Informes de Gobernación reconocen que en 2021 la gobernabilidad del país ha estado plagada de riesgos; entre ellos los provocados por “demandas sociales sin atención”, “violaciones a los derechos humanos”, inseguridad, migración y de manera destacada la impunidad, a la que consideran “el gran tema pendiente de México”. Sin embargo, el análisis prospectivo para 2022 pinta escenarios aun peores: esos riesgos no sólo continuarán sino que serán más explosivos y profundos.
A poco más de mes y medio de que concluya el año, el gobierno federal ya tiene una evaluación de lo que ha sido 2021 en los temas más sensibles para la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y lo peor es lo que viene. De acuerdo con la Agenda de Riesgos de Gobernabilidad (ARG) el próximo año se agudizarán la impunidad, la inseguridad y la persistencia de demandas sociales sin atención.
Además se prevé que se mantengan los atentados y los ataques contra organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, así como los asesinatos de periodistas, de acuerdo con el Informe Anual de los Riesgos a la Gobernabilidad 2021, elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
A cargo de la Unidad de Política Interior y Análisis de Información (UPIAI) de la Segob, el documento considera como un eventual riesgo de gobernabilidad que las obras magnas del gobierno de López Obrador –el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Transístmico– no sean concluidas en los tiempos y forma anunciados y que presenten riesgos de construcción y de operación.
Los “riesgos por demandas sociales sin atención”, “por violación a los derechos humanos”, así como los “riesgos a la seguridad”, los “riesgos de política interior” y los “riesgos por migración” aparecen en la evaluación de lo que ha sido este año en el gobierno lopezobradorista, en el que la prospectiva elaborada por analistas de la Segob aborda 15 temas que seguirán marcando el pulso político y social del país.
El tema de la impunidad creciente en la agenda de riesgos es uno de los más relevantes, de tal suerte que al inicio del informe anual se cita de nuevo el reporte mensual de octubre de la UPIAI, destacando que “la impunidad crece en México; 94.8% de los casos no se resuelven”. El equipo de la Segob no duda que “la impunidad se reporta como el gran tema pendiente de México”.
La UPIAI señala en el reporte –elaborado apenas el pasado octubre–, que las agresiones difundidas en redes sociales derivaban en actos de linchamiento, de justicia por propia mano a consecuencia del hartazgo de la gente por la impunidad en la comisión de delitos, debido a la incapacidad del sistema de justicia para atender este problema.
En su evaluación del impacto de este fenómeno, el reporte explica que la justicia por propia mano, reflejada en linchamientos, en atropellamientos y ejecuciones difundidas en redes sociales, hace creer a los ciudadanos que están resolviendo el problema, pero en realidad esto representa un “retroceso en aspectos jurídicos, sociales y democráticos, obstaculizando alcanzar la cultura de paz”.
La prospectiva de la Segob al respecto advertía en octubre que mientras no exista una verdadera impartición de justicia que abarque todos los aspectos de la investigación policial, la percepción ciudadana no cambiará, las ejecuciones continuarán y con ellas habrá más manifestaciones ciudadanas, como los cierres de calles “o expresiones brutales, como los linchamientos”.
La “valoración” de la UPIAI enfatiza que “es importante que la FGR fortalezca sus estrategias de atención a víctimas de delitos. La SSPC y la GN pueden apoyar la labor de elementos policiacos y municipales en puntos con altos índices delictivos”.
Escenarios de riesgo
En cuanto al Informe anual de los riesgos a la gobernabilidad 2021, Gobernación describe brevemente el contexto en el que concluye este año, en el que destacan “los desplazamientos forzados en diversas comunidades del país, la parálisis de las autoridades estatales para dirimir controversias legales entre alcaldes electos y concejos municipales, en la proliferación de grupos de autodefensas y en la imposibilidad (sic) de acceso a territorios controlados por cárteles para la búsqueda de restos de personas desaparecidas”, entre otros.
La prospectiva para 2022 en este punto señala que “continuará creciendo la impunidad (y con ello, la corrupción y los delitos)”.
El Informe anual de los riesgos a la gobernabilidad 2021 explica en su introducción la metodología utilizada para generar el producto presentado a López Obrador y a su gabinete. Detalla que “la UPIAI genera más de 40 productos periódicos, destacando la Agenda Semanal de Riesgos a la Gobernabilidad (ARG) y el Informe Diario Ejecutivo (IED).
