Quienes litigaron contra el gobierno también fueron presas del espionaje de Estado descubierto por la iniciativa internacional Pegasus Project. Entre los 15 mil números telefónicos descubiertos en las bases de datos del programa de espionaje israelí usado en el sexenio de Enrique Peña Nieto se encuentran los de abogados de despachos particulares, del caso Ayotzinapa y hasta un defensor del Chapo Guzmán, entre otros. Los abogados Eduardo Amerena y Guillermo Barradas exponen el hostigamiento que padecieron ellos, familiares y colaboradores tras los intentos de intrusión a sus teléfonos.
Litigar contra el Estado mexicano convirtió a por lo menos una treintena de abogados penalistas y asesores victimales en posibles blancos de espionaje durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una revisión realizada por Pegasus Project entre los 15 mil números telefónicos que fueron ingresados en la plataforma del software espía Pegasus para su operación en México.
Los intentos de infección fueron corroborados por Proceso mediante casi una veintena de mensajes de texto que los propios afectados resguardaron y entregaron a los periodistas mexicanos de Pegasus Project, los cuales cuentan con características similares a los que se han usado contra otras víctimas ya confirmadas del programa espía.
Los posibles objetivos del espionaje intrusivo con el spyware de NSO Group, el cual fue adquirido en México por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurrieron entre septiembre de 2016 y junio de 2017, de acuerdo con los registros a los que tuvo acceso esta investigación periodística.
Al menos dos de los abogados consultados anunciaron que podrían presentar una denuncia penal ahora que sus sospechas de espionaje se han confirmado, debido a que existió el propósito de vulnerar la confidencialidad que existe entre litigantes y defendidos, lo que a su vez representa una violación a los derechos humanos y contraviene la Convención de La Habana sobre las garantías que el Estado debe otorgar a los defensores de personas.
Una revisión de los datos telefónicos en poder de Pegasus Project –a los que tuvieron acceso en un primer momento Forbidden Stories y Amnistía Internacional– apunta a que la mayor parte de los intentos de infección contra los litigantes proviene de un cliente con características que corresponden al Cisen.
Los penalistas Eduardo Amerena y Guillermo Barradas explicaron a Proceso que los intentos de intrusión a sus comunicaciones privadas coincidieron con acciones de seguimiento físico en su contra realizadas por agentes del Cisen. Barradas denunció que el hostigamiento incluyó el envío de elementos de la Armada de México tanto a su despacho como a su domicilio privado.
Sin embargo, otro de los perfiles que pudo haber intentado dichas infecciones corresponde a la entonces PGR (actualmente fiscalía), cliente que los periodistas de Pegasus Project lograron identificar con mayor precisión gracias a un oficio en el que se solicita la intervención legal de un número telefónico que también aparece entre los 15 mil blancos seleccionados en México como posible objetivo de espionaje de la plataforma Pegasus.
Estos intentos de espionaje a los abogados mexicanos no se dieron de manera aislada. La revisión realizada por Proceso indica que los blancos eran seleccionados por despacho, incluyendo a estudiantes universitarios que se desempeñaban como pasantes, y al menos en uno de los casos, también se pudo identificar a la esposa de uno de los litigantes.
Entre los casos relacionados con los abogados que fueron objeto de vigilancia se encuentran los del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que concluyó su mandato con graves imputaciones de corrupción y desvío de recursos; el de la exlíderesa magisterial Elba Esther Gordillo, procesada en ese momento por lavado de dinero, y el del líder del sindicato minero y actual senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia.
Pegasus Project es una investigación periodística que inició con la filtración de 50 mil datos telefónicos ingresados por los diferentes clientes de NSO Group en la plataforma Pegasus, los cuales fueron revisados por periodistas de 16 medios en 10 países diferentes, bajo la coordinación de Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Los blancos
Una revisión hecha por los periodistas sobre los 15 mil datos telefónicos ingresados a la plataforma Pegasus por clientes mexicanos revela que entre los abogados que fueron atacados con el envío de mensajes de texto maliciosos están Eduardo Amerena, de Amerena y Asociados; Marco Antonio del Toro, Pablo Campuzano, Guillermo Barradas y Antonio García, de García González y Barradas; Rodolfo de la Guardia, Rodolfo Félix Cárdenas y Carlos Andrés Brambila, de Félix Cárdenas, y Ricardo Contreras del despacho que defiende a la petrolera Oro Negro, entre otros.
