El recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), y la confrontación de éste con el Poder Ejecutivo, el manotazo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la consulta de revocación de mandato y el riesgo de que en la práctica se viole la Constitución ponen en entredicho la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en la realidad se trata de una campaña por su ratificación, advierten expertos.
Desde que comenzó la promoción de la consulta que el INE organizará, el mandatario y sus bases de apoyo, en los hechos, impulsan una consulta de ratificación. Sin embargo, para ello no existe un documento legal que incluya esa figura.
El artículo 35 constitucional establece el concepto “revocación de mandato”, que es el término usado por el presidente. Para realizarlo, como lo dicta la legislación, se requiere que sea solicitado por una tercera parte de la lista nominal de electores de al menos 17 estados. Se puede hacer sólo una vez y tres meses después al término del tercer año de la administración.
“Hacerlo como ratificación me parece un ejercicio demasiado costoso económicamente, y creo que van a estar muy contentas las bases de apoyo del presidente y de Morena”, consideró Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y doctor en Ciencias Sociales.
“No lo consideraría un ejercicio de democracia, porque se está contraviniendo la intencionalidad de la norma y el objetivo de la norma, que es una revocación y ésta no se está llevando a cabo”, añadió.
Pese a dichas consideraciones, la mayoría legislativa de Morena, PT y el Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, el 14 de septiembre último.
En ella se reiteran varias de las disposiciones ya establecidas en el artículo 35 constitucional. Sin embargo, ni en la Constitución ni en esta ley se utiliza el concepto de “ratificación”.
Bajo la lógica constitucional, la consulta de revocación tendría que ser solicitada por la oposición, con el hartazgo o la poca aprobación popular como motivadores, situación que no está ocurriendo.
Los más recientes datos de Consulta Mitofsky sobre la popularidad del presidente López Obrador lo colocan con una aprobación cercana a 70 por ciento. Además, la consulta es impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido en el Congreso y aliados políticos (legisladores y gobernadores).
Anomalías en las firmas
Para el doctor Diego Valadés, investigador emérito de la UNAM, lo que la 4T pretende configura una distorsión constitucional.
“Si fuera lo contrario, lo que en realidad se buscara, convocar una especie de plebiscito para mostrar el fuerte arraigo popular del presidente, se trataría de una distorsión de lo dispuesto por nuestra norma suprema” , expuso.
La pregunta de la consulta –planteada por los diputados en la Ley Federal de la Revocación de Mandato y aprobada por el TEPJF– será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
Y las respuestas a elegir serán: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “que siga en la Presidencia de la República”.
De acuerdo con lo dispuesto por la ley, los resultados para remover al presidente procederán sólo por mayoría absoluta. El tribunal electoral debe validar la participación de 40% de la lista nominal para que el resultado sea vinculatorio.
Pero en el último reporte publicado por el INE, sobre los avances en la revocación de mandato, se informó que se han recabado 490 mil 847 firmas, de las cuales 29 mil 789 presentan inconsistencias y 12 mil 585 fueron firmas duplicadas. Para concretar este ejercicio se requieren 2.2 millones, y el periodo para recabar las firmas en digital o papel termina el 25 de diciembre próximo.
Respecto de las anomalías se identificaron 59 mil firmas en favor de la revocación a nombre de “Jair Muñoa Urbina”, 53 mil 437 de parte de “Graciela Ramírez Hernández”, 48 mil 417 firmas son de “Dirce Nallely Luna Lindoro” y 40 mil 464 de “Gabriela Georgina Jiménez Gody”.
Ajustes
En la disputa de años que López Obrador abandera contra el INE el dinero público ha sido utilizado como rehén. En este sexenio el primer desencuentro ocurrió cuando los consejeros electorales rechazaron reducirse el sueldo –contrario a otros funcionarios públicos– para no ganar más que el mandatario.
Otro choque de fuerzas ocurrió con el reciente recorte presupuestal –de cinco mil millones de pesos– para el órgano electoral, aprobado por la Cámara de Diputados. Los recursos fueron solicitados para instalar para la consulta una estructura similar a la que operó en la elección presidencial de 2018.
El viernes 5 ocurrió otra arista en la pugna, cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, compareció ante la Cámara de Diputados y enfrentó a la bancada de Morena. El tema de la discordia: el mecanismo para registrar las firmas en favor de la consulta.
En la comparecencia, los legisladores de Morena pugnaron por un sistema en papel, aludiendo a la poca infraestructura en muchas comunidades y pueblos del país; mientras Córdova defendió el uso de la tecnología.
Al final del caso, el tribunal electoral determinó que el INE deberá adoptar la vía impresa y digital para recabar las firmas. Un hecho que Aziz Nassif consideró desproporcionado.
“Qué hubiera dicho el ministro presidente (de la Suprema Corte) si al Poder Judicial le hubieran recortado 25% del presupuesto?
“El INE dice que le recortaron casi 26% y al Poder Judicial alrededor de 3 por ciento. No sé si los otros 10 ministros van a tener la misma opinión del ministro presidente” respecto de que el Poder Judicial “no tiene excusas” para hacer su trabajo ante el recorte presupuestal, expuso el analista.
El INE pretendía realizar la consulta el 27 marzo próximo, pero tras solicitar una prórroga será el 10 de abril.
Así, a más de cuatro meses para la consulta, y aún sin haber cumplido con la captura de firmas en su favor, la batalla política sobre el tema está en su apogeo.
Para Valadés, la consulta que impulsa el presidente López Obrador busca reforzar las características plebiscitarias del presidencialismo mexicano, aunque recordó lo “irrelevante” que fue la consulta para enjuiciar a los expresidentes.
“Las hegemonías personalistas ocasionan muchos daños en todos los sistemas que las aceptan y desarrollan. Son lo opuesto a un Estado de derecho, que sólo existe donde hay una vida institucional plena”, agregó.
Aziz Nassif coincide en que se trata de “una revocación en clave de ratificación”; y agrega que “esta situación desvirtúa el derecho que se ha generado y tener la posibilidad de deshacerse de una autoridad indeseable”.
