El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas está siendo rebasado en el gobierno de la 4T; falta de personal y recursos, entre los males que la aquejan. Y no es que la violencia contra activistas y comunicadores sea nueva en este sexenio, pero lo que es innegable es que los ataques no han tenido un freno en la actual administración, así lo exponen cifras dadas a conocer por la propia Secretaría de Gobernación. Para organizaciones civiles, el discurso hostil de autoridades federales y locales contra la prensa, por ejemplo, ha sido una especie de “permiso” para que continúen las agresiones.
El viernes 2 fue asesinado a balazos el activista David Díaz Valdez, quien durante años denunció la contaminación de la termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, en Colima; tres días después, Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Las Abejas de Acteal, fue ejecutado en Simojovel, Chiapas, por una persona que se desplazaba en motocicleta.
Ambos homicidios se sumaron a la lista de defensores de derechos humanos víctimas de una violencia que, al igual que la ejercida contra los periodistas, no ha cesado en México, rebasando la capacidad de instrumentos como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Los homicidios ocurrieron luego de que el Estado mexicano compareciera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia “Protección de los derechos humanos de las personas defensoras y comunicadoras en México”, en el contexto del 180 Periodo de Sesiones.
La grave situación en la cual se encuentran los activistas y comunicadores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se revela en las cifras registradas al 30 de junio último, presentadas en la audiencia virtual realizada por el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque: 41 periodistas y 60 defensores de derechos humanos asesinados.
Actualmente el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas tiene mil 424 inscritos, cifra que representa 78% más de los 798 que tenía al inició de la presente administración.
Sobre la problemática, el funcionario federal dijo que para este año la Cámara de Diputados asignó al Mecanismo 227 millones de pesos y que se solicitó a la Secretaría de Hacienda la ampliación presupuestaria por más de 187 millones de pesos.
El informe federal sobre defensores de derechos humanos asesinados supera por poco lo denunciado por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que contabilizó 45 asesinatos durante los dos primeros años de gobierno de López Obrador, y al menos otros 10 en lo que va de 2021.
La coordinadora del área de Defensa de la Red TDT, Marianna Mendoza Aquino, advierte que, si bien la violencia contra los defensores “ya estaba ahí” cuando López Obrador llegó al poder, “la reactivación de los megaproyectos catapultó una serie de agresiones en diferentes niveles: amenazas, hostigamiento, criminalización y asesinatos”.
De acuerdo con datos de 2019 a lo que va de 2021, los estados más violentos en este rubro son Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Sonora.
Mendoza Aquino reconoce que durante esta administración “se ha logrado incorporar a más personas defensoras al mecanismo de protección, pero eso no quiere decir que se estén implementando medidas superurgentes; por el contrario, el mecanismo está rebasado en su
capacidad”.
Estrategia hostil en estados
Para el gremio periodístico la situación no es mejor, coinciden los responsables de las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras (RSF); Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, y Jan Albert Hootsen, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
En sus más recientes informes anuales, estas organizaciones coinciden en que México es una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo. RSF, por ejemplo, ubica a nuestro país en el sitio 143 de una lista de 180; el CPJ sostiene que México es el sexto más peligroso del mundo después de cinco que se encuentran envueltos en conflictos bélicos, y Artículo 19 registró 492 agresiones a periodistas en 2020 y 74 en lo que va de 2021.
En entrevistas por separado, los tres defensores exponen que prevalecen la violencia contra el gremio periodístico y la impunidad.
Flores advierte que casos como los de los periodistas Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Sinaloa, en los cuales la presión de la sociedad civil se ha traducido en detenciones y sentencias contra involucrados en los crímenes ocurridos en 2017, son la excepción porque la impunidad prevalece en el resto de los asesinatos.
A ello se suma un aumento en la cifra de desplazados forzados en varios estados, como Guerrero, Michoacán y Zacatecas, donde “se están quedando sin periodistas”.
Pone de ejemplo Iguala, donde 10 periodistas han tenido que huir ante la falta de condiciones de seguridad para ejercer su oficio.
“El gobierno dice que ‘ya no hay ataques a periodistas’, pero ya no hay porque los periodistas ya no están ahí; la inseguridad ha hecho que el Mecanismo de Protección tenga a más de 400 periodistas bajo su protección, y que los peticionarios, junto con los defensores, hayan aumentado más de 60%.”
Flores alerta sobre las fallas de los instrumentos de protección, pues en los últimos cinco años siete periodistas que eran beneficiarios fueron asesinados, cuatro de ellos durante el gobierno de la 4T.
Hootsen apunta que, si bien la inercia violenta contra la prensa se ha mantenido durante el lopezobradorismo, lo que distingue a este periodo “son los ciberataques específicos para tumbar sitios, algo que vimos particularmente en Sinaloa, pero también se usan perfiles falsos y perfiles orgánicos en redes sociales para atacar a los periodistas”.