Además se encuentran abogados defensores de víctimas, como es el caso de Abel Barrera, Vidulfo Rosales y Mario Patrón, representantes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, cuyos casos también son contabilizados como defensores de derechos humanos y movimientos sociales.
En la lista también aparecen José Refugio Rodríguez, el abogado más visible de Joaquín El Chapo Guzmán contra su proceso de extradición, y otros litigantes que se especializan en la defensa de imputados por crimen organizado que se omiten por motivos de seguridad.
La cacería de Duarte
Defensor de dos clientes vinculados con el caso de Javier Duarte, Eduardo Amerena advierte que “el espionaje a abogados es tan grave como el que se hace a los periodistas; tenemos derecho a la inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagamos en el ejercicio de nuestras funciones”.
En su despacho, tanto él como sus asociados recibieron decenas de mensajes que simulaban reportes de operaciones no autorizadas de un banco o invitaciones a ver fotografías de mujeres.
“Hola encontre tu numero (sic) y quisiera volver a verte, espero me recuerdes, te mando mi foto TQM”, señala uno de los mensajes enviados el 7 de febrero de 2017 a uno de sus abogados auxiliares.
El propio Amerena recibió uno simulando el mensaje de uno de sus clientes: “Lic. Me acaba de llegar esta notificación y me URGE que me ayude a darle respuesta”, señala el texto fechado el 13 de enero de 2017.
También lo quisieron hacer caer con el reporte de una falsa detención de Javier Duarte en un mensaje atribuido a la televisora UNO TV, con fecha del 23 de enero de 2017. “UNOTV.COM/POLICIA DE COSTA RICA LOGRO DETENCIÓN DE JAVIER DUARTE”.
Eduardo Amerena no recuerda haber caído en las múltiples trampas que le enviaron para que su dispositivo móvil fuera infectado con Pegasus, pero aun así condena los intentos y el acoso físico que sufrió de manera personal.
“Un día me iban siguiendo dos tipos en un auto yendo de mi despacho hacia mi casa, me di cuenta, pedí apoyo de una patrulla que los interceptó. Las personas que iban a bordo se identificaron como agentes del Cisen, por eso insisto en que los intentos de intrusión venían de ese mismo lugar”, denuncia.
El penalista Guillermo Barradas y su socio Antonio García no la pasaron mejor. Además de los mensajes que en el caso de ambos litigantes fueron más agresivos, insultando a sus familias; Barradas recuerda que enviaron tanquetas de la Marina para vigilar su despacho y su domicilio particular. Su despacho también había intervenido en el caso Javier Duarte.
“Nosotros presentamos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los mensajes decían que se había muerto un amigo o se metían con la esposa de mi socio y con nuestras familias. Era claramente un delito de intromisión en las conversaciones privadas con nuestros clientes, bajo la intensidad, hasta que fue detenido Duarte”, explica.
El abogado Pablo Campuzano sí le dio “clic” a uno de los mensajes. “Sabía que era persona de interés, era abogado de Javier Duarte y él estaba prófugo. No recuerdo la fecha exacta, me cayó un mensaje en tono de reclamo de un cliente por ‘un asunto que no estaba bien concluido, le di clic y no se abrió ninguna página, por lo que me di cuenta del engaño’”.
Por recomendación de un experto en seguridad digital cambió su teléfono en ese momento y no volvió a caer, pero la misma dinámica la vivieron otros integrantes de su despacho.
A pesar del cambio de gobierno, Amerena considera que la situación para los abogados mexicanos no ha mejorado. Por el contrario, afirma que ha empeorado. “Los mensajes de Pegasus no se comparan con las presiones que estamos enfrentando ahorita, estamos peor que en el sexenio pasado”, denuncia.
