Los recientes relevos en el gabinete de López Obrador apuntan al endurecimiento de la política gubernamental, que busca incrementar su presencia en los poderes Legislativo y Judicial. Uno de los casos más emblemáticos es el reciente enroque en la Secretaría de Gobernación, con la salida de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, que regresa al Senado, y con la llegada del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien desde el Palacio de Cobián se encargará de reorientar la relación del Ejecutivo con el Legislativo.
Al llegar al tercer informe de gobierno, a la mitad de su administración que concluirá el último día de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador opera una serie de ajustes en su gabinete que están encaminados, vía sus incondicionales, a incrementar su presencia en los otros dos poderes y en organismos autónomos.
Apenas terminada la elección de junio último, comenzó un trimestre de modificaciones que concluyeron con una nueva alineación de funcionarios el miércoles 1, día de la rendición de cuentas presidencial y de la renovación de la Cámara de Diputados.
En la LXV Legislatura el partido en el poder, Morena, y sus aliados PT y PVEM perdieron como bloque la representatividad que ganaron en 2018; ahora la nueva alineación parlamentaria los coloca a 56 votos de la mayoría calificada (que es de 334 sufragios) y a 26 por encima de la mayoría absoluta (251), endebles en tanto se han exacerbado los desacuerdos en lo que fue la coalición electoral “Juntos Haremos Historia” (Proceso 2328 y 2337).
Los enroques políticos comenzaron el 9 de junio último, cuando López Obrador anticipó la salida de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda para proponerlo como gobernador del Banco de México (Banxico), constitucionalmente autónomo del Ejecutivo, órgano conductor de la política monetaria del país. En su lugar, designó a Rogelio Ramírez de la O, economista de añeja proximidad con el mandatario y quien fue su asesor en materia hacendaria desde sus aspiraciones presidenciales en 2006.
La decisión de proponer a Herrera como gobernador del Banxico causó polémica por las posiciones críticas que el presidente ha tenido sobre el manejo de las reservas, entre otras posiciones del colegiado en el banco central, espacio donde el Ejecutivo contaría con un incondicional.
Pero la incorporación de Herrera todavía no se concreta, pues su comparecencia ante el Senado, programada originalmente para el 19 de agosto, se postergó sin fecha definida. La posposición es parte de uno de los primeros reveses que el Ejecutivo resintió durante agosto en la Comisión Permanente del Legislativo.
Pendiente la llegada de Herrera al Banxico, desde Palacio Nacional se impulsó la intentona por ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, apoyada en una controversial reforma constitucional y en la ley reglamentaria del Poder Judicial, donde un transitorio –aprobado en abril pasado– abrió la posibilidad de extender su mandato.
La pretensión de López Obrador tensó la relación con los ministros y legisladores, inclusive con aliados, que controvirtieron la constitucionalidad de la decisión. Sin embargo, el conflicto quedó zanjado el 6 de agosto reciente tras una consulta al interior de la Corte, en la cual se perfiló la falta de respaldo para que el ministro presidente se beneficiara con el transitorio. Zaldívar terminó por declinar públicamente la extensión de su mandato.
Al respecto, López Obrador expresó: “Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge porque jueces, magistrados y ministros están echados a perder; hay honrosas excepciones, pero, por lo general, el poder central (judicial) está podrido”.
Previo al inicio de la nueva legislatura, Olga Sánchez Cordero dejó el 26 de agosto la Secretaría de Gobernación para regresar a su escaño en el Senado, donde se desempeñó apenas unos meses de 2018 para luego solicitar licencia.
La decisión de que asumiera la Mesa Directiva fue de López Obrador, tras un trimestre de indiferencia y explícito distanciamiento con el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila, quien debió allanar el camino para la ministra en retiro.
Durante una entrevista en Grupo Fórmula, Monreal dijo que no obstaculizaría la labor de Sánchez Cordero, admitiendo el distanciamiento con el presidente ante una pregunta expresa sobre la pérdida de confianza, y reiterando su intento de postulación presidencial hacia 2024, pese a que López Obrador lo ha dejado fuera de su lista sucesoria.
“No soy monedita de oro. Hay quienes piensan de manera distinta y, ahora que está la campaña anticipada a la sucesión, se generan descalificaciones, rumores, opiniones negativas… pero estoy tranquilo”, dijo.
En la Cámara de Diputados la Mesa Directiva quedó a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, un perfil menos conocido, pero que responde al grupo de electoralistas que encabeza un incondicional del presidente, Horacio Duarte, actual administrador general de Aduanas.
