Hay un choque de trenes en torno al apoyo para zonas arqueológicas en la Península de Yucatán por donde transitará el Tren Maya: la postura oficial lo defiende como proyecto turístico y desarrollo de la región, mientras que el antropólogo Juan Manuel Sandoval y el investigador Felipe Echenique han llegado incluso a la denuncia jurídica por la afectación a bienes arqueológicos mayas. Se trata, expone este último en entrevista, de un instrumento de reordenamiento territorial y de explotación de riquezas, cuyo origen transexenal de supuesto desarrollo económico intenta contener la migración.
La inversión especial de 770 millones de pesos que la Secretaría de Cultura (SC) anunció el 15 de junio pasado para zonas arqueológicas ubicadas en la Península de Yucatán, como parte del proyecto Tren Maya, inevitablemente hizo recordar al historiador Felipe Echenique March los 14 proyectos especiales de arqueología del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Como ahora, cuando se conmemoran 500 años de la caída de Tenochtitlan, Salinas aprovechó el entonces llamado Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos para dar a conocer la asignación de 103 mil 88 millones de viejos pesos (casi la mitad del presupuesto de ese año del Instituto Nacional de Antropología e Historia-INAH). Pero, al contrario del presidente Andrés Manuel López Obrador que constantemente se ha confrontado con el gobierno español, Salinas felicitó al entonces presidente hispano Felipe González y al rey Juan Carlos I de Borbón por la fiesta nacional de España (Proceso 834).
Aquel 12 de octubre de 1992 en Los Pinos, se destacó como propósito el rescate y conservación del patrimonio arqueológico y ecológico, así como el impulso al turismo. Sorprendió que se anunciara la apertura para la inversión privada. Entre las zonas y regiones beneficiadas pueden recordarse de la región maya: Palenque, Parque de la Venta, Sur de Quintana Roo, Museo del Pueblo Maya, Chichén Itzá y Palenque.
En el anuncio actual de la titular de Cultura, Alejandra Frausto, se incluyeron Chichén Itzá en Yucatán, Tulum y Cobá en Quintana Roo, Calakmul y Edzná en Campeche, y en la Ruta Puuc de Yucatán, Uxmal, Kabah, Xlapak, Sayil, Oxkintok, Chacmultún y Labná. Sus objetivos destacan el mejoramiento de los servicios, de caminos de acceso, ampliación de espacios y oferta de nuevas experiencias a los visitantes y rehabilitación de espacios museográficos, entre otros.
Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Echenique es tajante al enfatizar que el Tren Maya no es un proyecto turístico, sino un instrumento de reordenamiento territorial, cuyos orígenes se trasladan justo al planteamiento salinista, y fue retomado en los sexenios subsecuentes con diferentes nombres. Una idea transexenal de supuesto desarrollo económico para contener la migración.
En el reportaje El proyecto Mundo Maya, salvajemente neoliberal, del 31 de julio de 2011 (Proceso 1813), el doctor en ciencias políticas Iván Franco Cáceres y su hermano Jorge, especialista en el impacto de proyectos turísticos e inmobiliarios de la zona, detallaron: Con Ernesto Zedillo se llamó Mundo Maya, e igual que con Salinas, se abrían las puertas a la inversión nacional y extranjera del patrimonio arqueológico e histórico como de las playas y bienes naturales; el Plan Puebla Panamá de Vicente Fox dio un giro al permitir inversiones petroleras con la instalación de refinerías.
Con Felipe Calderón retomó el nombre Mundo Maya, pero fue más abierto a la explotación de los recursos estratégicos: el petróleo, con la llegada de empresas como Shell y Exxon Mobil, además iridio, rodio y otras riquezas resultado del meteorito que abrió el cráter Chicxulub. Enrique Peña Nieto le llamó Proyecto Mesoamérica y el fin fue la integración regional.
Advirtieron que el cambio y la flexibilización en la reglamentación del uso del suelo, permitidos por la reforma al artículo 23 constitucional facilitaban la llegada de grandes inversionistas y el despojo de tierras o su adquisición a precios irrisorios: “Estamos viviendo, sobre todo de los noventa a la fecha, un proceso muy similar a la conquista española de grandes compras o despojos de tierra que está sacando al mercado el propio Estado o la iniciativa privada”, sentenció Iván Franco, también investigador del INAH.
A su vez, Jorge Franco advirtió que se estaban creando las condiciones para una integración económica definitiva a la economía estadunidense con condiciones deplorables para México, y resumió, comparando los proyectos, que el de Calderón “es salvajemente neoliberal” porque al menos el de Salinas “tenía algunos compromisos con la cultura y la tradición”.
Sin disenso
Echenique coincide en que el viejo proyecto salinista “no es distinto del Tren Maya”, y “por eso ningún partido, PRI, PAN ni PRD se le oponen, todos están de acuerdo”. Recuerda, por ejemplo, que cuando los investigadores del INAH rechazaron el proyecto en Teotihuacán, Adriana Luna Parra del PRD les ayudó a hacer “gran escándalo”. Ahora ningún diputado o senador lo hace, cuando más de 60 investigadores del INAH y otras instituciones de México y el extranjero avalan la denuncia que él y el antropólogo Juan Manuel Sandoval Palacios presentaron el 15 de mayo de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), por “la presunta destrucción de un indeterminado número de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos, y otra serie de patrimonios culturales” de los pueblos mayas.
