La reforma de última hora a la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable de Baja California, que el gobernador Jaime Bonilla logró sacar adelante en el Congreso del estado, abre la puerta a la privatización del servicio. Desde el Poder Legislativo, los ayuntamientos y la sociedad civil, especialistas en el tema advierten que la creación de organismos “paramunicipales” gestores del agua es el primer paso para que el primer nivel de gobierno contrate a empresas para realizar sus nuevas funciones, como ya ocurrió en otras entidades del país.
“¡Esto es una ofensa para la nueva gobernadora y para la opinión pública!”, reclamó el diputado priista Javier Robles desde su curul en la media luna del pleno del Congreso de Baja California. También varios legisladores morenistas y panistas reclamaron al gobernador Jaime Bonilla delegar a los municipios el manejo del agua potable, a sólo tres meses de concluir su mandato, además de cuestionar que no se consultara a los principales involucrados: los ayuntamientos.
En ese momento los legisladores inconformes demandaron los estudios financiero, técnico y administrativo que justificaran el traslado de las funciones del organismo estatal operador del agua a los municipios. De nada valieron los reclamos. Los diputados afines a Bonilla, quienes no pudieron o no quisieron argumentar a favor de la reforma, la convalidaron con su silencio y sus votos.
Los 25 legisladores de Baja California centraron su discusión en la falta de consulta y de estudios técnicos, pero dejaron de lado la parte “riesgosa” de la reforma: la apertura a la privatización de los servicios del agua, advierten en entrevistas por separado el regidor por Mexicali Ricardo Hernández Morelos, de Morena; Jesús Mata Plascencia, coordinador de la Comisión Jurídica de la Comisión Plural de Ciudadanos en Defensa del Agua de Ensenada, y Miguel Ángel Montoya, consultor nacional en materia hídrica.
La reforma bonillista llegó al Congreso local el 23 de julio y se votó cinco días más tarde sin discusión en comisiones, sin ediles de los ayuntamientos y sin consultar a la próxima gobernadora, la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Aunque la reforma no aborda el tema de las cuotas del agua ni especifica cuál organismo operador se quedará con los millonarios recursos, el gobierno estatal contempla entre sus ingresos un monto de 6 mil 216 millones de pesos por cobros de agua.
La cifra es considerable para un estado que tiene programados para este año ingresos por 58 mil millones de pesos, sin contar los adeudos por un monto similar ni los recursos destinados a las obras hidráulicas.
La nueva ley se aprobó con 13 votos a favor de legisladores afines a Bonilla, 11 en contra (siete de Morena) y una abstención.
La nueva administración y ejecución de los servicios del agua entrarán en vigor una vez que las modificaciones se publiquen en el Diario Oficial del Estado. Baja California se sumará así a estados como Veracruz, donde la empresa brasileña Odebrecht maneja el suministro de agua de municipios como Medellín, Xalapa, Boca del Río y el puerto, o como Coahuila, donde la española Aguas de Barcelona tiene a su cargo el cobro del líquido.
Simulación
De los 12 artículos reformados y la inclusión de tres nuevos de la ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California, el especialista Miguel Ángel Montoya se centra en el recién creado 124 (“Los municipios podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios a que se refiere esta ley”) y en el 122, sobre la creación de “paramunicipales”, figura legalmente necesaria para la privatización del servicio.
Explica: “Un requisito legal para que se dé la privatización es que primero debe existir un organismo descentralizado. Los organismos privatizadores siempre han pugnado por la descentralización del servicio, en este caso, la figura de paramunicipal es lo mismo que un sistema descentralizado”.
Actualmente la entidad cuenta con un organismo descentralizado llamado Comisión Estatal de Servicios Públicos, que depende de las finanzas estatales y le rinde cuentas. A su vez, cada municipio cuenta con una oficina.
La recaudación por el cobro del servicio de agua potable, según la Ley de Ingresos 2021, es de 6 mil 126.4 millones de pesos en números cerrados. Tijuana reporta cobros por 3 mil 607 millones 97 mil 374 pesos; Mexicali, mil 485 millones 701 mil 942; Ensenada, 837 millones 734 mil 993, y Tecate, 285 millones 934 mil 611 pesos.
En el nuevo artículo 122 se establece la creación de organismos “paramunicipales” con “personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa, con las atribuciones que establece esta ley, los ordenamientos municipales y los instrumentos de creación”.
Ellos se encargarán de “la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales”. A su vez, el 123 enumera sus atribuciones, entre las que destaca, en la fracción II, “la ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas”.
La VII se refiere a “el desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos indicados”. Y entre sus objetivos está lo que señala la fracción I: “Todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas negras de cada uno de los municipios a que correspondan”.
Los organismos paramunicipales se encargarán también de la operación y mantenimiento de los sistemas de trata; la prestación a los usuarios de los servicios mencionados; la determinación de créditos fiscales y recaudación de los derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras que les correspondan, conforme a las leyes aplicables y los convenios que celebren.
En este apartado no se incluye que los nuevos organismos puedan cobrar el agua, por lo que no está claro si lo seguirá haciendo el gobierno del estado para quedarse con los más de 6 mil millones de pesos o serán los paramunicipales, que sumen ese monto a sus cobros por derechos.
