El decreto presidencial de diciembre de 2020 para sustituir gradualmente el uso del glifosato en los cultivos del país provocó una lluvia de solicitudes de amparo por parte de empresas y asociaciones de agroindustriales, incluidas trasnacionales como Monsanto, que sostiene litigios al respecto en otros países. Aunque en mayo pasado se revocó la suspensión del decreto, la poderosa industria critica las políticas alimentarias de la administración actual, mientras que organizaciones ecologistas interpusieron recursos para apoyar en los tribunales la erradicación del herbicida.
El glifosato, un herbicida que en teoría ayuda a contener la maleza en los cultivos y es altamente criticado por su presunta nocividad para el ecosistema y la salud humana, es el centro de una feroz pugna de la industria agroalimentaria y trasnacionales como Bayer-Monsanto –el principal fabricante– contra gobiernos de varios países, entre ellos México.
El martes 10 Bayer, de origen alemán y dueña de Monsanto, perdió en tribunales de Estados Unidos su tercera apelación a un fallo que determinó que su herbicida RoundUp provocó cáncer en el sistema linfático al matrimonio Pilliod, que contrajo el linfoma no hodkin después de tres décadas de usar el producto, que contiene glifosato.
El Tribunal de Apelaciones de California estableció: “Encontramos evidencia sustancial que respalda los veredictos del jurado. La conducta de Monsanto evidenció un desprecio imprudente por la salud y la seguridad de la multitud de consumidores que mantuvo en la oscuridad. Este no fue un incidente aislado; la conducta de Monsanto implicó acciones repetidas durante muchos años motivadas por el deseo de ventas y ganancias”.
El fallo también confirmó una compensación económica de 86.7 millones de dólares a la pareja.
El glifosato o N-fosfometilo (glicina), es un compuesto organofosforado inhibidor competitivo de la vía del shikimato, el cual permite la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en plantas y microorganismos.
Su utilización en herbicidas de amplio espectro, como RoundUp, se ha incrementado desde 1974, según el artículo “El impacto y la toxicidad del glifosato y los herbicidas a base de glifosato en la salud y la inmunidad”, publicado en la revista especializada Journal of Immunotoxicology, hallada en la biblioteca virtual de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), con la literatura nacional e internacional más relevante sobre el tema.
El Cibiogem es un órgano del Poder Ejecutivo federal que se encarga, al más alto nivel, de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los Organismos Genéticamente Modificados.
En 2017 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno” en humanos.
Según el artículo, los efectos del glifosato sobre el sistema inmunológico parecen alterar la cascada del complemento, la función fagocítica y las respuestas de los linfocitos, además de aumentar la producción de citocinas proinflamatorias en los peces.
En los mamíferos, incluidos los humanos, el glifosato tiene principalmente efectos citotóxicos y genotóxicos, causa inflamación y afecta las funciones de los linfocitos y las interacciones entre los microorganismos y el sistema inmunológico.
Bayer tiene reservados 15 mil millones de dólares para enfrentar la ola de demandas vinculadas con el herbicida sólo en Estados Unidos, además de 4 mil 500 millones de dólares en provisiones adicionales para los futuros juicios.
En México, en mayo pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) festinó que se revocara la suspensión del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en relación con el amparo interpuesto por Monsanto-Bayer contra el decreto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, el cual busca sustituir gradualmente el uso del glifosato en el país.
El resolutivo, emitido el pasado 3 de mayo, declara procedente negar la suspensión provisional solicitada por la trasnacional, ya que no se cumple con el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar “se afectarían disposiciones de orden público en perjuicio del interés de la sociedad”.
La resolución del tribunal colegiado advirtió que el decreto tiene vocación regulatoria de la actividad de las entidades y dependencias de la administración pública federal en cuanto al uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato, la cual tiene una visión anticipatoria sustentada en el principio de prevención en materia sanitaria y de protección al medio ambiente.
En el primer trimestre del año Bayer reportó pérdidas por 2 mil 700 millones de dólares ante los procesos judiciales en Estados Unidos.
La demanda del CNA
El pasado 14 de mayo, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México revocó la suspensión provisional a la resolución de amparo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), con la que buscaba quedar exento de la aplicación del mismo decreto presidencial.
El 24 del mismo mes el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió no ratificar la suspensión definitiva del decreto que prohíbe el uso del glifosato y del maíz genéticamente modificado, solicitada por el CNA, actualmente encabezado por Juan Cortina Gallardo.
En entrevista con este semanario, Christian García, vocero de ese organismo que representa a decenas de cámaras y empresas agroalimentarias, así como asociaciones ganaderas y agrícolas, critica: “Consideramos que esta visión es un poco sesgada e incompleta. Lo que nosotros estamos pugnando como sector es que las decisiones que tomen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial primero estén basadas y fundamentadas en ordenamientos legales vigentes y aplicables”.
En este caso, explica, la Ley General de Salud y la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados tienen disposiciones expresas muy robustas respecto al uso de este tipo de sustancias e insumos agrícolas, que tienen un proceso regulatorio, que tienen más de 11 años de investigación, los cuales pasan por procesos muy rigurosos de revisión por parte de la propia autoridad, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Semarnat.
–¿Qué garantiza el uso seguro del glifosato? –se le cuestiona al portavoz del CNA, el cual fue fundado en 1984 y representa a 75% del PIB agropecuario, así como tres cuartas partes de las exportaciones agroalimentarias del país.
–La primera prueba son los permisos y las autorizaciones para el uso e importación del glifosato que se han otorgado en los últimos 40 años en nuestro país.
