Ante la orden de aprehensión librada contra seis de los miembros del anterior patronato de la Fundación Jenkins por un presunto desfalco, el gobernador de Puebla asestó un insólito golpe a ésta y a la Universidad de las Américas Puebla, donde también eran patronos integrantes de esa familia: mediante la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada les impuso un mismo patronato, que tomó posesión con ayuda de la fuerza pública.
PUEBLA, Pue.- Tras ocho años de pleitos en juzgados, el caso por el presunto desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins dio pie a que el gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, nombrara a un nuevo patronato no sólo de esa institución, sino también en la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En un hecho sin precedente, la mañana del 29 de junio actuarios del Poder Judicial del Estado, con el respaldo de decenas de granaderos armados, ingresaron al campus de la universidad privada para dar posesión a un nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación del Estado.
Desde ese día el control de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, una de las mejor colocadas en el ranking de universidades del país, así como de su benefactora, la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), cuyo patrimonio en litigio está valuado en 720 millones de dólares, fue entregado a un mismo patronato formado por personas sin antecedentes públicos en Puebla.
El órgano nombrado por la JCIAP, que hasta ahora no ha dado ninguna explicación sobre el procedimiento que siguió para elegir a los patronos, está presidido por Horacio Magaña Martínez, cuyo nombre no arroja ningún resultado en internet y de quien se desconoce su experiencia académica u otro antecedente sobre su vida profesional.
Lo único que se encontró de Magaña Martínez es que, igual que otros dos integrantes del nuevo patronato, Pablo César Jiménez Ruano y Ernesto Lunaparra Carmona, tienen cédulas profesionales como licenciados en ingeniería industrial por la Universidad Iberoamericana, obtenidas respectivamente en 2001, 2000 y 1999.
Otro integrante del nuevo patronato fue identificado como Luis Gabriel Oaxaca Bermejo, quien según el Registro Nacional de Profesionistas se tituló como licenciado en hotelería por el Centro de Estudios Superiores de San Ángel en 2009.
El único que se ha presentado ante los medios de comunicación es Adalberto Ramos Huerta, quien fue nombrado secretario del patronato, y se graduó en la Escuela Libre de Derecho, además de estar especializado como abogado fiscalista y forma parte del despacho Garrido-Licona de la Ciudad de México.
Proceso pidió al patronato currícula de sus integrantes, pero hasta el cierre de edición, el viernes 2, no fueron entregados.
Auditorías
En entrevista, Ramos Huerta explica que estos cinco integrantes fueron nombrados por la mencionada junta a partir del 24 de mayo, tanto patronos de la FMSJ como de la Fundación UDLAP (FUDLAP). Aclara que esta designación no tiene carácter provisional –mientras se lleva a cabo alguna diligencia– ni está sujeta a una temporalidad.
De acuerdo con el estatuto de la FUDLAP, el patronato es la máxima autoridad de esa casa de estudios –donde un semestre de licenciatura tiene un costo de alrededor de 100 mil pesos–, con facultades de posesión y custodia de su patrimonio e incluso con decisión final para destituir y nombrar rector.
“La junta obviamente revisó perfiles. Nosotros, yo te puedo decir que somos profesionales independientes, ajenos a filiación política y con experiencia en el sector privado; es el perfil que se buscó para este caso”, argumenta.
La JCIAP, dice, hizo valer facultades que le da la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, a fin de sustituir a los patronos de ambas fundaciones, luego de que seis de ellos, miembros de la familia Jenkins de Landa, ya no pueden administrar las mismas porque tienen órdenes de aprehensión y están prófugos.
Al preguntarle si en esta misma lógica se podrían intervenir también otras fundaciones, como el Colegio Americano y los Clubes Alpha, donde los integrantes de la familia también son patronos, Ramos dice que “por el momento no se ha iniciado una sola acción en ese sentido”.
En cuanto a la UDLAP, asegura que con el nuevo patronato se mantiene como una institución de asistencia privada, con fines altruistas, que debe cumplir y por eso es regulada por el gobierno. “Lo único que ha cambiado es la nueva administración”, recalca.
Este nuevo patronato promovió un juicio ordinario civil ante un juez de la Ciudad de México con el propósito de recuperar los bienes que fueron distraídos de la FMSJ para ser llevados a paraísos fiscales, a fin de que esos recursos sean restituidos a la institución y vuelvan a ser usados para la beneficencia pública en Puebla, agrega Ramos Huerta.
Como parte del expediente 426/2021, el juez segundo Civil de Distrito Judicial en Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, autorizó el uso de la fuerza pública para consumar la diligencia en el campus de la UDLAP y abrió la posibilidad de romper candados y cerraduras para permitir la posesión de las instalaciones.
“La función principal de nosotros es velar por garantizar la calidad educativa, incluso mejorarla”, señala Ramos Huerta, “y una de las primeras acciones que estamos emprendiendo es la práctica de auditorías legales, contables, fiscales y financieras para determinar la situación actual de la administración de la universidad y, en su caso, pues si hallamos irregularidades, fincar responsabilidades”, señala.
También enfatiza que es interés del nuevo patronato dar continuidad a las labores académicas: “Tanto el personal administrativo, operativo, claustro de maestros, no tiene por qué preocuparse por esta situación porque vamos a garantizar que se conserven”.
Indica que están contactando a autoridades de “la anterior administración” para que haya “una mejor transición”. No obstante, las vicerrectoras académicas y de asuntos estudiantiles, Cecilia Anaya Berrios y María del Carmen Palafox Ramos, rechazaron reunirse con este órgano.
