En 2012 la Universidad de las Américas Ciudad de México, representada por su entonces rector Alejandro Gertz Manero, compró una casa en Las Lomas como pago a él mismo por un supuesto adeudo de la institución educativa. Además de que la adquisición parece contradecir los estatutos de la UDLA, la residencia forma parte de los bienes que el actual fiscal general no ha hecho públicos, con el resto de su declaración patrimonial.
El fraccionamiento es casi impenetrable. Sólo ingresan los residentes y sus invitados. Las entradas de esta privada en la exclusiva área de Las Lomas, en la Ciudad de México, están vigiladas por policías y en las laberínticas calles patrullan camionetas de seguridad privada. En uno de los retornos, siete agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y cuatro autos Dodge Charger blancos resguardan una enorme residencia. Es uno de los secretos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
En 2018 el funcionario se hizo de una propiedad en un exclusivo fraccionamiento de alta plusvalía en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero desde que asumió su cargo actual en 2019 no ha hecho público su patrimonio.
Este semanario acudió a la propiedad antes descrita, pero por seguridad del funcionario y para no vulnerar sus datos personales, se omite la ubicación exacta.
La reportera solicitó una entrevista con el fiscal a través del área de comunicación de la FGR, pero no hubo respuesta.
El 29 de octubre de 2012 la Universidad de las Américas, A.C. (UDLA), representada por su entonces rector Alejandro Gertz Manero, compró el terreno de 451.11 metros cuadrados con uso de suelo habitacional por 4 millones 950 mil pesos, de acuerdo con el folio 461377 del Registro Público de la Propiedad (RPP).
Seis años después, la asociación civil pagó con esa residencia un supuesto adeudo que tenía con Gertz Manero, quien –según el domicilio que presentó al momento de la operación– residía en la casa colindante.
Gertz Manero es rector de la UDLA en la Ciudad de México desde 1995 y mantiene el cargo en esta institución privada hasta la fecha, de acuerdo con el organigrama del centro educativo, aunque en la experiencia laboral que asentó en su declaración patrimonial señala que fue rector de esa universidad hasta 2018.
Esa casa de estudios sostiene una disputa desde 2007 por el registro y el uso de la marca “Universidad de Las Américas” en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP).
La Universidad de las Américas, A.C., fue fundada en 1940 en la Ciudad de México. En 1966, en Cholula, abrió sus puertas la Universidad de las Américas Puebla. Ambas instituciones se separaron legalmente en 1985, luego de un conflicto institucional. Desde 2000 el hoy fiscal comenzó a tomar el control total de la UDLA capitalina mediante actos de dominio.
Como rector, Gertz Manero compró en 2012 la residencia que unos días antes iba a ser adquirida a título personal por una de sus tres hijas, Alejandra Gertz Loizaga, quien desde 2014 es asociada de la UDLA.
El 11 de octubre de 2012, ante el notario público de su confianza, Francisco Javier Arce Gargollo, se dio un primer aviso preventivo de compraventa del inmueble de folio 461377 a favor de Gertz Loizaga. Pero el día 22 del mismo mes Arce Gargollo emitió otro aviso a favor de la UDLA; el 30 se canceló el primer aviso a favor de Alejandra y la residencia fue adquirida por la UDLA.
Los estatutos de la Universidad de las Américas (número 102,873, formalizados también ante el notario público Javier Arce Gargollo) establecen que, para cumplir sus objetivos exclusivamente “educativos, y caritativos”, la asociación podrá adquirir bienes muebles e inmuebles, pero el “patrimonio de la asociación se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social”.
Sin embargo, el domicilio que Gertz Manero adquirió con la universidad nunca ha tenido un uso educativo o cultural, sólo residencial.
El artículo 13 de los estatutos, sobre conflicto de interés, señala como norma permanente e invariable de los asociados el no tener ningún interés empresarial, contractual, profesional ni financiero con la institución, que pudiera dar como resultado un conflicto de interés o un daño patrimonial a la misma.
Opacidad institucional
El 24 de agosto de 2018 la Universidad de las Américas, A.C., reconoció un adeudo con Alejandro Gertz Manero, que al 31 de julio de ese año ascendía a 14 millones 483 mil 163 pesos, “derivado de diversos préstamos que recibió de este último en diversas partidas, mismo que acredita con los estados financieros”, según un documento del RPP.
Ese 24 de agosto, un mes antes de que comenzara a filtrarse su nombre como quien sería designado el primer fiscal tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 1 de julio, la UDLA, representada por Gertz Manero, dio en pago a él mismo el inmueble con valor de 8 millones 150 mil pesos, quedando un adeudo de 6 millones 333 mil 73 pesos.
