Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, juega un papel central en la disputa por la marca Fundación Universidad de las Américas Puebla. Este apoderado legal de Alejandro Gertz Manero ha seguido las volteretas del caso; antaño negó representatividad a Guillermo Jenkins de Landa en su demanda contra sus familiares por cambiar los bienes de una fundación a otra, pero en junio de 2020 decidió aceptar la querella. Y ahora, ante la intromisión del gobernador poblano y el nombramiento de un nuevo patronato en aquella fundación, desde la misma Fiscalía General de la República se endereza una denuncia contra el rector de la Universidad de las Américas Puebla.
En el conflicto por el control de la Universidad de Las Américas Puebla (Udlap) y la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) hay un viejo reclamo: el de la titularidad de la marca que disputa el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Y es hacia la FGR a donde ha derivado la decisión del patronato designado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, de denunciar al actual rector de la Universidad, Luis Ernesto Derbez, por supuesto lavado de dinero y delincuencia
organizada.
Gertz y Derbez son viejos conocidos. Ambos formaron parte del gabinete de Vicente Fox (2000-2006). El primero lo hizo como secretario de Seguridad Pública; el segundo, como titular de Relaciones
Exteriores.
En la FGR hay otro actor central de la disputa por la marca: el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Juan Ramos López, quien hasta el 13 de junio de 2018 fungía como apoderado legal de Gertz Manero en el litigio que el ahora fiscal inició desde 2007 en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (Fudlap) por el registro y uso de la marca comercial “Universidad de Las Américas”.
Con el antecedente de haber sido contraparte de la Fudlap en un litigio civil, el subprocurador ordenó hace un año reabrir una carpeta de investigación que la SIEDF había iniciado el 4 de mayo de 2016 contra los herederos de la familia Jenkins, el antiguo patronato de la Udlap y contra Luis Ernesto Derbez, rector de esa institución. El denunciante fue Guillermo Jenkins, quien había sido expulsado del patronato de la institución educativa.
La orden de reabrir la carpeta de investigación identificada con el expediente FED/SEIDF/UEDIFF-PUE/00020/2017 se dio a pesar de que el 4 de mayo de 2018 la propia FGR había decretado el cierre de la indagatoria por no haber encontrado la existencia de un delito en la operación de esa universidad poblana y sin que las autoridades ministeriales le reconocieran a Jenkins la calidad de víctima u ofendido en la investigación ministerial.
De acuerdo con documentos consultados por Proceso, el 12 de junio de 2020, Ramos López resolvió revocar el no ejercicio de la acción penal por el caso de la Udlap y ordenó reabrir la investigación contra la familia Jenkins y el patronato de la Udlap, a pesar de que no tenía facultades legales para hacerlo y de que su actuación es causal de impedimento, según los artículos 37, 43 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
De igual forma, el titular de la SEIDF ordenó que se otorgara el reconocimiento de víctima a Guillermo Jenkins de Landa dentro de la carpeta de investigación correspondiente, instrucción que es firmada directamente por el propio Ramos López.
El subprocurador justificó la reapertura de la citada investigación invocando el artículo 258 del CNPP. Sin embargo, esa norma establece que es facultad de un juez de control revocar el cierre de las carpetas de investigación, cuando la víctima o el ofendido impugnen esta determinación en los 10 días posteriores a que la fiscalía les notifique la resolución sobre el no ejercicio de la acción penal o el archivo temporal de la causa por la falta de pruebas o elementos.
“En estos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno”, según el artículo citado.
Además, el artículo 43 del CNPP señala que los ministerios públicos, carácter que corresponde a los fiscales y subprocuradores, estarán impedidos o deberán recusarse de intervenir en un caso “por las mismas causas previstas para los jueces o magistrados”; es decir, cuando haya intervenido o tengan interés directo” en un asunto por su intervención previa como defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante” de alguna de las partes.
En caso de que los fiscales o ministerios públicos de la FGR no se recusen por sí mismos, la contraparte puede solicitar la intervención de un juez federal para que los obligue.
La pugna
Tres documentos acreditan que el actual titular de la SEIDF obtuvo un poder notarial que el propio Gertz Manero le otorgó el 11 de junio de 2007 para que fungiera como su apoderado legal en “pleitos y cobranzas” en todos los casos que involucren a su asociación civil “Universidad de las Américas”.
El primero es un poder general expedido el 11 de junio de 2007, número 98,810 por el Notario Público 74 de la Ciudad de México, Francisco Javier Arce Gargollo, a Juan Ramos López, Alfredo Concepción Ramírez Guerrero y Gustavo Gutiérrez Calderón, para que funjan como apoderados de pleitos y cobranzas, de manera conjunta o separada, judicial o extrajudicialmente, de la persona moral “Universidad de las Américas, Asociación Civil”, representada en ese momento por “el Doctor Alejandro Gertz Manero”.
