Pese a las abundantes lluvias de las últimas semanas, las principales presas mexiquenses registran su nivel más bajo en los últimos años. Ello se debe no sólo al cambio climático, la deforestación del entorno, sino sobre todo al boom inmobiliario. Hay alrededor de 200 ranchos en áreas naturales protegidas que cuentan con embalses artificiales. Es que a los empresarios y políticos adinerados ya no les basta con fastuosas casas de campo, quieren que éstas tengan lagos privados, varios de los cuales fueron construidos violando las normas ambientales y han provocado severos daños al hábitat natural.
VALLE DE BRAVO, EDOMÉX.– Las copiosas lluvias de las últimas semanas en el Estado de México han sido insuficientes para recuperar los niveles en la Presa de Valle de Bravo, uno de los embalses que surte los requerimientos de agua potable en los valles de México y Toluca.
En buena medida, el líquido no desemboca en el lago porque manantiales y ríos se desvían a embalses particulares –que los vecinos estiman en dos centenas– para los ranchos de los potentados, muchos de los cuales no se apegan a la norma ambiental, los requerimientos técnicos ni a la legislación establecida, pese a ubicarse en áreas naturales protegidas.
Pueblo mágico
Su cercanía con la capital del país (en promedio, de hora y media desde la salida de la Ciudad de México) y la belleza escénica que proporcionan la presa Miguel Alemán, sus áreas boscosas, ríos y manantiales han hecho de Valle de Bravo una zona de alta plusvalía, donde proliferan las casas de descanso de políticos y empresarios.
En las páginas electrónicas de las inmobiliarias, las propiedades cercanas al lago se cotizan en dólares y, dependiendo de ubicación y extensión, los ranchos oscilan entre los 20 y los 75 millones de pesos en promedio; en algunos casos incluyen sus propios manantiales, como uno de los ofertados en 33 millones de pesos por VBrealtors en la colonia Pipioltepec, cuya extensión es de tres hectáreas.
Los manantiales ya no bastan a los adinerados; muchos han optado por construir sus lagos artificiales privados. Este fenómeno, según los lugareños, ha tomado mayor fuerza en los últimos años, lo que a su vez repercutió –junto con el cambio climático, la deforestación de la zona y el boom inmobiliario– en la baja histórica en los niveles de la presa principal.
La disminución del caudal desde hace alrededor de tres años comenzó a inquietar a los lancheros y a quienes subsisten del turismo, sobre todo el acuático, por lo que Capitanía de Puerto se dio a la tarea de realizar, entre otras acciones, una búsqueda satelital que arrojó el descubrimiento de al menos 30 nuevas presas en ranchos de acaudalados.
Vecinos y activistas refieren que para mediados de 2021 los lagos artificiales ya son cerca de dos centenas, aunque el registro es impreciso porque las autoridades no incluyen los irregulares.
En una búsqueda de cinco minutos efectuada en Google Maps se detectó al menos una decena: el rancho La Pausa tiene dos embalses; el San Ramón, tres; El Arreo, dos; en el Avándaro, hay de uno a tres, pues la imagen satelital no establece límites de la propiedad; Muuu mi Granjita tiene al menos uno.
Al lunes 13, el monitoreo del Sistema Nacional de Información del Agua muestra una ligera recuperación en el caudal de la presa Miguel Alemán, pero para esa fecha su nivel de almacenamiento aún era de 46.9%, el más bajo de los últimos 30 años, como lo advierten los habitantes.
Junto con la de El Bosque y Villa Victoria, la de Valle de Bravo almacena el agua que surte 37% del consumo en la Ciudad de México y también soporta el servicio del Valle de Toluca. La disminución en su capacidad ha derivado desde 2020 en reducciones periódicas, servicio intermitente o a baja presión, así como recortes en el suministro a ambas metrópolis.