El 22 de diciembre de 2019 (Proceso 2251), el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) y responsable del proyecto Tren Maya, explicó al reportero Mathieu Tourlière la propuesta de ordenamiento territorial. El empresario, impulsor en su momento de la llamada Ruta Maya o Mundo Maya, aseguró que con recursos del turismo se impulsará el desarrollo de las comunidades y se crearán “ciudades nuevas” con hoteles, comercios y viviendas, cercanas a las estaciones del tren”. Echenique advierte que en realidad serán parques agroindustriales:
“Recordemos que el tren de Estados Unidos permitió la colonización del sur –bueno, del norte de México porque era nuestro territorio– hasta el oeste. Es un vehículo de colonización intensivo y extensivo porque no solamente pasa, sino que, por donde pasa, empieza a haber un crecimiento de población impresionante. Esto va a pasar desde Tabasco hasta Quintana Roo.”
Lamenta que se afectarán la selva, las comunidades aledañas y los vestigios arqueológicos. En este último caso, explica que no se trata sólo de las zonas ya abiertas al público, sino de lugares que no han sido explorados, y que incluso desde antes de la llegada de los españoles están abandonados. Hay algunas “más grandes que Calakmul, impresionantes… y lo van a destruir porque nunca habrá posibilidad de recuperación, será una pérdida para la humanidad entera porque una vez que corra el tren no habrá forma de hacer trabajos de ningún tipo ni de salvamento”.
En opinión suya “lo que se viene es muy fuerte”, porque todavía hay tierras del sur-sureste en manos de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, la gran mayoría con actividades agrícolas, otros con pequeñas parcelas o dedicados a la apicultura. Pero cada estación, 19 en total, detonará una serie “impresionante” de servicios y las llamadas ciudades nuevas, el uso del suelo dejará de ser agrícola para convertirse en parques industriales y turísticos, y habrá una fuerte especulación de la tierra:
“Una vez circulando el tren ya no parará la urbanización y el cambio del uso de suelo. Alrededor estarán los hotelitos, tienditas, cafecitos. Nosotros hemos solicitado información que precise: cuántas hectáreas para esto, cuánto aquello, hasta dijeron que las comunidades serán socias” (en un esquema donde recibirán 30% de las ganancias y el inversionista 70%). Cuando lo cierto, dice, es que tradicionalmente termina despojándose a las comunidades y se les dan los trabajos más precarios.
Coincide con Iván Franco en el sentido de que todos los proyectos sexenales tienen como fin principal el ordenamiento territorial y la explotación de riquezas. Añade, por su parte, contener la migración hacia Estados Unidos, desde el sur-sureste y países de la región, como Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, incluso más al sur, como Bolivia y Colombia. Y para ello son los parques industriales, a los cuales López Obrador considera como una suerte de valla para detener la migración. El historiador asegura, en cambio, que se ha hablado de una valla física antes y después de las vías del Tren en el Istmo de Tehuantepec.
Respecto a los proyectos arqueológicos, Echenique no duda en considerar que será el “acabose”: oficialmente se habla del hallazgo de más de 14 mil monumentos arqueológicos. Recuerda que el 11 de julio pasado, López Obrador publicó en su Twitter la imagen de una pequeña cara de jadeíta, fracturada, colocada en la palma de la mano. Le parece muy grave, porque en algún medio se manejó que él se la encontró, y aclara que las piezas no se “encuentran” como si estuvieran a flor de tierra, se debe excavar. Además, el INAH no ha informado sobre las acciones para proteger esos monumentos ni cómo lo hará con los patrimonios histórico-culturales de los pueblos ch’ol, tojolabal, lacandón, mam, tzotzil, tzeltal, huave, mixe, zapoteca, zoque, chontal y nahua que “verán en riesgo su existencia y preservación” por los impactos de los trenes Maya y del Istmo.
Por ello la denuncia por presunto daño al patrimonio, e informa que en los próximos días acudirán a la FGR a ratificarla. En ella señalan que las investigaciones antropológicas e históricas de los pueblos y comunidades originarias son una necesidad social “reconocida desde el siglo XIX” como lo es también la protección de los bienes nacionales arqueológicos e históricos muebles o inmuebles. Y condenan que la recuperación de piezas no se esté haciendo en el marco de estudios integrales:
“Aumentar los registros, inventarios y catálogos a través de los trabajos de rescate y salvamento es cuestionable, pues no obedecen a una lógica de investigación científica, sino de urgencia política y económica de los gobiernos. Trabajar con rescates y salvamentos dada la urgencia e imponderable realización de las obras públicas, debe ser la excepción y no la regla, pues con esos trabajos dispuestos como la norma institucional, se traiciona el espíritu y la letra de la Ley Orgánica del INAH y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.”