“Detrás de esos permisos y de esas autorizaciones están las revisiones de riesgo, de seguridad. Hay revisiones técnicas. Evidentemente todo esto tiene un fundamento legal en la Ley Federal de Salud. Son más de seis leyes, más de 15 reglamentos y más de 30 Normas Oficiales Mexicanas las que regulan el uso de plaguicidas y de agroquímicos en México.”
A la lista suma más de mil 500 estudios de instituciones científicas acreditadas en todo el planeta, así como de agencias regulatorias de otros países, como Estados Unidos, Japón, incluso la Agencia Europea de Seguridad, que han avalado el uso de glifosato para el cultivo agrícola.
Y por último, sustenta, hay expertos que toda su vida se han dedicado al estudio de este tipo de tecnología aplicada a la agricultura y que también “fundamentan y soportan científicamente que el uso del glifosato, conforme a sus instrucciones de seguridad, es positivo para el cultivo de alimentos”.
Agroindustria contra
gobierno y ONG
Para organizaciones como Greenpeace, la restricción del uso del glifosato en el país representaría un triunfo para la salud pública y el cuidado del ambiente. Sería el primer paso hacia una agricultura ecológica libre de agroquímicos que respete los ciclos de la naturaleza y ayude a preservar la agrobiodiversidad de México.
La organización advierte que el uso del herbicida genera resistencia a las malezas, aumentando los costos de producción para los agricultores, mayor dependencia de agroquímicos y daños a la vida silvestre.
Añade que las altas concentraciones de glifosato exponen a la flora y a la fauna, pues destruye plantas que nutren a las abejas y tiene una toxicidad de leve a moderada para aves silvestres (como codornices y patos), algunos anfibios, peces e invertebrados acuáticos.
Ante la lluvia de amparos que la agroindustria interpuso para evadir la aplicación del mencionado decreto presidencial, organizaciones de la sociedad civil presentaron, a finales de julio, 12 recursos amicus curiae o “amigo de la corte” a los juzgados de distrito en materia administrativa que atienden los juicios de amparo.
De esa forma organizaciones como Greenpeace México, la Colectividad Titular del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de Todas las Personas y El Poder del Consumidor aportaron elementos para que, al emitir su resolución final, los jueces salvaguarden el decreto:
“Confiamos en que se haga lo correcto: seguir el principio precautorio, salvaguardar el interés general y que no se resuelvan los juicios de amparo a favor de las quejosas, porque de lo contrario se vulnerarían los derechos humanos y la soberanía alimentaria del país”, señalaron las organizaciones.
Por su parte, el domingo 8 la Industria de Protección de Cultivos, a través de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) junto con Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), pidieron a las autoridades mexicanas considerar el estudio elaborado por el Grupo de Evaluación sobre Glifosato a petición de la Unión Europea, que consta de más de 180 mil páginas y mil 500 investigaciones científicas proporcionadas por el grupo de empresas que solicitó la renovación de la licencia para el uso del glifosato.
“Entre las conclusiones más relevantes del estudio, destaca que no se espera ningún riesgo crónico o agudo para el consumidor por el tratamiento de cultivos con glifosato, ya se trate de residuos en los cultivos tras la aplicación del glifosato o de residuos en los productos alimentarios de origen animal”, dice el comunicado de UMFFAAC y Proccyt.
Sin embargo, el gobierno mexicano al parecer va en serio. Aparte del decreto, en el Tercer Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el gobierno de López Obrador destacó el avance de la eliminación del uso del glifosato y del grano de maíz genéticamente modificado.
De acuerdo con el vocero del CNA, más de 117 cultivos están autorizados para el uso del glifosato, que van desde los granos básicos, como el maíz y el frijol, hasta los productos premium, como el aguacate o las berries de exportación. Además, 50% del glifosato importado en México es usado por pequeños y medianos productores.
El documento Perspectivas Agroalimentarias 2021, elaborado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), revela que la productividad en granos y oleaginosas se ha visto deteriorada debido a las políticas públicas aplicadas, que han mostrado su ineficacia en elevar la producción.
“En un horizonte de tres años, con la eliminación del glifosato como herbicida y la prohibición de la importación de maíz genéticamente modificado, generaría un choque externo hacia la productividad y desarrollo del sector pecuario e industrial”, advierte.
Destaca que existen iniciativas de buena fe, como Maíz por México, impulsada por el actual gobierno, que no han mostrado tener un impacto significativo y posiblemente no lo tengan por los cambios en el uso de herbicidas, biotecnología, costo del agua y falta de crédito.
Para este año se espera que la producción total de granos y oleaginosas sea de 40.3 millones de toneladas en 11.6 millones de hectáreas. Según el reporte del GCMA, tres cultivos ocuparán 87% de la superficie cosechada: maíz (62%), sorgo (11.6%) y frijol (12.8%).
Christian García asegura: “Hay otros herbicidas que también hacen alguna labor de control de malezas. Sin embargo, el tema es que éstos son especializados en cierto tipo de incorporación foliar, o sea que tienen ciertas características muy especializadas, lo cual incrementa su costo. Este año Conacyt determinó una cuota de 25% menos de lo que el mercado requiere. Con ese 25% menos, seguramente (el glifosato) será sustituido por otro producto con un costo superior”.
–¿Cómo ha sido el diálogo con el gobierno mexicano?
–Al final ellos tienen una obligación de cumplir, como nos los han manifestado, con la implementación del decreto. Y nosotros, ejerciendo nuestro derecho de defensa del sector agroalimentario, hemos estado dialogando de esa manera, con estas premisas por delante.
“Estamos en diálogo constante con la autoridad. Sin embargo, no todos esos diálogos nos han llevado a resultados que podamos considerar satisfactorios.”
Proceso consultó a la Sader sobre el tema, pero por motivos de agenda del secretario Víctor Villalobos no fue posible obtener una respuesta; en el caso de la Semarnat, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