Daños ecológicos y materiales
El viernes 3, previo a la inauguración en yates, se fracturó un lago de casi una hectárea cuadrada del rancho Los Manantiales, propiedad de la familia Torrado, dueña del consorcio restaurantero de marcas globales Alsea, con sucursales en México, Latinoamérica y Europa. Los vecinos refieren que el embalse tenía por objeto el recreo y estaba previsto para el esquí.
El agua que escapó del embalse ubicado en la comunidad Los Álamos, Acatitlán, derribó árboles y arrastró lodo que casi obstruyó la salida del agua del manantial Los Álamos 1, azolvó y desbordó el río El Molino, además de causar daños a unas 40 propiedades.
Además, dejó a los vecinos sin servicio de agua potable una semana. El alcalde Mauricio Osorio Domínguez aseguró que el miércoles 8 el suministro quedó restablecido, pero en redes sociales los vecinos alertaron que en algunas localidades como Fontanas, La Joya y Colorines eso no había ocurrido. En la zona de Avándaro, refieren, se restauró hasta el sábado 11.
Para el ambientalista Juan Pablo Madrid Irueste lo más delicado del incidente es el deterioro ecológico, pues además se corre el riesgo de que el manantial, que forma parte de la dotación de agua para el servicio humano, se seque si no se desazolva y restaura de manera urgente.
El Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo (OCVBA) alertó que esta obra se encuentra dentro de un Área Natural Protegida de competencia federal, denominada “Zona Protectora Forestal los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec”, y en otra de dominio local que lleva por nombre Parque Estatal “Santuario del Agua”.
Por tanto, para los activistas es necesario restringir, en esa zona, los cambios de uso de suelo, la apertura de bancos de material, senderos y caminos, a fin de prevenir la destrucción de hábitats, fragmentación y alteración de sus características físicas y biológicas.
Lejos de ello, plantearon, la ruptura de “uno de los tantos lagos artificiales que se construyen sin las licencias ni autorizaciones correspondientes” sufrió una fisura por la que se desbordaron miles de litros de agua que inundaron sembradíos, propiedades privadas y azolvaron el río El Molino, que desemboca en la presa de Valle de Bravo.
Según ellos, las afectaciones económicas y ambientales pudieron evitarse si las autoridades hubieran atendido en tiempo y forma las denuncias populares promovidas ante las procuradurías federal y estatal de Protección al Ambiente (Profepa y Propaem, respectivamente).
Al considerar que la obra afecta la capacidad de recarga, captación, escurrimientos superficiales y las fuentes más importantes de generación y almacenamiento de agua, además de dañar la cobertura forestal, los vecinos exigieron la cancelación definitiva, que se impongan las sanciones correspondientes y se subsane el daño ambiental.
Y como la inconformidad se mediatizó, la Profepa actuó con celeridad e informó al OCVBA que clausuró la construcción del lago con superficie aproximada de 8 mil metros cuadrados mientras la Unidad Jurídica de la delegación Estado de México determina “el resolutivo que en derecho proceda”.
La decisión deriva de que “no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental para obras dentro de Área Natural Protegida (ANP) y una superficie afectada en el bosque de aproximadamente 7 mil 500 metros cuadrados por el desagüe del lago causado por el derrumbe o deslizamiento accidental del bordo de contención del lago, lo que provocó erosión en el suelo forestal y derrumbe de arbolado y vegetación secundaria…”.
Al responder a la solicitud de información con folio 0001600159921, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admitió que la propiedad sólo contaba con autorización para una línea de transmisión eléctrica, mientras una búsqueda en la Gaceta Ecológica realizada por el observatorio arrojó que en la zona denunciada no existe trámite, autorización o licencia ambiental para la construcción de la presa privada.
Influencias
En la comunidad El Capulín, Avándaro, que también es parte del ANP, el Observatorio Ciudadano detectó la construcción de otra presa que es parte del desarrollo Sttupa Ranch, pero carece de autorizaciones de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, licencias de construcción y concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que urgió a las autoridades a actuar con la misma diligencia.
