Hace dos años, integrantes de la organización potosina Ciudadanos Observando presentaron al gobernador Juan Manuel Carreras López documentación fehaciente sobre anomalías en la adquisición de medicamentos a empresas fantasma por parte del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, cuyo monto calculado supera los 120 millones de pesos. El mandatario, quien termina su gestión en cinco semanas, se comprometió a investigar, pero no hizo nada por detener esa anomalía.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El gobierno del priista Juan Manuel Carreras López, quien termina su gestión el próximo 25 de septiembre, recurrió sin recato a empresas factureras o fantasma para la simulación de compras de decenas de lotes de medicamentos para pacientes con cáncer mamario y gástrico, con el agravante de que esos fármacos pudieron resultar falsificados.
Es el caso del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en la capital del estado, donde las adquisiciones directas fueron superiores a los 4 millones de pesos por lo menos entre 2016 y 2018.
La organización civil potosina Ciudadanos Observando investigó a 18 empresas que facturaron adjudicaciones directas al hospital central potosino por un total de 120 millones 600 mil pesos, no sólo por medicamento oncológico, sino también por equipo médico.
Como en los sexenios de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, el de Carreras López recurrió a firmas de dudosa reputación para operaciones que podrían configurar desvíos, triangulación de recursos o compras a sobreprecio, además del daño irreparable a los pacientes que debían ser tratados por cáncer con los medicamentos comprados.
En el entramado aparecen también empresas que fueron señaladas en 2018 por el Instituto Nacional Electoral como presumiblemente involucradas en la triangulación de recursos para el financiamiento irregular de la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco.
Carreras López tuvo conocimiento directo de las compras anómalas del sector salud estatal, gracias a integrantes de Ciudadanos Observando. Ellos le expusieron personalmente las irregularidades detectadas al revisar la documentación oficial de las mismas, obtenida mediante solicitudes de información pública.
José Guadalupe González Covarrubias, representante de la organización de la sociedad civil, proporciona a Proceso copia del expediente que se integró y de cuyos antecedentes informó a Carreras López hace dos años. Pese a ello, el mandatario potosino no inició ninguna investigación o denuncia para aclarar esas operaciones con empresas que facturaron lotes reportados como falsificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la comisión estatal del rubro, la Coepris.
Los últimos años, la asociación de González se ha dedicado a rastrear y a desenmascarar el negocio que desde el Congreso del estado y dependencias del Ejecutivo, como los Servicios de Salud (Proceso 2279), se fraguó a través de la facturación a empresas fantasma o factureras, muchas de las cuales comparten socios, representantes legales.
Por lo que atañe a los domicilios fiscales, han resultado ser todo menos las sedes de las empresas o de sus representantes: hay lotes baldíos, casas particulares de personas ajenas a las supuestas empresas e incluso talleres mecánicos. Por su magnitud, esas operaciones irregulares rebasan el ámbito de competencia estatal, según las indagatorias de Ciudadanos Observando.
Entre 2015 y 2019 esas 18 empresas con domicilios fiscales en Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí (que resultaron inexistentes) facturaron poco más de 84 millones de pesos a las delegaciones del IMSS en 18 estados: Coahuila, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Sonora, Zacatecas, Querétaro, Durango, Michoacán y San Luis Potosí.
Las pistas de la simulación
En entrevista, González explica que las pistas para dar con esas compras surgieron cuando Ciudadanos Observando reveló el uso de empresas fantasma por parte de diputados de diversos partidos en la legislatura pasada (LXI) del Congreso del estado, para justificar recursos que supuestamente eran destinados a ayuda social, corrupción que bautizó como “El honorable gremio del fraude”.
Como publicó Proceso en mayo de 2018, diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM y Nueva Alianza falsificaron hasta firmas de supuestos beneficiarios (personas de escasos recursos de quienes utilizaron documentación, como credenciales de elector) para simular que recibieron recursos superiores a 25 millones de pesos.
Por esto se presentaron denuncias penales, varias de las cuales no se resuelven en la Fiscalía General del Estado; en otros casos los legisladores acusados optaron por reparar el daño causado al erario y libraron los procesos en su contra.
Comercializadora Ismalog, creada en 2012, emitió facturas a los diputados panistas de la LXI Legislatura: Mariano Niño, Jorge Díaz Salinas y Josefina Salazar, actual diputada federal, por conceptos como dulces, electrodomésticos, material de construcción, despensas y juguetes, para justificar apoyos sociales.
“Al seguir el rastro, encontramos que Ismalog aparecía también facturando compras del hospital central (por casi 2 millones de pesos en medicamentos para cáncer). Pedimos las facturas vía transparencia y fue tardado, porque nos pusieron muchos obstáculos y trataron de ocultarlo, pero cuando la obtuvimos y verificamos el domicilio, era una casa particular cuyo ocupante dijo desconocer a la empresa y las compras”, narra González Covarrubias.
La compra especificaba el medicamento Herceptin (Trastuzumab) de 440 miligramos en frasco ámpula, elaborado por Laboratorios Roche, que denunció la circulación de lotes falsificados en 2019, según una alerta publicada por la Cofepris; el valor unitario fue facturado por las diversas empresas entre 20 mil y 23 mil 900 pesos, según los comprobantes fiscales de los cuales Proceso tiene copias.
“En la respuesta con folio 00245118, la Secretaría de Salud asegura que dicha empresa no cuenta con autorización para comercializar medicamentos oncológicos”, reveló Ciudadanos Observando.
