La Auditoría Superior de la Federación detectó operaciones sospechosas que tuvieron lugar en 2019 y 2020, ya en esta administración, mediante el mismo modus operandi que utilizó el gobierno anterior: contratos asignados directamente a empresas fachada por más de 324 millones de pesos, además de una transacción aparentemente fraudulenta de más de 230 millones de pesos. En estos casos la figura omnipresente es la de Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Peña Nieto.
En 2019 y 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo celebró contratos por 324 millones 371 mil pesos con la red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto: la Cuarta Transformación participó en una operación presuntamente fraudulenta que implicó desvíos de por lo menos 230 millones 578 mil pesos a 26 empresas de papel.
Los contratos fueron otorgados a las empresas de Ansbacher mediante adjudicaciones directas, mientras de manera paralela la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigaban la red de compañías del ciudadano israelí que en el sexenio pasado recibieron contratos y depósitos por al menos 6 mil 51 millones de pesos.
En julio pasado, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se refirió a las piezas de esta red como “compañías fachada” de la empresa israelí NSO Group, y sostuvo que operaron “una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”.
Al menos en dos contratos otorgados por el Instituto Nacional de Migración (INM), el gobierno de López Obrador siguió el mismo guion que su antecesor: en un informe publicado el pasado 28 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló graves irregularidades en el proceso, entre ellas la dispersión de más de 200 millones de pesos en 26 empresas que no reportaron ningún empleado ni movimientos relacionados con sueldos y salarios entre 2019 y 2020; además, 10 de esas compañías no reportaron movimiento ante el Servicio de Administración Tributaria el año pasado.
Proceso revisó las actas de estas sociedades en el Registro de la Propiedad y el Comercio y encontró que sus presuntos “socios” son personas de muy bajo perfil y vecinos de barrios modestos; además este semanario acudió a los domicilios de 17 empresas en la Ciudad de México y Puebla y constató que son oficinas virtuales, despachos de “coworking”, edificios abandonados o viviendas de personas que desconocen las empresas que supuestamente operan ahí.
Estos elementos –socios falsos y direcciones virtuales– reúnen las características de empresas fantasma, las cuales se usan para lavar dinero, evadir impuestos o desviar recursos públicos, como se documentó en los esquemas de triangulaciones multimillonarias operadas durante el sexenio de Peña Nieto, conocidos como la Estafa Maestra.
En el centro de estas contrataciones amañadas del gobierno de López Obrador figura Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, así como uno de sus más altos colaboradores en activo. En el primer año y medio del sexenio, Garduño fungió como titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la dependencia que controla las cárceles federales.
De hecho, de los mil 930 millones de pesos que las empresas de Ansbacher recibieron el sexenio pasado y fueron revelados por Rosa Icela Rodríguez, siete contratos por mil 611 millones de pesos y 43 millones 470 mil dólares fueron adjudicados de manera directa por el OADPRS entre 2012 y 2018.
Los contratos, cuya versión pública revisó Proceso, fueron requeridos y firmados por Antonio Molina Díaz, quien fungía como Coordinador General de Centros Penitenciarios Federales desde 2011 –durante la gestión de Genaro García Luna en la entonces Secretaría de Seguridad Pública–, después de nueve años al frente de los reclusorios estatales de Durango.
Tras la llegada de López Obrador a la Presidencia y la de Garduño al OADPRS, Molina permaneció en su cargo.
Cuando el presidente designó a Garduño comisionado del INM, en junio de 2019, éste nombró a Molina director general de Control y Verificación Migratoria, desde el cual encabeza los centros de detención migratoria.
Molina forma parte del grupo de 20 exfuncionarios y funcionarios en activo que la FGR busca imputar en el caso de los contratos adjudicados por el gobierno del expresidente Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho cárceles federales.
Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, Molina Díaz y el resto de los servidores públicos investigados por este caso provocaron un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de pesos, derivado de la firma con sobreprecios de los contratos adjudicados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal a la iniciativa privada. A pesar de que la carpeta ya ha sido judicializada, la audiencia de imputación se ha aplazado dos veces por petición de varias de las defensas.