Ejemplo de lo anterior, detalla, es el caso del grupo de profesionales de Iguala que tuvo que dejar la ciudad ante “las amenazas y hostigamientos que a diario sufren por parte del crimen organizado”, sin que hasta ahora haya “una política pública que esté atendiendo el problema”.
Hootsen agrega que otro sello distintivo del actual gobierno federal es la “estigmatización de los medios de comunicación y sus periodistas”, comportamiento que ya es replicado por los gobernadores de Puebla, Baja California y Guanajuato, así como por el gobierno municipal de Solidaridad en Quintana Roo, detonando “un clima de desensibilización en el público en general por los casos de violencia contra periodistas”.
Leopoldo Maldonado, quien ha sido blanco de señalamientos federales, expone que el discurso hostil contra la prensa y defensores “agudiza el patrón de violencia” que de por sí prevalece en México y se constituye en un “permiso para agredir”, aunado a que se han triplicado las acciones judiciales para inhibir a la prensa, al pasar de 11 a 33 en un año, la mitad de éstas, presentadas ante los tribunales por funcionarios del gobierno de Miguel Barbosa en Puebla.
Maldonado, que ha recibido “ataques de 40, 50, 60 cuentas distintas de Twitter por minuto”, considera que la continuidad en los ataques a la prensa y defensores de derechos humanos “es un golpe muy duro a las expectativas que teníamos al principio del gobierno (de la 4T) de que se revirtiera este patrón de violencia.
“Se ha perdido una oportunidad histórica para que un jefe de Estado, con esa legitimidad y popularidad, se colocara al frente de una estrategia distinta, que llamara al reconocimiento de la labor periodística y el aporte histórico de la defensa de derechos humanos en el país.”
Alberto Xicoténcatl, presidente del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, advierte que la vulnerabilidad en la cual se encuentran esos sectores se explica porque “la actual administración no ha logrado revertir la violencia que sufre todo el país”.
Director de la Casa del Migrante de Saltillo, Xicoténcatl considera que en los hechos no ha cambiado el tipo de agresores contra defensores y periodistas, ya que “más de 70% de los casos que llegan al mecanismo tiene que ver con violencia política, de funcionarios municipales y le siguen los estatales”.
Agrega que el resto de los expedientes corresponde a agresiones que provienen de la delincuencia organizada, pero en “90% de esos casos, con fuertes vínculos con gobiernos estatales y municipales”.
El defensor destaca que mientras la violencia contra defensores y periodistas va en aumento, los recursos destinados a su protección no alcanzan, sobre todo cuando en octubre último fue eliminado el fideicomiso con el cual se cubrían las necesidades del mecanismo, para lo cual se tiene contratada una sola empresa.
Ausencias
En 2014 este semanario (Proceso 1955) reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto contrató a la empresa RCU Sistemas, SA de CV, representada legalmente por Israel González León, para proporcionar todo tipo de servicios de comunicación y de seguridad al mecanismo, pagados mediante el fideicomiso creado exprofeso.
“Para este año el mecanismo tiene un presupuesto aproximado de 380 millones de pesos; de esa suma, 80 millones se van a la Guardia Nacional que presta el servicio de guardias… y se le deben a la empresa tres meses del año pasado más lo que va de 2021”, dice Xicoténcatl.
Además del dinero, el defensor advierte que el incremento de personas que ingresan al mecanismo en busca de protección ha rebasado las capacidades humanas del personal que lo integra, pues “cada funcionario tiene que darle seguimiento a más de 150 casos” y cada caso llega a tener 25 personas, como es el de la Casa del Migrante, de Saltillo.
Detalla que, si bien el mecanismo cuenta con 40 funcionarios divididos en tres unidades, “son muy pocas las personas que dan seguimiento a las medidas de protección”.
Xicoténcatl lamenta que a todos esos males se suma el desinterés de las autoridades: debido a la subcompactación que se hizo de las subsecretarías en la Segob, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sólo ha estado en tres juntas de gobierno en todo el sexenio.
“Habiendo una silla en la Junta de Gobierno para un representante de la Cámara de Diputados, durante esta administración siempre ha estado vacía, y es la Cámara la que aprobó la desaparición del fideicomiso del mecanismo, sin conocer las necesidades ni sus problemas.”
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), dice que la violencia contra defensores y periodistas es un fenómeno que se ha generalizado en América Latina, pero que sólo México y Colombia tienen instrumentos de Estado para proteger a esos gremios, sin dejar de lado que “el mecanismo cumple una función limitada”.
Fernández-Maldonado aclara que “las medidas restrictivas para enfrentar la pandemia también afectaron el funcionamiento y los fondos del mecanismo, así como el avance de la implementación de las recomendaciones”.
