Falta de solidaridad y de respeto es lo que ha recibido un grupo de profesores que aceptó hace dos años y medio un acuerdo para jubilación, a propuesta del rector general Eduardo Peñalosa. Hoy dos investigadores prestigiados, Álvaro Ruiz Abreu y Alberto Arroyo Picard, exponen la marcha atrás del funcionario. Para el primero se trata de una traición, y para el segundo, “lavarse las manos” con el pretexto de la austeridad. De los 50 maestros, 16 entablarán una demanda.
Convencidos de que contribuirían a la apertura de plazas para jóvenes maestros y tendrían una pensión digna, un grupo de 50 profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aceptó un acuerdo de jubilación publicado el 30 octubre de 2018, mediante el cual se les daría una compensación vitalicia.
Pero el mismo rector general, doctor en psicología Eduardo Abel Peñalosa Castro, que propuso e impulsó ese mecanismo, lo rompe ahora con el argumento de que la pandemia y el presupuesto impiden a la universidad solventarlo.
Así lo señalan en entrevista con Proceso vía Zoom los profesores-investigadores Álvaro Ruiz Abreu, de la UAM-Xochimilco, y Alberto Arroyo Picard, de la unidad Iztapalapa, quienes hablan por 16 jubilados que no aceptan las nuevas condiciones y han decidido recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y otras instancias para defender sus derechos.
Autor de José Revueltas: Los muros de la utopía, entre otros volúmenes, Ruiz Abreu resume que hace dos años y medio diversos académicos sostuvieron reuniones con autoridades universitarias; en ellas les plantearon una propuesta de jubilación (Programa de Renovación del Personal Académico), con la cual 150 de ellos podrían retirarse en tres grupos de 50.
Además de la pensión que les otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se les ofreció una compensación vitalicia de 25 mil pesos mensuales y un seguro para gastos médicos mayores. El escritor afirma que jubilarse significa para la planta docente dejar de percibir más de la mitad de su salario, pues no conservan el 100%, salir del Sistema Nacional de Investigadores (quienes pertenecen a él) y con ello perder el seguro médico que esta institución les brinda.
“Imagínate lo que estaba en riesgo, pero no nos importó porque nos hablaban de un apoyo vitalicio. Y no solamente eso, lo aceptamos porque implicaba comenzar en la UAM la renovación de la planta académica, y eso es fundamental para el funcionamiento fresco y joven de la universidad. Nos pareció a todos que era el momento de aceptar esa jubilación y dar un paso en el comienzo de esa renovación.”
Se les dijo también que la universidad se ahorraría una cantidad “muy considerable”, porque cada profesor con 40 años de antigüedad, titulares de las plazas de mayores rangos (titular C), con títulos de doctorado, con experiencia acumulada como investigadores, docentes, difusores de la cultura, significa un costo para la institución.
Sin mediar explicaciones a los afectados, las nuevas convocatorias para los 100 maestros faltantes no se abrieron. Sin embargo, el 5 de abril pasado el rector Peñalosa citó a los 46 jubilados (del grupo original de 50 fallecieron cuatro) para anunciarles que el acuerdo se terminaba: les propuso como finiquito darles 1 millón 250 mil pesos por única vez, y cancelar definitivamente el acuerdo de 2018. Con evidente indignación Ruiz Abreu expone:
“Aquí encontramos un primer problema, pero fundamental: No es posible que el rector que lo impulsó, que nos lo ofreció bajo su palabra y con quien firmamos legalmente esta compensación, venga a decirnos dos años y medio después que siempre no. ¡Bueno, pero es que no tiene sentido! Esto lo escuchamos en Palacio Nacional todos los días y ya nos acostumbramos, pero no en Rectoría.”
Por su parte, Alberto Arroyo, especialista en temas internacionales y sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, maestro en sociología y doctor en ciencias sociales, indica que las razones de la UAM tienen que ver “con las nuevas políticas fiscales y la política de austeridad del nuevo gobierno, o sea en ese sentido se lavan las manos”.
Considera lamentable tal actitud de las autoridades universitarias, “aunque tuvieran una justificación real” (presiones de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y/o Educación Pública), pues “por un poco de dignidad no puedes decir a 46 jubilados: ‘se acabó, váyanse a su casa contentos con este millón que les va a dar para los próximos cuatro o cinco años de vida’”.
Expresa que les pareció indigno, falto de respeto, de solidaridad universitaria, laboral y desde luego humana. Algunos colegas aceptaron por su edad o porque dadas sus condiciones de salud no están en disposición de enfrentar una lucha judicial desgastante, pero 16 han decidido entablar una demanda, dispuestos a “no dejarse humillar por una barbaridad, una irracionalidad de un rector”.