Los vecinos, el OCVBA y la organización Sé la Voz de la Naturaleza incluso lanzaron una convocatoria vía change.org para reunir firmas y detener el proyecto, debido a que su uso de suelo tiene categoría SSRN12, con una única licencia para 14 hectáreas que “prohíbe estrictamente el derribo de árboles… (y) la realización de cualquier obra o acción que obstaculice, desvíe o interrumpa los cauces naturales de corrientes de agua (ríos, arroyos o escurrimientos) existentes en el territorio”.
El Programa de Manejo del Área Natural Protegida además impide abrir brechas o caminos; rellenar, interrumpir, desecar o modificar los cauces naturales de los ríos, arroyos, corrientes, manantiales; así la tala o desmonte de la vegetación marginal de cuerpos de agua y el uso de maquinaria pesada.
No obstante, acusaron: “de enero de este año a la fecha se han derribado un sinnúmero de árboles, algunos de más de 50 años de edad, y mayores a los 40 metros de altura, se han desviado los cauces de ríos para lo que se presume será un lago privado y se han llevado a cabo impunemente durante más de ocho meses movimientos de tierra y maquinaria pesada, así como apertura de nuevos caminos”.
Por estas razones, el 5 de marzo pasado el observatorio pidió a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) intervenir en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental y presentar las denuncias correspondientes. A la fecha, “la Conanp no ha informado acerca de las acciones que implementó”.
El 24 del mismo mes, el OCVBA denunció ante la Profepa los cambios de uso de suelo de terrenos forestales a otros para la construcción de este proyecto inmobiliario. La querella con el expediente PFPA/17.7/2C.28.2/00011-21 se amplió el 1 de mayo.
La dependencia impuso medidas de seguridad para tratar de impedir la construcción de una barda perimetral, un camino y un terraplén, pues admite que para estas tres obras se removió vegetación forestal en más de 2 mil metros cuadrados y derribaron más de 40 árboles de entre 30 y 65 centímetros de diámetro que arrojan un volumen de más de 25 metros cúbicos. Esta cantidad es seis veces superior a los cuatro metros cúbicos previstos como delito en el artículo 419 del Código Penal Federal.
Las restricciones de la Profepa, sin embargo, precisaron los activistas, no aplican para la totalidad del proyecto; además, expusieron, la dependencia se ha negado a realizar otra visita de inspección para corroborar que las medidas de seguridad sean cumplidas, pese a que se siguieron presentando denuncias porque las obras continúan.
El 24 de marzo los pobladores denunciaron ante autoridades municipales el incumplimiento de licencia de uso de suelo y construcción. El ayuntamiento respondió fuera de término y afirmó que no encontró el proyecto en la ubicación señalada. Después se amplió la denuncia para volver más precisas las coordenadas, pero la autoridad no ha informado sobre “sus actuaciones”.
Adicionalmente, el 15 de abril se promovió denuncia ante la Propaem por obras y actividades en un área natural protegida; la autoridad realizó visita de inspección e inició procedimiento sancionador; sin embargo, no hay mayores avances.
Los vallesanos consideran que Propaem, Profepa y el ayuntamiento han sido omisos al no investigar y sancionar la totalidad de obras y actividades en el predio denunciado, y porque sólo se realizó una visita de inspección durante más de seis meses sin verificar que el proyecto se está ampliando de forma irregular, por lo que se ampararon.
Hasta ahora no ha habido respuesta a las denuncias promovidas el 8 de julio ante la Conagua por afectaciones y el desvío de cauces naturales.
El activismo obligó al responsable del proyecto Sttupa Ranch a tramitar autorización de impacto ambiental de modalidad particular ante la delegación de la Semarnat, pero le fue negada.
Para integrantes del OCVBA la edificación de lagos artificiales en condiciones irregulares es posible porque detrás “hay personas con mucha influencia que son las primeras que se saltan la ley”.
