En el proceso electoral en curso, el narcotráfico impone o apoya candidatos en varias regiones de Jalisco; o por el contrario, los veta mediante la violencia, coinciden actores políticos de la entidad entrevistados por Proceso. Pese a la violencia que han sufrido aspirantes de distintos partidos –y que se materializa en asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas–, el gobernador Enrique Alfaro no ha dado respuesta a una solicitud puntual: instalar una mesa que establezca mecanismos para garantizar la seguridad de los contendientes.
GUADALAJARA, JAL.– En Jalisco, el actual proceso electoral que arrancó el 4 de enero con precampañas y que culminará el 6 de junio con la votación, se ha caracterizado por ejecuciones, privaciones de la libertad, desapariciones y amenazas a los candidatos de diferentes fuerzas políticas.
Actores políticos con trayectorias que oscilan entre 25 y 35 años, que pidieron no publicar su identidad por temor a represalias, coinciden en que en la mayor parte de la entidad el narcotráfico impone y apoya candidatos, en especial en las regiones Costa Sur, Altos Norte y Sur.
Uno de ellos aseveró que un aspirante y compañero de Movimiento Ciudadano (MC) tuvo que acudir con el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, para obtener su venia de participar en la contienda por un municipio de la región Lagunas.
Otro del mismo partido reveló que detrás del asesinato del presidente municipal de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, quien había solicitado licencia para poder reelegirse por MC, presuntamente está el CJNG, puesto que el grupo delictivo no estuvo de acuerdo en que volviera a participar.
En junio de 2020, como parte de la operación Agave Azul, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias a cuatro municipios de la entidad, entre ellos Casimiro Castillo –ubicado en la Región Costa Sur–, debido a que se obtuvieron datos que sugerían compras de los ayuntamientos con empresas ligadas al lavado de dinero del CJNG.
Alfredo Sevilla desapareció el 10 de marzo; al día siguiente por la noche se recibió un reporte de que su camioneta estaba en el fondo de una barranca, cerca del kilómetro 169 de la carretera Casimiro Castillo-Autlán de Navarro, a la altura de El Mirador. Hasta la mañana del viernes 12 se percataron de que en el interior estaba el cuerpo del alcalde. Cuatro días después la Fiscalía General del Estado confirmó que Alfredo Sevilla había sido asesinado: tenía un disparo en la cabeza.
El 16 de marzo, el fiscal Gerardo Solís Gómez dijo, respecto al asesinato de Alfredo Sevilla, que se investigaba si el aspirante había sido amenazado de muerte “por problemas de naturaleza personal o relacionados con el trabajo que desempeñaba como alcalde”. Después de esa fecha no hubo más pronunciamientos del tema.
Otro político, pero de extracción panista, que ha participado en diferentes campañas de la Región Sur, estima que hace 12 años la intervención de la delincuencia organizada era mínima, y ahora se vive el punto álgido, puesto que hay municipios donde por seguridad los partidos decidieron no registrar a ningún candidato.
En ese sentido, el PRI informó el pasado 23 de marzo que no registró aspirantes a las alcaldías de Jilotlán de los Dolores y de Tecalitlán, por falta de condiciones de seguridad.
Ambos municipios colindan con Michoacán, cuyos límites son disputados entre el CJNG, el Cártel Nueva Plaza y Los Viagras, de acuerdo con un documento interno de la FGE obtenido por este semanario.
En la región norte, el PRI perdió el pasado 4 de febrero a su precandidato a la alcaldía de Mezquitic, Álvaro Madera López, quien desapareció cuando se dirigía a una reunión de su partido.
Según la fiscalía del estado, Madera fue privado de la libertad por cinco policías de Mezquitic, quienes fueron detenidos, incluido el comisario. Todos fueron acusados por el delito de desaparición forzada. El tricolor decidió postular a Hugo, hermano de Álvaro.
En San Cristóbal de la Barranca, la alcalde Elvia Guzmán Ulloa, quien busca reelegirse, pidió al dirigente del PRI en Jalisco, Ramiro Hernández García, no hacer campaña debido al riesgo que correría.
El municipio de San Cristóbal de la Barranca se caracteriza por ser una zona donde se cultiva mariguana. En el último reporte público de octubre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en los límites de San Cristóbal de la Barranca con Zacatecas destruyó casi 4 mil metros cuadrados de plantíos de esa hierba.
