Si bien es cierto que la voluntad política del gobierno de la 4T ha permitido al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acceder a archivos militares que les negaron con Enrique Peña Nieto, “sí nos hemos encontrado con resistencias que tienden a proteger el trabajo anterior, en fiscalía y en unidades de inteligencia”, dice la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago. La integrante del GIEI habla, además, de las nuevas líneas de investigación sobre la participación de militares y la manipulación del caso que aún encubre a personajes clave.
BOGOTÁ.–Siete años después de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, los investigadores del caso intentan “desenredar” los nudos y “pruebas falsas” que dejó la Procuraduría General de la República (PGR) del sexenio de Enrique Peña Nieto para impedir el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad y proteger a los máximos responsables.
En ese camino sobre el cual hallaron “muchas evidencias fundamentales destruidas” han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan a establecer los sitios en los cuales fueron arrojados los restos de los estudiantes –uno de ellos es la Barranca La Carnicería, pero “hay otros”– y a determinar el grado de participación de varios militares en esos hechos, a partir del análisis de documentos castrenses que los investigadores han revisado, por primera vez, en los últimos meses.
Así lo explica la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en la investigación del Caso Ayotzinapa, y factor clave, por el conocimiento que tiene del expediente, para reorientar una averiguación que funcionarios del gobierno de Peña Nieto decidieron “desviar con el fin de mantener oculto el paradero de los muchachos”.
En entrevista con Proceso, Buitrago Ruiz dice que “lo más difícil” en la nueva fase investigativa del Caso Ayotzinapa, que se inició en 2019 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido “enderezar una indagación que dejaron deliberadamente torcida”.
Y explica que “aquí ha tocado luchar para conseguir nuevos datos, nuevos documentos, nueva información, por el daño que hicieron, ya que todo se fue al traste, porque dejaron la investigación sin piso”.
Por eso, señala, la Unidad Especial de la Fiscalía para el Caso Ayotzinapa, que dirige Omar Gómez Trejo, y el GIEI también trabajan para determinar “a quién o a quiénes” intentaban proteger la PGR, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, que llevó el caso el sexenio pasado) y colaboradores de Peña Nieto.
“Ahora no puedo contestar a quiénes defendían los que construyeron la ‘verdad histórica’, que ni es verdad ni es histórica, porque esto está en averiguación”, dice la exfiscal y doctora en derecho y en sociología de la Universidad Externado de Colombia.
Lo que sí es un hecho es que en los últimos meses los investigadores –la propia Buitrago entre ellos– han tenido acceso a archivos militares que en el sexenio pasado estuvieron vedados.
“Era información oculta –afirma–, y acceder a ella ha sido posible porque el presidente ordenó que pudiéramos entrar a los cuarteles. Él ha tenido esa voluntad política, y también el subsecretario (de Gobernación) Alejandro Encinas, quien es un funcionario comprometido con los derechos humanos y ha hecho esfuerzos para romper estructuras muy acartonadas que obstaculizaron la investigación en el pasado”.
“Nosotros ya entramos a conseguir información directamente a los batallones y eso nos ha permitido conocer hechos que eran desconocidos, que están en evaluación y que nos han permitido avanzar y encontrar novedades.”
–¿Han tenido acceso total a los archivos militares del Caso Ayotzinapa?
–A todo lo que yo quisiera no, pero a mucho sí, y eso nos ha ayudado en la investigación.
–¿La voluntad política encuentra resistencias institucionales?
–Sí. Hay campos en los que la voluntad política encuentra un freno, y puede ser el caso de unidades internas en las que bien porque hay círculos que vienen de aquella época (el sexenio pasado), o bien porque no se les da la gana, pues no acatan, ¿me entiendes?
–¿También hablamos de unidades internas de la Fiscalía?
–Sí, correcto, cuando hablamos de la SEIDO (que llevó el Caso Ayotzinapa el sexenio pasado) es Fiscalía. La Fiscalía es un mundo y, como dicen en mi tierra, “una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo va a montar”. Pero sí nos hemos encontrado con resistencias en círculos que tienden a proteger el trabajo anterior, en fiscalía y en unidades de inteligencia.
–¿Pero los archivos militares que han visto les han permitido descubrir hasta dónde participaron los militares en la desaparición de los estudiantes y la cantidad de oficiales involucrados?
–Ese punto está en investigación y no se puede decir nada porque estamos en camino de conseguir esos elementos probatorios. Es un punto que necesitamos mantener protegido por muchas razones… Ya llegará el momento.
Múltiples escenas del crimen
Como integrante del GIEI, Buitrago ha investigado desde 2015 la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ha visitado Iguala, donde ocurrió la desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, y todos los municipios y lugares mencionados como probables paraderos de los jóvenes. Además, ha leído miles de páginas del expediente del caso.
