El año pasado la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni solicitó amparo contra las concesiones otorgadas por el gobierno federal a tres empresas mineras, subsidiarias de la estadunidense Gold Resource, para explotar el subsuelo en su territorio. Los abogados comunitarios argumentan que no se respetó el derecho a la consulta con previa información, además de que no se resarcen los daños causados al entorno. Los pobladores se dicen conscientes de que se enfrentan a una poderosa industria trasnacional y al gobierno federal, pero están dispuestos a defender sus recursos, aun si el amparo les fuera negado.
OAXACA, OAX.- Ligeros temblores sacuden el pueblo zapoteco de San Pedro Quiatoni. Las mineras taladran los suelos con barrenos, rellenan los agujeros de explosivos y los detonan.
La explotación que realizan las mineras ya alcanzaron pozos profundos, ríos y manantiales. Éstos presentan signos de contaminación con el arsénico y el mercurio utilizados para separar los metales preciosos de la roca.
Don David Gold es una de las tres empresas contra las cuales la comunidad de San Pedro Quiatoni interpuso, el 12 de febrero del año pasado, el juicio de amparo 178/2020 a fin de frenar las concesiones para explotar el subsuelo. Las otras son Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, todas subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp.
Al día siguiente el Juzgado Primero de Distrito en el estado concedió la suspensión de plano a la comunidad. Las tres empresas mineras debían suspender sus trabajos en su territorio mientras se desahoga el juicio, pero desacataron la medida judicial y continúan operando. Ahora el Poder Judicial de la Federación se encuentra en una encrucijada:
Por un lado presionan las tres mineras y la Secretaría de Economía federal, que según los pobladores ha respaldado a las empresas para interponer recursos de queja y retrasar el proceso. Por el otro, está el pueblo zapoteco, que sigue insistiendo para que el tribunal colegiado dicte sentencia sobre el amparo y exige al gobierno federal que no influya a favor de las mineras.
El juicio de amparo interpuesto por los abogados de la comunidad tiene doble carácter: “Por una parte, en defensa de nuestras tierras, territorio y recursos naturales, y por otra, en defensa de nuestros derechos territoriales como comunidad indígena zapoteca”, dice el documento inicial, al que este semanario tuvo acceso.
En el mismo, se detalla que el gobierno federal otorgó 10 concesiones mineras en la región, algunas con vigencia hasta 2054 y otras hasta 2063. Entre ellas destacan los siguientes lotes:
San Carlos, adjudicada a Desarrollos Mineros San Luis; Río Minas, a Minerales El Prado; así como las concesionadas a Don David Gold: San Miguel 1 y 2, San Luis, Zopi, Corre Caminos y El Águila I, II y III.
Los pobladores de San Pedro sostienen que dichas concesiones fueron emitidas sin respetar el derecho al territorio ni el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de la comunidad zapoteca, que cuenta con un título primordial del siglo XVIII expedido por la corona española y que el 29 de febrero de 1972 le fue reconocido mediante una resolución presidencial.
El amparo se centra en las concesiones El Águila y El Águila III, porque en sus expedientes se anuncia que operan “sobre las tierras de la comunidad de San Pedro Totolapan (…). En terrenos de esta comunidad se construyó la bocamina, pero la explotación se está realizando en el territorio de nuestra comunidad”, es decir, en San Pedro.
El recurso legal impugna “la autorización para realizar una perforación y/o plataformas de barrenación a diamante y caminos de acceso en la superficie del terreno de 426 hectáreas y/o pozo de respiración y/o bocamina en terrenos comunales de nuestra comunidad de San Pedro Quiatoni para explorar y/o explotar los recursos minerales existentes en el subsuelo de las de la superficie territorial que nuestra comunidad tiene en propiedad y posesión”.
La solicitud de amparo evidencia reportes que mencionan distintas cifras de la extracción de oro: “De acuerdo a la página electrónica de la empresa Don David Gold, en 2015 extrajo 922 kilos de oro con valor comercial de 544 millones 488 mil pesos; en 2016 logró extraer 524 kilos de oro, con valor de 392 millones 867 mil pesos. Sin embargo, de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, en 2015 (la empresa) extrajo 3 mil 681 kilogramos”, mientras que en 2016 fueron 2 mil 514.81, de acuerdo con la mencionada fuente oficial.
La comunidad tampoco ha recibido participación alguna de la utilidad ni fue indemnizada por los daños causados. Para conocer la postura de la empresa, Proceso buscó al gerente de la planta Don David Gold, Raúl Manrique Campos, quien no respondió los mensajes.