El actual funcionario de Migración ha reportado domicilios ante la Secretaría de la Función Pública en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México, incluyendo un departamento en las torres Be Grand de Polanco, inmuebles que se cotizan por encima de los cinco millones de pesos a la venta y con rentas que oscilan entre los 20 mil y 35 mil pesos.
De acuerdo con información recabada en la Plataforma Nacional de Transparencia, los contratos del INM fueron solicitados por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dirigida por Alfredo Hernández García, quien fue destituido en septiembre de 2015 por incurrir en un conflicto de interés: mientras encabezaba la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, la dependencia adjudicó contratos por 70 millones de pesos a una empresa en la que laboraba su esposa, Erika Sofibeth Molina Barragán. Durante el periodo de transición, la mujer fungió como delegada del INM en Hidalgo.
Proceso mandó un cuestionario detallado al INM, dirigido a Garduño, pero la dependencia no contestó.
Sobrecosto de 845%
Según el informe de auditoría 2020-5-04K00-20-0011-2021, en noviembre de 2019 y junio de 2020 el INM amañó los procesos de adjudicación directa de dos contratos; uno, con clave CS/INM/136/2019, por el arrendamiento de computadoras e impresoras, y otro con clave CS/INM/083/2020 por el servicio de “expedición de las tarjetas de identificación de condición migratoria”.
En ambos casos, el INM clasificó los contratos como asuntos de seguridad nacional, por lo que no aparecen en el sistema de contrataciones públicas Compranet. También en ambos casos la ASF detectó “deficiencias” en la supuesta investigación de mercado del INM, lo que es un eufemismo: la dependencia simuló ofertas de las empresas Comercializadora Antsua, SA de CV, Nemecisco, SA de CV, Upsec, SA de CV y Skysec, SA de CV, que forman parte de la misma red de Ansbacher.
Tres de ellas –Antsua, Nemecisco y Upsec– tienen sus domicilios registrados en edificios de la empresa de coworking Central W en la colonia Polanco, mientras que la cuarta empresa, Skysec, está registrada en una empresa llamada Oficinas Virtuales Jemil, también en Polanco. Proceso visitó los recintos, cuyas recepcionistas indicaron que la persona responsable no se encontraba debido a la pandemia de covid-19; se dejaron recados y datos, pero nadie se comunicó con este semanario.
El INM adjudicó el primer contrato a la empresa Comercializadora Antsua, por 113 millones de pesos. Sin embargo, la ASF determinó que el contrato implicaba costos entre 74.5% y 122.7% superiores a los de adquisición de los propios equipos informáticos, con un sobrecosto total inexplicable de 48 millones 908 mil pesos, casi la mitad del monto del contrato. Por si fuera poco, el organismo fiscalizador encontró que seis de cada 10 computadoras no tenían los discos duros acordados, y que 19.5% simplemente no fueron localizados.
En el segundo contrato, el despilfarro fue aun más escandaloso. El INM adjudicó el contrato a la empresa Nemecisco y pagó 81 millones 199 mil pesos por un servicio que costó al contratista apenas 8 millones 591 mil pesos, lo que equivale a un sobrecosto de 845.1%, según la ASF.
Y no sólo esto: al analizar los estados bancarios de las dos empresas contratadas por el INM, la ASF se percató que habían recibido 324 millones 731 mil pesos de cuentas gubernamentales entre 2019 y 2020, de los cuales dispersaron 230 millones 578 mil pesos en una red de 26 empresas fantasma nacionales e internacionales.
En la trama de corrupción del INM, la presencia de Ansbacher es innegable. Por lo menos 42 millones 400 mil pesos que Nemecisco cobró en el INM fueron transferidos a Stavton Corporation, SA, una sociedad de papel creada en Panamá el 6 de marzo de 2020 por “Uri Emanuel Ansbacher”, según su acta constitutiva, obtenida por Proceso.
Los esquemas de Ansbacher en contratos con la administración de Peña Nieto también involucraban sociedades de papel en Panamá. Sin embargo, en ninguna escribió su nombre de la misma manera: en KBH Aviation, SA, creada en 2009, aparece como “Uri Emmanuel Ansbacher” –con dos “m”–; mientras que en BS D High Tec Supplies Trading, SA, se identificó como “Oury Emmanuel Ansbacher Benarama”.
