La política federal de “contención migratoria” impide a los migrantes –especialmente haitianos– circular por el país en su afán de llegar a Estados Unidos, y ha convertido a la chiapaneca Tapachula en una “ciudad cárcel”, cuyas calles y plazas equivalen a celdas de las que esas miles de personas no pueden salir, so pena de sentir la fuerza disuasoria de la Guardia Nacional, como ya ha ocurrido en días recientes.
TAPACHULA, Chis.- Esta es ahora una ciudad donde miles de haitianos y migrantes de las más diversas nacionalidades deambulan, duermen y comen en las calles y plazas; no les permiten salir más allá de esta región conocida como La Perla del Soconusco, pero quien se atreve, es violentamente regresado por la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
Entre el 28 de agosto, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Huixtla y Tapachula en gira de trabajo, y el pasado jueves 2, tres caravanas con unos 500 migrantes cada una –que se formaron para romper el cerco migratorio– fueron violentamente reprimidas y devueltas al lugar al que el gobierno federal pretende reducirlos, por su política de “contención migratoria”.
Orillados por la pobreza y el desempleo, los haitianos empezaron a salir de su país para migrar por Centro y Sudamérica, buscando llegar al norte, México, Canadá o Estados Unidos.
Pero la crisis política, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio, más el terremoto del 14 de agosto y los destrozos ocasionados por el paso de la tormenta tropical Grace días después, fueron el detonante para que miles empezaran a migrar buscando mejor calidad de vida.
Llegando a la frontera sur e instalados en esta ciudad fronteriza, miles de haitianos empezaron sus trámites ante la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar) y ante el INM para pedir refugio en México; pero sus solicitudes se estancan durante días, semanas y meses…
Unos cuatro días antes de la llegada de López Obrador, los haitianos y otros migrantes que se sumaron a ellos –cubanos y centroamericanos, principalmente–, iniciaron una jornada de protestas frente a las puertas del INM, de la Comar y hasta frente a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para exigir agilizar sus trámites migratorios.
Erik Linse, uno de los migrantes haitianos, denuncia que con toda la intencionalidad han demorado el trámite de sus solicitudes para evitar que salgan de esta ciudad en la que, señalan, han empezado a percibir el hartazgo de los tapachultecos.
Y agrega que le preocupa que, aunado a los miles de sus connacionales como una población flotante deambulando sin trabajo ni comida en las calles de Tapachula, miles vienen migrando por Centro y Sudamérica, lo que agudizará más la concentración migratoria en este punto del sur del país.
El haitiano calcula que entre 10 mil y 15 mil más podrían llegar a Tapachula en estos primeros días de septiembre.
A muchos migrantes los han echado de las posadas y los vecindarios donde se hospedaban porque ya no tienen para pagar la renta, hacen aglomeraciones en parques y mercados en pleno pico alto de esta tercera ola de la pandemia.
Tras el hartazgo también de ellos, empezaron a organizarse y crear las llamadas “caravanas de migrantes”, las movilizaciones masivas que se gestaron en esta frontera sur desde octubre de 2018 con la oleada de hondureños dejando su país. Una forma de forzar su avance y protegerse unos con otros de los cuerpos policiacos que les han impedido el avance hacia el norte.
Pero las tres primeras caravanas de migrantes fueron reprimidas y devueltas a Tapachula. Las dos primeras el 31 de agosto y el miércoles 1 de septiembre en Mapastepec, luego de que habían caminado 107 kilómetros por la carretera Panamericana costera. La otra cuando avanzaba por los 70 kilómetros antes de llegar a Escuintla.
Los golpes de la redada y persecución hacia los migrantes también alcanzaron a los periodistas y defensores de derechos humanos que seguían las caravanas e intentaban documentar este fenómeno de movilización poblacional.
Caminar 100 kilómetros entre los aguaceros del verano y las temperaturas de hasta 40 grados centígrados no ha sido fácil para los migrantes que emprenden esta aventura que reta el papel del gobierno de López Obrador.
“Política del garrote”
Enrique Vidal Olascoaga, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula, que se ha enfocado principalmente a documentar el fenómeno migratorio en esta frontera sur mexicana, refiere que se está viviendo una de las peores tragedias humanitarias en esta región en un gobierno que ha expresado “un doble discurso”, pues por un lado abre las puertas de par en par a los afganos que buscan refugio en este país, y lo presume en todos los medios, pero en el sur reprime y violenta los derechos humanos de migrantes que de igual forma huyen de sus países.
Vidal Olascoaga dice que la crisis que se vive exhibe la inoperancia de las instituciones del Estado mexicano, en particular de la Comar y del INM, lo que le hace sacar su peor faceta, la de la represión, la política del garrote.
Dice que en un primer momento se les ha violentado su derecho a acceder a un refugio en el marco de un discurso gubernamental que propone una migración segura, ordenada y regularizada, pero pasan meses y nunca les resuelven, y en un segundo momento les violentan su derecho al libre tránsito cuando pretenden avanzar por el país.
Expone que los migrantes se organizan en caravanas para protegerse, acompañarse y romper cercos policiacos y militares que les impiden avanzar en su trayecto hacia el norte.
Dice que los migrantes se han encontrado con una “intencionalidad burocrática institucional” que les impide regularizarse, como en el discurso manifiesta el gobierno federal pero en los hechos refleja otra realidad.
El 29 de agosto, en Metapa de Domínguez, López Obrador dijo que su gobierno seguirá “conteniendo” el fenómeno migratorio, una contención que, dice Vidal Olascoaga, se traduce en la política del uso de una violencia desproporcionada, de un uso excesivo de la fuerza, donde el gobierno no ha reconocido que la mayoría de los migrantes de las caravanas iniciaron algún trámite ante la Comar, pero no han tenido respuesta en muchos meses.
