La sociedad mexicana, y sobre todo el gobierno en sus tres niveles, sigue tolerando la violencia contra las mujeres, pese a los distintos ordenamientos legales que la sancionan. Muchas víctimas son agredidas por sus parejas, pero después de denunciarlas se enfrentan a la negligencia, el ninguneo y la revictimización por parte de las autoridades. Es el caso de Karla, una joven sudbajacaliforniana que fue acosada en un refugio y ahora se enfrenta a las presiones de una funcionaria para que dé en adopción a sus hijos.
GUADALAJARA, Jal.– Trasladada junto con sus dos hijos de un albergue en La Paz, Baja California Sur, al centro de atención a las mujeres y sus hijos e hijas en estancia temporal en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Karla huía de la violencia física que ejerció sobre ella su marido, pero en lugar de ayuda encontró un sistema negligente que la revictimizó hasta llevarla al umbral del suicidio.
Ahora, la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescente (PPNNA) del estado, Eurídice Paredes Jaramillo, pretende dar en adopción a sus dos hijos, mediante presiones y con la complacencia del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), a pesar de antecedentes de denuncias previas contra la funcionaria por presuntos delitos.
Como otras mujeres atendidas por estas instituciones, Karla (nombre ficticio para proteger su identidad) ha padecido de violencia sexual –por su padre y después por su marido–, así como psicológica, física, emocional y económica –de su madre– e institucional. Así llegó al centro de atención en Tlajomulco, el CAMHET.
En el sitio web del DIF Jalisco se dice que el CAMHET es “un refugio que atiende a mujeres, sus hijos e hijas, que son víctimas de violencia extrema”. Además, que “en ese espacio se da protección institucional, ayuda psicológica, asesoría jurídica”.
Pero la joven relata a Proceso que no encontró nada de eso. Al contrario, fue acosada sexualmente por la directora del CAMHET, Andrea Delgado, y lo que vivió en el lugar la orilló a un intento de suicidio.
El último censo del Inegi –de 2016– sobre alojamientos de asistencia social, arrojó que en el país se tiene registro de 104 albergues para mujeres a los que acuden un promedio anual de 2 mil 420.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que se realizó en el tercer trimestre de 2021 en 27 mil viviendas de 75 ciudades del país, en 7.5% de los hogares se vivió violencia. En el mismo periodo del año pasado, en plena contingencia y confinamiento por el covid, la encuesta reveló que esa proporción fue de 9%.
La mencionada encuesta reporta que la mayoría de las mujeres agredidas en su entorno familiar viven en Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo.
Tras interponer su denuncia ante la autoridad, las mujeres víctimas de violencia son enviadas a un albergue o a un refugio. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, A.C., menciona que en el país existen 69 refugios –aunque la cifra oficial es de 72–, que son insuficientes “dado que en México hay más de 11 mujeres asesinadas al día”.
Una constante que han encontrado en todos los casos atendidos es que se revictimiza a la mujer violentada cuando denuncia, pues debe presentar evidencia de golpes. Y en 17% de los casos en que el agresor es un servidor público, se difunde información sensible de la carpeta de investigación y se obstaculiza el acceso a la justicia.
Figueroa recuerda que el año pasado, tras presentar reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, propuso instalar un refugio en cada municipio. Pero la activista estima que eso significa poner en otro riesgo a las mujeres, pues hay alcaldías muy pequeñas, controladas por el crimen organizado, y las víctimas y sus hijos estarían al alcance de los agresores.
La propuesta sería buena, a decir de Figueroa, si hubiese un presupuesto fijo y suficiente para apoyar dichos refugios, y el gobierno se coordinara con las organizaciones civiles. “Hacen falta, por supuesto, pero tienen que estar planeados, identificados desde un diagnóstico colectivo con las organizaciones de la sociedad civil que estamos en el territorio, las propias mujeres, dónde es el espacio más idóneo para que estén, y garantizar los recursos para su operatividad de los nuevos y de los que ya existen, si no, se vuelven un elefante blanco”.
En todos los estados, excepto Tamaulipas, existe un refugio con capacidad mínima de 12 y máxima de 50 personas. Los refugios del gobierno que pertenecen a la red cuentan con espacios dignos y buena atención, entre ellos los de Yucatán, Aguascalientes, Durango y Chihuahua. Jalisco no está incorporado.
