La Comisión Federal de Competencia Económica le asestó un duro golpe a cinco empresas distribuidoras de fármacos a farmacias privadas y a 21 de sus directivos, que durante 10 años monopolizaron el mercado nacional. La dependencia identificó cinco conductas ilegales de ese grupo que actuaba como un verdadero “cártel económico” por lo menos a partir de junio de 2006. Y les aplicó una multa superior a 930 millones de pesos.
La semana pasada la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un severo golpe a las cinco principales empresas distribuidoras de fármacos a farmacias privadas y 21 de sus directivos, quienes durante una década se coludieron en un “cártel”, al restringir el abasto y negociar entre ellos los precios de medicamentos para inflar sus márgenes de ganancia, mediante lo cual se enriquecieron con por lo menos 2 mil 359 millones de pesos, a costa de la población mexicana.
Durante tres años un equipo formado por una decena de funcionarios de la Cofece se dedicó a visitar empresas, analizar computadoras y entrevistar a ejecutivos de la cadena de distribución de medicamentos. Reunieron más de 50 correos electrónicos, facturas, minutas de reuniones o tablas con precios que sirvieron de evidencia para determinar que los agentes económicos habían elevado sus precios.
El organismo impuso multas por 903 millones 479 mil pesos e inhabilitó a 10 personas para ejercer en empresas del sector durante plazos que van de seis meses a cuatro años.
“Si hoy hicieran esto, el valor de las multas sería por lo menos el doble o el triple. La ley actual es más severa que la anterior en términos de multas”, comenta a Proceso Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Cofece.
La investigación concluyó que durante al menos una década, Casa Saba, Nadro, Marzam, Farmacias Nacionales (Fanasa) y Almacén de Drogas, que en conjunto controlan casi la totalidad de la distribución de medicinas al sector privado, simularon su rivalidad para cobrar de más a la sociedad mexicana, con la complicidad de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar).
Hasta el momento la Cofece no ha identificado públicamente a los 21 individuos sancionados; sin embargo, varios nombres aparecen en la lista de notificaciones de la Cofece en el marco de la investigación número IO-001-2016. Su presencia en esta lista indica que fueron sujetos de la investigación, pero no necesariamente implica que se les haya determinado una responsabilidad.
Entre ellos figuran Pablo Escandón Cusi, dueño de Nadro; Manuel Saba Ades, quien heredó Casa Saba de su padre Isaac Saba Raffoul; Elías Salomón Nader, de Fanasa; Roberto Lázaro Gutiérrez Ancira y Roberto Gutiérrez Elizondo, de Almacén de Drogas; Joseph Sitt Cherem, de Marzam; Tomás Ángel Rodríguez Weber, quien fuera presidente de la Diprofar, así como los hermanos Francisco Daniel y José Antonio Pérez Fayad, dueños de Grupo Fármacos Especializados.
En el marco de la investigación también fue notificado Héctor Valle Mesto, actual presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, el poderoso grupo de cabildeo de la cúpula empresarial mexicana en temas de salud, entre cuyos “asociados activos” destacan los multimillonarios Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Olegario Vázquez Aldir, el mismo Escandón Cusi y su hija, Alejandra Escandón Matarazzo, y el empresario Claudio X. González Laporte.
Inflados
La Cofece identificó cinco conductas ilegales que realizaron las empresas y sus directivos, por lo menos a partir de junio de 2006. Detectó que acordaron no surtir medicamentos durante los días de descanso, el Viernes Santo y el Día de Muertos para aumentar los precios; se repartieron las ventas de ciertos productos en determinadas farmacias; acordaron un incremento de 3.6% sobre diversos medicamentos; pactaron precios mínimos para algunos y diseñaron planes de precios “escalonados” para evitar las sospechas.
El laboratorio AstraZeneca, que cobró celebridad por desarrollar una de las vacunas contra el covid-19, también fue investigado, pero durante el periodo de la fase de alegatos y de desahogo de pruebas convenció a los sabuesos de la Cofece que no incurrió en los ilícitos como los demás.
Según Palacios Prieto, el caso es importante porque los productos que involucra “son fundamentales para la vida de los mexicanos”. Y observa: “Yo no conozco a un mexicano que no vaya a la farmacia a comprar; es cercanísimo al bolsillo de los mexicanos”.
El fallo de la Cofece es producto de un expediente por “presunta práctica monopolística absoluta” iniciado el 19 de mayo de 2016, apenas un mes después que Proceso y Aristegui Noticias revelaran, en el marco de la investigación periodística internacional Panama Papers, cómo abogados sin escrúpulos crearon complejos esquemas offshore para hacer operaciones en el sector farmacéutico sin prender las alarmas de la Cofece.
