Con objetivos similares a los del padrón que intentó el gobierno de Felipe Calderón –frenar extorsiones y secuestros–, el del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfila a aplicar un registro de datos biométricos para los usuarios de telefonía celular. La polémica tiene su raíz en que la información recabada en iniciativas anteriores, como la del sexenio calderonista, terminó vendida en el mercado negro. Además, uno de los defensores de la extracción de datos biométricos, Ricardo Mejía Berdeja, fue multado en 2016 por la filtración del padrón electoral en 2010.
Pese a las advertencias por sus riesgos, el Senado aprobó el 14 de abril último una reforma proveniente de la Cámara de Diputados para crear una base de datos de usuarios de telefonía móvil, que recordó al fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) de Felipe Calderón.
El padrón calderonista terminó en el mercado negro y no ayudó a disminuir extorsiones ni secuestros; incluso, ambos delitos aumentaron 40% y 8%, respectivamente, en aquel sexenio.
La actual reedición del Renaut, ahora llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), tiene un componente nuevo y más polémico: la recolección de datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris.
A 15 días de la entrada en vigor del decreto por el que se crea el Panaut, que obliga a los usuarios de telefonía celular a dar su información personal a compañías como Telcel, Movistar y AT&T, para que puedan tener una línea, ya enfrenta obstáculos: una lluvia de amparos de ciudadanos contra la medida, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no tiene dinero para crear el padrón y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó por unanimidad presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el Congreso, el padrón tiene como “único fin” colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos, como secuestro, fraude y extorsión. Lo mismo que el extinto Renaut.
Para ello, exige a los concesionarios pedir una serie de datos personales a cada usuario de telefonía móvil desde el momento de la adquisición de la línea, que incluyen número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y datos biométricos del usuario.
Los usuarios que contrataron previamente su línea telefónica tendrán dos años, a partir de la entrada en vigor del decreto, el 17 de abril pasado, para registrar sus datos, de lo contrario se les cancelará la prestación del servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización.
La base de datos será instalada y operada por el órgano regulador de las telecomunicaciones en el país, el IFT, que resguardará la información personal de los usuarios. Sin especificar a qué instituciones se refiere, la ley indica que las autoridades de “seguridad, de procuración y administración de justicia” podrán tener acceso a esa base de datos.
Protección de la justicia
“Este juez de distrito no advierte una relación de ‘medio a fin’ entre la entrega de datos personales, particularmente los biométricos, como condición para tener o conservar una línea telefónica y la investigación o persecución de los delitos”, expone la primera suspensión definitiva otorgada a un ciudadano contra el padrón de datos biométricos, que el pasado 27 de abril concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien tiene suspendida la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Víctor Isael Damián Cuéllar, asociado de la firma Trusan & Roma Abogados, que ha interpuesto cuatro juicios de amparo en favor de más de 400 ciudadanos, y ha logrado dos suspensiones provisionales y una definitiva, dice en entrevista que los usuarios tienen solamente 30 días, a partir de la entrada en vigor, para impugnar la norma.
“Si no aceptas dar tus datos biométricos, no tienes opción de irte a otra compañía telefónica porque por ley tienes que dar tus datos biométricos”, comenta.
De acuerdo con el abogado, el núcleo de los criterios de inconstitucionalidad que han utilizado en los juicios de amparo, en el despacho del que forma parte, consta de varios puntos: primero, que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho y con la reforma se restringe; además del derecho a la privacidad de los datos personales.
Así como la irretroactividad de la ley y “el derecho a la no discriminación, porque es una ley que estigmatiza al ciudadano, porque dice: ‘Yo necesito parar a los delincuentes, necesito la posibilidad de saber quién es todo mundo’, pero entonces, se estigmatiza porque todo ciudadano es un posible delincuente”.
A su vez, organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales alista una plataforma para ayudar a los usuarios a interponer amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Acusación contra Slim
El 23 de abril los senadores panistas Xóchitl Gálvez Ruiz y Jesús Horacio González Delgadillo presentaron amparos para proteger sus datos biométricos y colgaron en internet un modelo de amparo para que los ciudadanos puedan tramitar el suyo.
En su conferencia de prensa matutina del 28 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defensor del Panaut, acusó a Telmex, de Carlos Slim, de estar detrás de la campaña contra el padrón, vía jueces y organismos autónomos, y aseguró que esos datos ya son solicitados por las telefónicas.
La reportera buscó a la compañía de telefonía móvil Telcel para conocer su opinión, pero ésta manifestó que, por el momento, no van a expresarse sobre el tema y negaron haber interpuesto algún amparo hasta el momento.
Sin dinero
El costo de la instalación, operación y mantenimiento del padrón, según un cálculo que el instituto hizo llegar al Senado el 6 de abril último, sería de 109 millones 864 mil 672 pesos el primer año.
Lo anterior, para la contratación de personal, oficinas, equipo de cómputo, conexión a internet, servicios generales y servicios complementarios; posteriormente el gasto sería de 88 millones 584 mil 701 pesos al año.