El martes 21 estuvo en la Barranca La Carnicería, donde se han encontraron unos 200 fragmentos óseos humanos que en seis casos resultaron viables para ser sometidos a estudios genéticos en la Universidad de Innsbruck y que han permitido identificar, hasta ahora, a dos normalistas: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
El testigo Juan
De acuerdo con la integrante del GIEI esos hallazgos fortalecen la línea de investigación que indica que los restos de los normalistas fueron dejados –presuntamente por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos– “en lugares diferentes”, uno de los cuales es la Barranca La Carnicería.
“Tenemos datos confirmados, evidencias, testimonios, seguimiento de pistas e investigaciones que nos indican que se utilizaron distintos métodos para deshacerse de los muchachos y que eso nos puede llevar, en un momento dado, a encontrar restos en lugares diferentes”, dice Buitrago.
De hecho, “hay otros lugares” donde habría restos de los normalistas, “pero no los puedo mencionar”. El martes 21 el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dijo a periodistas en la Barranca La Carnicería que se desarrollan 53 acciones de búsqueda de los estudiantes en ocho municipios de esa zona.
De acuerdo con Buitrago, los fragmentos de normalistas encontrados en la barranca no habían sido expuestos al fuego, lo que echa por tierra la tesis –defendida por el mismo Peña Nieto– de que los 43 estudiantes fueron conducidos al basurero de Cocula y allí fueron incinerados. Los nuevos hallazgos indican que los jóvenes fueron desaparecidos con métodos diversos y en lugares diferentes.
El GIEI y la fiscalía para el Caso Ayotzinapa investigan, por ejemplo, si algunos de los cadáveres de los estudiantes fueron diluidos con ácido fluorhídrico y sosa cáustica y posteriormente vertidos en el drenaje.
Un testigo protegido, identificado como Juan, ha declarado, según versiones filtradas a medios este año, que el 26 y 27 de septiembre de 2014 algunos de los 43 normalistas fueron detenidos por militares que los llevaron al 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego los entregaron –a algunos ya muertos– a Guerreros Unidos, que diluyeron algunos cadáveres con químicos e incineraron otros en la funeraria “El Ángel” de esa ciudad.
Entre los militares implicados en esos hechos, Juan mencionó al capitán José Martínez Crespo, quien fue detenido en noviembre pasado. Además, dijo que oficiales del Ejército, policías federales, ministeriales y locales, y autoridades estatales, estaban en la “nómina” de Guerreros Unidos.
Buitrago dice que se han revisado los sitios que ha señalado el testigo protegido y que hasta ahora los hallazgos han corroborado “que lo que ha dicho ese señor en relación con los lugares es cierto, y, si es cierto, no pudo haber ocurrido ese día lo que dijeron (en el sexenio anterior) que había ocurrido” en el basurero de Cocula, donde según Juan policías estatales sembraron evidencias para desviar la investigación hacia ese punto.
Realidad, no verdad
La abogada colombiana, conocida en su país como “la fiscal de hierro” por investigar y encarcelar a altos oficiales del Ejército responsables de 11 desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, tras un asalto a ese recinto por parte de la guerrilla del M-19, cree que, pese a todos los obstáculos que ha enfrentado el Caso Ayotzinapa, es posible llegar a la verdad.
“La pretensión es que los padres de los 43 muchachos sepan qué pasó con sus hijos –asegura–, y eso es factible porque hay coherencia en la información y en las líneas que estamos trabajando. Sabemos qué pasó con los 43 jóvenes hasta que se los llevan en varios grupos, sabemos quiénes se los llevan, pero ¿qué pasó de ahí en adelante, y quiénes intervinieron? En eso estamos avanzando y próximamente habrá noticias.”
La línea “principalísima” de la investigación es esa, indica: saber dónde están, quiénes y cómo los desaparecieron y quiénes son los responsables de lo ocurrido el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde se registraron 180 víctimas entre lesionados, asesinados y desaparecidos, agrega Buitrago.
Para la especialista en derecho penal y criminología, lo que están haciendo los investigadores es documentar paso por paso “la realidad” de lo que ocurrió hace siete años en Iguala con los 43 normalistas desaparecidos.
“Yo hablo de realidad más que de verdad –explica–, porque la ‘verdad’ se puede confundir (con la ‘verdad histórica’ de Peña Nieto, del exprocurador Jesús Murillo Karam y del prófugo exjefe policiaco Tomás Zerón)”.
Buitrago dice, “desde una perspectiva académica”, que altos funcionarios del gobierno anterior pueden ser sancionados penalmente por tribunales internacionales “porque omitieron de manera dolosa” su deber de hacer justicia frente al crimen de lesa humanidad contra los 43 normalistas.
El Estatuto de Roma establece que, si una investigación fue obstruida, incluye falsos testimonios obtenidos mediante tortura o se realizó con la comisión de delitos contra la administración de justicia, los responsables –incluidos los jefes de Estado y funcionarios de gobierno– pueden ser juzgados y sancionados por la Corte Penal Internacional.