“Había distintas evidencias y fuentes que nos hacían pensar que en el mercado no estaba funcionando la competencia; digamos que Panama Papers fue parte de esto”, comenta la entrevistada.
Recuerda: “Veíamos incrementos mensuales similares y simultáneos en los precios de distintas categorías de medicamentos, aumentaba el margen entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios al Productor; el margen se estaba ampliando y alguien se estaba quedando con ese margen”.
“Se analizó toda la cadena”, asevera. Y añade: la investigación fue “amplísima” –cinco empresas y más de 20 actores por cinco conductas ilegales, que implicaron “miles de comparecencias, visitas, análisis de información”– y aparte “está muy bien documentada”.
Durante la investigación, 13 actores interpusieron amparos por diversas razones; varios podrían acudir ante la justicia antes del viernes 27 para combatir las sanciones que les impuso la Cofece, señala.
Aparte de los personajes mencionados, otros aparecen en la lista de personas notificadas por la Cofece, entre ellos directivos y exdirectivos de Nadro, como Federico Bárcena Mastretta (otrora yerno de Escandón), Adrián Álvarez Tostado Penella, Juan Fernández Galeazzi, Eduardo Alejandro Girault Facha y Fernando Torres Suárez; de Marzam estuvieron Héctor Humberto Manzano de la Torre, Miguel Ángel Galindo Soria, Alejandro Barrios Uribe, José Alberto Peña González, y de Casa Saba figura Gabriel Saba D’Jamus.
El organismo autónomo desnudó así un nuevo “cártel económico”; esto es, cuando personas y empresas que “en lugar de competir se ponen de acuerdo para imponer precios, manipular la oferta o demanda de los bienes o servicios que ofrecen, repartirse o segmentarse el mercado para coordinarse en los procesos de compra que hace el gobierno”.
Este se suma a los 21 casos resueltos por la Cofece desde que Palacios asumió su presidencia en septiembre de 2013; éstos incluyeron a empresas azucareras, navieras; también a las que participaron en la gestión de afores, en el traslado de valores o en el transporte aéreo de pasajeros.
El caso de la distribución de medicinas será el último que lleva Palacios, pues dejará su cargo dentro de tres semanas, aunque dejó listos dos expedientes sobre fichajes en el futbol y sobre productos de higiene.
Panama Papers
La resolución de la semana pasada se suma a la multa de 30 millones 893 mil pesos que la Cofece impuso en junio de 2020 al abogado Luis Doporto Alejandre, producto también de la investigación Panama Papers: Proceso y Aristegui Noticias revelaron cómo Doporto armó una compleja estructura offshore para esconder la adquisición de Grupo Marzam por parte de Nadro en 2015.
De la mano con el despacho panameño Mossack Fonseca, Doporto operó como intermediario en complejas operaciones en el sector farmacéutico mexicano relacionadas con Genomma Lab, una empresa que se inició promoviendo engañosos “productos milagro” en Televisa. Posteriormente se dedicó a la venta y distribución de medicamentos y en 2014 adquirió 100% de las acciones de Grupo Marzam, por mil 857 millones de pesos.
Menos de un año después Doporto creó un esquema bautizado como Proyecto Interstellar, por medio del cual la empresa Genomma Lab vendió 50% de acciones más una del capital de Grupo Marzam a un fondo de Países Bajos llamado Moench Coöperatif.
La Cofece autorizó la venta de acciones, pues no sabía que el fondo pagaría las acciones con un préstamo de 83 millones de dólares que recibió de Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón Cusi, dueño de Nadro. La operación había involucrado varias entidades offshore, que hacía imposible el rastreo del dinero; Nadro, entonces número uno en la distribución de medicamentos en el país, absorbió de manera escondida el número dos del sector, acaparando así 50% del mercado.
Doporto quedó formalmente al frente de Moench Coöperatif, cargo desde el cual se volvió el director oficial de Casa Marzam. Entre 2015 y 2018, el IMSS –donde trabajaba su padre, Héctor Doporto Ramírez, como integrante del Consejo Técnico, con un salario de 104 mil pesos al mes– otorgó contratos a Marzam por 526 millones de pesos, según reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en marzo de 2019.