En el documento, el organismo autónomo propone la construcción de un centro de datos alterno al del IFT, ubicado en su sede, para resguardar una réplica de la información, así como en caso de una contingencia; plantea que, dada la naturaleza de la información, los servidores de cómputo y almacenamiento sean propiedad del IFT.
También explica que la mayoría de los trámites se tendrían que realizar de manera remota, por lo que es necesario utilizar la tecnología “más moderna posible” para identificar a los usuarios de telefonía móvil.
Sin embargo, en el segundo transitorio de la ley quedó establecido que el IFT tendrá que hacerse cargo del padrón con el presupuesto que tiene asignado, que en el presente ejercicio fiscal es de mil 510 millones de pesos, lo que representa, según el organismo, una reducción acumulada de 41.1% en términos reales desde 2014, que lo ha llevado a operar a niveles mínimos.
Cuando Mario Delgado, diputado con licencia y actual presidente nacional de Morena, solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados una opinión sobre el impacto presupuestario que tendría la implementación de la iniciativa de la que es autor, el centro afirmó que “el IFT ya cuenta con la capacidad y estructura para manejar, así como operar el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil” y que tendría que echar mano de su propio presupuesto.
En entrevista, el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT, Rafael Eslava, afirma que el instituto no tiene el presupuesto para el padrón. Aclara que, aunque lo tuvieran, no pueden hacer uso de un dinero que no fue etiquetado para ese fin, y explica que el organismo emprende gestiones para que la Secretaría de Hacienda les autorice una partida presupuestaria para poder hacer frente a su obligación de implementar el padrón de datos biométricos.
Además explica que, por seguridad de los datos de los usuarios, el IFT plantea un “desarrollo informático nivel militarizado”, lo que es costoso e impacta en la manera en que se almacena la información, cómo se procesa y se consulta, para lo cual se requieren equipos de cómputo de última generación.
El IFT tiene 180 días naturales, a partir de la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación para emitir las disposiciones reglamentarias del padrón. En ese momento será cuando los ciudadanos puedan conocer qué tipo de dato biométrico, si la huella digital, el iris, voz o rostro, será el que tendrá que registrar por ley, según el IFT, pues la reforma es muy general cuando habla de “datos biométricos”.
Funcionario sancionado
López Obrador y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja –quien fue multado en 2016 por haber estado relacionado con la filtración del padrón electoral en 2010, cuando era secretario de organización de Movimiento Ciudadano, entonces Convergencia–, han asegurado que con la huella digital es suficiente.
Pero el IFT afirma que todavía analiza cuál es la solución más económica y menos compleja para poder recabar los datos biométricos, incluso en las zonas incomunicadas del país, donde las tarjetas de celular se venden en las farmacias o en las tienditas, para no afectar los derechos de los usuarios, quienes verían cancelada su línea de no poderse registrar.
“Hay diferentes formas de recabar datos biométricos, no es un conjunto de características las que conforman un dato biométrico. Nosotros estamos analizando cuál será la forma idónea de recabar esta información. Lo que no queremos es agregar un elemento de complejidad a este padrón, a este registro, que haga que la forma de contratación de servicios tan dinámica, tan sencilla, sin trabas, se complique”, dice en entrevista.
Comisionados aliados
El 14 de agosto de 2020, cuando la iniciativa de Mario Delgado todavía no era avalada por los diputados, Merilyn Gómez Pozos, coordinadora general de vinculación institucional del IFT, envió al diputado federal Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, un oficio “con independencia de la opinión institucional”, en el que revela que el comisionado del instituto, Sóstenes Díaz González, envió dos documentos que contienen una propuesta de redacción y funcionamiento del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
Lo anterior, a nombre del comisionado Díaz González y de los comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Ramiro Camacho Castillo, con independencia del comisionado presidente Adolfo Cuevas.
La propuesta alterna a la posición oficial, que salió de la oficina de Díaz González, fue tomada en cuenta, de acuerdo con una comparación que realizó la reportera entre el proyecto de iniciativa de Delgado y la aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado.
Por ejemplo, la iniciativa original pedía como uno de sus requisitos el número de serie o identificador único de la tarjeta SIM, mientras que la propuesta del comisionado fue solicitar la “fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil, adquirida en la tarjeta SIM”, como quedó establecido en el decreto.
Sin presupuesto y con muchas lagunas sobre su operación, la existencia del Panaut dependerá del máximo tribunal constitucional, luego que el pleno del INAI instruyó al director general de asuntos jurídicos del organismo autónomo a presentar una acción de inconstitucionalidad antes del 18 de mayo, argumentando que viola el derecho a la protección de datos personales, al solicitar datos sensibles sin una orden judicial.
También viola el principio de proporcionalidad, al recabar datos biométricos sin que el fin que se persigue –el del combate a la inseguridad– justifique la vulneración de derechos, y porque restringe la libertad
de acceder a información por la obligación de los usuarios de entregar datos personales para poder tener derecho al uso de una línea de telefonía móvil.
