El asesinato en Pantelhó del activista Simón Pedro Pérez López enardeció a los habitantes del municipio, que viven bajo la permanente amenaza de las bandas delincuenciales. Inmersos en una semana de violencia, bloqueos y ejecuciones, los pobladores agraviados aseguran que cuentan ya con su propio grupo de autodefensa: Los Ciriles, que dirige Mario Jiménez López. Y mientras la alcalde saliente Deli Yaneth Velasco Flores culpa a ese grupo de la desestabilización, muchas familias prefirieron desplazarse a localidades vecinas.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Atrapados en una espiral de violencia, sin el apoyo del gobierno estatal que encabeza Rutilio Escandón y víctimas de amenazas, retenes, tráfico de drogas, armas y personas, los indígenas tzotziles de Los Altos de Chiapas decidieron poner fin al terror que vivían y crearon su grupo de autodefensa: Los Ciriles.
La muerte del activista Simón Pedro Pérez López, miembro de Las Abejas de Acteal, fue la gota que derramó el vaso. Las autodenominadas “autodefensas” salieron de sus comunidades y aseguran que tomarán la cabecera municipal y confrontarán a sus adversarios.
El viernes 9, un día después del ataque de Los Ciriles en este municipio de la región de Los Altos de Chiapas, en el que resultaron heridos seis policías estatales y tres elementos del Ejército, entró a la zona un numeroso grupo de militares, policías y guardias nacionales para desbloquear el camino y dar seguridad a Pantelhó.
En un recorrido por la zona se observan los vehículos quemados, así como las piedras y árboles que bloqueaban el paso; en el lugar de la emboscada había decenas de cartuchos percutidos.
Decenas de familias abandonaron sus moradas. Temen la llegada de los hombres armados; las que se quedaron piden a las tropas del Ejército y de la Guardia Nacional establecer una base permanente en la zona.
La presidenta municipal de Pantelhó, Deli Yaneth Velasco Flores, aseguró que esas “autodefensas” son las que han tenido en jaque al municipio y a sus habitantes.
Consultados por el reportero, oficios, quejas y misivas firmadas y entregadas a las autoridades estatales advierten sobre el incremento de la violencia en los últimos cuatro meses debido a que grupos civiles armados luchan por controlar el territorio.
En uno de los oficios se advierte que el 12 de marzo pasado hubo un enfrentamiento en la entrada principal de la cabecera municipal de Pantelhó. Uno de los grupos involucrados, el de los Ortiz, se llevó la peor parte ese día: murieron los hermanos José, Martín y Benito Ortiz Hernández, y hubo dos heridos, que sus compañeros se llevaron.
Al día siguiente apareció el cadáver de Sebastián Sánchez Cortés sobre el puente de un tramo carretero que comunica la cabecera municipal con la comunidad de Santa Lucía.
El 15 de marzo, líderes de diversas comunidades bajaron hacia la cabecera municipal para pedir apoyo a Velasco Flores, debido a que un grupo civil armado colocó retenes en los caminos de acceso a las comunidades de San José Buenavista Tercero, San Clemente, Aurora Esquipulas, Primera y Segunda Sección Esquipulas.
Mencionaron a Enrique Pérez Pérez, de San José Buenavista Tercero, y a los hermanos Daniel y Pedro Santiz Gutiérrez, así como a Antonio Santiz Arias, de la comunidad San Clemente. Y aunque solicitaron a las autoridades estatales medidas de protección urgentes, éstas nunca se instrumentaron.
El 8 de mayo Velasco Flores reportó un enfrentamiento entre Los Ciriles, de Mario Jiménez López y Enrique Pérez Pérez, y el grupo civil armado Los Capotes. Un día después, Rubicel Pérez, agente municipal de San José Buenavista Tercero, fue tiroteado en el patio de su vivienda. El ayuntamiento acusó a Los Ciriles, integrado por miembros de la comunidad de Tzanelbolom, municipio de Chenalhó y Puyucum, municipio de Simojovel, cuyo líder es Jiménez López.
