El presidente Iván Duque calificó las protestas callejeras de los últimos días de “vandalismo extremo y terrorismo urbano financiado por el narcotráfico”… y respondió mandando por delante a policías y militares, con la consecuente cauda de civiles muertos y heridos. Lo que el mandatario no quiere ver son los hechos económicos: en medio de la peor crisis de la historia de Colombia –el PIB cayó 6.8% en 2020–, el gobierno propuso una reforma fiscal (fallida) que gravaba productos de la canasta básica, aplicaba un IVA de 19% a los servicios públicos y aumentaba la base de contribuyentes que deben pagar Impuesto Sobre la Renta.
BOGOTÁ.- El pasado 29 de abril, un día después del inicio de las masivas protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, el organismo estatal de estadísticas de Colombia reveló que la crisis derivada de la pandemia de covid-19 había hecho crecer la pobreza extrema en 58% y que 7.4 millones de colombianos (15 de cada 100) vivían hoy en esa situación.
Ese dato, que explica en parte el descontento popular que se advierte en las movilizaciones que se desarrollan en todo el país, ha sido omitido de la narrativa de Duque para referirse a las protestas.
El énfasis del presidente es que en las manifestaciones que ocupan las calles y las plaza públicas de las principales ciudades hay “vandalismo extremo y terrorismo urbano financiado por las mafias del narcotráfico”. Y con ese argumento, el mandatario del ultraderechista Centro Democrático ha intentado justificar la violenta respuesta de la policía y el ejército.
Sólo durante la primera semana de movilizaciones, entre el 28 de abril y el pasado martes 4, la policía mató a balazos a 17 manifestantes, uno cada 10 horas en promedio, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una ONG independiente que además reportó mil 220 personas heridas y 40 desaparecidos durante las protestas.
Para sorpresa de Duque, quien ha sido en los últimos años uno de los más firmes defensores de los derechos humanos de los venezolanos reprimidos por el régimen de Nicolás Maduro, la comunidad internacional no creyó en el argumento oficial de que la policía y los militares que el mandatario envío a las calles enfrentaban una “amenaza terrorista”.
Decenas de videos grabados por ciudadanos desde sus celulares han mostrado a policías disparando a civiles desarmados y golpeando a personas indefensas.
La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenaron “el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la policía colombiana y llamaron al gobierno a pedir a sus agentes del orden “la máxima moderación” para evitar “más pérdidas de vidas”.
Las condenas al gobierno de Duque subieron de tono luego de que una misión internacional de defensores de derechos humanos que visitaba la suroccidental Cali, epicentro de las protestas y la represión, fue amenazada y acosada el lunes 3 por policías y militares, según denunció la oficina de la ACNUDH.
La portavoz de la oficina, Marta Hurtado, recordó a las autoridades del Estado colombiano “su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida”.
A esas alturas, la noticia de la represión y las muertes de manifestantes en Colombia ya daba la vuelta al mundo y de todas partes llegaban mensajes de indignación.
“Pido al gobierno de mi país”, tuiteó la cantante Shakira, “que tome medidas urgentes”, que “PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”.
El dilema de Duque
Oliver Wack, gerente para Colombia y la región andina de la consultora de riesgos Control Risks, considera que la situación “se le salió de las manos” a Duque y ahora el presidente se debate entre responder a los llamados a la moderación que ha hecho la comunidad internacional o a los llamados de su partido, el uribista Centro Democrático (CD), a intensificar la represión.
En entrevista con Proceso, el especialista en análisis de riesgos dice que al mandatario “no le gusta quedar como el malo, sobre todo a nivel internacional”, y entonces cabría esperar “un llamado a la tropa, a las fuerzas policiales, a moderar su accionar” frente a los manifestantes.
Pero por otra parte, una investigación independiente de los abusos de policías y militares y un repudio público de las violaciones de derechos humanos que han cometido son temas que disgustan al CD, un partido que suele observar la protesta social como una acción de “vándalos terroristas” que buscan desestabilizar al país.
Y a Duque, señala Wack, “no le queda otra más que apostarle a su base dura, al uribismo, y es lo que seguirá haciendo, porque no se puede dar el lujo de ir demasiado a profundidad y atacar a su fuerza pública”.
El discurso central del CD es que el medio siglo de guerra que libró el Estado colombiano contra las FARC fue la respuesta legítima a una amenaza narcoterrorista contra una democracia funcional y no un conflicto social y armado con raíces históricas profundas, asociado al robo de tierras y a la exclusión política de amplios sectores.
Esa lectura, que interpreta a la poderosa oligarquía rural y a los segmentos más conservadores del país, es la que prevalece en cualquier análisis del actual gobierno sobre la conflictividad social.