“Con estas dos herramientas, aunado al seguimiento a las menciones directas a la Secretaría de Gobernación que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace en sus conferencias matutinas, se elaboró este Informe anual de riesgos a la gobernabilidad”.
La agenda de riesgos a la gobernabilidad “reportó 304 eventos en 2021, el informe ejecutivo diario reportó 287 y en las llamadas ‘mañaneras’, el presidente vinculó a la Segob en 179 ocasiones”. Derivado de los resultados de análisis cuantitativos y con el fin de presentar los riesgos de forma resumida, el documento explica que se categorizaron por la temática que trata su materia, hallándose 15 temas principales.
Los “Riesgos por demandas sociales sin atención” (119 menciones) que presenta la UPIAI señalan varios escenarios, como las demandas reiteradas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sus casi cuatro meses de bloqueos a vías férreas en Michoacán exigiendo el pago de salarios, provocando desabasto y pérdidas económicas por más de 3 mil millones de pesos.
En 2021 la CNTE se convirtió en protagonista constante de conflictos en Michoacán, Puebla e Hidalgo, con manifestaciones violentas y amenazas recurrentes a boicotear las elecciones de junio, llegando a bloquear al presidente en una gira de trabajo por Chiapas, recuerda la Segob.
El escenario de riesgo en esta agenda advierte que las demandas sociales surgidas en el año “requerían de mayor tiempo para poder ser atendidas, dando una impresión de falta de interés gubernamental y ello provocó posturas inflexibles de actores y grupos sociales específicos”.
Ante éstas y otras situaciones “la Segob y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hubieron de intervenir” en la elección sindical de GM en Silao, la reapertura minera en Cosalá y el Plan de Atención Integral de Cananea, reconoce el informe y añade que se debió recurrir a la misma estrategia “de mediar en el conflicto de Notimex, en el paro nacional de transportistas por la inseguridad, el paro de gaseros en la CDMX y el de burócratas en Michoacán”.
En este tema, la prospectiva de la Segob indica que en 2022 “continúa el riesgo por las elecciones y en tanto siga la reforma educativa”. Pese a aparecer en primer sitio y con más señalamientos, los analistas lo ubican con un rango medio en la semaforización de riesgos.
2022, más crímenes
El segundo tema en importancia presentado por la UPIAI es el de los riesgos por violación a los derechos humanos (90 menciones), en el que se destaca “el alto número de agresiones y asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos” que marcaron 2021. En esta administración, señala, “se han registrado 47 asesinatos de periodistas y 94 de defensores de derechos humanos”.
En los asesinatos de defensores de derechos humanos “sobresalen: la muerte del líder yaqui Tomás Rojo; del líder comunitario del MULT Federico de Jesús Gutiérrez; del integrante de las Abejas de Acteal Simón Pedro Pérez López; de la activista e integrante del Colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora Gladys Aranza Ramos; de los asesinados en la presa hidroeléctrica de CFE en Río Verde, SLP; y de diversos ambientalistas del CEMD”, indica el informe.
El texto hace referencia a la búsqueda de personas desaparecidas, al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a la señalada “incapacidad del Estado para entrar a buscar en terrenos cooptados por el crimen organizado, así como por la falta de médicos y de un sistema de identificación forense efectivo y los nulos apoyos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)”.
Luego aborda el conflicto triqui, del cual señala que “aunque de larga trayectoria, fue de gran vigencia pues por fin había solución al problema de 140 familias desplazadas de Tierra Blanca, Copala”. El análisis reconoce que “el retorno seguro fue frustrado por un grupo encabezado por la diputada federal suplente por Morena, Emilia Cruz”.
Otro tema relevante en esta parte de la Agenda de Riesgos de 2021 tiene que ver con la publicación en septiembre del decreto para liberar a Personas Privadas de Libertad (PPL) de penales federales, “lo cual abrió el debate respecto a la violación sistemática al debido proceso y también a los programas de reinserción social de las PPL”. Ese fue también el mes en el que López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad por la Guerra Sucia, cuyos cinco expertos encargados de investigar esos hechos en los próximos dos años ya fueron elegidos por la Segob.
Estos temas son calificados como asuntos de Riesgo Alto en el semáforo de la UPIAI. La prospectiva para este punto es que “continuará el conflicto triqui y los asesinatos a defensores y periodistas”.