El 14 de mayo, pobladores de esas comunidades se quejaron de los retenes colocados por los grupos armados entre Pantelhó-Aurora Esquipulas, pues se quedaron sin alimentos y las medicinas escasearon en muchos centros de salud comunitaria.
En un documento enviado a Velasco Flores denunciaron a Jiménez López como líder del grupo que mantenía atemorizada a la población, sobre todo a los de San José Buenavista Tercero, donde el propio agente municipal Rubicel Pérez, quien los denunció, fue asesinado.
El 12 de junio, en otra denuncia enviada a Velasco Flores y a la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores, los pobladores señalaron a Jiménez López y Abigaíl Juárez Cruz como los líderes del grupo civil armado.
Ese mismo día, a las 10 de la mañana fue emboscado Eduardo Salazar Trujillo, comandante de la Policía Municipal, a la altura de la comunidad Napukuk. Había ido ahí a llevar decenas de rejas de refresco que sus pobladores habían pedido a Velasco Flores para un festejo.
Años de violencia y desamparo
El pasado 26 de junio, líderes comunitarios denunciaron ante la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores, que desde hace 20 años se asentó un cacicazgo en ese municipio encabezado por la familia Herrera.
Señalaron como líderes a los hermanos Estanislao y Daily de los Santos Herrera Gutiérrez, así como a Austreberto Herrera Abarca, preso ahora en el penal de El Amate.
Ese grupo, añadieron, está al servicio de Velasco Flores o es aliado de ella y de Raquel Trujillo Morales, presidenta municipal electa de Pantelhó y expareja de Velasco.
Herrera Abarca se erigió como el líder principal del grupo armado que operaba en la cabecera municipal principalmente y apoyó en 2018 al candidato del PRD a la presidencia municipal, Santos López Hernández. Ya en el cargo, comenzaron las diferencias por el de manejo de recursos.
En 2019 López Hernández promovió la captura y encarcelamiento de Herrera Abarca. El 2 de agosto de 2020 López Hernández fue desaforado y encarcelado también por violencia y abusos hacia mujeres que trabajaban en el ayuntamiento de Pantelhó.
Al caer Herrera Abarca, el control del grupo armado regresó al mando de Daily de los Santos Herrera Gutiérrez, quien se puso a las órdenes de Velasco Flores y del alcalde electo.
Las comunidades San Francisco de Asís, Roblar, Dolores Petaquil, Guadalupe Victoria, Santiago Los Sabinos, Porvenir, San Clemente, San José Buenavista Tercero, San Luis, Barrio San Ramón, Barrio Guadalupe y otros son las afectadas por ese grupo. Cientos de personas se han desplazado a municipios vecinos en busca de refugio.
Y aunque no dicen nombres ni precisan sucesos, los líderes comunitarios adjudican a ese grupo armado 11 asesinatos. Tras presentar la denuncia ante la Secretaría General de Gobierno, esta oficina responsable de la política interior del estado publicó en sus redes sociales el encuentro con el grupo de líderes indígenas. Al regresar a su comunidad, el primero en ser asesinado fue Rubicel Pérez, agente municipal de San José Buenavista Tercero.
El pasado 12 de junio, fue ejecutado el comandante de la Policía Municipal Eduardo Salazar Trujillo, quien mantuvo diferencias con Los Ciriles, entre cuyos miembros están Jiménez López, Abigaíl Juárez Cruz, Mariano Gómez Rubicela y César Santiz.
Jiménez López fue aspirante a la presidencia municipal por Morena. Al no conseguirla, logró que su esposa fuera la candidata del PRI a la alcaldía en contienda electoral reciente.
La mañana del lunes 5, en pleno centro de la cabecera municipal, fue asesinado el activista y defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, quien estaba refugiado en una comunidad de ese municipio por amenazas que había recibido en Pantelhó, por haber denunciado a los grupos armados que operan en ese municipio.
Según Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Simón Pedro fue asesinado por su defensa de los derechos humanos de la comunidad.
