La oposición colombiana se pregunta cómo fue posible que más de una veintena de exmilitares –uno de los cuales define al grupo como “fuerza letal de exportación”– salieran del país para participar en un operativo armado contra el presidente haitiano Jovenel Moïse, sin que el Ejército y el gobierno, que se jactan de la eficacia de sus servicios de inteligencia, hicieran nada. El hecho es que esos grupos fogueados en el combate a la guerrilla sirven a la ultraderecha de Colombia, la que ha intervenido ilegalmente en otros países del continente, como Venezuela y Ecuador, para imponer su agenda.
BOGOTÁ.- La fotografía es inequívoca: aparecen el presidente de Colombia, Iván Duque, y el empresario venezolano Antonio Intriago, propietario de la compañía de seguridad que contrató a los exmilitares colombianos detenidos en Haití por participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Intriago está relacionado con grupos conservadores de exiliados latinoamericanos en Miami, donde reside y donde, según Duque, fue tomada la fotografía el 10 de febrero de 2018, cuando él era candidato presidencial y encabezó un acto de campaña con colombianos residentes en esa ciudad.
Duque sostiene que no tiene vínculo alguno con Intriago y hasta ahora no hay indicios que impliquen a su gobierno con los exmilitares que asesinaron a Moïse.
Pero tanto la oposición colombiana como el régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela han exhibido la fotografía como una muestra más de la sintonía de la ultraderecha colombiana con personajes turbios y como una pieza circunstancial que debe ser tomada en cuenta en la investigación.
Intriago, cuyo paradero se desconoce, es propietario de CTU Security, empresa con base en Florida que pagó el viaje a Haití de al menos 19 de los exmilitares colombianos que participaron en el magnicidio de Moïse.
El empresario, quien tiene un historial de quiebras y deudas sin pagar en Estados Unidos, también aparece en fotos con el expresidente de Colombia y líder del gobernante Centro Democrático, Álvaro Uribe, y con prominentes figuras de ese partido ultraderechista.
Aunque el gobierno de Duque sostiene que es ajeno a la participación de exmilitares colombianos en la operación del miércoles 7, en la que fue asesinado el mandatario haitiano, para diversos sectores en Colombia existe una responsabilidad institucional y política que debe ser aclarada.
El senador Iván Cepeda dice a Proceso que esta semana citará a un debate de control político al ministro de Defensa, Diego Molano, para que explique al Congreso y al país “cómo es posible que un grupo tan numeroso de exmilitares haya participado en un acto criminal en otro país y cómo es posible que las instituciones de Estado digan que el hecho escapa a su control”.
Sobre todo, señala el legislador opositor, cuando las fuerzas militares y de policía y el propio gobierno “se jactan de sus servicios de inteligencia”.
El asesinato de Moïse, afirma Cepeda, “está todavía en proceso de ser esclarecido y hay mucho por desenredar sobre la participación de Colombia o de ciudadanos colombianos en ese asunto”.
Para el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, en la conspiración contra Moïse “hay un entramado que pasa por Miami con una serie de personajes cuyo rol no está claro y cuyo nexo con personas influyentes en Colombia tampoco está claro”.
Lo que hasta ahora se sabe es que el complot contra el presidente haitiano se planificó en Miami y que para ello hubo reuniones en la sede de la empresa CTU Security en las que participaron Intriago, los colombianos Arcángel Pretelt (exmilitar), Ronald Ramírez (expolicía) y Jonathan Rivera, y los haitianos James Solages y Christian Emmanuel Sanon, quien según la Policía Nacional de Haití fue el líder del complot.
También está acreditado que Jonathan Rivera implicó en los planes a su hermano Germán, capitán retirado del ejército, y al exsargento Duberney Capador, a quienes la policía de Colombia señala como principales reclutadores de los 22 exmilitares colombianos que viajaron a Haití y como los organizadores de la operación armada contra Moïse.
La policía colombiana, que participa en la investigación del magnicidio junto con las autoridades haitianas y agencias estadunidenses, como el FBI, afirma que al menos 24 exmilitares colombianos estuvieron implicados en el operativo que culminó con el asesinato de Moïse. Los militares en retiro, que en su mayoría tienen entre 40 y 50 años, fueron parte de unidades de élite del ejército, tienen experiencia en guerra contrainsurgente y algunos de ellos fueron entrenados en Estados Unidos.
