En el campamento El Chaparral, en Tijuana, se concentra la compleja problemática de la migración entre México y Estados Unidos. Ahí se refugian hombres, mujeres y niños procedentes del Caribe y Centroamérica, pero también mexicanos; todos con la creencia de que al permanecer junto a la línea fronteriza terminarán por concederles el paso al vecino país. Huyendo de la miseria y la violencia de sus lugares de origen, sin posibilidades de cruzar la frontera, se aferran a un lugar cercado por la autoridad, sin servicios y ya infiltrado por pandillas, polleros y delincuentes comunes.
Tijuana, BC.- “Me iba bien con mis cinco negocios de comida. Hace tres años empezaron a cobrarme piso de 5 mil pesos por cada uno, apenas 10% de mis ganancias. Ese no era el problema, sino que luego me secuestraron, me encapucharon y me dijeron: ‘Ya tenemos ubicada a toda tu familia…’ Querían otras cosas”, recuerda Carlos, quien junto a los suyos salió huyendo de Michoacán y llegó en avión al campamento del Chaparral en abril pasado.
“Los maras querían que trabajara con ellos, pero como no quise quemaron mi casa. Dejamos Honduras el 15 de enero, caminamos dos semanas hasta llegar a Tecum, Guatemala. En Chiapas nos dieron visa humanitaria y de allá hasta aquí nos vinimos en camión, primero yo y luego mi mujer con nuestro bebé”, relata Manuel, quien al llegar a Tijuana vio cómo el crimen organizado ronda el campamento de migrantes donde permanece.
Al ver que dos jóvenes se acercan, corta su narración.
–¿Tienes miedo de que otros grupos los quieran usar?
–Sí, pero ya pusieron el cerco. Por esa parte nos beneficia –dice, aliviado.
Rosa, esposa de Carlos, tuvo miedo por sus hijos: “A los muchachos, si los ven en la calle y los ocupan se los llevan a la fuerza. Los tienen de sicarios, nada de que para la siembra o la amapola. Eso sale poco en las noticias pero desde los 14 años se los llevan”.
Aunque tiene siete hijos, Rosa considera que los menores, de 17, 20 y 21 años son presa fácil de grupos criminales como los autollamados “cárteles unidos”, que luchan contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación por el control de la zona caliente que abarca Michoacán y Guerrero.
Historias como las anteriores se repiten una y otra vez entre michoacanos y centroamericanos que cayeron en la zona de aproximadamente 200 metros cuadrados conocida como El Chaparral, contigua a la garita internacional con Estados Unidos en Tijuana.
En ese campamento sobreviven hacinados, con algo de ropa, bajo casas de campaña protegidas por improvisadas carpas, comiendo de lo que agrupaciones sociales de origen estadunidense les brindan o de lo obtenido por limpiar vidrios y autos en “la línea”.
Las 769 personas que hoy están en El Chaparral se aferran al lugar. Suponen que estar ahí les asegura el ingreso a Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad. En estos momentos la frontera está cerrada para ellos.
Según el censo realizado por el municipio de Tijuana, en el grupo hay 316 niños, en su mayoría mexicanos (188), hondureños (94), salvadoreños (19), guatemaltecos (13), más una niña peruana y otra estadunidense. En total hay 374 mujeres y 395 hombres.
Los migrantes se posesionaron del Chaparral la tarde del pasado 18 de febrero; algunos se separaron de una caravana, otros llegaron en camión, por vía aérea y, los menos, en taxi. Considerados un grupo vulnerable, los residentes del Chaparral están expuestos a peligros de todas clases.
José Luis Pérez Canchola, director de Atención a Migrantes en Tijuana en la pasada administración, visita diariamente el campamento. Concluyó el último día de septiembre, pero con más de 30 años en defensa de los derechos humanos y consciente del peligro que enfrentan, regresa a verlos.
Durante los primeros siete meses del campamento, Pérez Canchola recibió pruebas de extorsión, secuestro, habló con víctimas de polleros, supo de maras que sigilosamente han ingresado, de violaciones a menores y de la falta de coordinación eficaz entre los tres niveles de gobierno.
“El tema visible de la migración son estas caras que uno ve, pero abajo hay violencia, crimen, secuestro, extorsión”, dice.
Haitianos
Esta historia del Chaparral se inició con la llegada de los haitianos y centroamericanos que se quedaron varados con la pandemia, pues las cortes de Estados Unidos cerraron y suspendieron sus procesos.
Soraya Vázquez, subdirectora del capítulo México de la organización binacional Al Otro Lado, explica que organizaciones de ayuda a migrantes reclamaron por eso, pues los trámites truncos no se consideraron “actividades esenciales”.
La presión surtió efecto y Estados Unidos decidió atender a quienes se les conoce como “los MPP” (por protocolo de protección al migrante en inglés). La frontera se abrió y el 18 de febrero pasado la gente empezó a llegar al Chaparral. Lo que no entendían los nuevos migrantes era que de febrero a abril ingresaban a Estados Unidos sólo los MPP.
De abril a agosto, continúa Vázquez, las organizaciones denunciaron la aplicación del Título 42, consistente en enviar a México a los detenidos. “Les reclamamos: ‘Tú estás diciendo que los regresas por una cuestión de sanidad, pero los estás devolviendo a una situación de riesgo porque en Tijuana, además de extorsiones y robos, tampoco hay condiciones en temas de prevención de covid’. Y aunque el gobierno no eliminó el Título 42, sí consideró el riesgo e hizo lo que se llamó excepción Huisa”.
A su vez, tal excepción consistía en admitir ingresos de personas que estaban en riesgo. Los activistas de Al Otro Lado elaboraron una encuesta digital para conocer el peligro que enfrentaban los migrantes y con base en ello solicitaban que los dejaran pasar a Estados Unidos.