Y aunque Ramos aclara que el rector Luis Ernesto Derbez Bautista continúa en funciones, advierte que su permanencia dependerá de los resultados de las auditorías que están en marcha y de las cuales darán resultados “lo más pronto posible” y de la manera “más transparente”.
Hasta este viernes, el ingreso al campus de la exhacienda Santa Catarina Mártir, en el municipio de San Andrés Cholula, permanece bajo control de elementos de la Policía Estatal auxiliar, mientras que en el interior el nuevo patronato realiza las auditorías y las clases del segundo periodo de verano se llevan a cabo en línea.
Amparos
Por su parte, el rector Derbez promovió acciones legales para desconocer al nuevo patronato, pues asegura que había dos suspensiones, una provisional y otra definitiva, para que no se removiera a los integrantes que estaban en funciones: los hermanos Margarita, Juan Pablo y María Elodia Jenkins de Landa; el abogado Óscar Michel Márquez y Antonio Pérez Fonticoba, director jurídico del IMSS.
El también excanciller acusa que esta toma de las instalaciones y el nombramiento de un nuevo patronato por parte de la JCIAP equivalen a “un despojo” de la institución educativa. Equipara el operativo policiaco del 29 de junio con la toma de la UNAM en 1968.
“Queda claro que lo que están haciendo (la junta) es regalar instituciones privadas a quienes ellos consideran que deben ser, personas que seguramente les darán algo”, dice.
Derbez recalca que la FUDLAP es un ente con personalidad legal y patrimonio independiente de la Fundación Mary Street Jenkins, por lo cual, sostiene, la casa de estudios no tendría por qué ser afectada ante los procesos judiciales en los que está involucrada su benefactora. Además, insiste en que los patronos acusados aún no han sido sentenciados en juicio. “Y dudo que algún día eso ocurra”, exclama.
“La UDLAP no está sujeta a ningún proceso, ni judicial ni administrativo”, apunta para recalcar el prestigio académico de la institución, de la cual egresan anualmente más de mil 700 profesionistas.
Según abogados de la institución, la relación entre la UDLAP y la FMSJ es que la segunda es la propietaria del campus en el cual opera, a través de un comodato, la institución académica. Predio que, por cierto, está embargado desde 2017 por el Servicio de Administración Tributaria (Proceso 2329).
Virgilio Rincón Salas, abogado de la FMSJ, quien en marzo justificó que todos los movimientos que hizo la familia de transferir el patrimonio a otra fundación fue para ponerlo a salvo del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, quien “se quería quedar con la UDLAP”, calificó de ilegítimas e ilegales las acciones de la junta para remover a los patronos.
De acuerdo con el abogado, la intervención de la policía del gobierno de Barbosa violenta dos suspensiones de la justicia federal, una provisional y otra definitiva, que protegen al patronato desconocido.
En tanto, medios locales han publicado en estos días notas que implican a Derbez Bautista en presuntos negocios ilícitos, como la contratación con recursos de la universidad de una sociedad civil que el panista formó con integrantes del Consejo Administrativo de la propia casa de estudios.
Y el gobernador Barbosa ha pronosticado que saldrán “más revelaciones de lo ocurrido con la familia Jenkins y la universidad”. Además, reclamó a universidades y órganos empresariales que publicaron desplegados para solidarizarse con la comunidad de la UDLAP: “Dejen que el estado de derecho se aplique por autoridades, no quieran influir con desplegados. No aspiren a influir con desplegados porque se consideran grupos de privilegio”.
“Ajeno”
El abogado Carlos Serna Rodríguez, quien desde 2013 ha representado a Guillermo Jenkins de Landa en la denuncia que dio inicio a este caso, aclara que su cliente es ajeno a las acciones que emprendió la JCIAP en la UDLAP y que nunca fueron notificados del cambio de patronos de ambas fundaciones.
Aunque Jenkins aportó toda la documentación en la que se sostienen las demandas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y por administración fraudulenta, por las cuales se giraron órdenes de aprehensión contra seis de los Jenkins, dice que seguirán con “paciencia” el proceso administrativo y judicial que emprendieron hace ocho años hasta que haya justicia.
Guillermo Jenkins de Landa pidió desde un principio la remoción de sus parientes como patronos, pero también la restitución de él mismo como parte de ambas fundaciones, lo cual no hay visos de que ocurra.
Serna Rodríguez ha acusado a Derbez de haber participado en el desfalco del ente filantrópico, a cambio de lo cual ha tenido un “patronato servil” en la universidad, donde es rector desde 2008.
Pese a ello, advierte que lo que pasa en la UDLAP es un diferendo que emprendió la junta con base en las facultades con las que cuenta. “Podemos estar de acuerdo o no, pero eso lo tendrán que resolver los tribunales”, puntualiza.
“Si mañana resulta que Derbez y sus secuaces tienen la razón en esta batalla, Guillermo Jenkins sigue insistiendo que, en la guerra, él tiene la razón. Esto es una batalla en un frente que Guillermo no abrió”, subraya.
En tanto, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, integrada por 112 universidades del país, emitió un desplegado en el que lamenta el uso de la fuerza pública y la ocupación de las instalaciones de la casa de estudios, así como las afectaciones a alumnos, maestros y funcionarios.
“Esta federación exhorta a las partes involucradas en las situaciones y hechos que generaron esa desafortunada situación, a buscar y encontrar con apego a la ley, caminos de solución a sus diferencias que no afecten el ámbito académico ni la tarea educativa de la institución”, reclaman las universidades.
