Durante dos años y medio Irma Eréndira Sandoval fue figura central en el gobierno de la 4T. Como titular de la Secretaría de la Función Pública gozó de las confianzas del presidente López Obrador, quien le encomendó tareas prioritarias, como el combate a la corrupción, la supervisión de las medidas de “austeridad republicana”, la desaparición de los fideicomisos públicos y la supresión de las direcciones generales adjuntas. Pero la semana pasada la estrella de Sandoval declinó y se convirtió en la primera funcionaria despedida. Deja atrás una cauda de asuntos irresueltos e innumerables pifias.
En el video donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció con frialdad su “reemplazo” en la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros recordó al mandatario la trayectoria política de su familia, le refrendó su lealtad y presumió sus logros en el combate a la corrupción.
Durante sus dos años y medio al frente de la dependencia, Sandoval anunció inhabilitaciones y sanciones millonarias a personajes del primer nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto; sin embargo, hasta la fecha ningún representante destacado del “antiguo régimen” envuelto en escándalos de corrupción durante la “era neoliberal” aparece en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), una plataforma que alimenta y debe actualizar la SFP.
En esta base de datos sólo figuran 19 servidores públicos sancionados entre diciembre de 2018 y abril de 2021, periodo de Sandoval en la SFP; entre ellos no figuran Luis Videgaray Caso ni Rosario Robles Berlanga ni el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ni su amigo Édgar Torres Garrido –multado por cerca de 4 mil millones de pesos por la compra fraudulenta de Grupo Fertinal–, a pesar de que la SFP informó en boletines de prensa las inhabilitaciones y multas en su contra.
El martes 8 de junio, por ejemplo, la dependencia emitió dos comunicados respecto a la sanción contra Videgaray por no reportar cuentas bancarias. Éste –al que Lozoya acusó de operar una red de sobornos y de lavado de dinero con Peña Nieto– reviró que se trataba de tarjetas de crédito que sí reportó en el apartado correspondiente.
En marzo de 2020 Sandoval presumía ante la Cámara de Diputados que la dependencia había sancionado a 4 mil 700 servidores públicos durante su primer año de gestión –que deberían aparecer en el RSPS–, y presentado 128 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.
Exfuncionarios y empresas han presentado impugnaciones en tribunales contra las sanciones de la SFP; su número es desconocido, y la dependencia ha sido opaca al respecto: desde principios de año, Proceso le solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, información sobre el estatus de las sanciones, para saber cuántas habían sido impugnadas, así como su estado actual.
La SFP remitió a la información disponible en su plataforma RSPS, en la cual no figuran las impugnaciones. El pasado 13 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) le exigió que indicara el número de impugnaciones y su estatus, pero la SFP se negó de nuevo: el 17 de mayo el director general de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, Gregorio González Nava –un hombre del equipo de Sandoval–, indicó que la información “resulta inexistente”.
A pesar de la opacidad de la SFP, se conocen algunos casos en que las sanciones impuestas fueron suspendidas, al menos temporalmente, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), entre ellas las inhabilitaciones a la revista Nexos, dirigida por Héctor Aguilar Camín –quien acusó que las sanciones tenían un trasfondo político–, a la farmacéutica Pisa –que siguió vendiendo medicinas al gobierno– y a dos empresas de Carlos Lomelí Bolaños, otrora “superdelegado” de Bienestar en Jalisco y derrotado candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara.
En una resolución que suspendió la sanción contra Laboratorios Solfrán, S.A. de C.V. –de Lomelí–, el TFJA opinó que la SFP “fundó indebidamente la investigación, la sustanciación y la resolución de este asunto”.
Meses antes, en diciembre de 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz –director general de la Comisión Federal de Electricidad–, logró desechar una sanción que la SFP le había impuesto en agosto de ese año, tras determinar que había vendido ventiladores con sobreprecio al IMSS.
