Exonerada de la acusación de cohecho que le fincó la fiscalía de Chihuahua en el gobierno de Javier Corral, la actual gobernadora, María Eugenia Campos, explica en entrevista que si bien pactó políticamente con el PRI para ganar la elección, no lo hizo con el exgobernador César Duarte, sino con el dirigente tricolor, Alejandro Moreno. El juicio contra aquél seguirá, pero advierte que la administración corralista “lo dejó morir”, por lo que no será prioritario en su mandato: tratará de rescatar lo que se pueda…
Sujeta a investigación y a proceso penal por un gobierno de su propio partido, hasta que logró la exoneración de un tribunal de apelación el mes pasado, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, niega que vaya a dar marcha atrás en las decenas de causas penales que se le siguen al exgobernador César Duarte, pero admite que la Operación Justicia para Chihuahua dejó de ser prioridad.
En entrevista con Proceso, Maru Campos, como se le conoce en su entidad, afirma que su alianza para obtener el triunfo en los comicios del pasado 6 de junio no la hizo con el exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente detenido en Estados Unidos, sino con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y con la excandidata priista a la gubernatura, Graciela Ortiz, por lo que descarta cualquier tipo de pacto con Duarte.
La gobernadora también reconoce que su equipo de abogados, encabezados por los extitulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, sostuvo al menos una conversación directa con el exmandatario Javier Corral Jurado para tratar de frenar las imputaciones en su contra, negociación que fracasó cuando Corral acusó a Campos de “ser socia” del abogado Juan Collado, actualmente encarcelado y vinculado a proceso por lavado de dinero, y de la secretaria de Desarrollo Social del sexenio pasado, Rosario Robles, también detenida por imputaciones de desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.
“Solté la carcajada. Le dije (a Lozano Gracia): nunca he conocido a ninguno. Viví muchos años en la Ciudad de México, pero nunca conocí a ninguno de los dos”, revira.
Afirma que las acusaciones penales en su contra por cohecho en el caso de “la nómina secreta de César Duarte” fueron fabricadas entre 2016 y 2021, sin que jamás le permitieran conocer la carpeta de investigación, y que el senador del PAN Gustavo Madero le ofreció el 17 de noviembre de 2020, a nombre del gobierno de Chihuahua, que se acogiera a un criterio de oportunidad para no ser enjuiciada.
“La única vez que pude platicar con Gustavo Madero fue aquí, en un restaurante en Polanco; ese día me ofreció el criterio de oportunidad. Corral también me mandó ofrecer la diputación federal plurinominal a cambio de que no fuera candidata a gobernadora. Corral no quería que fuera candidata, ¿cómo podía ser pilla para ser candidata a gobernadora y no para ser candidata a diputada plurinominal?”
–¿Cómo se lo ofreció Madero? Porque se supone que él no tiene intervención en un caso judicial –se le cuestiona.
–Tampoco el gobernador podía. El criterio de oportunidad sólo lo ofrece la fiscalía. Madero era senador y él decía que con la detención de César Duarte iban a salir muchas cosas y que yo iba a estar en problemas, así que me ofreció el criterio de oportunidad antes de que me metieran a la cárcel. Y le dije: “Gustavo, no hay nada, ¿cómo se te ocurre?”.
No obstante, rechaza que vaya a perseguir al exgobernador Corral, a quien señala directamente como el responsable de lo que califica como “una persecución política” en su contra, misma que se habría maquinado con recibos falsificados por parte del exfiscal César Peniche, según peritajes aportados por su defensa, y los fallos de jueces de consigna que acataban las órdenes del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos.
“El tema es que no había justicia, era lo que el gobernador quería, se usaban las instituciones, tanto la fiscalía como el Poder Judicial. Lo tengo que decir, con mucho respeto a jueces, magistrados y al presidente del tribunal, a quien conozco desde hace más de 30 años”, denuncia.
La entrega de bienes
Uno de los primeros cuestionamientos a los que se ha enfrentado la gobernadora Campos es el desistimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de un procedimiento de extinción de dominio contra 10 propiedades del exgobernador Duarte Jáquez, así como algunos de sus coimputados, como el exdiputado federal Antonio Enrique Tarín García.
El desistimiento se dio mediante un oficio enviado por la FGE al juez octavo civil de Audiencias y especializado en extinción de dominio, de Chihuahua, desde el pasado 29 de agosto, es decir, 10 días antes de que Maru Campos tomara posesión.
Junto con el desistimiento de la extinción de dominio se le solicitó al juez de la causa “que se levante la medida cautelar de aseguramiento de bienes decretada por su señoría en el expediente del rubro citado”.
La mandataria de filiación panista agrega que la “liberación” de esos bienes debe ser explicada por el exgobernador Corral, ya que el oficio que cancela la extinción de dominio fue emitido durante la gestión del anterior fiscal, César Peniche, con base en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la invalidez de varias porciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio utilizadas para sustentar el procedimiento contra Duarte y sus coimputados.
Considera que el gobierno de Corral dejó morir el caso y por tanto la administración que ella encabeza no tendrá mucho margen de maniobra para recuperar “lo que pueda y lo que sirva” de los bienes que Duarte y coacusados habrían obtenido de manera ilícita mediante el desvío millonario de recursos públicos.
Sin embargo, en una entrevista con el diario Reforma, Javier Corral y César Peniche advirtieron que los bienes se mantienen asegurados o embargados por la FGE, ya que el desistimiento del procedimiento de extinción de dominio sólo representa un cambio de “estrategia jurídica”.
La otra justicia
Artífice de la Operación Justicia para Chihuahua contra el exgobernador Duarte Jáquez, el exsecretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y de la fallida causa penal contra Maru Campos, el exfiscal Peniche optó por renunciar al cargo.
