Vecinos y familiares de las víctimas fueron testigos de las desapariciones forzadas por parte de elementos de la Semar en territorio tamaulipeco. Desde hace tres años han aportado pruebas sobre las tropelías cometidas por los marinos; incluso lograron la detención de 30 de los presuntos implicados. Pero un juez concedió un amparo contra el auto de formal prisión de 12 de ellos a principios de mes. Los afectados acusan complicidad de las autoridades y se preguntan: ¿cuándo se acabará la impunidad?
Familiares de víctimas de desapariciones atribuidas a miembros de la Secretaría de Marina acusan a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y a la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de falta de transparencia y de obstaculizar el acceso a la justicia.
Los señalamientos surgen luego de que el viernes 5, el juez octavo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo contra el auto de formal prisión, dictado en abril pasado, en beneficio de 12 marinos acusados de las desapariciones forzadas de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza, ocurridas el 17 de febrero de 2018.
Los marinos liberados formaban parte de un grupo de 30, todos integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) que fueron vinculados a proceso por tres causas penales por desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, periodo en el que se registraron al menos 51 víctimas, 28 de ellas representadas por la Asesoría Jurídica Federal (Proceso 2201).
“Me siento triste, tengo coraje… Mis abogados de la CEAV me han tratado de explicar, pero aun así no lo entiendo, nosotros les dimos todo lo que nos pedían”, dice decepcionada Gregoria Hernández, madre de Noé Ignacio, quien tenía 22 años al momento de la desaparición.
En entrevista con Proceso, Hernández resalta que la detención de su hijo y su acompañante por personal de la Marina fue atestiguado por varias personas, algunas de las cuales rindieron su testimonio al respecto.
Noé, ayudante de mecánico, es padre de un niño que ahora tiene seis años. “Mi nieto me pregunta por su papá, y yo le digo que está trabajando, no sé qué decirle, por eso quiero que me digan qué pasó con mi hijo. Quiero justicia, que se castigue a las personas que se lo llevaron y que dejaron sin papá a mi nietecito”, sostiene la madre del desaparecido.
La liberación de los marinos ocurrió en vísperas de la visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas –que se inició el lunes 15 y culminará el sábado 27–, organismo al que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) notificó los primeros 17 casos de desaparición atribuidas al personal naval que documentó en mayo de 2018 (Proceso 2170).
La gravedad de los hechos llevó al entonces Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, a emitir un informe el 30 de mayo de ese año, y exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que parara “la ola de desapariciones forzadas” en Nuevo Laredo y esclarecer los hechos. Su llamado se tradujo en el retiro de 257 elementos navales, tres capitanes, 24 oficiales y 230 clases y marinería, que se encontraban desplegados en la ciudad fronteriza, para ser concentrados en la Ciudad de México (Proceso 2201).
Cadena de complicidades
“Estamos igual que al principio”, sostiene en entrevista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, que documentó 47 de los 51 casos de desaparición forzada atribuidos a los integrantes de la Unopes, por los cuales la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada integró 34 carpetas de investigación, tres de ellas judicializadas.
Y añade: “Después de la liberación de los 12 marinos, es probable que ocurra lo mismo con los 18 que están bajo proceso; a tres años de distancia el trabajo de investigación de la FGR es deficiente de forma deliberada. Como agente del Ministerio Público que en el juicio va a beneficiar a imputados, se trata de una simulación. Esa es nuestra única certeza”.
Para el defensor no cabe duda que prevalece “toda una estrategia jurídica” a favor del personal naval, en la que presuntamente está implicado Marco Antonio Ortega Siu, exjefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, el titular de la Fiscalía Especial, Abel Galván Gallardo, y el director jurídico de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, Julio César Pulido Segura.
Ramos Vázquez afirma que, pese a existir elementos que apuntan a la responsabilidad de elementos navales en las decenas de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo en 2018, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la CEAV impiden que otros casos sean judicializados, sin contar con la negativa a judicializar al menos 20 casos de personas que fueron localizadas sin vida después de haber sido detenidas por los marinos, 11 de los 27 casos contemplados en la recomendación por violaciones graves 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A ello se suma la resistencia de las autoridades a considerar dos casos de tortura en los que las víctimas señalan a elementos de la Marina, “bajo el argumento de que no hay testigos”.
Para el defensor, “la complicidad” entre servidores públicos de la FGR y la CEAV se evidencia en la negativa a entregar copias de las carpetas a los familiares de las víctimas de desaparición, la falta de coordinación con los familiares en las investigaciones, el cuestionamiento de la legitimidad de los testigos y el hostigamiento hacia ellos, preguntándoles cuánto les pagaron para presentar sus testimonios; incluso amenazan con encarcelarlos si dan alguna imprecisión.
También criminalizan a las víctimas, pues les piden a los familiares que “admitan” que sus desaparecidos formaban parte de la delincuencia organizada, “cuando hasta ahora no hay ni un solo dato que compruebe algún vínculo entre las víctimas y los cárteles que operan en la región”.
El activista considera que “las carpetas de investigación deliberadamente no están siendo integradas como debería ser, sino a partir de obstruir la propia aplicación de la justicia, irse a un extremo incierto y la evidencia como videos, testimonios, aparatos celulares, no lo quieren acordar”.
Precisamente la falta de actuación de las autoridades fue lo que llevó al CDHNL y a la entonces responsable de la Asesoría Jurídica Federal, Karla Quintana Osuna, hoy titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, a elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedir el 5 de diciembre de 2018 en una audiencia la creación de un mecanismo de seguimiento, mismo que fue aceptado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Tras ese evento, Quintana Osuna señaló en entrevista con la reportera que “hay suficientes elementos para determinar que fueron marinos los directamente involucrados” en las desapariciones, y que pese a ello “los propios agentes del Ministerio Público han dicho literalmente a mis abogados que no se van a meter con Marina porque es parte del Estado mexicano” (Proceso 2201).