Al otorgarle poderes, Gertz Manero acreditó su personalidad jurídica como representante de la asociación civil “Universidad de las Américas” con una escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad fechada el 15 de marzo de 2000 y con número de folio 854. Hasta su incorporación a la FGR, Gertz fue rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México.
El segundo documento es la denuncia presentada por la asociación civil “Universidad de las Américas” de Gertz Manero contra dicha fundación, que hasta este año administraba la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla.
La demanda fue presentada el 4 de septiembre de 2007 ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el registro que la Fudlap tramitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), presuntamente de manera ilícita, de la marca comercial y el nombre “Universidad de Américas”, ya que según la asociación civil que encabezaba el actual fiscal general comenzó a utilizar su asociación educativa desde 1972.
“Juan Ramos López, en mi carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral “Universidad de las Américas, Asociación Civil” … vengo a formular denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, cometidos en agravio de mi poderdante “Universidad de las Américas, AC”, y en contra de quien o quienes resulten responsables”.
Según la denuncia, Gertz Manero “creó, diseñó y elaboró” el nombre de la marca comercial “Universidad de las Américas” desde 1972, pese a que obtuvo su registro, con al menos ocho variaciones, hasta 1992.
Narra la denuncia que posteriormente se creó la Fudlap y el actual titular de la FGR decidió donarle terrenos en Cholula, Puebla, para la construcción de una institución educativa, además de autorizar que pudieran hacer uso de la marca comercial “Universidad de las Américas Puebla”, a título gratuito.
Sin embargo, la ruptura entre ambas partes se dio en 1995 tras la firma de un convenio modificatorio para liberar los bienes que Gertz Manero le había donado a la Fundación, así como para el uso del logotipo de la marca “Universidad de las Américas”.
Posteriormente, la Fudlap solicitó el registro como marca comercial, trámite que según el fiscal Gertz se habría dado sin su consentimiento y con engaños a la autoridad administrativa, es decir, al IMPI, por lo que el ahora subprocurador solicitó a la procuraduría capitalina investigar a la Fudlap por un posible delito de fraude, según el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal.
Un tercer documento con fecha del 13 de junio de 2018 ratifica que, hasta esa fecha, el ahora titular de la SEIDF seguía fungiendo como apoderado legal de Gertz Manero y la asociación civil “Universidad de las Américas”.
Se trata de una solicitud de declaración administrativa de nulidad del nombre comercial 19971 “Fundación Universidad de las Américas, Puebla”, presentada ante el IMPI por la institución educativa que encabezaba Gertz Manero contra el Patronato de la Udlap por el uso de la marca que ambas partes disputan desde 2007.
En el documento de 68 páginas se reiteran y amplían los argumentos que la asociación civil “Universidad de las Américas” ha presentado contra la Fudlap por el uso del nombre que Gertz Manero y sus abogados consideran que son los titulares legítimos.
En la última página del recurso legal se encuentra la firma de Juan Ramos López, apoderado legal de la Universidad de las Américas, AC.
Reapertura cuestionada
En una resolución de 93 páginas, la FGR determinó el 4 de mayo de 2018 que no había delito que perseguir contra los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins, Fudlap, Fundación Colegio Americano Puebla y Fundación Club Alpha de Puebla tras la denuncia que Jenkins de Landa había presentado contra los herederos de la familia Jenkins por cambiar los bienes de una fundación a otra.
La resolución del Ministerio Público federal Isaac Zamorano señala que no se encontraron elementos para acreditar el delito de lavado de dinero, fraude y defraudación fiscal contra los señalados por el inconforme, además de advertir que tampoco se le podía otorgar el carácter de víctima u ofendido a Jenkins.
En el expediente de la carpeta de investigación no se advierte que alguna de las partes haya impugnado la resolución, con el propósito de que la indagatoria se mantuviera abierta.
Sin embargo, dos años después y cuando la resolución ya estaba firme, el titular de la SEIDF emitió un nuevo dictamen para reabrir la carpeta de investigación contra los integrantes de la persona moral “Fundación Universidad de las Américas, Puebla”, quienes desde 2007 han sido sus contrapartes legales en el litigio por el nombre y marca que identifica esa institución educativa.
De acuerdo con el expediente del que Proceso tiene copia, desde el 15 de junio de 2018 todas las partes ya estaban notificadas de la resolución, incluyendo la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en el Estado de Puebla, órgano que depende del gobernador poblano.
La causa se mantuvo sin movimiento hasta octubre de 2018, cuando Jenkins de Landa volvió a solicitar la calidad de víctima en la carpeta de investigación, por lo que la FGR se lo volvió a negar.
El 28 de abril de 2020 esa misma persona volvió a solicitar la calidad de ofendido en el proceso, pero ya con Ramos López como subprocurador; la respuesta finalmente varió y se le dio acceso a la misma en el carácter de ofendido o víctima, bajo el argumento de que su expulsión del patronato de la institución educativa “no era definitivo” y de que la resolución de 2018 no estaba bien fundamentada.