Gestión cuestionada
Bajo la gestión de Sandoval, la SFP sancionó a la constructora brasileña Odebrecht –con base en una investigación lanzada desde el sexenio pasado–, pero fue acusada de dar carpetazos en investigaciones abiertas sobre destacados miembros de la Cuarta Transformación,
Entre ellos figuran Bartlett Álvarez en el asunto de sus casas; Felipa López Obrador, prima del presidente y contratista de Pemex; Sanjuana Martínez Montemayor, controvertida directora de Notimex; Jesús Seade Kuri, exsubsecretario para América del Norte que utilizó recursos de la cancillería para pagar sus viajes personales a Hong Kong, o las más de 91 denuncias contra los “superdelegados” de Bienestar, incluyendo a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la funcionaria defenestrada.
Aparte, algunos elementos muestran que la disminución de la corrupción que tanto presumió Sandoval es muy relativa: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía observó un alza en casi todos los indicadores que miden la percepción de la corrupción entre 2017 y 2019, mientras medios y organizaciones de la sociedad civil han documentado cómo el gobierno se niega a transparentar información y cómo ha disparado las compras públicas mediante adjudicaciones directas, todo ello bajo la supervisión de la SFP.
Y no sólo esto: en febrero de 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó una auditoría de desempeño muy dura contra el trabajo de Sandoval –a cuyo equipo acusó de esconderle expedientes–, que provocó un choque frontal entre ambas instituciones.
En ese documento la ASF observó “irregularidades y deficiencias” en la contratación de seis funcionarios a altos cargos públicos, señaló el bajísimo número de investigaciones de evolución patrimonial de servidores públicos lanzadas en 2019 –apenas 92–, deploró la falta de actualización del ya mencionado RSPS y aseveró que la dependencia no tenía evidencias sobre sus actividades derivadas de los expedientes abiertos a raíz de denuncias ciudadanas.
De manera general, sentenció que la dependencia “no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante 2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control”.
Con el nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, la relación con la ASF no necesariamente mejorará, dado que el hombre fue sacado del organismo después de la llegada de David Colmenares Páramo, en 2018, marcando un punto final a sus 18 años como auditor especial de desempeño.
El perfil de Salcedo marca una ruptura con Sandoval: es hombre, mayor –tiene 79 años–, y durante su trayectoria de 48 años en la vida administrativa y política del país trabajó de la mano con el “viejo” PRI, del que emana parte del gabinete actual: coincidió con López Obrador en Tabasco, y en los noventa trabajó con Marcelo Ebrard, en la administración de Manuel Camacho Solís en el entonces Distrito Federal, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En su declaración patrimonial a la SFP, de la que está ahora a cargo, Salcedo no reportó ninguna casa ni vehículo a su nombre, pero indicó que recibió los mil 225 pesos mensuales de la pensión para adultos mayores de la Secretaría de Bienestar, junto con el millón 567 mil pesos que ingresó en 2020 como subsecretario de Estado.
La caída
Minutos antes que López Obrador difundiera el video en el que informó sobre su decisión de “sustituir” a Sandoval, ella llegó a la sede de la SFP y alcanzó a informar a algunos integrantes de su equipo más cercano sobre la reunión en Palacio Nacional.
Dio la noticia a Sofía Salgado Remigio, Federico Huchim Gamboa, Mónica Sánchez Balvanera y su secretaria particular Astrid Juárez Tapia, exesposa de Raybel Ballesteros Corona, el tío de Sandoval que fue removido del INAI el miércoles 23, tras darse a conocer videos en que golpea a mujeres.
Su despedida en el grupo de WhatsApp “Equipo SFP”, interno de la dependencia, fue breve: “Muchas gracias a todos!! Seguiremos aportando a nuestra causa ahora desde nuestra trinchera como ciudadana y universitaria. Felicidades al maestro Salcedo y lo mejor de lo mejor para todo el equipo”, dijo en un mensaje enviado a las 20:32 horas del lunes 21; inmediatamente después, salió de la discusión.