Acoso sistemático
Como evidencia de las deficiencias en la integración de las indagatorias, destaca la carpeta de investigación por la desaparición de Jorge Antonio Hernández Domínguez, nacido en Estados Unidos, y Juan Carlos Zaragoza González. Ambos fueron detenidos por elementos de la Marina el 4 de abril de 2018, aproximadamente a las 20:30 horas.
Un grupo de vecinos fue testigo de ese operativo; incluso el padre de uno de los detenidos tomó las placas de la camioneta en la que el personal naval subió a los jóvenes, que aún no aparecen.
En entrevista con Proceso, María Elena Domínguez cuenta que las autoridades no le han aceptado como prueba de la participación de marinos ni de la búsqueda de su hijo el uso que se hizo de una tarjeta de débito que Jorge Antonio llevaba el día de su detención.
“El 15 de mayo (de 2018) mis familiares en Estados Unidos me avisaron que había llegado el estado de cuenta de la tarjeta de mi hijo, y que había muchos gastos realizados después de la desaparición; a él se lo llevaron el día 4 y empiezan a registrarse disposiciones (de la tarjeta) a partir del 7, en total nos robaron 4 mil dólares”, narra María Elena, quien proporcionó esos datos a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La madre de Jorge Antonio también entregó al FBI –dado que su hijo nació en Estados Unidos– pruebas de la posible colusión entre personal de la delegación de la PGR con los marinos, pues en una ocasión en que recogió copias de su denuncia, con las placas del vehículo militar que se llevó a su hijo, advirtió al salir que “la misma camioneta llegó a la oficina y los marinos se movían con familiaridad”; incluso tomó fotografías del vehículo.
Reconoce que exigir justicia, le ha costado ser hostigada mientras que su hijo, que al momento de su detención tenía 18 años, ha sido criminalizado, exhibido como delincuente en redes sociales.
Los ataques cibernéticos contra María Elena se agudizaron después de la disculpa pública que Encinas y el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Marina, Ramiro Lobato Camacho, el 13 de julio pasado.
“Subí a mi portal de Facebook un comentario a propósito de la disculpa; recibí amenazas. Me dijeron que me callara, que mi hijo estaba muerto; todo con palabras horribles, por lo que puse una denuncia en la FGR”, dice.
Tras la liberación de los 12 marinos, María Elena Domínguez teme por su seguridad y por la de sus compañeras que, dice, desde hace tres años exigen la aparición de sus hijos.
“La FGR nos debe una explicación, qué fue lo que pasó y qué va a pasar con las carpetas que no están judicializadas; también debe darnos protección, porque esos sujetos están sueltos y seguramente están muy enojados con nosotras y corremos peligro”, alerta María Elena.
Una disculpa y sus consecuencias
Quien también recibió ataques en redes sociales una semana después de la disculpa pública fue Jessica Molina, ciudadana estadunidense cuyo esposo, Daniel Trejo, y un amigo de él, Gabriel Gaspar Vázquez, fueron sacados de su domicilio en Nuevo Laredo por marinos el 27 de marzo de 2018. Ella y varios vecinos fueron testigos del operativo (Proceso 2166).
En entrevista, Molina, abogada, recuerda que pese a la solidez del caso de su cónyuge, al que ha aportado incluso videos de cámaras de vigilancia en los que se advierte el allanamiento de su casa por parte de personal de la Marina, persisten las resistencias de los asesores de la CEAV y de la FGR para judicializar su carpeta, de la que incluso le han negado una copia.
“Desde el día uno –dice– aporté, entre otros elementos, el número de mi celular que los marinos me quitaron cuando se llevaron a mi marido, para que lo ubicaran. Después de años de insistir, en mayo pasado, cuando fui a revisar la carpeta, me dijeron que habían ubicado el aparato, y a la persona que lo tiene, que es un marino, y que los movimientos correspondían a las actividades de los marinos.
“Sin embargo pusieron en duda que fuera prueba de la responsabilidad de los marinos en la desaparición de mi esposo para poder judicializar la carpeta. No sé si mandaron llamar a la persona que tiene mi teléfono, no sé qué hacen. Me tienen en el limbo.”
Decepcionada del incumplimiento de los compromisos que hicieron en la disculpa pública, Molina acusa a las autoridades de FGR y CEAV de mantener a las familias de los desaparecidos “a ciegas”, incluso a las familias cuyos casos han sido judicializados y que derivaron en la detención de los 30 marinos.
“No se nos avisó a tiempo de las audiencias, con el pretexto de proteger la privacidad, la confidencialidad, la seguridad de los marinos. Había una intención para que no acudiéramos, mientras que hasta ahora no se han entregado los videos de las audiencias a las que las familias de las víctimas tienen derecho”, apunta Molina.
Al señalar que las familias de los desaparecidos han sido víctimas de “una estrategia de dejar pasar, de cansarnos, de hartarnos”, advierte en la liberación de los primeros 12 marinos como “el principio del fin” de una tragedia que involucra al menos medio centenar de víctimas directas de las que se responsabiliza a miembros de la Marina.
“El esclarecimiento de este asunto debería ser un ejemplo del cambio de régimen, del fin de la impunidad. No puedo creer que se siga pretendiendo voltear para otro lado, evidenciando que nunca hicieron nada, mientras hay tantas familias destruidas.
“Es terrorífico pensar que la lucha ha sido en vano y que no van a hacer nada y que nuestro caso va a ser otro Ayotzinapa”, lamenta Jessica Molina.