Dice que el grupo Las Abejas de Acteal ha recibido amenazas constantes; siempre ha sufrido asedio, intimidaciones y desplazamiento de sus lugares de origen por su lucha no violenta y construcción de la Otra Justicia-Lekil Chapanel.
En junio de 2015 fue asesinado Manuel López Pérez, quien tenía un cargo religioso en su comunidad, en Pantelhó. Hasta ahora el homicidio sigue impune.
En lo que va de este año en Pantelhó “un grupo criminal asociado a la presidencia municipal” ejecutó a 12 personas, entre ellas un niño; hubo un desaparecido y una mujer y otro menor resultaron heridos. El número de desplazamientos forzados es incuantificable, dice Faro.
A principios de mayo pasado, “el grupo criminal llegó a la comunidad San José Buenavista Tercero, municipio de Pantelhó. Sus integrantes asesinaron a una persona del sexo masculino y desplazaron a los habitantes de la comunidad”.
Hoy, los retenes, bloqueos e incursiones del grupo criminal, apoyados por policías municipales y estatales, son cotidianos.
Del mismo modo, el 6 de junio, durante la jornada electoral, algunos lugareños refieren que los vehículos de la Guardia Nacional fueron conducidos por integrantes de ese grupo.
Complicidades
“Sabemos que pobladores de al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó se encuentran en un nivel máximo de riesgo. Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo”, asegura Faro, director ejecutivo del Centro Frayba.
Según la documentación con la que cuenta el Centro Frayba, dice Faro, ese grupo criminal actúa en complicidad con el ayuntamiento de Pantelhó; de hecho “forma parte de las estructuras del poder municipal y actualmente está vinculado al PRD, que gobierna el municipio”.
Dice que el gobierno estatal tiene pleno conocimiento de la situación que impera en ese municipio. No obstante, hasta el momento no ha actuado para proteger la vida, integridad y seguridad personal de la población.
En varios municipios hay un vacío de autoridad, impera la violencia, la impunidad y el gobierno reduce la grave situación a conflictos intercomunitarios que sólo denotan un racismo de Estado, asegura el entrevistado.
De este modo, la actividad delincuencial de criminales vinculados a partidos políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno ha permitido que esos grupos controlen el territorio mediante el terror, los asesinatos, desapariciones, así como mediante el robo, despojo y desplazamientos forzados, portación de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
Señala también que la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento de la situación, ya que varios pobladores de Pantelhó han presentado denuncias por hechos de violencia contra esos grupos criminales y su vínculo con las autoridades municipales, la fiscalía ha sido omisa.
Además, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha denunciado que en la entidad se ha dado una “reactivación de las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado y se aliaron al narcogobierno; han invadido nuestro estado para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía.
“Contamos con información de actos de intimidación, vigilancia y amenazas del grupo criminal a personas que no se han quedado calladas ante esta situación, como lo son las y los integrantes de la organización de la sociedad civil de Las Abejas de Acteal, así como las servidoras y servidores de la parroquia de Santa Catarina Pantelhó, que abarca comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, por lo que tememos por su vida, integridad y seguridad personal.
El director ejecutivo el Frayba explica que ante el vacío del estado de derecho, así como la nula actuación de los gobiernos federal y estatal, que incumplen con el mandato constitucional de garantizar y proteger los derechos humanos, grupos de personas están ahora defendiendo a las niñas, niños, mujeres y a la población.
Se autodenominan “Defensores del Pueblo”, ubicados por la prensa como Los Ciriles, “quienes han tomado la decisión de defender la vida, confrontando al grupo criminal”, tal como sucedió el miércoles 7 y el jueves 8 en la cabecera municipal de Pantelhó.
Faro señala que es el “grupo criminal” el que desde hace aproximadamente seis años ha crecido en poder, basado en los pactos de impunidad institucionales de los gobiernos, aunado a la complicidad y omisión, lo que configura aquiescencia del Estado perpetrando violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
