Uno de los enormes problemas de la conservación del patrimonio arqueológico es que en ocasiones los vestigios se encuentran en propiedad privada. Es el caso del atentado al predio ubicado en Oztoyahualco, dentro del perímetro B de la llamada Ciudad de los Dioses, donde se pretendía edificar un parque de diversiones, como se alertó al INAH desde hace tres meses, de ahí la tardanza para asegurar el predio. El complejo procedimiento lo explica a detalle el coordinador nacional de Arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava, y las acciones encaminadas a detectar las afectaciones, debido a que el sitio fue intervenido con maquinaria pesada.
Además del lado bello de la historia que cuenta cómo los mexicas ya visitaban y rendían culto a los vestigios de lo que fue una inmensa y cosmopolita ciudad en su época (entre el año 200 y el 750 de nuestra era), la antigua Teotihuacán suma también relatos de destrucción, uso y abuso comercial y turístico, crecimiento urbano y acecho de los llamados “desarrolladores inmobiliarios”.
El último asalto de “la larga noche teotihuacana” (bautizada así por el reportero de Proceso, Roberto Ponce, cuando en el sexenio salinista quiso levantarse a la entrada de la magnífica urbe un centro comercial) es cuando en medio de la pandemia se iniciaron trabajos con maquinaria pesada en Oztoyahualco, ubicada en el perímetro B, para edificar un parque de diversiones.
En el ínterin, se atentó con la construcción de una Bodega Aurrerá de la cadena Walmart y se taladró en el gobierno de Peña Nieto la pirámide del Sol para montar el show de luz y sonido Resplandor Teotihuacano (ver recuadro).
Ubicada en el Estado de México, la Zona Arqueológica de Teotihuacán fue la primera que se abrió a la visita en la historia del país. En 2019 recibió 2 millones 602 mil 643 personas, según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Sin duda, es la joya de la corona. Fue ahí donde la leyenda situó a Quetzalcóatl transformado en hormiga para robar a los dioses el maíz que entregaría a los hombres.
Para el coordinador nacional de Arqueología del INAH, Pedro Francisco Sánchez Nava, es la zona arqueológica por antonomasia, dice en entrevista por teléfono para explicar el proceso seguido desde la detección de las obras irregulares, hasta el aseguramiento del predio por la Guardia Nacional (GN) y la Policía Ministerial Federal. La acción permitió al instituto ingresar por fin, elaborar el dictamen por daños al patrimonio nacional –que se integró a la carpeta de averiguación FED/FECOC/UEIDAPLE-MEX/0000051/2021, y su acumulada FED/MEX/TEX/0002008/2021 de la Fiscalía General de la República (FGR)– y detener los trabajos.
Un proceso que comenzó desde abril, cuando investigadores del propio instituto y pobladores de Teotihuacán alertaron sobre la destrucción y saqueo de monumentos, a través de sendas cartas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los secretarios de Cultura y Turismo, Alejandra Frausto y Miguel Torruco, respectivamente, así como al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y al antropólogo Diego Prieto, director del INAH.
Luego el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS, por sus siglas en inglés) sección México, encabezado por el arquitecto Saúl Alcántara Onofre, hizo un llamado a las mismas autoridades para detener la destrucción y perseguir a quien o quienes resulten responsables. Precisó que los trabajos se llevan a cabo en las parcelas 19 y 23, en cada una de las cuales hay al menos 25 sitios arqueológicos.
Doctor en arqueología, Sánchez Nava informa que la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) solicitó información al INAH sobre los hechos, y recuerda que desde 1987 Teotihuacán fue inscrita en su Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Se sabía de la existencia de esos vestigios porque el perímetro B es rico en ellos, razón por la cual no se permiten construcciones en el área, pero no se pudo elaborar el dictamen detallado hasta ingresar al lugar. El miércoles 16 de mayo, el INAH pudo visitar el predio con apoyo de la GN y hacer un somero recuento de las afectaciones provocadas por “las obras irregulares y no autorizadas” que para entonces avanzaban.
Reportó 60 personas trabajando en el lugar (quienes incluso se habían puesto agresivas ante el intento de verificaciones del INAH), la construcción de una barda, cimentación y muros y la remoción de superficie, que evidenciaron la afectación de los contextos arqueológicos.
Tras la incursión, Sánchez Nava detalla a Proceso que las afectaciones se determinan al confrontar la información obtenida in situ con los planos elaborados en los años sesenta del siglo XX por el doctor René Millon, como parte de su investigación Teotihuacan Mapping Project, y con vuelos realizados con tecnología LiDAR (Light Detection and Randing), que detecta objetos mediante luz láser:
“Algunos vuelos de LiDAR permiten hacer una topografía muy precisa y dar cuenta del tipo de vestigios que estaban en la superficie, elevaciones de terreno que evidencien que se trataba de edificaciones de carácter prehispánico, que obviamente no estaban exploradas. También es un área de cuevas y se trata de ver si han sido afectadas. Se hace una verificación física y posiblemente metamos algunos sistemas geomagnéticos con radares de penetración… Esto nos va a permitir hacer una evaluación del nivel del daño provocado, pero de que hay daño, podemos ya decir que sí porque entraron los arqueólogos e hicieron un levantamiento, aunque somero. Ahora hay que hacer el trabajo mucho más fino”.