Un avalúo independiente solicitado por esta reportera, con base en los precios de propiedades de la zona como referencia, arrojó que el valor promedio de la residencia en la actualidad ronda entre los 35 millones de pesos: el terreno en 22.5 millones de pesos y la construcción en 12.2 millones.
Este inmueble, así como otro ubicado en Lomas de Chapultepec, que le heredó su madre Mercedes Manero de Gertz, según el folio notarial 1347939, no han sido transparentados en sus declaraciones patrimoniales como servidor público.
Al fallecer la señora Manero, el 6 de septiembre de 1999, dejó a su hijo Alejandro como albacea único y universal heredero, según el documento de adjudicación por herencia ante al RPP, del que este semanario tiene copia.
En 2015, Gertz Manero notificó al RPP que adjudicaba para sí mismo la residencia conocida popularmente como “la casa blanca” en Paseo de la Reforma, en Las Lomas, donde creció junto a su hermano Federico, quien murió ese año. Pero la casa fue demolida y actualmente es un imponente edificio de oficinas en renta.
En su página web el edificio se anuncia con vista al bosque de Chapultepec, 3 mil 735 metros cuadrados de superficie rentable, 166 cajones de estacionamiento, sistema de seguridad con circuito cerrado en todos los niveles del edificio, telecomunicaciones de fibra óptica “de vanguardia” y un premio arquitectónico del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de las Américas Ciudad de México.
En 2020 su declaración también ocultó lo referente a su patrimonio y conflicto de interés, pese a que, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
Según el acuerdo de 2018 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las declaraciones son públicas, salvo algunos campos que corresponden a la información personal, considerada legalmente como confidencial.
En 2019, como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la FGR, cargo en el que fue designado por el presidente López Obrador, en tanto era ratificado por el Senado como fiscal general, tampoco hizo públicos sus datos patrimoniales. Lo anterior de acuerdo con el portal Declaranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El 29 de abril de 2020, después de que la Ley Orgánica de la FGR dio autonomía técnica y de gestión a su Órgano Interno de Control (OIC) para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo A/OIC/003/2020 para recopilar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la fiscalía en su propio sitio, DeclaraFGR, en lugar de Declaranet, gestionado por la SFP.
DeclaraFGR es un sistema interno y no permite las búsquedas públicas como ocurre con Declaranet; hay que realizarlas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En su más reciente informe a la Cámara de Diputados, el OIC de la dependencia, a cargo de Arturo Serrano Meneses, señaló que en el ejercicio 2020 se presentaron 21 mil 923 declaraciones patrimoniales y en 2021 unas 22 mil 168 en la modalidad de “modificación”, lo cual representa 93% de los funcionarios de la FGR.
Trayectoria en el servicio público
Nacido en 1939, Gertz Manero es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que tiene un certificado, y por la Universidad de las Américas A.C., y por Mount Union Collage, Alliance, Ohio, de las que tiene constancia, según los datos curriculares que registró en Declaranet.
Su experiencia laboral ha sido prácticamente en el sector público, excepto por su rectorado de UDLA. En 1963 ingresó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como asesor jurídico, a la par que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En los setenta fue agente del Ministerio Público y luego oficial mayor de la Procuraduría General de la República.
Asimismo fue el primer coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico de 1975 a 1976, y de ese último año a 1983 se desempeñó como procurador general de la Defensa del Trabajo.
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles de 1998 a 2000, se sumó al gobierno de Vicente Fox Quesada de 2000 a 2004 como secretario de Seguridad Pública federal. En su primer año le tocó la primera fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande.
También fue diputado federal por el partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, de 2009 a 2012.
En 2017 su nombre y el de su hermano Federico aparecieron vinculados a la sociedad de inversión Jano Ltd., establecida en 1995 en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. Federico como el presidente de la estructura offshore y Alejandro como vicepresidente desde 1998, según la investigación Paradise Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), tras revisar más de 6 millones de archivos internos del despacho Appleby, de la que Jano Ltd., era cliente desde 2006.
En entrevista con Proceso –que fue parte del equipo de la investigación Paradise Papers– en la oficina de la rectoría de la Universidad de las Américas, Gertz Manero negó tener conocimiento de la existencia de la sociedad y dijo que su hermano gestionaba los bienes y la fortuna de la familia.
Gertz Manero será fiscal general de la República hasta diciembre de 2027.