Sandoval, quien acompañó a López Obrador en su camino hacia la Presidencia desde hace por lo menos una década y media y ha sido una de sus más fieles defensoras, ocupa ahora un lugar desafortunado en la historia de la llamada Cuarta Transformación: es la primera integrante del gabinete destituida por el presidente.
A diferencia de algunos de sus excompañeros, Sandoval no renunció como lo hicieron Carlos Urzúa Macías, Alfonso Romo Garza, Víctor Manuel Toledo Manzur, Javier Jiménez Espriú o Alfonso Durazo Montaño; tampoco fue reubicada en una embajada o en otra institución, como Esteban Moctezuma Barragán, Arturo Herrera Gutiérrez, Josefa González Ortiz Mena, Graciela Márquez Colín o María Luisa Albores González.
En el video de su despedida, López Obrador indicó simplemente, y con un tono frío, que había tomado la decisión de “reemplazar” a Sandoval y expresó un breve agradecimiento por sus servicios.
Si bien el video confirmó los rumores sobre su salida inminente, que corrían en el entorno de Palacio Nacional desde meses atrás, en el arranque del sexenio pocos vislumbraban que Sandoval caería de manera tan brutal en la estima de López Obrador.
La mujer se perfilaba entonces como una figura central en el gobierno: el mandatario le encomendó tareas prioritarias en su agenda pública, como el combate a la corrupción, la supervisión de las medidas de “austeridad republicana”, la desaparición de los fideicomisos públicos, la supresión de las direcciones generales adjuntas y la absorción –a futuro– de las tareas del INAI, que el mandatario quiere desaparecer.
Sandoval aprovechó su posición para colocarse al frente de los temas de género en la administración, y ganó espacio en las conferencias matutinas de López Obrador, en las cuales anunciaba sanciones contra empresas y exfuncionarios, presumía el avance de México en los indicadores de percepción de la corrupción y discursaba contra el neoliberalismo. En su entorno permeaba incluso la esperanza de que la mujer podía aspirar a una candidatura presidencial en 2024.
Sin embargo, tensiones internas en el gabinete, sumadas a las gestiones de Sandoval en Morena y en el gobierno para que su hermano Pablo Amílcar fuera candidato del partido a la gubernatura de Guerrero en lugar de Félix Salgado Macedonio enfrió la relación con el presidente, quien le atribuyó el desastre del proceso electoral en la entidad sureña.
De hecho, después que López Obrador anunciara su reemplazo se desataron reacciones públicas virulentas, las cuales evidenciaron que Sandoval se había ganado muchos adversarios durante su gestión, tanto dentro como fuera del gobierno.
De inmediato, legisladores de oposición despotricaron contra Sandoval y pidieron una investigación sobre su desempeño; al día siguiente, comentaristas le dedicaron sus espacios –El Universal desplegó cuatro columnas sobre este tema mientras El Financiero publicó una, titulada Se van las ratas traicioneras– y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó un reportaje sobre la compra, en la SFP, de pruebas contra el covid-19 con precios hasta tres veces superiores a los del mercado a una empresa sin empleados y cuya sede se encuentra en la parte superior de una tienda de abarrotes.
La salida de Sandoval y su reemplazo por un hombre formado en la vieja tradición priista marcaron un nuevo retroceso del grupo de la Cuarta Transformación al que algunos se refieren como el ala “dura” o “radical” del gobierno, por sus posturas más a la izquierda, y por su oposición a otros integrantes importantes del gabinete –el canciller Marcelo Ebrard, por ejemplo–, al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, o al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.
De hecho, el día de la salida de Sandoval, su esposo, John Ackerman, otrora figura muy poderosa dentro de la Cuarta Transformación, despotricó contra Delgado en una columna publicada en La Jornada, tras afirmar que Morena se encuentra en “un estado de total ilegalidad y ausencia de institucionalidad democrática”; el académico urgió al Comité Ejecutivo Nacional a “convocar a la celebración de un Congreso Nacional para renovar la dirigencia del partido… antes de que sea demasiado tarde”.