Rebeldía y defensa legal
San Pedro Quiatoni es un municipio ubicado casi 130 kilómetros al sureste de la capital del estado, en una zona montañosa rica en minerales. En 2018 personal de Don David Gold se acercó a la autoridad comunal para avisar que pretendían hacer una perforación en sus terrenos a fin de introducir oxígeno a los trabajadores de la mina.
Tenían ya la ubicación de las perforaciones. “Vamos a meter un robit (broca de perforación y explosión)”, le dijeron a la autoridad.
Aunque la boca de la mina se encuentra en la comunidad de San José de Gracia, en el municipio colindante de San Pedro Totolapan, la concesión abarca una superficie de 11 mil 623 hectáreas de tierras comunales de San Pedro Quiatoni para extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo, por lo que directivos de la empresa decidieron hacer efectiva esa licencia.
No obstante, la Asamblea General determinó no dar el permiso solicitado e inició un movimiento de resistencia legal, con abogados de la comunidad, para que “no se vendan con la empresa” y realicen su defensa como un tequio (servicio a su pueblo).
Para mostrar su fuerza, la asamblea comisionó a 3 mil 500 comuneros para realizar dos marchas pacíficas a la capital oaxaqueña, con el propósito de advertir a la trasnacional y al gobierno que defenderán su territorio.
“¡No tenemos miedo a la muerte! Quizá caigan algunos, pero es mejor que mueran sólo unos a que muera todo un pueblo, a que muera toda una cultura que somos nosotros, los zapotecos”, proclamó uno de los manifestantes en febrero de 2020.
El comunero y abogado de la comunidad, Simitrio Ruiz Martínez, fue igual de rotundo: “El pueblo está convencido de que podemos ganar por el simple argumento de la falta de consulta previa, libre e informada. En automático el juez nos tiene que dar la razón”.
Pero en caso de que la sentencia sea desfavorable a la comunidad, advierte: “Si este (juicio de amparo) nos fuera desfavorable, el pueblo no va a permitir más saqueo de sus recursos. Si el proceso jurídico fuera catastrófico, yo no sé cómo respondería la gente. Si el gobierno actúa conforme a derecho, si el juez nos da la razón, debe de suspender todo trabajo. Pero si el gobierno tolera estos actos, el pueblo se cansa.
“Sabemos las consecuencias de esta oposición a este tipo de megaproyectos. Hay persecuciones políticas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos o el enfrentamiento. Eso lo sabemos, el pueblo lo tiene bien claro y está dispuesto. Los riesgos los sabemos pero los asumimos como tales.”
Otro comunero refiere que el único objetivo es solicitar al gobierno federal justicia, “pero sabemos que todas las leyes están elaboradas para que sirvan a las trasnacionales, están hechas a modo para explotar y vender sus recursos naturales:
“Les decimos que no van a poder, el pueblo es uno solo. La comunidad agraria de Quiatoni es una sola y vamos a defender nuestros derechos hasta sus últimas consecuencias. El gobierno nos ha prometido desarrollo y hoy nos quiere brindar ese desarrollo a costa de pisotear nuestros derechos, de explotar minas.
“Cuando un ser humano destroza un edificio histórico es considerado vandalismo, pero cuando una empresa trasnacional atenta contra nuestros recursos naturales lo llaman desarrollo o progreso. Si llaman vandalismo al agredir un edificio, yo llamo genocidio el atentar contra recursos naturales.”
A más de un año del inicio del juicio, el juzgado todavía no emite una resolución. La comunidad lamenta esa lentitud y señala que existe tortuguismo judicial, pues en siete ocasiones se han diferido diligencias con el pretexto que no se han presentado las pruebas o que no se ha podido emplazar y notificar a las empresas.
El 3 de junio, la comunidad agraria de San Pedro ofreció medios de prueba para acreditar la explotación de sus recursos minerales y naturales sin previo consentimiento. Sin embargo, dichas pruebas han sido objetadas por el gobierno federal y las mineras.
“No sólo estamos luchando contra las empresas mineras, también nos estamos enfrentando a la Secretaría de Economía, a la Subsecretaria de Economía, a la Dirección General de Minas”, lamenta el abogado.
Zeferino Ruiz García, de 56 años, dice que los daños al medio ambiente ya son notorios: “Los pozos profundos ya no tienen agua. Ya ha causado daños irreparables. Sabemos que nos enfrentamos a un monstruo empresarial trasnacional, pero haremos valer nuestros derechos como pueblos originarios”.
Y revela que en Soledad Salinas, agencia municipal de San Pedro Quiatoni, “ya cae el agua muy sucia, ya no es para consumo humano. Ahí la mayoría del agua se compra en las purificadoras. Tenemos varios manantiales de donde se trae el agua, pero ya están contaminados y los terrenos de cultivo los están secando porque el agua viene del Río Grande”, el principal de esta región.
