Acechados por inmobiliarias, hoteleros y políticos, los terrenos en zonas de reserva ecológica del Valle de Guadalupe, en Baja California, están en peligro, así como el agua que ahí se encuentra. Precisamente unos de los grandes depredadores son Grupo Concordia y la empresa Del Valle Bienes Raíces, que ofrecen lotes en lugares con protección federal. En este contexto, las autoridades estatales y municipales poco o nada han hecho para frenar la especulación inmobiliaria y la proliferación desmedida de restaurantes y zonas vitivinícolas.
ENSENADA, BC.- Enclavado en una de las siete zonas mediterráneas del mundo, el Valle de Guadalupe es devorado por inmobiliarias que especulan con terrenos en zonas de reserva ecológica, por políticos y empresarios que sustraen grandes cantidades de agua para sus empresas vinícolas y por ejidatarios que se apresuran a liberar sus tierras comunales para que puedan venderse a quien sea.
El caos, sostenido desde 1996, se inició cuando la Comisión Nacional del Agua aprobó la entrega de concesiones a personas ajenas al ejido; a la par, los propios ejidatarios acordaron desincorporar sus tierras para vender a privados que se fueron posesionando del valle vinícola más bello de México.
La zona, que produce 30% del vino que se consume en el país, ha llamado la atención de diversos personajes locales y nacionales, como hoteleros y empresarios de la talla del propietario de la acerera Villacero, Julio César Villarreal Guajardo, y del empresario Xavier Desiderio Autrey Maza, así como de los políticos Gustavo Ortega Joaquín, exalcalde de Cozumel y sobrino en segundo grado de Pedro Joaquín Coldwell; el priista César Camacho Quiroz y el panista y exdiputado federal Wenceslao Martínez Santos, entre otros.
Para los 79 vitivinicultores del valle, la zona peligra y temen que el agua se acabe en cinco años. La presencia de grandes consorcios inmobiliarios que venden predios en zonas de conservación ecológica para fraccionar, como el llamado Taray Residencial, anunciado por Grupo Concordia, o la empresa Del Valle Bienes Raíces, que promueve venta de terrenos para construir casas justo en la zona de propiedad “comunal” del ejido El Porvenir, tienen al borde de la desaparición la “vocación agrícola” de la zona, lamentan las vitivinícolas.
Pero los ejidatarios, quienes han visto cómo en la última década proliferaron las haciendas de vid con sus restaurantes, el problema es que estos negocios también les están quitando el agua, denuncian ante Proceso.
En entrevista, el comisariado ejidal, Rafael Romo, explica que en mayo de 2020 la asamblea determinó que la zona comunal se repartiera entre todos. Es decir, se “aparcelara” dándole 2.5 hectáreas a cada uno de los 100 miembros que forman el ejido.
“Ahora dicen que queremos hacer un fraccionamiento y tienen miedo los vitivinicultores…pero eso no es cierto. Nosotros aparcelamos, no fraccionamos. Los ejidatarios también tienen derecho a progresar”, aclara el comisariado.
Las diferencias entre los vitivinícolas y los ejidatarios de El Porvenir han subido de tono. Los primeros denunciaron ante el ayuntamiento a los miembros del ejido bajo el argumento de que “están violando el reglamento del programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte del municipio de Ensenada”, confeccionado en 2010 y donde se establecen las diferentes zonas del Valle de Guadalupe.
Ahora, la lucha es para detener el fraccionamiento Taray y lo que los vitivinicultores consideran como la entrega de otra parte del ejido El Porvenir para hacer casas.
En este contexto, las autoridades estatales y municipales poco o nada han hecho para frenar la especulación inmobiliaria y proliferación desmedida de restaurantes y zonas vitivinícolas.
Después de solicitar una entrevista, el ayuntamiento de Ensenada, entidad a la que pertenece el Valle de Guadalupe, de manera coincidente comenzó los procedimientos para denunciar por “fraude equiparado” a quienes “especulan” con los terrenos.
El municipio no sabía
Este semanario confirmó que la empresa inmobiliaria Grupo Concordia, que se anuncia en internet, vende lotes de 300 metros cuadrados a 70 mil dólares en pleno corazón del valle.
Cuando a uno de los agentes inmobiliarios se le preguntó quiénes son los dueños del desarrollo, explicó que ese dato no debe preocuparle al cliente porque Grupo Concordia negocia con el propietario del terreno para comprarlo. Enseguida, aseguró que todo es legal y está en regla.
De acuerdo con el reglamento al que se ha hecho referencia, dicha zona se encuentra a un lado de un arroyo que es propiedad federal y está en una zona de conservación.
Taray Residencial se encuentra en el ejido El Porvenir; el comisariado explicó que esa zona es de un particular o pequeño propietario y de un ejidatario de apellido Lara, que hace tres años cedió derechos a sus familiares. “Sólo sé que vive en Tijuana”.
El director de Atención Urbana, Ecología y Medio Ambiente de Ensenada, Héctor Villalobos, dice a Proceso que, efectivamente, ese tipo de negocios representan un “fraude equiparado”, ya que los más de 100 lotes que se venden están en una zona de conservación ecológica.
“Estamos integrando el expediente con todo lo que ellos venden y especulan de manera virtual, y en un par de semanas pondremos la denuncia ante la fiscalía del estado por fraude equiparado… Es un tema bastante delicado que nos han denunciado los de la agrupación de Provino.
“El fraude es porque están vendiendo un fraccionamiento que no van a poder hacer, porque yo en ningún momento voy a poder emitir una autorización porque están en zona de conservación”, detalla.
