Señor director:
En relación con el artículo Impunidad en SLP: Compras amañadas de medicamentos por 120 millones de pesos, publicada por el medio de comunicación Proceso (número 2338, del 22 de agosto 2021) me permito hacer de su conocimiento:
Avalamos completamente la participación ciudadana en la identificación y señalamiento de prácticas corruptas que tanto daño ocasionan a la sociedad mexicana. El tema de las empresas fantasma y falsificación de insumos médicos es sumamente sensible y requiere de la máxima atención de las autoridades competentes para prevenirlos y castigarlos como es debido.
Desde hace dos años se ha invitado cordialmente a la organización citada en su artículo, por diferentes vías, para acudir personalmente al Hospital Central a recabar cuanta información complementaria fuera necesaria, y nunca ha aceptado.
Aprovecho la oportunidad para extender la misma invitación a la periodista Verónica Espinosa y, por su conducto, al medio de comunicación Proceso a acudir al Hospital Central doctor Ignacio Morones Prieto, para que conozcan de primera mano la información que requieran.
Es importante mencionar que nuestro hospital realiza adquisiciones con empresas legalmente constituidas y avaladas con documentos oficiales. Asimismo hago énfasis en que todo medicamento que ingresa a esta institución es sometido a un riguroso proceso que realiza el Departamento de Fármaco-Vigilancia, para detectar de manera oportuna el ingreso de medicamentos que pudieran poner en riesgo la salud de nuestros pacientes.
Como ejemplo de lo anterior existen varias alertas sanitarias nacionales y denuncias a órganos oficiales que han surgido de nuestro hospital.
Por otra parte, el gobierno del estado de San Luis Potosí realiza diversas acciones administrativas para inhibir que empresas y personas efectúen operaciones simuladas o inexistentes, las cuales han sido publicadas en el periódico oficial y pueden ser consultadas libremente (29 de marzo de 2019, edición extraordinaria del Periódico Oficial Plan de San Luis y 27 de mayo de 2019, Acuerdo administrativo para crear el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública).
La opinión pública debe ser informada que, hasta el momento, no existe paciente alguno, atendido en el Hospital Central, que haya levantado una queja o denuncia derivado de la supuesta aplicación de medicamentos apócrifos.
Nuestro hospital, símbolo médico del estado de San Luis Potosí desde hace 75 años, merece un mejor trato que el de la fácil denostación basada en investigaciones parciales.
La dirección a mi cargo simple y sencillamente niega prácticas corruptas y se mantiene abierta a cualquier investigación conducente.
Atentamente,
Doctor Francisco Alcocer Gouyonnet, director general del Hospital Central
Ignacio Morones Prieto
Respuesta de la reportera
Señor director:
En su carta, Francisco Alcocer Gouyonnet, director del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto reconoce que la falsificación de “insumos médicos” y el uso de empresas fantasma causan daños graves a la sociedad y deben ser castigados.
En este caso –cabe aclarar– no se trata de meros insumos (como él los define), sino de medicinas para tratar a pacientes con cáncer, nada menos.
El doctor Alcocer afirma que el Hospital Central realiza sus adquisiciones con empresas legalmente constituidas y con un riguroso proceso de fármaco-vigilancia, pero lo cierto es que, según un informe interno de los Servicios de Salud del estado, del cual tengo copia, existen oficios del año 2019 en los cuales “ya se le había indicado” a la administración a su cargo que proveedores incluidos en la lista de “factureros”, como es el caso de Julio Rubén Sosa González, “no contaba con autorización sanitaria ni licencia para comercio al por mayor de medicamentos”, por lo que se presumía que no era un proveedor legalmente establecido.
Contrario al espíritu de transparencia que expresa en la carta, la administración del Hospital Central se negó inicialmente a entregar copias de todas las facturas que amparan las compras del medicamento con los lotes que fueron reportados como falsificados, mismas que la organización Ciudadanos Observando solicitó vía la unidad de acceso a la información pública.
Fue necesario que la organización interpusiera un recurso de impugnación ante la comisión estatal de garantía de acceso a la información pública del estado para obligar al Hospital Central a proporcionar dicha documentación.
Finalmente, lo publicado en este semanario se sustenta también en varias alertas sanitarias y denuncias formales ante las instancias correspondientes tanto de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) como de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instancias oficiales cuya intervención obedeció a las compras hechas por la administración del hospital, por lo que rechazo categóricamente que se trate de una “fácil denostación”, como afirma el director.
Atentamente,
Verónica Espinosa