Una parte de la red de empresas fantasma que señaló la ASF ya había sido documentada por Proceso y Aristegui Noticias desde el pasado 21 de julio, como parte de la investigación periodística internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories. En ese momento, la investigación periodística había identificado a 30 compañías vinculadas con el esquivo empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher.
Sin embargo, una nueva revisión de los registros públicos del país, así como los nombres de nuevas empresas detectadas por la ASF al auditar el gasto público del INM, arroja que la red abarca 56 compañías en México, Panamá y Gran Bretaña.
En la conferencia matutina del 21 de julio, Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF, también exhibió una red de empresas relacionadas con la venta de Pegasus en México, la cual había movido 5 mil 914 millones de pesos en el sexenio pasado, incluyendo mil 500 millones de pesos de Balam y Grupo Tech Bull, dos empresas no directamente vinculadas con Ansbacher.
Una semana después, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer contrataciones de dependencias que dependen de la SSPC a la red de Ansbacher, con contratos por montos de más de mil 910 millones de pesos.
La red incluye a Comercializadora Antsua, compañía que tiene entre sus directivos a Marco Antonio Suárez Cedillo y Yaravi Yunuen Resendiz Villalobos, prestanombres que aparecen en al menos otras 10 compañías vinculadas con la red de Ansbacher Bendrama.
Por lo que se refiere a Nemecisco y Comercializadora Internacional MMXVII, los nombres de directivos que se repiten son los de Marco Antonio Suárez Cedillo y Emilio Sánchez Maya, quienes también aparecen como directivos o apoderados en otras compañías de la red Pegasus, como Proyectos y Diseños VME; Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV; Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos y Grupo Comercial Vicra.
Detrás del fantasma
Reporteros de Proceso acudieron a los domicilios en Puebla y la Ciudad de México de las empresas que recibieron dinero de Comercializadora Antsua y Nemecisco, a pesar de que sus objetos sociales no tienen nada que ver con los servicios contratados por el INM.
En la Ciudad de México, la dirección de la empresa Vitese –Bolívar 21, colonia Centro– corresponde a un edificio de ópticas. En el número interior que señala el acta constitutiva, una empleada de la Óptica Charly dijo que jamás ha oído el nombre de la compañía. Vitese recibió más de 18 millones de pesos. En Pacífico 105, domicilio fiscal de Logística Lorj, hay una oficina vacía y el vigilante del edificio respondió que hace más de un año nadie renta el lugar. A pesar de que esa compañía fue disuelta a sólo cuatro meses de su creación, recibió depósitos por casi 40 millones de pesos.
En Tláhuac, las empresas Grupo Orijov e Increase Value, supuestamente localizadas en las calles Benito Juárez 84, colonia Santa Ana Norte, y Pino Suárez 11, colonia Zapotitlán, corresponden a viviendas familiares donde jamás habían oído hablar de dichas razones sociales ni de sus socios. Según la ASF, Increase Value recibió transferencias por 17 millones de pesos, mientras que Orijov recibió solamente 500 mil pesos.
La dirección fiscal de la empresa Textiles y Manufactura Joromí llevó a una oficina de la empresa de oficinas virtuales Grupo Asve, en la colonia Hipódromo Condesa; ahí, la recepcionista comunicó Proceso con una señora, quien sin identificarse habló en nombre de la empresa, y se enojó cuando el reportero le expresó sus sospechas sobre la existencia real de la compañía, que recibió 3 millones 680 mil pesos.
En Puebla ni siquiera existe un edificio en el número 2314 de la calle Juárez, supuesta dirección de la empresa RS Moldes, que recibió 28 millones 782 mil pesos; el edificio ubicado en el número 4122 de la avenida Reforma está vacío y abandonado, sin señal de los 35 millones de pesos que supuestamente pasaron por dos empresas registradas ahí; y los vecinos del departamento ubicado en el número 4901 de la calle 7 Sur afirman que nunca conocieron la empresa Bussimex, que cobró 25 millones 650 mil pesos.
En otras palabras: eran cascarones que sirvieron para canalizar presuntos desvíos millonarios.