Acotamientos
El lunes 31 de mayo, con el apoyo de 250 elementos de la GN y 60 de la Policía Federal Ministerial, la FGR aseguró finalmente el predio, cuya propiedad se ha atribuido en los medios al expresidente municipal de San Juan Teotihuacán, René Monterrubio López, y lo dejó bajo resguardo de los ministeriales. Ahora, según información del área de Prensa del INAH, la Fiscalía determinará las acciones a que haya lugar como parte de la carpeta de investigación. Confirmaron la entrega del dictamen detallado y argumentaron que no se hará publicó pues está en poder de la Fiscalía.
–Se ha hablado incluso de saqueos.
–Es difícil determinarlo, pues si estas personas alteraron el terreno, seguramente encontraron algo, no digo que ofrendas, porque eso implica una excavación mucho más acuciosa, pero sí algunas figurillas o algo así, pero saqueo no, no podemos darle ese calificativo o connotación. Destrucción sí.
Para Sánchez Nava, el haber removido la superficie con las maquinarias ya implica una alteración de vestigios, donde seguramente había restos cerámicos. Precisa que el daño a contextos se refiere a que no basta con encontrar una vasija, sino determinar por qué estaba ahí, lo cual permite el conocimiento de las sociedades. Posterior al dictamen, se levantan actas y se hacen notificaciones para que los propietarios se presenten a dar su versión:
“Son procesos de suyo complejos, a veces se corre el riesgo de que si el instituto no es lo suficientemente cuidadoso en estos casos que requieren actuaciones jurídicas, se dejan huecos por los cuales, como dicen los abogados, se caen. Ahorita hemos seguido los tiempos, el INAH ha actuado desde marzo y hasta ahora se pudo ingresar al predio y dar fe de la afectación.”
En tanto que el reclamo general y del propio ICOMOS urgía al INAH a tomar cartas en el asunto, se le pregunta sobre la percepción de que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente desde 1972 faculta al instituto para llegar y parar una obra irregular de inmediato.
“Sí, pareciera que con la ley del 72 el INAH tendría toda la potestad para suspender una obra de facto, pero no es así. Se debe notificar, dar el espacio para que el notificado acuda al instituto; si se altera el debido proceso se da pie a los amparos y a toda esa jerga y camino legal intrincado, no se pueden dar pasos en falso porque se puede revertir el proceso.”
Afirma que desde el 4 de marzo se acudió por primera vez al terreno, luego de que se detectó movimiento de camiones y trabajadores. Se colocaron los sellos de suspensión y se entregó una notificación para que el o los interesados acudieran en su derecho a exponer su proyecto, no obstante que ya habían incurrido en la irregularidad de iniciar la intervención sin el visto bueno del instituto.
–Los acompañó la Guardia Nacional, ¿también alguna autoridad municipal? ¿La actual presidencia municipal había dado licencias o los dueños se fueron por la libre en todos los sentidos?
–No lo puedo firmar con sangre, pero tengo entendido que no tenían autorizaciones. Eso formará parte de la investigación que está haciendo ya el Ministerio Público.
Proceso buscó información en la oficina de la Presidencia Municipal, donde respondieron que “todos andan en lo de las vacunas y el proceso electoral”, y que en cuanto pudiera se pondría en contacto el responsable de prensa (no supieron el nombre), lo cual no ocurrió hasta el cierre de esta edición.
El especialista se remonta en la historia para recordar que Teotihuacán fue conocida por los mexicas. Y sin embargo por los conquistadores españoles no. Tras la caída de Tenochtitlán no se supo de ella hasta el siglo XVII, y no fue sino hasta finales del XIX cuando se comenzó a explorar formalmente. Se abre al público sólo lo que se denomina polígono A, que está enrejado y es de propiedad federal.
Estima que la antigua ciudad abarca cuando menos 23 kilómetros cuadrados, de los cuales quizá sólo se ha explorado 10%. Cuando se delimita la poligonal, las poblaciones ya se estaban desarrollando sobre los vestigios. Si el proceso hubiera sido inverso, se habría considerado un nivel de protección más amplio. De ahí que exista fuera de la reja el perímetro B, donde hay población pero no se permiten obras sin la autorización debida; e igualmente el C, donde hay menor cantidad de vestigios y mayor número de construcciones contemporáneas.
“Hablamos de una ciudad viva, que tiene necesidades de servicios, drenajes, alguna cisterna, es la razón por la cual el INAH debe estar interactuando de manera permanente con los crecimientos urbanos. ¨Por esa razón se tienen mesas de trabajo con los municipios de San Juan Teotihuacán y de San Martín de Las Pirámides, precisamente para cuidar estos espacios”.
Se trata de que cualquier obra, sobre todo en el polígono C, donde se permiten intervenciones, cuenten con todas las licencias y el visto bueno del INAH para que acompañe los trabajos y se pueda recuperar información a través de investigaciones de salvamento arqueológico. Lo que no se vale, enfatiza el arqueólogo, es que los dueños actúen en forma “totalmente soberbia y prepotente”.