Fuera de tiempo
El tercer tema relevante es el de los riesgos a seguridad –con más de 30 mil desaparecidos y más de 100 mil asesinatos en lo que va del gobierno de López Obrador–, presentado con una valoración que desdeña de alguna manera la labor investigativa y de análisis del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al señalar que “más allá de la estadística delictiva que reporta” dicho sistema, “la UPIAI recoge los temas de riesgo a la gobernabilidad que se relacionan y se detectan en las mesas de coordinación operativa, la información que se recibe por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del análisis derivado de fuentes abiertas”.
En Aguililla, Michoacán, hubo enfrentamientos entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos por el control de la plaza, pero también de militares contra ambos cárteles, explica el informe enfatizando que en este contexto, “la violencia cobró la vida de civiles, obligó el desplazamiento forzado de familias, cerró los accesos a la región de Tierra Caliente y respaldó el surgimiento de nuevos grupos de autodefensas por parte de la Iglesia católica (sic), cuyo nuncio apostólico, Franco Coppola, visitó la zona en abril”.
El análisis reconoce que este año se incrementaron todos los delitos del fuero común en el país y “el aumento de la violencia fue marcadamente notorio en los estados de Zacatecas y Guanajuato. Fresnillo, Zacatecas, se posicionó como la ciudad con mayor percepción de inseguridad (96% de sus habitantes se sienten inseguros), mientras que en Salamanca, Guanajuato, se hizo uso de artefactos explosivos para ajustes de cuentas entre civiles”, añade.
El informe anual explica que estos riesgos no son exclusivos de ningún estado y recuerda que “apenas el día anterior al Evento del Perdón con ocho tribus yaquis, se encontraron los cuerpos de 11 desaparecidos de esas tribus”.
Finalmente, dice, “creció la preocupación social luego que la organización Reinserta advirtiera en un estudio sobre la incorporación de al menos 30 mil menores a las filas del crimen organizado”.
La prospectiva de la UPIAI para 2022 en este tema indica que “continuará la inseguridad y el reclutamiento de menores de edad”. En el semáforo este problema está en color rojo, con riesgo alto.
En los riesgos de política interior, el documento destaca la creación de la Alianza Federalista creada por gobernadores de oposición, el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, así como la violencia desatada en los municipios de Altamirano, Simojovel y Pantelhó, en Chiapas.
Otro riesgo de gobernabilidad se presenta en materia de corrupción, señala el documento, al citar el informe de la organización World Justice Project, en el que México aparece en los últimos lugares (135 de 139 países revisados). Pese a este panorama, la Segob no ve focos rojos y coloca este tema en semáforo en verde, con “riesgo bajo” para 2022.
Los riegos por migración son otro tema importante, calificados como riesgo alto, en color rojo, y adelantando en la prospectiva para 2022 que “continuarán los flujos de migrantes, la crisis se acentuará en NNA” (niñas, niños y adolescentes).
Este punto de la ARG aborda el tema de los derechos humanos y advierte que “la CNDH avisó de un alza de 80% en quejas y abusos en casos de movilidad humana por parte del INM, Sedena, GN y FGR. También Human Rights First apuntó que 3 mil migrantes varados en México han sido violentados”.
Esto ha sido evidente en las caravanas migrantes que han salido de Tapachula, Chiapas, rumbo a la frontera con Estados Unidos. Amnistía Internacional también desaprobó las agresiones de agentes del Instituto Nacional de Migración, lo mismo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, añade el informe.
En sus conclusiones, el documento menciona los temas abordados con menor frecuencia en comparación con los de la ARG central. Estos son los riesgos económicos vinculados a la inflación que se prevé sea superior a 4% –escenario que ya se está cumpliendo, con 6.4% de inflación estimado para el cierre del año–, la “actuación irregular (sic) de servidores públicos, que incluye: desaparición forzada por elementos de la Semar, presuntos (sic) abusos de la GN y Sedena, despidos injustificados en las Universidades Benito Juárez García (UBBJG), la censura en el Conacyt e imputación de académicos como delincuencia organizada”.
En su edición 2348, Proceso publicó el conflicto laboral que se vive en las UBBJG.
El tercer tema menos mencionado es clave en el análisis de riesgos hecho por la Segob y es el de la probable conclusión tardía de las obras magnas del sexenio. Sin abundar, la UPIAI refiere “los riesgos de construcción, operación y término en tiempo y forma de los proyectos presidenciales (Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Tren Transístmico)”.