Para Ruiz Abreu, quien recuerda su paso por la dirección de la revista Xochimilco y del área de Publicaciones en el Departamento Editorial de la Rectoría General (de 2008 a 2010), se trata de una traición a los universitarios “y al expediente académico que cada uno tenemos en la universidad de habernos dedicado a la docencia, la investigación y a puestos directivos”.
Incluso, dice, es una traición a sí mismo, “como rector y como universitario, si es que se considera una persona sensible, porque da un golpe a un sector que ya estaba convencido de perder más de 50% de su salario”.
Siempre la crisis
Este semanario pidió al área de Comunicación Social de la UAM la posición de Peñalosa, pero la respuesta fue que él no hará declaraciones, y remitió al comunicado oficial donde explica que el programa para contemplar la mensualidad vitalicia y “una cuota preferencial del seguro de gastos médicos”, se cumpliría con recursos propios de la universidad y “con la intervención de una institución financiera”. Y expone “la necesidad de reformular estos términos, debido a diversos imponderables”.
Menciona entre ellos “la imposibilidad de buscar a la empresa que se encargaría de aportar las mensualidades”, situación que atribuye a la huelga que hubo en la institución entre el 1 de febrero y el 4 de mayo de 2019. Asimismo, “la falta de disposición y altos costos del servicio de las instancias financieras que realizan esas actividades”.
Y añade la emergencia sanitaria que “ha impedido generar” los recursos propios y la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones, la de Austeridad Republicana, que impide la contratación de pensiones y regímenes especiales de retiro “no previstas en la ley o el Contrato Colectivo de Trabajo”, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que plantea reintegrar el importe de remanentes de cada ejercicio anual del presupuesto al Estado y la General de Educación Superior, “que significará otra merma en este tipo de ingresos (propios), debido a la gratuidad que propone”.
Hasta el momento, según la información del comunicado, se habían entregado 21 mensualidades de 25 mil pesos a cada jubilado, así como la tarifa preferencial del seguro médico. Y remata:
“La UAM desearía que el Acuerdo 14/2018 siguiera vigente, pero se ve obligada a realizar esta reformulación debido a la crisis económica que se vive y a los cambios legales experimentados en México.”
Arroyo no duda en juzgar como falsas las argumentaciones, pues asegura que el presupuesto para la UAM de 2021 “no bajó un solo peso”.
De hecho, la propia UAM publicó en diciembre de 2020 que había tenido un incremento de 3% para este ejercicio, con lo cual obtuvo 8 mil 311.2 millones de pesos. Y explica que 94.2% del monto corresponde al subsidio federal y el resto a ingresos propios.
El acuerdo se pagaría con recursos propios y, a decir del investigador, dado que durante 2020 no se pudieron hacer investigaciones ni contratos con instituciones académicas del extranjero, se conserva un monto de “480 millones de pesos de recursos propios”, cuando el programa para los 50 representa 11 millones de pesos al año, además ya no son 50 sino 16.
Los profesores han tenido conversaciones con funcionarios de Hacienda, quienes les han dicho que el problema no es de ellos pues no hubo disminución de presupuesto. Explica Arroyo que “no se trata de un acuerdo personal del rector, son acuerdos con la UAM, salen del rector pero tiene personalidad jurídica de patrón, tienen fuerza de ley, y en el caso laboral son derechos irrenunciables”.
Para el próximo 4 de julio entrará en funciones el nuevo rector, a elegirse de entre seis candidatos: Fernando de León González, José Antonio de los Reyes Heredia –contra quien ha habido pronunciamientos públicos de los trabajadores universitarios–, David Alejandro Díaz Méndez, José Mariano García Garibay, José Octavio Nateras Domínguez y Emilio Sordo Zabay; de ellos se han entrevistado con tres, falta el resto, aunque con uno no han encontrado “disponibilidad para hablar”.
En cambio, varios sindicatos de otras instituciones les han externado su apoyo, y en change.org se publicó una carta abierta que logró reunir 23 mil 245 firmas. También los respaldan compañeros que aceptaron el acuerdo por distintas condiciones.
Entre los demandantes se encuentran Alicia Castellanos, Margarita Castellanos, Margarita Castillejos, Laura Cázares, Ana Rosa Domenella, Rosalinda Flores, Daniel Toledo y Vida Valero. Desde abril pasado dejaron de recibir su compensación.