Presiones
¿Qué tipo de obras están permitidas? Especifica el funcionario que es prácticamente casuístico. El caso del drenaje, por ejemplo, se considera elemental, pero pretender un parque de diversiones en Oztoyahualco “de ninguna manera, no es prioritario ni de carácter social, por eso son soluciones casuísticas”.
–No permitirían, por ejemplo, un hotel de lujo.
–No, claro, no es la idea, por el nivel de afectación, y mira que hay muchas solicitudes al respecto.
Se le comenta que Teotihuacán es una joya pues la explotación turística es fuente de ingreso para las poblaciones de ahí. Para él los proyectos arqueológicos deben tener como fin un beneficio social para los pobladores, pero se trata de bienes no renovables y se debe tener cuidado. No se autorizaría –sigue en sus ejemplos– una rueda de la fortuna o un teleférico, aunque estuviesen fuera de los perímetros A o B, pues podrían no alterar el subsuelo pero sí la visual de la zona, que es un elemento paisajístico considerado parte del valor universal de la zona.
–La región sigue desbordándose urbanísticamente. En ese sentido, ¿tendrá impactos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?, ¿contaminación, incremento en la plusvalía de los predios, desplazamiento de gente?, ¿mayor presión sobre la zona, en suma?
–Obviamente, la cercanía con el aeropuerto va a incidir en la visita a la zona arqueológica, también se van a hacer algunas obras de comunicación, pues seguramente si algún visitante tiene algunas horas para hacer algún tipo de transbordo, le interese conocerla. Entonces debemos estar preparados como estamos procurando hacerlo en las zonas que se verán impactadas, por decirlo en forma eufemística, con el Tren Maya, donde ya está anunciado el aeropuerto en Tulum. Lo estamos atendiendo de manera muy puntual porque habrá mayor demanda del público visitante.
Menciona entonces la construcción del Museo del Mamut “Tierra de Gigantes”, para que el visitante que tenga el tiempo conozca “esta otra riqueza paleontológica y arqueológica”. En cuanto a desplazamientos poblacionales, asegura que, “por el momento”, no los hay debido a los acuerdos con las comunidades, pues además se trata de terrenos de carácter agrícola. Y descarta afectaciones por las rutas aéreas o contaminación por el vuelo de aviones.
La oficina de Prensa del INAH informó a Proceso vía WhatsApp que en sus diligencias no aparece aún el dato de alguna compañía constructora. Se le pregunta a Sánchez Nava:
–¿Presentaron la denuncia contra los dueños del terreno, se maneja el nombre del expresidente municipal?
–Esa respuesta no la tengo, porque el día de hoy están concluyendo la carpeta de investigación, han surgido varios dueños. El día de la diligencia llegó un señor y accedió, luego llegó otro más joven, en fin…
–¿Las sanciones a las que se harán acreedores son grandes, quizá hasta algunos años de cárcel?
–Pues eso ya lo determinará el juez, pero sí tiene que haber sanciones realmente significativas. Tiene que ser porque se presume que en Oztoyahualco es donde se inicia la ciudad, es la parte vieja de Teotihuacán, quizá grupos aldeanos la habitaron, son los inicios de la gran urbe.
Insiste:
“Debe ser ejemplar, porque ya no se puede recuperar este nivel de información. Pero hay que ver hasta dónde está la remoción de tierra que hicieron en la superficie. Es muy importante.”
–Teotihuacán tiene su propia historia de atropellos, como con Plaza Jaguares, tal vez hay otros de años atrás. Pero nunca se ve al responsable pagando daños. ¿Esa impunidad no es la que permite que otra gente se vaya por la libre?
–Tienes razón. A veces también falta dar seguimiento a esas actuaciones, pero te puedo garantizar (no tengo los nombres aquí, pero están en los archivos históricos) que sí se ha metido a personas a la cárcel. Eso sí te lo firmo con sangre. Y esperemos, en este caso, que el nivel de sanción sea ejemplar, para que se vea que esas acciones no pueden quedar impunes.
Lo irónico es que uno de los activistas contra la cadena Walmart, Emmanuel D’Herrera, miembro del Frente Defensa del Valle de Teotihuacán, fue encarcelado por haber detonado una lata con pólvora en la Bodega Aurrerá, un delito que se consideraba del fuero común, pero cambió al federal. Enfermó en la cárcel y luego murió en abril de 2010 (Proceso 1746).
Los responsables de construir y autorizar la Plaza Jaguares en el predio La Ventilla tampoco tuvieron sanciones. En cambio, a la dirigente de artesanos de San Francisco Mazapa en Teotihuacán, que se opuso al proyecto, se le persiguió, “pero resistió al acoso mayor del INAH, que ‘la metió’ al bote hace un par de años por supuesta (y nunca probada) destrucción de vestigios arqueológicos” (Proceso 1459).
Y quienes permitieron la perforación de las pirámides para el espectáculo Resplandor Teotihuacano, al igual que los inversionistas, nunca tuvieron que enfrentarse con la ley.