Figueroa señala que es importante diferenciar entre albergue y refugio; el primero funciona de manera asistencial, cubre las necesidades básicas primarias y tiene espacios comunes compartidos. El segundo se contempla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en instrumentos nacionales e internacionales para prevenir feminicidios y restituir derechos de mujeres, además de promover su empoderamiento y autonomía.
La directora de la Red de Refugios indica que cada país tiene su modelo de infraestructura del refugio. En México se contempla una habitación en buenas condiciones por cada familia, se brinda seguridad y proyectos de vida de acuerdo a la necesidad de cada mujer.
La dura realidad
Karla describió el refugio del CAMHET donde estuvo con sus hijos como “una escuela abandonada; tiene aulas, se están derrumbando las instalaciones, están muy
deterioradas”.
Algunos espacios tenían vidrios rotos, como el que le asignaron a ella. Hacía tanto frío que tuvo que intercambiar las donaciones de ropa que le dieron en La Paz por cobijas y repelente de mosquitos.
Ante la falta de personal, estuvo más de un mes sin recibir atención psicológica. Sólo una abogada conocía de todos los casos. “Había una psicóloga, pero le dio covid; (estábamos) todas sin terapia, todas estresadas, el ambiente era muy tenso, había muchas agresiones”, recuerda Karla.
De acuerdo con información del DIF Jalisco, el año pasado se atendió en el CAMHET a 135 personas: 52 mujeres y el resto menores. Este año suman 94 usuarios: 35 son mujeres y las acompañan sus hijos e hijas.
La denunciante dijo que previo a una inspección al refugio “de personas de la Ciudad de México”, la directora pidió a todas las usuarias limpiar el sitio, mandó hacer algunas reparaciones al lugar, se fumigó y autorizó electricidad para todas. Pero les advirtió que si se quejaban podría ser contraproducente para ellas.
La joven reveló que en el refugio era común que entre los menores existieran agresiones físicas y sexuales. Ella conoció de un acoso a una niña y lo reportó a la psicóloga, pero no pasó nada. En una reunión de la directora con las usuarias, Karla aprovechó para denunciar el caso, pero aquélla tampoco tomó medidas. Tras su queja, al día siguiente las usuarias se pusieron agresivas de manera física y verbal contra Karla y sus hijos. Nadie le creyó a la niña que denunció. Lo mismo le pasó a Karla cuando tenía tres años: su padre la violó, y pese que le comentó a su madre, ésta le pidió callar.
Quiso dejar el CAMHET pero le negaron la salida debido a que no tenía nadie que la apoyara. “Me dijeron que los meses que me tenía que quedar, me tenía que aguantar con el ambiente (hostil) que yo había provocado. Me lo dijo la directora Andrea”, dice, apenas con un hilo de voz y antes de llorar.
La Norma Oficial Mexicana de Refugios, que se publicará próximamente, establece que el ingreso y egreso es voluntario; éste concluye a las 72 horas, con el objetivo de armar un plan de acompañamiento de acuerdo a cada caso y su proyecto a futuro. Si la usuaria tiene hijos, se da prioridad al derecho de los infantes. A las egresadas se les da seguimiento gratuito durante un año aproximadamente. Si cambian de opinión, tienen derecho de regresar al refugio.
Karla se sentía deprimida y pidió ayuda, pero en el refugio no la escucharon. A principios de diciembre tomó la decisión de atentar contra su vida para que sus hijos pudieran salir del refugio y fueran entregados a su madre.
La llevaron a la Cruz Verde para aplicarle los primeros auxilios. Cuando estaba en tratamiento en el Hospital Civil de Guadalajara la visitó la directora del albergue: “Me dijo que mi chistesito me costó”.
Previo a darla de alta, fue valorada por la psiquiatra de la institución, quien determinó que sí era apta para cuidar a sus niños, pero al regresar al refugio ya no los encontró.
Le entregaron el oficio PPPNNA/7590 /2020-3, con fecha 14 de diciembre, firmado por Eurídice Paredes, para informarle que a sus hijos (uno de casi dos años y otro de ocho meses) se les otorgó la medida de protección urgente 87/2020 mientras la autoridad judicial determina al respecto, “razón por la cual se ordena su ingreso al Centro de Asistencia Social Casa Hogar Annabel Vallejo, A.C.”, en Tizapán El Alto.
Le dijeron que debía tomar terapia, conseguir empleo y vivienda para alojar a sus bebés. Una vez que cumpliera esos requisitos, se los regresarían.