A propuesta de Maru Campos, el encargado de despacho Roberto Fierro Duarte ha sido designado nuevo fiscal del estado y entre sus pendientes está el de concluir las causas penales iniciadas contra Duarte y decenas de sus colaboradores.
La gobernadora reconoce abiertamente que se trata de una designación suya y que la actuación de la FGE se va a concentrar en la persecución de delitos violentos o relacionados con el crimen organizado. Incluso, admite que los procesos penales contra Duarte ya no serán una prioridad de la justicia chihuahuense.
–¿Qué va a pasar con Duarte ahora que usted ganó e hizo esa alianza con el PRI?
–Por eso Maru Campos nunca le firmó sus informes, las cuentas públicas; por eso denuncié, por ejemplo, un teleférico que siempre ponían en el presupuesto de egresos y todavía ahora el alcalde de Parral me dijo: “Ayúdeme a terminar el teleférico”. O sea, después de 500 millones de pesos y no se tiene, pues claro, la corrupción de Duarte era evidente, yo no tengo ninguna duda, se veía en Chihuahua. La alianza con el PRI fue con la candidata a gobernadora y con Alejandro Moreno, no con Duarte. Yo no tengo ninguna comunicación con Duarte.
Añade que sólo se vio con Duarte Jáquez en tres ocasiones y que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando ella era diputada federal, se enfrentó al priista en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, por lo que Emilio Gamboa le advirtió que dejará en paz “a su próximo gobernador”. “Si acaso teníamos una relación, era de bullying”, comenta.
Sobre el caso de Alejandro Gutiérrez, condenado por un juez de primera instancia a nueve años de prisión, afirma que tampoco se va a desistir de los procesos penales en su contra: “Haré lo que me mandate la ley”.
Y abunda: “Debemos tratar de hacer la justicia conforme dicen las leyes, pero también con lo que dice el sentido común. Entonces, de mi parte lo que se tenga que hacer con La Coneja (sobrenombre de Alejandro Gutiérrez), con Duarte, con quien sea… Yo tengo que hacer lo que expresamente me permite la ley, no puedo hacer que las instituciones persigan a nadie porque me cae mal”.
A pesar de que niega cualquier intromisión en los procesos penales pendientes contra los priistas Duarte y Gutiérrez, acepta que le dará instrucciones al nuevo fiscal para que siga los procedimientos conforme a la ley y sin presionar a jueces y magistrados, como habría ocurrido en su caso.
“Necesitamos un Poder Judicial fortalecido. Es una vergüenza que yo te esté diciendo que había jueces de consigna y me apena, yo respetaba al Poder Judicial y lo sigo haciendo, pero hay gente que se dejó presionar. Hubo mucha violencia psicológica; lo hicieron conmigo, mi mamá y mi hermano. No quiero saber qué le hicieron a los jueces de consigna, los chantajearon, los presionaron… no sé.”
Deficiencias del Ministerio Público
La sentencia definitiva para limpiar el expediente de la gobernadora de Chihuahua se dictó el pasado 7 de septiembre, 24 horas antes de que tomara posesión.
El magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, concluyó en la audiencia de apelación que la vinculación a proceso de María Eugenia Campos por el delito de cohecho se hizo mediante una deficiente imputación del Ministerio Público, debido a que no se logró acreditar que entre 2014 y 2015, como diputada local, recibiera 8 millones 180 mil pesos en efectivo para apoyar las iniciativas del entonces gobernador César Duarte, así como 1 millón más que supuestamente se habría depositado en cuentas de su hermano Manuel Campos Galván.
De acuerdo con el fallo, el Ministerio Público presentó argumentos genéricos sobre el supuesto apoyo de Campos a Duarte en su labor como diputada local, ya que la imputación no precisa qué iniciativas apoyó la entonces legisladora para beneficiar al mandatario priista.
Por lo anterior, el magistrado advierte que no hay claridad sobre lo que hizo o dejó de hacer la legisladora para beneficiar a César Duarte.
“Aun considerando que la actividad que se dice negociada estuviera exclusivamente ligada a la emisión de votos o abstención de hacerlo, se desconoce, del listado aportado por el Ministerio Público, en qué iniciativas y decretos votaron a favor, cuándo no lo hicieron y de qué manera ello favoreció (al gobernador), cuándo se ausentaron –según se dice– para que no hubiera oposición y cuándo se establecieron acuerdos y consensos adicionales a los que menciona el MP en la audiencia de origen”, se lee en el fallo al auto de vinculación a proceso que fue revocado.
Más adelante el impartidor de justicia agrega “que no hay dato de prueba directo” de un pacto entre Maru Campos con César Duarte y que no se puede tramitar un proceso penal “con base en meras sospechas y especulaciones, esto es sin respetar el grado de precisión exigida por las normas constitucionales”.
A pesar de que la defensa de la ahora gobernadora aportó tres peritajes para acreditar que las firmas de los supuestos recibos que habría firmado al recibir los presuntos sobornos fueron falsificadas, en la apelación no fueron motivo de análisis, ya que la revocación del auto de vinculación a proceso se centró en la falta de elementos probatorios de la conducta tipificada.
La conclusión del magistrado Carrasco Borunda fue que “al no estar satisfechos los requisitos de fondo que para dictar el auto de vinculación a proceso… esto es que de los antecedentes expuestos por el MP se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como cohecho, lo procedente es que el auto apelado sea revocado, a efecto de decretar en su lugar el auto de no vinculación a proceso de María Eugenia Campos Galván por cuanto al referido ilícito”.