Según datos del ministerio colombiano de Defensa, sólo en los últimos 10 años se han retirado unos 100 mil militares, la mayoría con pensiones que oscilan entre los 300 y 500 dólares, y con sus capacidades de combate en plenitud, lo que les abre las puertas en el negocio de la seguridad en Colombia y en el extranjero.
Cientos de ellos forman parte del ejército de Emiratos Árabes Unidos y han combatido a los rebeldes hutíes en Yemen, lo que los convierte en mercenarios con ingresos de entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales, unas 10 veces más de los montos de sus pensiones.
“Somos berracos (aguerridos) soldados profesionales suboficiales y oficiales entrenados para matar, somos (la) reserva activa, somos fuerza letal de exportación de la patria pa lo k se ofresca (sic)”, escribió en un chat de WhatsApp de exmilitares un suboficial en retiro que se identifica como “SMCC Rambo 3” en esa red social.
De los 24 exmilitares colombianos implicados en el complot contra Moïse, tres murieron en un aparente enfrentamiento con la policía de Haití, tres más escaparon y 18 fueron capturados y están detenidos en Puerto Príncipe, donde esta semana (a partir del lunes 26) se entrevistarán por primera vez con un grupo de funcionarios consulares de Colombia que viajó a ese país caribeño.
Deterioro ético
El coronel en retiro Carlos Alfonso Velásquez, director honorario del grupo Veteranos por Colombia, considera que la participación de exmilitares colombianos en un magnicidio político en suelo extranjero es reflejo del “deterioro ético” que sufren las fuerzas armadas desde hace varios años.
“Hay tareas legítimas en el área de la seguridad privada que los exmilitares pueden desempeñar, pero pasar de ahí a ser mercenarios con armas de combate en un país extranjero es otra cosa, es una conducta ilegal propiciada por una ética institucional baja”, dice a este semanario el coronel y maestro en estudios políticos.
De acuerdo con Velásquez, el deterioro ético de la institución castrense se agudizó en el gobierno de Uribe (2002-2010), cuando las fuerzas militares emplearon métodos criminales en su guerra contra la guerrilla de las FARC, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, un tribunal de justicia transicional creado para juzgar los crímenes del conflicto armado interno), integrantes de las fuerzas militares asesinaron durante el gobierno de Uribe a 6 mil 402 civiles inocentes para presentarlos como bajas en combate, en un caso que se conoce como “falsos positivos”. Incluso cuando Juan Manuel Santos sucedió a Uribe como presidente e inició diálogos de paz con las FARC, altos oficiales del ejército ordenaron escuchas ilegales de los delegados gubernamentales que negociaban con la guerrilla.
Y el año pasado, ya con el uribista Duque en la presidencia, el periodista Ricardo Calderón reveló que el ejército espiaba a magistrados, periodistas, militares y políticos opositores que defienden el proceso de paz con las FARC, y que entregaba la información recopilada a un importante dirigente del gobernante Centro Democrático muy cercano a Uribe.
Francisco Eladio Uribe Ochoa, uno de los 18 exmilitares colombianos presos en Haití, enfrenta un proceso en la JEP como autor de un homicidio en el caso “falsos positivos” y tenía prohibición expresa de salir del país, pero ninguna autoridad impidió que viajara a la nación caribeña el 4 de junio.
La lógica intervencionista
Para el doctor en ciencia política Juan Gabriel Gómez Albarello, el gobierno de Duque, que rechaza los acuerdos de paz con las FARC y que mantiene congelados aspectos fundamentales de su implementación, como la reforma agraria, tiene un discurso “militarista y de mano dura” que estimula a muchos integrantes de la fuerza pública a cruzar los linderos de la legalidad.
“Una señal reiterada que ha dado Duque es que va a proteger a todos los militares y policías que se pasen de la raya”, dice a este semanario el investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
El integrante de la Red Latinoamericana de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert, Mariano Aguirre, señala que los discursos militaristas y de mano dura forman parte de un clima político que el gobernante Centro Democrático “ha fomentado ahora y durante años contra el acuerdo de paz, la reconciliación y la justicia transicional (la JEP).