Tampoco reconoce que la mayoría de los migrantes tiene una estancia regular al menos dentro del territorio chiapaneco y el país, pero no los dejan salir ni siquiera de Tapachula.
Filomena Martín, migrante que viaja con sus hijos, dice que tiene más de un mes migrando y que después de la Selva del Darién, entre Colombia y Panamá, donde los asaltan, roban y matan, la frontera sur de México es el obstáculo más complicado de vencer.
Como Filomena, muchos migrantes haitianos han declarado que no tienen intención de llegar a Estados Unidos, sino de establecerse en otra ciudad del país donde puedan encontrar un trabajo e iniciar una vida nueva y mejor que la que no pudieron tener en el país del cual fueron expulsados por la crisis y la pobreza.
Giovanni Lázaro Menares Gómez, ciudadano cubano que ya tiene calidad de refugiado, dice que le han limitado su movilización a otra ciudad, que sólo le permiten estar en Tapachula y que las autoridades le señalaron que sólo puede transitar por el país con la tarjeta de residente permanente, que nunca le han querido dar.
Agrega que los agentes del INM les han advertido que no pueden transitar por el país ni con visa humanitaria ni con resoluciones positivas de refugio. Su intención dice, no es quedarse en México ni tampoco ingresar a Estados Unidos, su meta es Canadá, pues se dice perseguido político y no puede regresar a su país, donde era un activista que ayudaba a las Damas de Blanco, movimiento cubano que reúne a esposas y a otros familiares de personas consideradas presos políticos.
Dice que desde 2017 es un migrante y que ya estuvo en Brasil, Ecuador y Uruguay, de donde voló a Nicaragua y luego migró por Centroamérica hasta Tapachula, donde tiene cuatro meses viviendo con su novia, también cubana y quien lo acompaña en esta odisea.
Alesandro Rodríguez Carrera dice que viene de República Dominicana migrando desde Uruguay y que también sobrevivió a la Selva del Darién, pero ahora le toca enfrentar otro obstáculo, el burocratismo migratorio que impone el gobierno mexicano.
Rubén Figueroa, activista y defensor de derechos humanos de los migrantes, dice que el gobierno mexicano ha improvisado “ciudades cárceles” con su política migratoria “al servicio de los intereses del gobierno de Estados Unidos”, y una de estas ciudades cárceles es Tapachula.
Dice que la política fallida del gobierno ha provocado ya un choque entre la población mexicana de la región con la población migrante, que no tiene la intención de vivir ni quedarse en Tapachula, sino de migrar hacia otra ciudad, en busca de una mejor calidad de vida, y no ahí, reitera.
Figueroa detalla que el gobierno reprime y aplica su política de “contención migratoria” en esa ruta de la costa de Chiapas o del Pacífico mexicano, pero deja paso libre a los traficantes de migrantes en otras rutas que cruzan la frontera sur y Chiapas.
Por ahí donde no está la Guardia Nacional ni tiene presencia el INM están pasando los miembros del crimen organizado, las mafias de traficantes de humanos que operan con total impunidad.
Por un lado reprime a los migrantes públicamente pero por otro lado deja las rutas libres, pues ellos mismos son parte de ese jugoso negocio que deja ganancias multimillonarias, dice el activista.
Señala que muchos migrantes que caen en las redes de traficantes de humanos tienen garantizado el libre tránsito desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, en un tiempo récord de ocho días, pues esos traficantes van pagando “cuotas” a quienes controlan ese flujo: los propios agentes del INM.
El INM y la GN persiguen, reprimen e impiden el libre tránsito a los migrantes más pobres, a los que nada tienen que perder, pues los que pueden pagar con facilidad se evitan todo ese viacrucis migratorio.
“Hemos visto el crecimiento de tráficos de personas a raíz de la implementación del plan frontera sur. Siete de cada 10 migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos fueron traficados. Eso está dejando millones de dólares en ganancias, y las autoridades corruptas forman parte de esos cárteles”, acusa Figueroa.
El de López Obrador, dice el activista tabasqueño, es un gobierno que reprime las caravanas de migrantes pero que, vía el INM y la GN, tolera la migración en rutas controladas por las mafias. “Esta situación en la frontera sur aún se pondrá peor”, advierte.
El INM ha identificado a más de 147 mil migrantes que transitaban en condición irregular por territorio nacional entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, cifra que equivale al triple de lo registrado para el mismo periodo de 2020.
En un reporte oficial al cierre de agosto, el INM detalló que de los 147 mil 33 migrantes extranjeros, 145 mil 863 son originarios de América, y el resto de Asia, África, Europa y Oceanía, y agregó que de estos últimos continentes sobresalen por su número los provenientes de Bangladesh, Senegal, India, Rusia, Ghana y Nepal, con más de 100 identificados por cada país.
La Comar asegura que, de enero a agosto de este año, sólo su delegación de Tapachula ha recibido 55 mil solicitudes de refugio de las 77 mil 500 recibidas en todas sus demás oficinas de Palenque, Baja California, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz.
Dice la Comar que se les ha solicitado a esas 55 mil personas quedarse en Chiapas, como lo marca el segundo párrafo del artículo 24 del reglamento de la ley respectiva, que indica que los solicitantes deben permanecer en la entidad federativa en la que iniciaron su procedimiento”.
Advierte que, conforme a ese ordenamiento, se considera abandonado el trámite de solicitud cuando el solicitante no asiste ante la Coordinación o el Instituto durante dos semanas consecutivas sin causa justificada. “Una vez que se determine el abandono, el extranjero dejará de ser considerado solicitante, lo cual deberá notificarse al Instituto o, en su caso, éste notificará a la Coordinación”, indica.