La autoridad local aceptó que no sabía de la venta de los terrenos de Taray, sino hasta que se lo denunció la organización Provino, pues la empresa no ha solicitado ningún trámite ante el municipio. “Saben que no pasará”.
De acuerdo con Villalobos, la denuncia será interpuesta contra una persona, un presunto dueño. Sobre Grupo Concordia, agregó que éste se acercó al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California, pero no prosperó ningún trámite “justo por estar en zona de conservación”.
Al funcionario municipal se le insiste sobre cómo es que el ayuntamiento, encabezado por el morenista Armando Ayala –fallido aspirante a la gubernatura–, quien pretende reelegirse en el municipio, no sabía sobre los trabajos de la maquinaria en la zona, obras que este semanario pudo comprobar en un recorrido.
“Ese es un camino vecinal, no es propiedad privada y es de acceso a otros predios”, comenta Villalobos; pero se le explicó que ya no se trata de una vía vecinal, pues ahora tiene un ancho de por lo menos 15 metros.
Su respuesta es que en zonas tan alejadas es difícil hacer verificaciones y que “los particulares tienen sus mecanismos: les mandan pitazos para no estar, se esconden, te cierran las puertas. A veces se torna complicado para hacer la notificación y que luego no se te caiga en un proceso jurídico. A veces quisiera que la ley fuera más expedita”.
Agregó que ya están preparando avisos para alertar sobre el fraude inmobiliario, aunque lamentó tener dos inspectores para tal tarea.
La manera con la cual Taray se ha promovido, detalla, ha sido un punto de inflexión para otros grupos inmobiliarios que también se anuncian por internet. Hasta ahora, agregó el funcionario, se han detectado entre seis y siete ventas de ese tipo.
Casas en el cerro
Alarmados por las construcciones y la constante presencia de maquinaria pesada en diversas zonas del Valle de Guadalupe, los vitivinicultores Natalia Badan, Áxel de la Torre, Fernando Pérez de Castro y Leonardo Torres denunciaron durante meses ante el ayuntamiento la venta de terrenos y los movimientos de tierra.
La denuncia no ha sido sólo por el movimiento de tierra, aplanamientos y la ampliación de caminos en Taray, los cuales fueron corroborados por este medio, sino también por “cortes” y un camino que el ejido El Porvenir realiza en uno de los cerros que está dentro de la zona ejidal.
De acuerdo con el director de Atención Urbana municipal, se está violentando el reglamento porque el corte al cerro se realiza en una zona de conservación.
En su defensa, el comisariado ejidal presentó un amparo federal donde se les otorgó la suspensión temporal del reglamento.
Rafael Romo, comisariado, sostiene que con ello el juez les da la razón y que no están violando nada porque ellos, al ser ejido, se rigen por leyes federales.
También explicó que en una asamblea realizada en mayo de 2020 se decidió que 4 mil 500 hectáreas comunales ubicadas en el cerro y que conectan con la sierra se lotificaran y entregaran a cada uno de los 100 miembros del ejido.
Dijo que para ello es el camino que están haciendo y agregó que únicamente se han construido tres casas. El proyecto de ellos, asegura, es para que los ejidatarios puedan acceder fácilmente a la sierra y realizar paseos.
No obstante, aclaró que una vez que se “aparcele”, es decir, que se entregue la tierra a cada ejidatario, ellos serán libres de desincorporarlo. De ser así, en ese momento sí se tendrán que sujetar a las leyes y reglamentos del ayuntamiento de Ensenada. “Porque ya entonces lo sacarías del seno del ejido”.
En ese momento, detalló, pasaría a ser pequeño propietario. Y si alguno quiere vender su tierra, lo puede hacer. Mencionó que actualmente cada ejidatario tiene cuando menos 60% de sus tierras desincorporadas, esto es: las ha vendido.
Consideró que ahora los vitivinicultores tienen miedo de que ahí se fraccione, “pero nosotros aparcelamos, no fraccionamos”, sostiene.
“Mire, cada ejidatario tiene derecho a hacer con su tierra lo que quiera, eso es una realidad; como comisariado no les puedo decir qué hagan en su parcela.”
Rechazó que estén en pláticas con alguna inmobiliaria para vender una vez aparcelado el cerro, “Ahora es comunal y no puede venir ninguna inmobiliaria… Si nosotros sacáramos del dominio pleno y vendiéramos a una inmobiliaria, pero eso no va a suceder porque nosotros no queremos que allá arriba se llene de casas, casas GEO y eso. No queremos eso, es imposible, no hay agua, no hay servicios”.
–¿Ninguna inmobiliaria se ha acercado con ustedes?
–No. Pero le voy a ser franco, yo les voy a entregar a cada ejidatario lo que les corresponde y ellos van a construir como ellos puedan. Es un patrimonio que yo les entrego.
Sin embargo, Del Valle Bienes Raíces ofrece lotes que están justo en el cerro donde El Porvenir está haciendo su camino y donde se va a “aparcelar”.
La razón por la cual los ejidatarios no quieren el reglamento, dice el comisario, es porque los vitivinicultores decidieron cómo definir las zonas y a los ejidatarios sólo se les explicó en asamblea cómo quedarían. “Nos dejaron en zona de protección, significa que el uso de suelo sólo es para jardín botánico y aquí nadie hace eso, somos agricultores o ganaderos”.
Mientras que las zonas vitivinícolas, dijo, están en conservación o agrícola “y ahí sí pueden hacer todo lo que quieran”.