Interlocución
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fluyó los primeros tres años de gobierno a merced de una mayoría apabullante en las cámaras de diputados y senadores.
Prácticamente todas sus reformas, el presupuesto y las ratificaciones, que a propuesta del presidente deben ser aprobadas, pasaron sin contratiempos; excepto la integración de la Comisión Reguladora de Energía en 2019, que debió resolverse con la designación presidencial.
Los proyectos de reforma prioritarios para el presidente López Obrador fueron aprobados mediante una fórmula de enlace Ejecutivo-Legislativo, cuya figura central no fue Sánchez Cordero, sino el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, quien, a decir de Ricardo Monreal, deja un vacío tras su renuncia formalizada el jueves 2.
“Julio Scherer actuó con talento y respeto con el Congreso. Nunca tuvimos dificultades, nunca se entrometió en nuestra función, nunca abusó de su poder… Vaya que lo tenía o que lo tiene. Para mí era el hombre más cercano anímicamente al presidente (López Obrador). No hablo laboralmente, hablo anímicamente”, aclaró.
El propio mandatario tabasqueño, en el cruce de emotivos mensajes de despedida el jueves 2, dijo que Scherer Ibarra era “como su hermano” y parte de la transformación. Se trató de una despedida muy diferente a la de otros exintegrantes del gabinete que han salido dando un portazo, como la del primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, o el escarnio público de Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública.
Son amplias las lecturas sobre los cambios, señaladamente ante la salida de Scherer Ibarra. Pero a juicio de Monreal, no se trata de una fisura o fractura del lopezobradorismo, sino que “responde a una recomposición natural del gabinete que, normalmente, se da a mitad del sexenio”.
Al preguntarle sobre una eventual promoción del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra como ministro de la SCJN, Monreal sostiene que esa es decisión de López Obrador “más allá de que la ley se lo impide por haber ocupado un cargo público”.
En las próximas semanas López Obrador deberá proponer el relevo del ministro decano José Fernando Franco González Salas, lo que le permitirá contar cuatro ministros colocados durante su mandato, pues ya promovió a tres: Juan Luis González Alcántara (2018), Yasmín Esquivel Mossa (2019) y Ana Margarita Ríos Farjat (2019).
Como Zaldívar rechazó la ampliación de su mandato, es propicio su relevo al cierre de 2022, dejando la duda sobre quién presidirá la Corte; el reemplazo permanecerá hasta el segundo año del próximo
gobierno.
Los ajustes en el gabinete también implican la reorientación de la relación del Ejecutivo con el Legislativo, comunicación que recaerá sobre Adán Augusto López Hernández, quien solicitó licencia como gobernador de Tabasco para asumir la Secretaría de Gobernación.
El nuevo funcionario federal es parte de un bloque familiar que desde los ochenta acompañó al hoy presidente en sus andanzas políticas, empezando por su padre, el notario Payambé López Falconi, fallecido el año pasado, quien fue el único notario que se animaba a dar fe de acciones del movimiento lopezobradorista frente al priismo duro del entonces gobernador de Tabasco Roberto Madrazo.
Rosalinda López, hermana de Adán Augusto, fundó junto con López Obrador el PRD en Tabasco, en 1989, y desde entonces siguió sus proyectos políticos. Actualmente se desempeña como titular de la Administración Fiscal de Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria, mientras su marido, Rutilio Escandón, se desempeña como gobernador de Chiapas.
La trayectoria de Adán Augusto López es un periplo que va desde su pasado priista –como la de López Obrador–, donde en 2000 coordinó la campaña de Manuel Andrade a la gubernatura de Tabasco, pasando por su afiliación al PRD en 2001, hasta una carrera legislativa como diputado local, federal y senador antes de convertirse en el gobernador por Morena en 2018, partido al que se integró desde su fundación, en 2014.
El nuevo secretario de Gobernación asumirá los proyectos de reforma de interés presidencial, así como las negociaciones en el Congreso con una bancada opositora más robusta que la anterior, con pretensiones de actuar en bloque, estrategia política emanada de la alianza electoral reciente entre PRI, PAN y PRD.
La nueva consejera jurídica de la Presidencia es María Estela Ríos González, quien ocupó un cargo similar en el gobierno del Distrito Federal de López Obrador y lo acompañó en sus diferentes postulaciones presidenciales. Fue el propio mandatario quien anticipó que, si bien la dependencia responde al titular del Ejecutivo, la nueva consejera deberá coordinarse con López Hernández.
