Señor director:
En relación con la nota “Barbosa, peor que Moreno Valle”, publicada en su edición del 3 de octubre del año en curso, me permito hacerle las siguientes precisiones, a fin de que sus lectores conozcan la realidad que vive Puebla:
La administración encabezada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta es la primera en décadas que no está vinculada con la delincuencia, la ley no se negocia, se aplica, y mucho menos utiliza el poder del Estado para hacer tratos personales a conveniencia.
Somos un gobierno transparente y siempre daremos la cara para aclarar lo necesario sin caer en represiones, escuchando y atendiendo todas las voces de las y los poblanos. Los dichos, porque sólo son eso, recopilados por su reportera Gabriela Hernández distan de la realidad; Puebla vive un pleno estado de derecho y cualquier persona que se sienta agraviada puede acudir ante las instancias correspondientes para obtener justicia.
Señor Carrasco Araizaga, el gobierno del estado de Puebla en ningún momento ha perseguido a nadie por expresarse o pensar diferente, aplica la ley a cabalidad y no es omiso de sus responsabilidades.
Esta carta aclaratoria va principalmente dirigida a sus lectores que tienen todo el derecho de conocer la verdad y no sólo quedarse con las mentiras y fobias que expresa su reportera en sus textos.
Atentamente,
Verónica Vélez Macuil,
coordinadora general de Comunicación
y Agenda Digital del gobierno de Puebla
Respuesta de la reportera
Señor director:
En respuesta a la carta enviada por la coordinadora general de Comunicación y Agenda Digital del gobierno de Puebla, Verónica Vélez Macuil, tengo que puntualizar que la nota publicada se sustenta en hechos, no en dichos.
El texto da cuenta de las denuncias de grupos sociales cuyas causas y protestas son públicas en Puebla. Tan es así que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió esta semana un comunicado en el que reconoce a “Unidad por Coyomeapan” como un movimiento de lucha social de esa localidad de la Sierra Negra y pide no criminalizar a cuatro de sus integrantes presos, entre ellos Basilisa Montaño, defensora de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Dichos, los que ha emitido el gobernador Miguel Barbosa, cuando ha acusado a los pobladores de esa comunidad de quemar edificios públicos y material electoral, cuando no hay evidencia alguna de que eso haya ocurrido.
Atentamente,
Gabriela Hernández
