Una de las banderas de Miguel Barbosa en su campaña fue la crítica al gobierno panista de Rafael Moreno Valle por el uso de la fiscalía estatal y las corporaciones policiacas para reprimir a los opositores y la protesta social. Ahora, defensores de los derechos humanos, organizaciones civiles e incluso una diputada federal de Morena lo acusan de hacer lo mismo, aunque de manera más abierta y con base en mentiras, siembra de pruebas y emboscadas.
COYOMEAPAN, Pue.- El 5 de septiembre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó públicamente a habitantes de Coyomeapan, comunidad indígena en la Sierra Negra –la región más marginada de Puebla–, de haber cometido “hechos gravísimos” y de estar coludidos con Antorcha Campesina.
El mandatario morenista justificó la detención de cuatro vecinos de esa localidad nahua diciendo que ésta derivó de hechos que “todos vieron” y de los que la fiscalía estatal tiene videos y grabaciones: según él, incendiaron la presidencia municipal, patrullas y material electoral, además de golpear y secuestrar a personas.
Pero los pobladores muestran la evidencia de que el mandatario incumplió uno de los principios de la 4T, pues mintió: la presidencia, el auditorio, la comandancia, el consejo municipal, las patrullas, todo está intacto, sin señal de haber sido incendiados.
Eso sí, las instalaciones permanecen tomadas y resguardadas, porque desde los comicios del 6 de junio la mayoría de los habitantes se mantienen en resistencia contra la familia Celestino Rosas, a la que acusan de haber impuesto un cacicazgo casi 11 años y pretender perpetuarse por otro periodo más.
Desde 2011 los hermanos Araceli y David Celestino Rosas se han turnado la alcaldía de Coyomeapan –donde 93% de la población vive en pobreza–, primero por el PRI, luego aliados con el panista Rafael Moreno Valle y hoy de la mano de Barbosa Huerta, con PT y Morena.
En las votaciones del 6 de junio, el Instituto Electoral de Puebla declaró ganador al candidato del PT, el nayarita Rodolfo García López, esposo de Araceli Celestino, quien ahora es diputada federal petista por el distrito 15, con cabecera en Tehuacán, y cuñado de David, el alcalde saliente.
Los pobladores alegaron que hubo fraude y denunciaron que “los Celestinos” usaron sus “guardias blancas” para intimidar y amenazar a la población, por lo que desde entonces retienen las urnas para exigir que la autoridad electoral acuda a contar voto por voto.
Con videos que muestran a Proceso, aseguran que la toma ciudadana de las instalaciones fue pacífica y que luego de realizar un inventario de vehículos, equipo, armas y municiones, los edificios se cerraron con candados o con soldadura.
La activista Claudia Martínez, del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, relata que el 1 de septiembre funcionarios del gobierno de Puebla pidieron a una representación de este movimiento que participara en una mesa de diálogo en el Centro Integral de Servicios del municipio de Ajalpan.
Fue una emboscada, refiere, pues a la salida del evento Basilisa Montaño Gutiérrez, exconsejera consultiva de Inmujeres y defensora de los derechos de los pueblos indígenas; el maestro rural de primaria Eruviel Aguilar Gómez, y el sastre Anastacio González Sanguinez fueron detenidos por decenas de policías “como si fueran los peores delincuentes”.
Agrega que el 5 de septiembre el ciudadano Gonzalo Martínez Herrera fue detenido por policías que ingresaron en su domicilio sin mostrar mandato judicial. Además, confirmaron que hay otras 27 órdenes de aprehensión contra pobladores acusados de daños en propiedad, despojo y robo.
El 25 de septiembre, bajo una enorme carpa que instalaron en la plaza principal de esta localidad, hombres y mujeres toman el micrófono. “Aquí no hay Antorcha, no hay PRI ni PAN, somos una unidad que peleamos y defendemos nuestros derechos… somos gente que queremos un cambio en nuestro municipio”, expresa uno de los participantes del movimiento que llaman Unidos por Coyomeapan.
Entre gritos de “¡fuera los Celestinos!”, los ciudadanos reclaman la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien, dicen, apoyaron para llegar al poder– a fin de que le “jale las orejas” a Barbosa Huerta por mentir, criminalizar la lucha social y proteger un cacicazgo que ha “saqueado” este pueblo indígena.
No obstante, desde Tehuacán, Barbosa anunció que su gobierno recuperará los edificios tomados. “La fiscalía judicializó los casos y el Poder Judicial dictó las órdenes de aprehensión… No hay ningún abuso de autoridad”, afirmó.
El terror
En entrevista, Inés Parra Juárez, diputada federal por Morena, dice que en Puebla es urgente la intervención del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para poner un alto al “estado de terror” que ha impuesto Barbosa Huerta y que hace “quedar mal” a la Cuarta Transformación.
Indica que es todavía peor que una continuidad del morenovallismo –cuando se estima que hubo más de 300 perseguidos y presos políticos–, pues a diferencia del panista, que cuidaba sus declaraciones, a Barbosa no le importa tergiversar información y lanzar a diario amenazas contra todo aquel que se opone a sus intereses, a quien ve como su adversario o se atreve a alzar la voz.