No obstante, la interlocución con el empresariado que desarrollaban Scherer Ibarra y Alfonso Romo (en su caso, hasta diciembre último) recae en las manos de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía designada en enero pasado, y quien es parte del grupo político de Romo, para quien no hubo relevo “por austeridad” en la Oficina de la Presidencia de la República.
Cálculo o inestabilidad
Entre las elecciones de junio último y la renovación de la Cámara de Diputados, López Obrador realizó otros ajustes dirigidos a corregir fracasos en su administración: el 21 de junio reciente despidió a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública, en un penoso episodio en video en el cual su entonces colaboradora se esforzó por recordarle su trayectoria y presumir logros.
La mala gestión de Sandoval fue ampliamente observada en el informe de la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio fiscal 2019, dando cuenta de que el pilar anticorrupción que pretendía ser la dependencia al iniciar el sexenio, terminó convertido en un espacio de opacidad e ínfimos resultados (Proceso 2313).
Sobre la exsecretaria pesaron los intentos de postulación de su hermano, Amílcar Sandoval, como candidato a gobernador de Guerrero, estado donde operó durante dos años como “superdelegado” federal y en los cuales fueron documentados los episodios donde aprovechó los programas sociales para su promoción personal.
Los negativos también pasan por su sórdida confrontación con Félix Salgado Macedonio, senador que fue depuesto como candidato a la gubernatura y cuya nominación quedó en manos de su hija, Evelyn Salgado.
El papel de los superdelegados y la manera con la cual han operado los programas de Bienestar también fueron objeto del malestar presidencial y no sólo por el caso Guerrero.
El 24 de junio pasado los superdelegados fueron citados a Palacio Nacional con su coordinador general, Gabriel García Hernández. El motivo fue revisar el plan de vacunación, pero ya en el lugar no hubo revisión de programas, sino un enérgico llamado de atención, según testimonios obtenidos por este reportero.
El presidente los llamó “inútiles”, “ambiciosos vulgares” por usar el cargo para beneficio personal; sin permitir réplica, el mandatario salió de la reunión, seguido de un apurado Gabriel García, el hombre que al iniciar el sexenio pintaba para ser uno de los más poderosos e influyentes del sexenio, pero que ese día, al salir del despacho presidencial, sólo informó, sin pregunta de por medio, que regresaría a su escaño en el Senado.
Múltiples irregularidades identificadas en el esquema de Servidores de la Nación, fracaso e intentos de privatizar los pretendidos “centros de Gobierno” que se desplegarían por todo el país, incumplimiento de la ley en la integración de un padrón único de beneficiarios, entre otras cosas, precedieron la salida para la que no hubo acto de despedida ni video.
Días después, López Obrador anunció que el lugar de García Hernández estaría en manos de Carlos Torres. El nuevo coordinador general de Programas de Desarrollo, quien había mantenido fuertes desencuentros con Gabriel García, es de confianza familiar, pues forma parte del círculo de amigos de los hermanos López Beltrán, hijos del mandatario.
Desde que anunció quiénes formarían parte de su gabinete, en enero de 2018, López Obrador dijo que sería un grupo de colaboradores como el de Benito Juárez… Y al menos en los cambios se aproxima, pues el Benemérito de los Américas aplicó 50 ajustes en 14 años de gobierno. López Obrador lleva 30 en el gabinete legal y ampliado en menos de tres años.
De esos 30 relevos en el gabinete legal destacan las secretarías de Hacienda y Medio Ambiente, que han tenido hasta ahora tres titulares respectivamente; Comunicaciones y Transportes, Seguridad, Gobernación, Bienestar, Economía, Educación, Función Pública y la Consejería Jurídica llevan dos cada una.
Las renovaciones en el gabinete a mitad del sexenio se caracterizan por depositar los cargos relevantes en los antiguos colaboradores que lo acompañan desde sus antiguos proyectos políticos.
En ese contexto, la alerta en la oposición surge por considerar que el gobierno no se consolida. Desde la bancada del PAN, por ejemplo, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván advierte que los cambios son permanentes y no sólo en esta coyuntura.
“Nos pone en alerta porque vemos que no se consolida un gobierno, que las pugnas internas y los caprichos ponen en riesgo la estabilidad del país.”
Además, asegura que los ajustes no han fortalecido al Ejecutivo y que, en muchos casos, ocurren “porque no toleran o no logran sostener un trabajo profesional ante los caprichos y ocurrencias del presidente”. Con la glosa del tercer informe en puerta, anticipa que los cuestionamientos en comparecencias serán exigentes.