Para el uribismo, tras las demandas ciudadanas legítimas se agazapa una “subversión narcoterrorista” interesada en sembrar el caos.
Hay evidencias de que comandos urbanos del guerrillero Ejército de Liberación Nacional, de las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz y del grupo subversivo “FARC-Segunda Marquetalia”, que encabeza Iván Márquez, actúan como infiltrados en las protestas para incitar a los manifestantes a atacar a la policía y a cometer actos vandálicos.
Entre las personas que han muerto por disparos durante las protestas figura un policía, el capitán Jesús Alberto Solano, y el martes 4 un grupo de encapuchados incendió en un barrio del sur de Bogotá un puesto de la policía con 10 uniformados en su interior, que lograron escapar entre las llamas; cinco de ellos resultaron heridos.
“La escalada de violencia es brutal”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la madrugada del miércoles 5, al reportar que en las últimas horas habían resultado heridos 30 civiles y 16 policías, y 104 autobuses del transporte público de la ciudad habían sido atacados por desconocidos, lo que obligó al sistema a operar varios días a 60% de su capacidad.
La ONU ha reportado que “la mayoría de las protestas han sido pacíficas”, lo cual han constatado también integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia. La observación internacional ha dificultado la intención del gobierno de estigmatizar la protesta social para justificar la represión.
“El argumento del gobierno de que aquí en la calle hay narcoterroristas y que hay que sacar al ejército para combatirlos quizás funcionaba hace 20 años, pero hoy no. El uribismo está absolutamente equivocado en creer que eso va a convencer a alguien a nivel internacional”, asegura Wack.
El analista señala que las protestas en Colombia no son nuevas ni son un asunto exclusivamente colombiano.
“Las vimos en 2019 en toda la región y las vimos en los últimos meses en diferentes países en la etapa pospandemia”, dice Wack, “porque es lógico que la gente salga a protestar cuando está en una situación bastante complicada”.
En el reporte sobre pobreza, divulgado el 29 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia señaló que los pobres llegaron el año pasado a 21 millones de personas, cifra equivalente a 42.5% de la población del país y mayor en 3.5 millones a la de 2019. La pobreza extrema pasó de 9.6% a 15.1% en el mismo lapso, lo que significa que ese indicador social creció 58% entre 2019 y 2020 por la pandemia.
En medio de la emergencia sanitaria, el gobierno de Duque implementó un programa de transferencias para las familias más pobres del país, que ha implicado desembolsos equivalentes a 0.45% del PIB, un porcentaje lejano a la media de ayudas sociales giradas en América Latina en esta pandemia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha recomendado invertir en este esfuerzo entre 1% y 2% del PIB, lo que han hecho países como Chile, Brasil y Perú. El efecto ha sido una mayor contención en el aumento de la pobreza.
El gobierno de Colombia ha sido criticado por la oposición y algunos medios por su generosidad con las grandes corporaciones, a las cuales ha apoyado con capital de trabajo y garantías de endeudamiento.
La fallida reforma
En medio de la peor crisis económica y social que ha vivido Colombia en su historia (el PIB cayó 6.8% en 2020), el gobierno de Duque propuso el mes pasado una reforma fiscal que contemplaba gravar productos de la canasta básica, aplicar un IVA de 19% a los servicios públicos y aumentar la base de contribuyentes que deben pagar Impuesto Sobre la Renta.
El malestar social, que ya se había expresado en Colombia en una ola de protestas que se desarrollaron entre el 21 de noviembre de 2019 y el 21 de febrero de 2020, afloró con mayor fuerza cuando los ciudadanos se enteraron que si esa reforma era aprobada en el Congreso deberían pagar más impuestos.
La iniciativa de Duque y de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, resultó tan impopular, que hasta el gobernante CD y su líder, el expresidente Álvaro Uribe, la objetaron.
Pero ni el anuncio de las protestas –formulado por sindicatos, estudiantes, partidos de oposición y organizaciones sociales– ni los reparos del CD hicieron que el gobierno reformulara la iniciativa.
La rebelión social que se observó en las calles de Colombia a partir del 28 de abril fue tan contundente que incluso algunos partidos que habían manifestado su intención de apoyar la reforma en el Congreso se echaron para atrás y el presidente y Carrasquilla se quedaron solos.
Mucho se ha recordado en estos días que Duque llegó a la Presidencia con escasa experiencia política –fue tres años senador tras una carrera como funcionario de tercer nivel del Banco Interamericano de Desarrollo– y que Uribe lo eligió como candidato del CD por su imagen de buen muchacho, de la que ya queda poco.