Así la asociación logró el ingreso de 5 mil 901 personas, entre ellas 2 mil 450 niños. Fue gente que llegó de Angola, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, México, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Perú, Rusia, Siria y Venezuela.
“En ese ínter llegaron los de Michoacán y Guerrero. Las historias fueron: me quemaron la casa, mataron a mi familia, levantaron a mi hijo, a mi hermano. Ese es el tema de las familias mexicanas.”
La etapa de ingreso por riesgo concluyó en agosto. “Les explicamos que la excepción del título 42 ya terminó, que la frontera ya estaba totalmente cerrada, pero no se fueron y siguen pensando que si se quedan en la línea van a poder ingresar, lo cual no es cierto”, aclara Vázquez.
Igual que Pérez Canchola, la activista sostiene que grupos criminales se aprovecharon de la vulnerabilidad de los migrantes: “Los polleros empezaron a ingresar al Chaparral; empieza a haber trata de personas, se infiltra el crimen organizado, gente que no es migrante y que vive en condición de calle. Aquello se convirtió en un espacio sin ley y la policía no ingresaba.”
Las organizaciones se dividieron. Unas pedían que los migrantes se quedaran ahí; otras, como Al Otro Lado, que se les reubicara. Ahora esta agrupación se aboca a trabajar con la gente que está en los albergues.
Cercados, sin luz…
Pérez Canchola, quien desde el 19 de febrero ha acudido diariamente al Chaparral como funcionario del ayuntamiento de Tijuana y ahora, sin cargo, sigue laborando con los migrantes, detalla cómo el presidente estadunidense Joe Biden “se compromete a entregar 120 mil visas de refugio en su primer año y genera el arribo de cientos de personas al Chaparral”.
Abunda el exfuncionario: “Los testimonios que recogí de pastores religiosos es que se organizaron en razón del dicho del nuevo presidente y llegaron acá. Pero también gente que venía de caravanas arribó al Chaparral.
“La razón de fondo por la que la gente se viene es la violencia, las amenazas, el secuestro de menores por pandillas en toda Centroamérica. Eso ya se está viviendo también en Michoacán. Ese motivo debe sensibilizar a nuestra comunidad en apoyo a esta población”.
El caso es que en nueve meses han llegado al Chaparral tres oleadas de migrantes; los primeros fueron en su mayoría haitianos; después llegaron otros, sobre todo hondureños y guatemaltecos. Ahora 50% son mexicanos. Todos, “la idea que traen es que si se quedan aquí, entran primero, y no es así”.
Lo cierto, dice Pérez Canchola, es que el campamento del Chaparral es un indicador de que los migrantes requieren atención urgente.
Por el contrario, la noche del 28 de octubre la nueva administración de Tijuana, encabezada por la morenista Monserrat Caballero, ordenó que se levantara un censo.
“Mientras nos reunían porque nos iban a informar del censo, llegaron los de la basura y levantaron casas de campaña tirando lo poco que teníamos, algunos perdieron sus documentos”, reclama Alejandra, encargada de la cocina y de dar de comer a las casi 800 personas que ahí se encuentran. También se les cortó la electricidad y con 180 metros de malla ciclónica se les encajonó en poco más de 200 metros cuadrados.
Pérez Canchola cuestiona a los tres niveles de gobierno por no actuar de manera coordinada, pero sobre todo el censo, porque con él entregaron a la gente una credencial para que ingrese al campamento: “Es una especie de salvoconducto y en México los salvoconductos están prohibidos por la Constitución. Los propios albergues del INM son de libre tránsito”.
Quien fuera presidente de la primera Comisión de Derechos Humanos estatal que se instituyó en el país, está contra la permanencia del campamento, ya que en sus visitas a los migrantes éstos le han entregado pruebas de que son sometidos a extorsión, secuestro y abuso sexual a menores. En un caso de éstos, él mismo llevó a la familia a poner la denuncia ante el Ministerio Público.
“Hace un mes propuse que toda esta gente sea reubicada en los hoteles, moteles, ranchos y casas que se han incautado al crimen organizado, porque aquí esto es un polvorín.
“Me dieron información sobre las bandas de polleros que se metieron al campamento, que fingían ser migrantes y luego convencían a un grupo de migrantes para que cruzaran de manera ilegal. Lejos del campamento les robaban su celular y extorsionaban a sus familiares que se encuentran en el otro lado. Entrevisté a jóvenes que están marcados por la mafia como si fueran de su propiedad”.
Más aún, alerta de la presencia de maras en el norte de la ciudad: “Ya han ingresado al campamento. También hay casos de grupos con la intención de llevarse a las muchachas para trata de personas… Esto no va a terminar bien si no se resuelve”.
Desde su punto de vista, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe intervenir para agilizar las solicitudes de refugio humanitario, pero también deben reunirse los representantes del sector salud de Honduras, Guatemala y México para para atender los problemas de su competencia.
Pérez Canchola dice que el tema del Chaparral es el más visible, pero en Tijuana hay por lo menos 5 mil migrantes que pretenden entrar al país vecino, todos distribuidos en los 25 albergues de la ciudad y este campamento.
Y aunque el municipio cercó a los migrantes, les cortó la luz, los empadronó y les dio un salvoconducto, el tema migratorio es un asunto de índole federal, lo mismo que la zona donde se encuentran, por lo que es esa instancia de gobierno la que debe intervenir. “El municipio quiere resolver el problema pero el método que emplea no es el correcto”.
Y concluye: debe evitarse a toda costa el desalojo violento y solucionar pronto el tema porque eso “es un polvorín”.