El 23 de julio de 2019 la Cofepris informó que había realizado una investigación a partir de una denuncia presentada por los laboratorios Roche por la falsificación del Herceptin: “Las acciones de vigilancia sanitaria desarrolladas por esta Comisión Federal han identificado que el producto presuntamente falsificado ostenta los siguientes lotes: o N7101B03 B3018. o N7086B02 B3016. o N3818B02 B3048. o N3834B01 B3053. o N3839B01 B3055”.
El medicamento, indicado para el tratamiento de cáncer de mama y cáncer gástrico avanzado tiene el registro sanitario 202M2000 SSA IV.
Algunas de las características de la falsificación fueron descritas por la Cofepris: los frascos no presentaban la leyenda impresa “Propiedad del Sector Salud, prohibida su venta”, carecían del precio impreso, tenían más polvo liofilizado que el frasco original, además de que éste no se diluía al agregar el líquido para ello.
“Fue entonces –explica González Covarrubias– cuando comenzamos a buscar a todas las empresas que venden medicamento oncológico y encontramos de Monterrey, Guadalajara, San Luis (que vendieron al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto), la mayoría de las cuales no existía” en los domicilios fiscales señalados, además de que se corroboró que varias de las empresas estaban relacionadas entre sí.
Ilícitos solapados
La búsqueda arrojó 25 facturas que incluyeron números de los lotes reportados por la Cofepris como presuntamente falsificados de Herceptin, así como de Octagam (inmunoglobulina humana normal endovenosa, para tratar la inmunodeficiencia o proveer inmunidad contra infecciones), otra sustancia cuya falsificación fue alertada por la Cofepris en agosto de 2017.
En el caso del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, Ciudadanos Observando reporta que en las compras intervinieron el director Francisco Alcocer Gouyonnet y el director administrativo Héctor Francisco Aguilar Martell, según la documentación obtenida vía transparencia.
“Lo único que hicimos fue localizar las facturas de esos medicamentos y los lotes. Le puedo asegurar que si se hace una auditoría a fondo, se podrían encontrar muchísimos más medicamentos falsificados; esto salió porque los ciudadanos nos pusimos a investigar”, alerta el activista.
Por las compras sospechosas del medicamento contra el cáncer para pacientes del hospital central, la organización encontró facturas de las siguientes empresas: Station Business Group (122 mil pesos); Endo San Luis, S.A. de C.V. (409 mil 600 pesos); DCV Comercializadora, S.A. de C.V. (204 mil pesos); Proveedora y Distribuidora de Medicamentos GAAT, S.A. de C.V. (259 mil 250 pesos); L&M, S.A. de C.V. (430 mil 200 pesos); Químicos en Desarrollo Carson, S.A. de C.V. (1 millón 840 mil 300 pesos) y Dyjoma S.A. de C.V., de la que se encontraron siete facturas que ampararon presuntas compras por un total de 934 mil 800 pesos.
“Detectamos la falta de expedientes correctos y de permisos sanitarios para poder comprar y vender productos oncológicos. En algunos expedientes las firmas que aparecen en las credenciales de elector distan mucho de las plasmadas en los demás documentos”, según documentó Ciudadanos Observando.
Por ejemplo, CVD Comercializadora, que en total habría vendido al hospital central medicamentos oncológicos por casi 6 millones de pesos (incluyendo el de los lotes reportados como falsificados), tiene como domicilio fiscal un inmueble donde funciona un taller mecánico, en avenida Gonzalitos sur 218, en Monterrey.
Además de que se encontró que nombres y direcciones son compartidos por varias empresas (como pasa con Endo San Luis y L&M, que tienen el mismo domicilio en San Luis, con una oficina vacía), hay casos en los que fueron objeto de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, sin que se conozca alguna sanción aplicada.
Así ocurre con cuatro empresas que facturaron otras adquisiciones aparentemente realizadas para el hospital central: Comercializadora y Proveedora Alston, Comercializadora y Edificaciones Nare, Distribuidora de Medicamentos Gaat y Abraham Raymundo Abrego Torres, que entre 2014 y 2018 reportaron ventas por 38.5 millones de pesos por 61 adjudicaciones directas autorizadas por los directivos del hospital central.
Las cuatro fueron denunciadas penalmente dos veces, en abril de 2018 y octubre de 2019, puesto que se encontró que contaban con lotes de medicamentos adulterados (Cardioxane y MabThera) y los laboratorios fabricantes los desconocieron como proveedores autorizados.
El domicilio de Distribuidora de Medicamentos Gaat en Monterrey muestra un letrero con otra razón social, Servicios Integrales de Análisis Capral, misma que “desapareció” tras ser reportada por el Servicio de Administración Tributaria en 2016. Pero todavía le alcanzó a facturar al hospital central adquisiciones por más de 7.5 millones de pesos.
González Covarrubias dice a Proceso que en el encuentro con Juan Manuel Carreras en el que fue informado de las anomalías que se estaban encontrando, “nos dijo que supuestamente iba a abrir una investigación por la Contraloría, que iban a poner candados administrativos y etcétera. Pero no pasó nada”.
Además de la presunción de que hubo un número indeterminado de pacientes con cáncer que no recibieron el tratamiento adecuado, González advirtió el desaseo y la deficiente revisión que por estas adquisiciones realizaron tanto la Auditoría Superior de la Federación como la del estado.
“La corrupción fue el sello de la administración de Juan Manuel Carreras López, y el sector salud, el que tuvo los mayores señalamientos.”
