela González Moreno –hija del magnate regiomontano Roberto González Barrera, fundador de Banorte y de Grupo Maseca (Gruma)–, heredó los grupos financieros Banorte e Interacciones y los fusionó en julio de 2018.
Pese a la mala fama de su padre y de su tío –el empresario de casinos Jorge Hank Rhon, quien fracasó en su intento de llegar a la gubernatura de Baja California–, Hank González forma parte del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador. Empresas vinculadas con él –Banorte y la constructora La Peninsular– han recibido contratos de por lo menos 12 mil 812 millones de pesos durante la presente administración.
Ello, sin contar con el megacontrato plurianual de 17 mil 338 millones de pesos que Diconsa adjudicó de manera directa en septiembre pasado a Molinos Azteca, filial de Gruma, que dirige el también multimillonario Juan Antonio González Moreno, tío de Hank González. Según la información disponible en Compranet, la filial de Gruma ha recibido contratos de por lo menos 19 mil 806 millones de pesos en los últimos tres años.
El multimillonario Ricardo Salinas Pliego también ha tenido un ambiente favorable para sus negocios en la 4T, en la que cuenta con aliados en puestos clave, como Esteban Moctezuma Barragán en la embajada en Washington o Jorge Mendoza Sánchez en Banobras. Pese a sus derrotas judiciales contra el Servicio de Administración Tributaria –que le reclama más de 34 mil millones de pesos–, las empresas de Grupo Salinas han acumulado más de 13 mil millones de pesos en contratos federales.
Seguros Azteca recibió contratos por 2 mil 492 millones de pesos, Totalplay otros mil 29 millones de pesos, mientras TV Azteca obtuvo contratos de por lo menos 799 millones de pesos. Pero el gran negocio del magnate con la Cuarta Transformación ha sido, hasta el momento, el petrolero: en los últimos tres años Pemex entregó dos contratos a su empresa Typhoon Offshore por 9 mil 85 millones de pesos.
Aparte, Banco Azteca es una de las instituciones que dispersa los recursos de los programas sociales del gobierno federal a través de las llamadas Tarjetas del Bienestar.
Germán Larrea Mota Velasco, quien en el pasado se ha expresado abiertamente contra López Obrador –en 2018 urgió incluso a los empleados de Grupo México a no votar por el líder de Morena–, también ha sacado provecho de los contratos federales, pues su constructora y Nacional de Cobre cerraron negocios por más de 15 mil 800 millones de pesos, incluyendo en el Tren Maya.
La lista de magnates y sus grupos beneficiarios de contratos continúa: Grupo Nacional Provincial y Peñoles, de Alberto Baillères González, obtuvieron contratos por 4 mil 828 millones de pesos; ICA, de Bernardo Quintana Isaac, recibió sin licitación el contrato para el tramo 4 del Tren Maya, que se eleva a 26 mil 443 millones de pesos; la empresa Sixsigma Networks, de María Asunción Aramburuzabala, tuvo 2 mil 590 millones de pesos, mientras que Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, obtuvo un contrato en la refinería de Dos Bocas por 2 mil 799 millones de pesos, un monto relativamente pequeño en comparación con los 21 mil millones de pesos que le adjudicó el gobierno de Peña Nieto.
Derrames de dinero
En el sector energético otros apellidos famosos han tenido jugosos negocios con Pemex, como los magnates del sector agroalimentario Daniel Servitje Montull y Eduardo Tricio Haro –respectivos presidentes de los consejos de administración de Bimbo y Lala–, cuya empresa Corporación de Energía Mexoil obtuvo en febrero de 2019 un contrato de 8 mil 627 millones de dólares para extraer petróleo en pozos terrestres.
Otros ganones de los negocios petroleros fueron Grupo R, de José Ramiro Garza Cantú –con contratos de al menos 21 mil millones de pesos–, Perfolat de México, de Luis Carlos Vizcarra, Constructora Subacuática Diavaz, de Luis Vázquez; Blue Marine, de Alfonso Reynoso Durand, o Protexa, de Rodrigo Lobo Morales, todos con negocios de varios miles de millones de pesos.
Algunos contratistas están viviendo un auge con la Cuarta Transformación. Grupo INDI, de la familia Muñoz Cano Castro, participa en consorcio con Alstom en el contrato de 31 mil 520 millones de pesos para la adquisición de los trenes del Tren Maya, en consorcio con la española Azvi en el contrato de 8 mil 787 millones de pesos del mismo megaproyecto, y aparte su empresa GAMI Ingeniería recibió contratos públicos por 4 mil 147 millones de pesos.
Alfredo Miguel Bejos, gran amigo del expresidente Enrique Peña Nieto, también ha recibido varios contratos multimillonarios del gobierno de López Obrador, ya sea a través de la constructora portuguesa Mota-Engil –con contratos, sola o en consorcio, por 14 mil 99 millones de pesos, incluyendo el primer tramo del Tren Maya–, o con la energética Opex Perforadora, que recibió de Pemex un contrato de 6 mil 716 millones de dólares en marzo de 2019 para sacar petróleo en pozos en el Golfo de México.
Medios amigos
En el inicio de su administración, López Obrador pretendió cambiar de manera radical el sistema de compra de medicamentos, que según él estaba plagado de corrupción. El gobierno federal quitó al IMSS de las compras y firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) para encabezar las adquisiciones, junto con la Secretaría de Salud.
A la par, el mandatario vetó a tres farmacéuticas: Grupo Fármacos Especializados, Farmacéutica Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (mejor conocido como Laboratorios Pisa), a los que acusó de corrupción. Tres años más tarde, con el fracaso de las compras consolidadas por parte de la UNOPS, estas tres empresas aparecen como las principales proveedoras del gobierno de López Obrador.
Laboratorios Pisa y sus filiales, de Carlos Álvarez Bermejillo, recibieron contratos por 18 mil 584 millones de pesos; Grupo Fármacos Especializados, de José Antonio Pérez Fayad, obtuvo 17 mil 616 millones, mientras Farmacéuticos Maypo, de Carlos Arenas, ganó 16 mil 484 millones.
Otros actores aprovecharon las sanciones iniciales para tomar una mayor participación en el jugoso mercado de la salud pública, como Vitalmex Internacional, de Jaime Cervantes Covarrubias –que logró 6 mil 773 millones de pesos–, así como los gigantes extranjeros Pfizer, Sanofi, Gilead, Baxter o Novartis, entre otros.
Después de su llegada al poder, López Obrador aseveró que acabaría con la práctica del outsourcing en la administración pública; sin embargo, algunos de los principales contratistas de su gobierno se dedican precisamente a esta actividad, como We Keep On Moving, Visión y Estrategia de Negocios o Team Business Management, con contratos por más de mil millones de pesos cada uno.
El mandatario también anunció un recorte drástico en el financiamiento a los medios de comunicación mediante contratos de publicidad oficial. En términos generales, el político cumplió su palabra, y prácticamente todos los medios vieron un derrumbe en sus ingresos por propaganda oficial, excepto algunos periódicos cuyos dueños son amigos del mandatario.
Así, en lo que va del sexenio La Jornada ganó por lo menos 520 millones de pesos en contratos, mientras que los medios del sureste Tabasco Hoy y Por Esto! han recibido contratos de publicidad oficial federal por 130 millones y 123 millones de pesos, respectivamente.