La Cofece determinó que hubo colusión, y aparte de la multa obligó a Doporto a realizar la desinversión de Grupo Marzam; le dio a elegir entre reembolsar de su bolsillo los 83 millones a Matarazzo o vender las acciones de Marzam a una tercera parte. El abogado ofreció una tercera vía, que la Cofece rechazó, y a la fecha no se ha manifestado. Palacios anuncia que, en el transcurso de este mes, el organismo empezará a imponer una multa diaria a Moench Coöperatif hasta que cumpla con la sentencia.
Durante el sexenio pasado Doporto también se involucró en la venta de patentes de AstraZeneca y de otros laboratorios a Genomma Lab; en paralelo, el hombre armó estructuras offshore para decenas de personajes adinerados, como el magnate acerero Guillermo Vogel Hinojosa, el financiero Rubén Goldberg Javkin, e hizo los trámites para crear un esquema a Omar Yunes Márquez, hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares.
A pesar de su historial controvertido y las sanciones de la Cofece, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no sólo no actuó contra Doporto, también hizo negocios con él: la cancillería, dirigida por Marcelo Ebrard, negoció con su empresa Latam Pharma Innovative Ventures un contrato para adquirir las 35 millones de dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino CanSino Biologics, la cual fue aplicada en el personal docente.
El pasado 21 de junio Univisión reveló el cúmulo de irregularidades relativas al contrato: primero mostró que Doporto y su socio Guy Jean León Savoir García crearon la sociedad el 10 de diciembre de 2020, es decir, dos meses después de la firma del contrato por la Secretaría de Salud; segundo, cuestionó el rol poco claro de su sociedad de papel en un trato entre CanSino –la fabricante de la vacuna– y el gobierno mexicano –su comprador–; y tercero, reveló que el contrato se regía bajo las leyes de Singapur.
Corrupción endémica
La resolución de la Cofece es uno de los escasos golpes registrados contra las prácticas de corrupción que imperan en el jugoso negocio farmacéutico en México, el país con mayor gasto de bolsillo en salud –y en medicinas– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: cada año, toda persona mexicana gasta 452 pesos en medicinas, en promedio.
En diciembre de 2016, la empresa farmacéutica Teva admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos en México para que médicos adscritos al sistema federal de salud pública recetaran su producto Copaxone; tres meses antes, la misma empresa israelí demandó a la farmacéutica mexicana Rimsa –a la que adquirió mercancías en octubre de 2015–, tras descubrir que había falsificado los documentos de al menos 105 productos para conseguir permisos. Ambos casos permanecen impunes en el país.
Después de llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado innumerables veces contra la corrupción que impera en el sector salud, entre las farmacéuticas o las distribuidoras que acaparan los mercados.
El gobierno federal trató de destruir la concentración en el sector farmacéutico, principalmente a Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico –filial de Laboratorios Pisa, de Carlos Álvarez Jaramillo– y Farmacéuticos Maypo –de la familia Arenas Wiedfeldt–, las cuales acapararon las ventas de medicamentos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El 20 de marzo de 2019, a cuatro meses de su llegada a Palacio Nacional, López Obrador envió un memorando a Raquel Buenrostro, entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, en el cual le pidió impedir “la participación en licitaciones o adjudicaciones directas” de estas tres empresas y ello “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.
Sin embargo, los ataques de la llamada Cuarta Transformación contra dos de esas tres farmacéuticas se han desmoronado ante los tribunales, y el gobierno federal hasta volvió a contratarlas para la distribución de medicamentos en el ámbito nacional.
El único golpe rotundo fue asestado a Grupo Fármacos Especializados y su dueño, José Antonio Pérez Fayad: aunque en 2019 la empresa resultó la principal contratista del gobierno de López Obrador –vendió 17 mil 615 millones de pesos de medicinas, según una revisión a la plataforma Compranet–, posteriormente fue vetada e investigada por la Secretaría de la Función Pública, que decretó una inhabilitación de dos años.
La Unidad de Inteligencia Financiera lanzó, por su parte, una investigación contra Pérez Fayad por presuntas operaciones de lavado internacional de dinero, la cual derivó en una orden de aprehensión; ello, como parte de una serie de investigaciones más amplias sobre posibles defraudaciones fiscales de empresas farmacéuticas que, a pesar de cobrar 83 mil millones de pesos durante el sexenio pasado, reportaron pérdidas fiscales por 416 millones de pesos.
Las demás –Laboratorios Pisa y Farmacéuticas Maypo– libraron sus problemas y se mantuvieron como grandes proveedores de la administración federal: desde 2019, Pisa vendió 17 mil 793 millones de pesos de medicamentos, y Maypo proveyó por 13 mil 394 millones de pesos de insumos.