“Cuando en una sociedad mucha gente no cree en el sistema de justicia y considera que los conflictos se arreglan a tiros, al final resulta normal integrarse en el crimen, en un grupo de guerrilla o trabajar de mercenario”, asegura el maestro en estudios sobre paz y conflicto.
Gómez Albarello, por su parte, afirma que Duque aplica una política de “tapen-tapen” en las investigaciones de los integrantes de la fuerza pública involucrados en el asesinato de medio centenar de manifestantes durante el estallido social que vivió el país entre mayo y junio pasados.
“Duque es un presidente que, para no hacer concesiones a quienes se manifiestan, está dispuesto a matar un montón de gente, y tú me puedes citar así, porque estamos hablando de 54 muertos y unos 70 desaparecidos en estas protestas, y eso es decirle al pueblo colombiano ‘si usted se atreve a levantarse, a protestar, nuestra respuesta será letal’”, afirma el académico.
En este contexto, asegura, “los militares y policías, que son los instrumentos de la represión, se sienten muy protegidos” por Duque y por el mentor político de éste: Uribe.
Ambos, agrega el politólogo, forman parte “de esta coalición de extrema derecha que se ha creado en América Latina y que está dispuesta a utilizar diferentes medios para atacar a sus enemigos, defender sus intereses y mantenerse en el poder o recuperarlo”.
Gómez Albarello menciona, como ejemplo, una operación militar que se desarrolló en mayo del año pasado desde Colombia con el propósito de derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la cual, según testimonios de varios de los involucrados, contó con el pleno respaldo de los servicios colombianos de seguridad.
En la llamada Operación Gedeón participaron unos 60 exmilitares y venezolanos que fueron entrenados en el caribeño departamento colombiano de La Guajira por dos exmilitares estadunidenses.
Según Maduro, los responsables de la fallida invasión –que fue desarticulada por Venezuela cuando los atacantes llegaron en lanchas, algunas de ellas de la armada colombiana, a las costas de ese país– fueron Iván Duque, Uribe y el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Mariano Aguirre, exasesor de la oficina de la ONU en Colombia, señala que Duque ha tomado posiciones “de dura confrontación” con Venezuela, “pero no veo conexiones con el asesinato del presidente haitiano”.
Políticamente, dice, las posturas de Moïse no eran ni contrarias ni favorables al gobierno de Colombia.
El autor del libro Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria Editorial, 2017) dice que lo importante es saber qué hicieron los exmilitares que participaron en el asesinato de Moïse, cuando eran parte activa del ejército.
Por ejemplo, qué cosas saben de cuestiones como los “falsos positivos” o qué información tienen “de cuando eran miembros de la fuerza pública y que el gobierno de Duque no tiene interés de que salga a la luz”.
Duque está perfectamente alineado con la extrema derecha latinoamericana y no pierde oportunidad de ayudar a sus aliados en la región, como el banquero y presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
El fiscal colombiano Francisco Barbosa, un amigo de Duque acusado por la oposición de actuar a favor del gobierno, entró al juego electoral ecuatoriano al afirmar en plena campaña que el candidato izquierdista Andrés Arauz –a quien finalmente venció Lasso– había recibido financiamiento de la guerrilla del ELN.
El año pasado, dirigentes y legisladores del gobernante Centro Democrático hicieron campaña en Florida a favor de Donald Trump, quien aspiraba a la reelección.
Cepeda dice que lo que se ha visto en los últimos años es “una creciente intervención de autoridades, particulares y militares colombianos supuestamente retirados, en asuntos de otros países, con el propósito de favorecer intereses políticos de la extrema derecha”.
Algunos de estos actos, agrega el legislador, son “injerencistas, han sido abiertamente ilegales y nunca se han investigado a fondo, así que aquí la gran pregunta es qué papel está jugando Colombia en el entramado de relaciones internacionales”.
Cepeda plantea que es muy llamativo que “siempre que uno habla de estos asuntos, todos los caminos conducen a Roma, es decir, a la ciudad de Miami, que es la capital de la extrema derecha latinoamericana y donde claramente se planificó y organizó el asesinato” de Moïse. l