Tal como ocurrió en el gobierno panista que tanto criticó en su campaña, señala, Barbosa usa a la Fiscalía General del Estado para armar expedientes y a la policía para reprimir: “La fiscalía –asegura– actúa como la Gestapo al servicio de los intereses del gobernador, que en su discurso dice una cosa, pero en los hechos hace otra”.
La legisladora revela que ha recibido denuncias de defensores del territorio y activistas de la Sierra Norte, en su mayoría obradoristas, que también son perseguidos con procesos judiciales.
Parra Juárez, representante del distrito 4, que incluye a Coyomeapan, insiste que en Puebla las instituciones están rebasadas, pues el mandatario tiene un control absoluto, por lo tanto el gobierno federal, en particular el subsecretario Alejandro Encinas, debe intervenir para evitar que se cometan más violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los poblanos, así como para liberar a los presos políticos.
Defensores y policías
El 18 de septiembre, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca de Libres-Oriental enviaron un escrito al presidente López Obrador y a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, pues se enteraron de que hay una carpeta de investigación abierta contra 50 campesinos de esa región.
Los agricultores han realizado diversas movilizaciones con cierre de carreteras en protesta por el uso de bombas antigranizo por parte de terratenientes y trasnacionales que operan en la zona y que, aseveran, han ahuyentado las lluvias, provocando la pérdida de sus cultivos.
“Parece que nuestros reclamos han provocado el enojo de los caciques de la agroindustria (algunos, políticos locales). Y parece que tampoco le han gustado al gobierno estatal, pues ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) activó el aparato judicial para reprimirnos. Quieren encarcelarnos”, dice el escrito.
Como parte de la carpeta de investigación 133/2020/Tepeyahualco, abierta por una denuncia que presentó el Grupo Autopistas Nacionales, SA, que administra la Pista Amozoc-Perote, ya llegaron citatorios a ocho participantes de las protestas y hay otros 42 señalados.
Otro caso denunciado ante la Presidencia es la detención de los policías estatales Oswaldo y Rafael N, quienes participaron, en junio de 2020, en un paro de labores de la corporación para reclamar al gobierno de Barbosa un aumento salarial que prometió en su campaña.
En octubre de ese año, 16 uniformados, identificados como cabezas de ese movimiento, fueron suspendidos, acusados por el gobierno estatal de haber filtrado a un medio de comunicación que decenas de patrullas, arrendadas por la administración barbosista, estaban paradas.
Desde entonces los policías suspendidos siguieron con su movimiento de denuncia. El 17 de agosto dos de ellos, Oswaldo y Rafael N, fueron detenidos, acusados de portar armas y drogas. Sus familiares aseguran que les sembraron esas pruebas para reprimirlos por sus denuncias contra el gobierno estatal.
Asimismo, pobladores de la comunidad de Santa María Cacalotepec, municipio de Ocoyucan, denunciaron que recientemente la FGE reactivó un proceso contra 19 ejidatarios, entre ellos dos mayores de 80 años, que se han opuesto a la venta de tierras de esa localidad al Grupo Proyecta, propietario del clúster de fraccionamientos Lomas de Angelópolis.
José Emiliano Zambrano Aguilar, defensor del territorio, fue sentenciado por el delito de privación ilegal de la libertad, en un proceso que los inconformes calificaron de amañado para favorecer intereses de empresarios poblanos ligados al poder.
Grupos de feministas y estudiantes denunciaron a su vez la detención de Yolanda Beristáin, vecina de Palmarito Tochapan, quien participó en una protesta por la detención del alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, hermano del Toñín, a quien el gobierno acusa de dirigir bandas delictivas.
Beristáin ingresó a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, como parte de una comitiva de pobladores para participar en un diálogo, pero ya no salió porque adentro elementos de la FGE ejecutaron una orden de aprehensión.
Barbosa declaró esa vez que su gobierno actuaría con cuidado, pero también con firmeza ante las protestas sociales. “En Puebla se respeta la ley, se aplica la ley, se respetan los derechos humanos y no se permite la simulación”, señaló.
Otro caso denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos es la criminalización del luchador social Eloy Méndez, quien a la fecha sigue en la cárcel junto con Isaías Romero.
El 24 de junio de 2020, policías ministeriales ingresaron con violencia a la casa de Méndez y de otros 13 integrantes de la organización Amozoc Seguro. Fueron acusados por participar el 23 de enero en una protesta ciudadana que reclamaba una auditoría contra el edil Mario de la Rosa, expastor de la iglesia Luz del Mundo, en la que, aseguran, éste infiltró grupos de choque que quemaron una patrulla y un vehículo particular.
Once de los detenidos fueron liberados porque accedieron a firmar un documento para declararse culpables y pagar los daños, pero Eloy Méndez y Romero siguen presos, pues se niegan a reconocer delitos “que no cometieron”. Otro de los procesados, Pedro Corona Soledad, obtuvo un amparo donde se asienta que no hubo elementos suficientes para justificar su detención.
La primera denuncia de criminalización de la protesta social contra el gobierno barbosista ocurrió en enero de 2020, cuando fue encarcelado Miguel López, defensor del agua en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla.
El activista fue liberado por la presión que ejercieron distintas organizaciones civiles, pero aún sigue bajo proceso junto con Alejandro Torres, defensor del río Metlapanapa.