Es decir, la política entendida como un mecanismo de concertación y búsqueda de consensos no es uno de los fuertes del presidente, cuya gestión es mal evaluada por la mayoría del país.
Según una encuesta de la firma Invamer del mes pasado, 63.2% de colombianos tiene una opinión desfavorable de Duque y ocho de cada 10 consideran que el país va “por mal camino”.
La debilidad del presidente contrasta con el poder de su mentor político, Uribe, quien ejerce una influencia enorme en el gobierno y en la vida pública.
Acotado como está, Duque ha intentado desde su llegada al cargo, en agosto de 2018, congraciarse con el sector más radical de su partido, el cual tiene en la mira hacer “trizas” el acuerdo de paz con las FARC.
De hecho, el mandatario perdió los primero seis meses de gobierno en tratar de impulsar una reforma que le quitaría poder a la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional creado para juzgar y sancionar con penas alternativas a la cárcel los crímenes de guerra cometidos por todos los actores del conflicto armado.
Al final, la Corte Constitucional paró la intentona de Duque, pero el presidente salió debilitado de ese episodio.
Demasiado tarde
Ante la intensidad de las protestas de los últimos días, Duque optó el domingo 2 por anunciar el retiro de la iniciativa de reforma fiscal, pero ni siquiera esa decisión, que fue tardía, logró desactivar la rebelión social en marcha.
“El gobierno pensó que lo que estaba haciendo era gestionar la reacción pública ante el anuncio de una reforma tributaria y no tomó en cuenta que se trata de una protesta mucho más profunda y que la respuesta militar y policial generó más indignación”, señala Wack.
El exfuncionario de la OEA dice que las protestas son la expresión del malestar social que se advertía en Colombia desde las marchas de 2019 y 2020 y el cual se exacerbó con la crisis generada por la pandemia de covid-19.
“Por eso las protestas y desmanes siguen, a pesar de que Duque retiró la reforma tributaria”, señala el licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Metropolitana de Londres y maestro en esa misma especialidad por el Instituto de Estudios Políticos de París.
De acuerdo con el experto en asuntos colombianos, todo lo que ha ocurrido en estos días está vinculado por varias vías a las elecciones presidenciales programadas para mayo de 2022. Según todos los sondeos, el izquierdista Gustavo Petro marcha como favorito.
Colombia, dice Wack, es un país sobrepolarizado en el que el sector representado por Petro cuestiona que Duque envíe al ejército y a la policía a las calles a matar inocentes que ejercen su derecho a protestar, mientras que el sector representado por Uribe repudia los ataques de los manifestantes contra la fuerza pública.
Duque hará malabares para tratar de volver a congraciarse con el uribismo, que pide mano dura, y para desactivar la imagen de partidario de la represión que ha proyectado ante el mundo.
Por eso sigue llamando “terroristas” a quienes vandalizan en las protestas y por eso ha llamado a una “conversación” a los convocantes al paro.
De acuerdo con Wack, luego de estos días de turbulencia social “será muy, muy complejo” para Duque lograr una reforma fiscal de la envergadura que necesita Colombia para financiar su déficit fiscal y pagar la deuda externa, pues su margen de gobernabilidad se redujo notablemente.
El analista considera que esa obsesión del uribismo de “meter en el mismo balde” a los grupos armados ilegales con discurso político y a la izquierda que actúa en el marco de la institucionalidad democrática acabará por tener un costo político para ese sector.
“Creo”, dice Wack, “que el uribismo no ha podido entender que el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos (antecesor de Duque) con las FARC es bien visto por los inversionistas, porque lo que quieren ellos es pasar la página del conflicto armado y enfocarnos en la reconciliación”.
El uribismo, que basa su propuesta económica en crear condiciones para la inversión, ya ni siquiera puede argumentar que Colombia es un país seguro para el capital cuando las imágenes que dan la vuelta al mundo muestran al ejército y a la policía reprimiendo manifestantes.
“Fue una fuerza política muy popular, pero en algún momento el uribismo empezó a perder esa visión de lo que realmente necesita un inversionista en Colombia y por eso podríamos hablar de un gradual pero muy sentido declive del uribismo en un futuro cercano”, sostiene Wack.
De acuerdo con él, Petro se verá beneficiado en el corto plazo por esta ola de protestas, porque las demandas sociales –más y mejor educación, más y mejor salud y el desmantelamiento del régimen de privilegios para las grandes empresas– coinciden con su agenda.
“Pero a la larga”, dice el experto, “un incremento de la polarización tampoco le conviene a Petro, porque si llega a la segunda vuelta presidencial el año próximo, y yo creo que lo hará, pesará mucho el voto de quienes votarán en su contra”.