Levantones
El candidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García –quien ganó ese cargo por el PAN en la elección de 2006–, y su suplente, el empresario restaurantero y exsubdirector de Obras Públicas del mismo municipio, Julio Alejandro García Gutiérrez, renunciaron a sus aspiraciones tras ser levantados por hombres armados.
El periódico El Occidental publicó que el 23 de marzo fueron levantados por sujetos armados cuando se encontraban en un restaurante del centro de Tequila. Al día siguiente aparecieron golpeados y presentaron por la tarde la renuncia a sus aspiraciones ante el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Proceso buscó, por medio de amigos, a ambos candidatos para ahondar en el tema de la privación de su libertad. Por temor, ninguno accedió a hablar, puesto que no sólo se los llevaron a ellos, sino también a las hijas de Julio García, confió una de las personas que habló con ellos.
También se solicitó la postura de la dirigencia de Morena en Jalisco, pero no hubo respuesta… debido a que se encuentra acéfala.
Las amenazas
En la zona metropolitana de Guadalajara al menos dos aspirantes han sido amenazados vía telefónica en la precampaña y ahora como candidatos: Jesús Guzmán García, mejor conocido como Chuy Morrayo, del Partido del Trabajo (PT), quien compite por Tonalá; y Adrián Flores Vélez, del PAN, un regidor con licencia de El Salto y aspirante a la alcaldía. Ambos sospechan que fueron amedrentados por sus competidores políticos.
En entrevista, Chuy Morrayo refiere que durante el proceso interno del PT recibió una amenaza vía telefónica; durante la campaña en busca de la alcaldía volvieron a llamarle.
“Creo que empecé a pisar intereses y por eso me amenazaron. Fue de un número de Puebla. Yo personalmente lo mandé investigar, porque la verdad no confío en las autoridades; contraté un investigador privado”, quien indagó que la llamada se realizó desde un teléfono público, comenta.
A partir de ese momento, no sabe con exactitud la fecha, pero fue en enero: “Tomé medidas pertinentes para cuidarme. Y al empezar el proceso me volvieron a amenazar de otro teléfono también de Puebla”.
Agrega que “aquí en Tonalá, aunque los contrincantes son de diferentes colores, es un mismo grupo el que ha manejado el municipio desde hace muchos años, pero sabemos a lo que vamos a entrar”.
La primera vez que lo amenazaron le dijeron: “A ver, hijo de la chingada. Te va a llevar la verga; te bajas o te lleva la chingada”. Al arrancar la campaña, el pasado 4 de abril, recibió otra llamada: “Tú no entiendes, verdad, hijo de la chingada. ¡Bájate o te va a llevar la chingada!”.
Chuy Morrayo considera que las advertencias provienen “de algún partido que no quiere que el poder regrese al pueblo, no es otra cosa”. Descartó presentar una querella por las amenazas ante la FGE debido a que hace varios años acudió a denunciar el robo de su negocio. “Me fue muy mal”, admite.
El candidato a la presidencia de El Salto también ha recibido llamadas. En una de ellas le dijeron: “¡Bájele de güevos!, le estamos invirtiendo mucho y te vamos a chingar. Te va cargar la chingada. Nomás no esté jugando conmigo, hijo de su puta madre, porque ya lo tengo bien ubicado, ¡eh!. Ya sé que eres el regidor, puto, hijo de tu puta madre, así que ten cuidado”.
Las advertencias vía telefónica que provienen de hombres ya alcanzaron a su equipo de campaña.
Adrián Flores presentó denuncia el pasado 24 de febrero ante la FGE por los delitos de amenazas, extorsión y delitos electorales, y se abrió la carpeta de investigación número 856/2021. Hasta el momento no ha habido ningún avance en la investigación.
Adrián Flores, quien se afilió al PAN hace 18 años pero apoya al partido desde hace 24, sospecha que detrás de las amenazas presuntamente está Ricardo Santillán, quien pretende reelegirse como alcalde de El Salto.
“No me había tocado esta violencia tan grave que se está viviendo en el estado, y yo creo que en Jalisco nunca se había vivido esta violencia tan extrema”, lamentó.
El pasado 31 de marzo los dirigentes de los partidos que integran en Jalisco la alianza Va por México –PRI, PAN y PRD–, solicitaron al gobernador Enrique Alfaro Ramírez instalar una mesa para establecer mecanismos y garantizar la seguridad de los candidatos, pero nunca hubo respuesta. l