Fiscalía inactiva
Los abogados Rodolfo de la Guardia y Marco Antonio del Toro también enfrentaron intentos de infección masiva. Además de los mensajes de texto que recibieron en sus teléfonos personales, al menos otros dos integrantes de sus despachos fueron seleccionados como blancos de espionaje de la plataforma Pegasus, pero es imposible saber si estos intentos tuvieron éxito porque ya no conservan los aparatos que usaron entre septiembre de 2016 y junio de 2017.
Aún así, ambos analizan la posibilidad de interponer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de los intentos de espionaje ilegal.
“A todas luces en el sexenio pasado la PGR claudicó de investigar y se privilegió el espionaje. Rompieron cualquier regla del estado de derecho, ¿cómo pudieron espiar a 15 mil números en México?, me voy a sumar a las acciones legales que procedan”, dice De la Guardia.
Los intentos de intrusión en el caso de Marco Antonio del Toro incluyeron los números de su esposa y de uno de sus pasantes, por lo que también prepara una denuncia penal.
“La intervención ilegal de comunicaciones privadas como práctica gubernamental atenta contra derechos fundamentales y constituye delitos del orden federal que deben investigarse y sancionarse. No hacerlo, dejar esos hechos impunes, fomenta ese tipo de conductas en detrimento de un estado de derecho. La ilegal intervención de comunicaciones que nos hicieron como abogados defensores en asuntos, que entonces eran de relevancia pública, el haberlo hecho incluso respecto de pasantes de nuestro despacho, atenta contra los principios básicos sobre la función de abogados emitidos por la ONU y suscritos por México”, sentencia.
La decisión de los litigantes particulares contrasta con la inmovilidad de la actual Fiscalía General de la República (FGR). Pese a heredar una denuncia de periodistas y defensores de derechos humanos espiados desde 2017 y de recibir una nueva denuncia en 2019, la FGR no había reportado en la investigación y sólo reaccionó cuando se dio a conocer la investigación periodística de Pegasus Project en México.
El boletín emitido por la FGR el miércoles 21 confundió las dos carpetas de investigación existentes sobre el caso Pegasus, una relacionada con la adquisición del software espía por parte de la extinta PGR y otra relacionada con la red de empresas fachada, incluyendo KBH Track, que le vendió el malware a la Sedena y al Cisen.
Además, el comunicado oficial tuvo que ser aclarado por la periodista Carmen Aristegui, señalada como participante de un cateo y de otras diligencias no especificadas. Aristegui advirtió que no ha participado en ninguna diligencia y que su papel se limitó a colaborar con las autoridades en su calidad de víctima.
Finalmente, el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto tuvo que corregir a la propia FGR por el comunicado en el que esa dependencia afirmó que no se habían encontrado evidencias de espionaje en los análisis forenses que ha realizado esa institución educativa.
En su boletín, la FGR aseguró que Citizen Lab no encontró una evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo, por lo que los expertos de esa organización tuvieron que aclarar a la fiscalía lo que realmente les han entregado y las recomendaciones para que sus peritos puedan seguir investigando.
“Leemos estas declaraciones con perplejidad y sorpresa. Le recordamos a la fiscalía que nuestra investigación identificó intentos de infección con el malware Pegasus a través de mensajes de texto, para lo cual recolectamos y verificamos un gran número de mensajes enviados a, al menos, 25 individuos en México.
“En múltiples ocasiones aportamos extensa documentación escrita –así como explicaciones orales en persona a representantes de la fiscalía– que documentaron la escala de los ataques contra la sociedad civil mexicana. Adicionalmente hemos explicado a la fiscalía cómo puede perseguir líneas de investigación adicionales y hemos aportado recomendaciones técnicas extensas.”
Citizen Lab agregó que “no entendemos por qué la fiscalía ha elegido este momento para distorsionar nuestras declaraciones respecto de nuestras propias investigaciones, precisamente cuando más evidencia ha emergido desde otras fuentes que documentan los ataques a la sociedad civil en México”.
La respuesta de la FGR ante Carmen Aristegui y Citizen Lab fue el silencio, con el agravante de que los dos funcionarios encargados del caso, Sara Irene Herrerías y Ricardo Sánchez, trabajaron previamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dinchenin, Mathieu Tourliere (Proceso), Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (The Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.