Miguel Ángel Montoya, quien desde el Congreso de la Unión contribuyó a frenar la privatizadora “ley Korenfeld”, señala que la reforma de Bonilla no contempla candados para “que la iniciativa privada se pueda hacer cargo de la prestación del servicio; no escucho ninguna voz de izquierda que evite esto… y hubiera sido deseable”.
En los municipios de Saltillo, Coahuila; Benito Juárez, Quintana Roo, y el puerto de Veracruz, primero se desconcentró el servicio, ya sea con organismos estatales o paramunicipales, para que la falta de capacidad técnica y económica de los ayuntamientos los llevara a privatizar los servicios.
Por eso, indica el especialista, “suponiendo que no fuera a privatizarse el servicio, de lo cual tengo mis reservas, le dan toda la responsabilidad a los municipios sin ningún apoyo fiscal o financiero, lo que va a terminar tronando las finanzas de los municipios, por lo cual van a recurrir a la privatización.
“Normalmente el estado se hace cargo porque las finanzas municipales no dan y tienen que venir ingresos fiscales estatales para sanearlas, pero en este caso el municipio se hará cargo de todo y no veo capacidad financiera para ello. En unos años entrarán en números rojos, si es que no lo están ya, se va a agravar y van a terminar privatizando.”
Montoya, quien también ha ayudado a autoridades de otros estados a reconfigurar un mejor manejo del agua, dice que la reforma es una simulación, pues el gobernador alega un espíritu municipalista el hacer valer el artículo 115 de la Constitución, que otorga a ese nivel de gobierno el manejo y cobro del agua, pero se queda con el manejo de las asignaciones o bloques de agua que otorga la Comisión Nacional del Agua, y sobre todo la política pública en la materia, como es el diseño, planeación, gestión y coordinación del recurso.
En síntesis, dice, el municipio sólo será ejecutor de obra. “Eso es una simulación; se vende esta reforma como respeto a la autonomía municipalista del 115 constitucional y de la Constitución local; sin embargo, no le da plena libertad a los municipios, empezando por la planeación. Y este tema es estratégico para la armonización con el Plan de Desarrollo Municipal. Esta reforma simula fortalecer la autonomía de los municipios”.
“Municipalitraición”
El coordinador jurídico de la Comisión Plural de Ciudadanos en Defensa del Agua del municipio de Ensenada, Jesús Mata Plascencia, define la reforma de Bonilla como “municipalitraición hidríco-legislativa”.
Abogado y defensor de la participación ciudadana en temas del agua, reclama que no se haya presentado un “diagnóstico formal, económico, financiero, legal, fiscal, administrativo, técnico y de gestión de cada uno de los organismos operadores del agua” que fundamenten el traspaso de “algunas” de las funciones estatales.
Tampoco existe alguna petición formal de los municipios para el traslado de los servicios, aclara; pero lo peor es que se mantiene la fijación y cobro de las tarifas a cargo del Congreso por consumo de agua. Al no estar especificada esta función, se aplica supletoriamente lo que dice la ley actual, detalla.
Convencido de que esta reforma abre la puerta a la privatización, Mata Plascencia coincide en que se va a forzar a los municipios al endeudamiento, “lo que induce a una futura privatización”.
“Si no, ¿cómo entender que la obra hídrica de las futuras paramunicipales será cobrada mediante procedimientos ‘económicos coactivos’? Los ciudadanos interpretamos que mañana los municipios dirán: ‘No puedo, mejor la privatizo y sólo la cobro, pero el costo me lo establecerá una empresa’.”
También reclama que la citada reforma omite la participación ciudadana, no define la obligación de formar contralorías ciudadanas del agua en cada municipio ni define cómo se pagará al personal.
Al respecto, el regidor del ayuntamiento de Mexicali, el morenista Ricardo Hernández Morelos, alerta sobre la posibilidad que tendrán los municipios de “contratar el tratamiento de aguas, la potabilización e incluso brindar el servicio, pues no hay ningún candado que lo impida”.
Recuerda que en Morelia una empresa española cobra por el tratamiento del agua residual, y que en Baja California el gobernador ya entregó a una empresa privada el cobro de adeudos.
Aquí vendrá otro problema, dice: “Organismos empresariales se ampararon contra los cobros millonarios por adeudos que ha realizado el gobierno de Bonilla a través de la empresa Fisamex. Algunos ya han ganado amparos. La pregunta es: ¿y quién pagará esos millonarios recursos, el gobierno del estado o las paramunicipales? ¿Quién va a pagar la nómina? ¿Tiene la capacidad el ayuntamiento? ¿Por qué no se nos consultó? ¿Se tiene la capacidad técnica y financiera para asumir la gestión del agua?
“Debe respetarse el artículo 115 de la Constitución, pero antes tuvieron que consultarnos y presentar un estudio técnico y financiero”, dice el regidor. Por lo pronto, esta semana se solicitará a la presidencia municipal una explicación de lo ocurrido, pues los regidores se enteraron de la reforma cuando ésta ya se discutía en el Congreso.
Mata Plascencia alerta: “Los intereses mayores que están detrás de Bonilla ya han de estar frotándose las manos para buscar acercarse a los presidentes municipales para ‘brindarles su ayuda’ y cobrar o realizar las obras”.