En el Cepavi le informaron que CAMHET nunca recibió la denuncia que presentó contra su marido en Baja California Sur y debía regresar por ella. Cuando volvió con la carpeta de investigación, en el mismo Cepavi le dijeron que debía dar seguimiento al proceso en aquella entidad. Ella respondió que ya no tenía recursos para viajar de nuevo. El 30 de marzo, Eunice Adriana Avilés, funcionaria de Cepavi, le aconsejó solicitar a la PPNNA la coordinación entre las entidades para que enviaran a sus hijos a La Paz y facilitar su recuperación en menos de 21 días.
Karla siguió la recomendación y regresó a La Paz e hizo la solicitud, pero no tuvo éxito. Al final de junio regresó a Guadalajara, donde no le validaron las terapias que tomó en el DIF de Baja California Sur y le rechazaron el comprobante de ingresos, ya que en el trabajo que consiguió no le dieron IMSS.
Otra funcionaria, Laura Zúñiga, de la dirección de Tutela de Derechos del DIF Jalisco, le dijo a Karla que debía iniciar de nuevo el proceso de recuperación de sus hijos, puesto que al irse a La Paz “mostró falta de interés”. “¡Ustedes mismos me mandaron!”, le reclamó.
La misma funcionaria la amenazó con dar a los niños en adopción y pretendió que la mamá de Karla firmara un documento para declarar que no está bien de sus facultades mentales y le dijo a la joven que para entregárselos debía demostrar que tiene más recursos que un extranjero o “una persona pudiente”.
Después le sugirió “que no fuera egoísta” y permitiera a los niños tener mejor vida “con unas buenas personas, que no han pasado por las situaciones que yo pasé y que tienen buenos recursos”, narra Karla, quien se negó.
Entonces Paredes firmó el oficio PPPNNA/1855/2021-5, con fecha 6 de julio de 2021, para informarle que sus hijos quedarían bajo cuidado de la Casa Hogar San Francisco de Asís y la Niña Milagrosa, A.C. En ese mismo oficio se le pidió que acuda a la escuela para padres y a terapia individual.
Por ese motivo Karla acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a denunciar que la procuradora le condicionó la entrega de sus hijos, así como las presiones para entregarlos en adopción.
El 12 de octubre pasado la CEDHJ envió el oficio 1149/GOQ/JABG/2021 a Eurídice Paredes, en el cual pidió informar la solución dada a la quejosa. Sin embargo, la afectada aseveró que no se dio un seguimiento puntual a su querella.
Negros antecedentes
Eurídice Paredes tiene al menos una investigación pendiente por una acusación de permitir, junto con otros funcionarios, la presunta venta y tráfico de menores en el extranjero con aval del Consejo Estatal de la Familia (CEF) durante las administraciones de los gobernadores panistas Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña.
El 17 de septiembre de 2001 la CNDH emitió la recomendación 020/2001, en la cual aparece el nombre de Paredes. En el documento la CNDH solicitó a la entonces procuraduría jalisciense abrir una investigación contra los servidores públicos involucrados en las adopciones irregulares y determinar las responsabilidades de carácter penal.
Sin embargo, el expresidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, Juan Manuel Estrada –quien denunció junto con otros activistas las irregularidades en las adopciones ante la PGJE y en la CEDHJ para que se castigaran a los funcionarios involucrados– recuerda que nunca se investigó el caso.
Por su parte el presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz Moreno, consideró que el caso quedó impune debido a que el entonces procurador Jorge López Vergara intervino para que no se investigara a la secretaria del CEF, María Luisa de Obeso, su esposa.
Refirió que tras el nombramiento de Paredes hace poco más de un año, interpuso una queja ante la CEDHJ para obligar a la funcionaria a dimitir al cargo, debido a que por sus antecedentes carece de “ética y moral suficiente”.
El organismo consideró que Paredes no fue sentenciada ni inhabilitada como servidora pública, archivó la queja y sugirió al gobernador Enrique Alfaro que, además de los requisitos de ley, se valore su conducta. En abril pasado el contralor ciudadano solicitó a la CNDH atraer su queja, y se le está dando seguimiento.
Ruiz Moreno señala que, a partir de que Paredes asumió el cargo, recibieron dos denuncias en la cuales se señala que por órdenes de ella padres de menores de entre dos y cinco años no recuperan a sus hijos que fueron enviados en custodia al Hogar Cabañas o a otros albergues.
A través del área de Comunicación Social del DIF Jalisco, este semanario solicitó una entrevista con el director general, Juan Carlos Martín Casillas, para hablar sobre la actuación de Paredes. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
